Canal Sur a punto de desbordar- Lluvia del 08-marzo-2025 (Fuente: Diario La Gaceta, foto Franco Saavedra)

La inundación ocurrida en Bahía Blanca el día 7 de marzo de 2025, producto de una lluvia de carácter extraordinario tuvo un importante impacto sicológico en todo el país, provocando una ola de solidaridad en la población ante las tribulaciones y desgracias soportadas por sus habitantes.

En solo seis horas cayeron 210 milímetros de lluvia, y en las seis siguientes, otros 80. En total, fueron 290 milímetros en 12 horas (según informe del Servicio Meteorológico Nacional SMN).

Al día siguiente, 8 de marzo, se produjo en el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán una lluvia de entre 120 y 130 mm en cuatro horas que produjo fuertes correntadas de agua en el ámbito urbano, aunque sin graves daños a la población, sólo el caos urbano consecuente. Fue una lluvia importante pero no infrecuente en el largo registro histórico del clima en el área (mayor de 100 años).

Ante la magnitud del fenómeno natural devastador en Bahía Blanca, se generalizó una inquietud respecto de la probabilidad de ocurrencia de fenómeno análogo en nuestra provincia, donde su clima subtropical presenta de octubre a marzo lluvias torrenciales con consiguientes inundaciones tanto urbanas como rurales.

Las preocupaciones llevan a interrogantes lógicos sobre lo que es dable esperar en la región o zona donde cada persona habita. Se intenta acá dar algunas respuestas simples y abreviadas accesibles para el ciudadano común de Tucumán.

INTERROGANTES

¿PUEDE OCURRIR EN TUCUMÁN UN EPISODIO DE LLUVIA E INUNDACIONES ANÁLOGO AL DE BAHÍA BLANCA?

Según el SMN, la lluvia de Bahía Blanca fue de baja frecuencia de ocurrencia (en promedio, una vez cada 100 años o más). Algunas fuentes sostienen que fue un episodio asociado a lo que se denomina el “calentamiento global”, pero ello es hasta el momento meramente presuntivo y resultante de pronósticos globales sujetos a confirmación en las próximas décadas. Los modelos predictivos del IPCC (Panel Internacional del Cambio Climático por su sigla en inglés) anticipan tendencias a los incrementos en el litoral atlántico sur del continente, pero un solo episodio no constituye prueba de esa tendencia. Los registros climáticos de más largo plazo permitirán verificar o ajustar las hipótesis sobre las causas.

Para la región del noroeste húmedo de Argentina son frecuentes las inundaciones urbanas, en particular en la provincia de Tucumán y su Área Metropolitana de la capital, aún con lluvias de frecuencias mucho mayores (una cada 10, 20 años), es decir de intensidades y milimetrajes totales mucho menores que los fenómenos extremos como los ocurridos recientemente en Bahía Blanca o en La Plata en abril de 2013.

Las inundaciones se relacionan no solo a la magnitud de las precipitaciones sino también, y muy conexas, a diversos factores humanos, como el mal uso del suelo, las deforestaciones, las urbanizaciones sin planificación y sin previsión de las obras de infraestructura necesarias, la falta de mantenimiento de ellas y el avanzado deterioro en que caen consecuentemente.

En síntesis: no es necesario esperar lluvias extraordinarias para que ocurran importantes inundaciones muy perjudiciales. Con más razón entonces, una lluvia extraordinaria, de frecuencia de una cada 50, 100 años o más, tendría efectos catastróficos sobre algunas áreas, en particular sobre las urbanas.
Si la situación se dará como producto del “calentamiento global” o simplemente de la variabilidad natural del clima a largo plazo es un tema todavía a dilucidar con registros de más largo plazo. Cualquiera fuere el caso, se debería preparar las ciudades y el territorio para mitigar los efectos, minimizando los daños.

¿CUAL ES LA SITUACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA?

El Área Metropolitana comprende los municipios de la Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes, Banda del Río Salí y varias comunas rurales (ver Figura 1).

FIGURA 1- Área Metropolitana de S.M. de Tucumán. Sistema general de desagües pluviales de Capital, Tafí Viejo y Yerba Buena. Principales canales construidos. Los canales Norte, San José y Sur configuran un cinturón protector de la Capital.

La pendiente general del territorio determina la interrelación hidráulica entre esas demarcaciones. El río Salí, que fluye de norte a sur, separa a varias de esas jurisdicciones. El agua pluvial caída al oeste del río, provenientes de Tafí Viejo, Las Talitas y Yerba Buena, escurren en líneas generales en dirección noroeste-sudeste hacia la Capital, la que está circunscripta por dos canales protectores de gran magnitud: el Canal Norte (1935) y el Canal Sur (1976) y otro menor, el San José.

Ambos canales mayores fueron concebidos en su origen como cinturón perimetral protector de la Capital, recibiendo aguas pluviales de cuencas más permeables que las actuales. La expansión urbana y la transformación de suelos agrícolas posteriores a 1976 significaron enormes incrementos de la escorrentía. Sumados a problemas de defectos de ingeniería, de construcción, de escaso mantenimiento y la avanzada destrucción, hoy presentan un notorio deterioro e insuficiencia para el escenario actual.

FIGURA 2 – Canal Sur. Una de sus frecuentes y diseminadas roturas.

En consecuencia, la incapacidad actual para conducir caudales de los canales Norte y Sur constituye el factor más significativo para afrontar los extremos climáticos que determinan las inundaciones dentro del Área Metropolitana, sea por causa del calentamiento global o no. ¿Por qué? Porque ambos son cuerpos receptores de agua que conducen los caudales pluviales superficiales al gran colector final que es el cauce del río Salí. Su potencial colapso, producto de lluvias extraordinarias (o muy importantes), significaría irrupciones de grandes masas de agua sobre el área más densamente poblada con previsibles grandes daños a la población.

Dentro del área de la Capital existen algunos colectores de desagüe importantes que desaguan menos del 20% del área del municipio. Entregan sus aguas al río Salí y los canales de cintura mencionados. Tienen fuertes defectos de concepción y ejecución, por los que su eficacia para evacuar adecuadamente los caudales pluviales es muy baja y de allí las frecuentes inundaciones en diversas partes de la ciudad con lluvias que bien pueden ser consideradas  ordinarias.

A título de ejemplo, en el municipio de Yerba Buena se construyeron en la última década dos colectores de desagüe importantes (Bulevar 9 de Julio y Solano Vera-San Luis). El primero de ellos es pasible de crítica por haber sido construido en un orden indebido dentro de un Plan Director de Desagües Pluviales para ese municipio. Como consecuencia de ello recibe una cuenca muy superior a la adoptada para su diseño y su eficacia resulta baja.

También en Yerba Buena, el canal homónimo adolece de serios defectos de concepción y construcción y sufre serios problemas de destrucción e insuficiencia.

El área de Tafí Viejo y Las Talitas cuenta con algunas obras de desagüe que concurren al menguado Canal Norte. Faltan ejecutar algunas obras previstas de gran envergadura, especialmente en la parte norte y este del municipio.

En síntesis: A pesar de contar el Área Metropolitana con algunos desagües pluviales, se consideran insuficientes y deficientes para afrontar las consecuencias de importantes lluvias intensas por su diseño desactualizado, su mal estado de conservación y, en partes significativas, su avanzado grado de destrucción.

¿QUÉ ES POSIBLE HACER PARA PREVENIR, O MITIGAR AL MENOS, LAS INUNDACIONES?

Las obras de desagüe pluvial del Área Metropolitana necesarias para completar todo el sistema necesario son numerosas y de un muy elevado monto de inversiones. El crecimiento urbano sin planificación ni ordenamiento llevó a la acumulación de enormes carencias de infraestructura de manejo de aguas pluviales. Exceden ampliamente la capacidad económica tanto de los municipios y comunas integrantes como de la Provincia. Históricamente se ejecutaron con aportes de la Nación, cosa que prácticamente se puede considerar ilusoria en el marco de la política económica del gobierno actual.

La factibilidad de ejecución con recursos provinciales o créditos estará supeditada al saneo de su economía, proceso que, de manera optimista, seguramente tomará muchos años. Por lo tanto, conseguir que el Área Metropolitana esté en condiciones de soportar situaciones extremas de inundaciones será un proceso de largo plazo.

La adaptación del Área Metropolitana a escenarios de graves riesgos de inundación requiere diversas acciones sostenidas en el tiempo que demandan esfuerzos de organización, planificación y ejecución complejos. Mencionamos sintéticamente las más significativas:

A. Ejecución de dos obras hidráulicas prioritarias: Reformulación, reconstrucción y reparación de los canales perimetrales Norte y Sur. El objetivo es evitar su colapso al no poder contener los caudales que confluyen hacia la Capital en eventos pluviales de magnitud que pueden tener efectos catastróficos sobre el área más poblada.
B. Como complemento de las obras de los canales Norte y Sur, construir el desvío del canal Yerba Buena hacia el arroyo El Manantial, como recurso de alivio del canal Sur.
C. Detectar áreas urbanas inconvenientes para implantación de edificios habitables, estableciendo restricciones legales al dominio (zonas bajas, zonas sin salidas de aguas, riberas de ríos, etc.).
D. Detectar zonas actualmente expuestas a alto riesgo de inundación y proceder a la relocalización de población vulnerable allí asentada. (orillas de canales existentes, riberas de río, zonas deprimidas, etc.). Para áreas con población menos vulnerable establecer formales advertencias y deslinde de responsabilidades, ofreciendo facilidades para relocalizaciones.
E. Establecer normas de construcción de edificaciones públicas y privadas que puedan preservarse de efectos de inundaciones (niveles mínimos, adecuación de los terrenos, inhibición de planta baja, etc.).
F. Establecer zonas de acumulación temporaria de aguas que obren como acumuladoras o lagunas de detención que retrasen la confluencia hacia los colectores de desagüe.
G. Organización de los sistemas de Defensa Civil a fin de asegurar la evacuación durante las emergencias de población en zonas de alto riesgo.
H. Organización del Sistema Sanitario para atención de la población afectada por las emergencias de inundaciones.
I. Creación de fideicomiso para emergencias de inundaciones y catástrofes conexas. Estos deberán contar con resguardos legales eficaces que eviten su desvío hacia otros fines ajenos al objetivo de su creación.

Del conjunto de acciones mencionado, se observa que las dos primeras involucran importantes obras de ingeniería que requerirán los mayores esfuerzos económicos, pero son claves para poder afrontar el problema. Las demás acciones son de tipo institucional, planificatorio y organizativo, que requieren más determinación política que inversiones.

¿ESTÁ EL ESTADO PROVINCIAL EN CONDICIONES DE AFRONTAR LA RESPONSABILIDAD QUE LE CABE DE LOGRAR UN ÁREA METROPOLITANA RELATIVAMENTE SEGURA FRENTE A LOS EXTREMOS DE LAS INUNDACIONES?

Es ostensiblemente evidente que los organismos vinculados a la problemática no lo están. Ni siquiera se cuenta con un sector de planeamiento territorial que evalúe los caminos a seguir y las prioridades en las acciones. En consecuencia, se debería comenzar con la conformación de equipos técnico-profesionales altamente capacitados y jerarquizados para encarar los pasos necesarios indicados en párrafos anteriores. Tal objetivo requiere cambios en los criterios de integración de planteles de empleados públicos respecto de los tradicionales y las asignaciones presupuestarias debidas.

Lamentablemente, no existió en los Poderes Ejecutivos Provinciales, ni en los Legislativos del reciente medio siglo, inclinaciones en esa dirección.

La creación de la Autoridad Única del Agua surge como una necesidad imperiosa, no sólo para el tema de las inundaciones sino para todas las problemáticas del agua, como el agua potable y el saneamiento, el agua para regadío, para las industrias y para la preservación de la calidad de los recursos hídricos y el medio ambiente.

La entrada INUNDACIONES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, ARGENTINA – ALGUNAS RESPUESTAS REALISTAS A INTERROGANTES APREMIANTES se publicó primero en Problemas del agua.

De marzo a octubre de 2023 se realizaron trabajos de consolidación de la presa, con muchos imprevistos que dificultaron, demoraron los avances y consumieron el presupuesto sin que se completara lo proyectado. En octubre se paralizaron totalmente. El Gobierno provincial no quiere destinar más fondos y pretende que la empresa concesionaria Hidroeléctrica de Tucumán S.A o la Nación se hagan cargo.

Así la situación vuelve prácticamente a fojas cero, ya que el riesgo inicial subsiste, puesto que no se conocen los resultados logrados como para verificar que la PL-3 es segura y sin riesgo de colapso. Además de ello, los recaudos obligados mientras no se restituya la seguridad al colapso incidirán sobre los servicios que El Cadillal brinda a los diversos usos del agua (agua potable, industrias y regadío agrícola).

Fuente: Google Earth

Durante el año 2023, desde marzo a noviembre, se efectuaron tareas de reparaciones en uno de los diques que conforman el complejo El Cadillal. Específicamente en la presa lateral 3 (PL-3). Tales trabajos estuvieron motivados por una situación de riesgo de colapso de esa presa ante fenómenos de larga data y lenta evolución (filtraciones y asentamientos del cuerpo de tierra) que se habían acelerado peligrosamente desde el año 2022 y que requerían ser tratados para evitar llegar a aquel extremo, que habría tenido efectos catastróficos sobre población y bienes agua abajo.

El trabajo encarado tenía, anticipadamente, alto grado de incertidumbre, por la escasa información disponible sobre el estado del cuerpo del dique y de la roca de fundación que se proponía inyectar con cemento a fin de sellar fisuras y grietas producidas por lentos procesos de dilución de yesos contenidos en ella. Las complejas situaciones  encontradas y la necesidad de modificar y adaptar los trabajos de reparación a esas condiciones, más los avatares económicos ocurridos en el país (fuerte inflación y mayores costos) llevaron al agotamiento de las partidas presupuestarias sin que se pudieran completar los trabajos. Estos fueron paralizados en noviembre y las reparaciones quedaron inconclusas.

Desde el momento de paralización hasta marzo de 2024 la PL-3 está en un estado de incertidumbre ya que no se conoce a ciencia cierta el resultado de los trabajos ya realizados mientras el nivel de agua del embalse no suba lo suficiente y se establezca la entrada en carga hidráulica del dique.

En su informe final de diciembre de 2023, a obra ya paralizada, el Experto Consultor Independiente Dr. Roger Bremen decía:

“En definitiva, a pesar de haber realizado la gran mayoría de las actividades necesarias, la falta de un sellado completo implica probablemente solamente un cambio en los recorridos de filtración en la presa y su fundación. Las consecuencias de estos cambios sobre el comportamiento hidráulico y estructural de la presa son difíciles o imposibles de ser evaluados a priori. La situación actual, conlleva por lo tanto un nivel de incertidumbre muy elevado sobre el comportamiento de la presa, lo cual podría también ser más problemático en comparación con el comportamiento antes de la intervención” (las inyecciones, nota personal).
…………
“Debido a esta situación las condiciones de seguridad y de operación de la presa se mantienen precarias, sin una mejora substancial con respecto a la situación anterior de las intervenciones”.

En síntesis, ante el cúmulo de situaciones inesperadas encontradas durante los trabajos de reparación, y al no haberse completado éstos, no hay certidumbre sobre la seguridad que pueden haber brindado a la presa bajo tratamiento. Los riesgos considerados al inicio y que motivaron las tareas de inyecciones, siguen vigentes y se debe operar el embalse con las precauciones recomendadas.

Debe entenderse que la reparación no fue concluida y se requieren mayores cantidades de los trabajos previstos, lo que era de esperar y es muy frecuente en tratamientos para mejorar macizos rocosos, y era muy difícil de prever de antemano para contratar los trabajos. Por cuestiones legales (ley de Obras Públicas), no era posible ampliar los trabajos fácilmente. Se considera proseguir con un nuevo contrato, lo que implica demoras licitatorias. Pero lo real es que no se trata de una nueva obra; es un nuevo contrato para proseguir y terminar la obra no terminada.

QUÉ OCURRIRÁ SI NO SE COMPLETAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN

1.- Modo de operar el embalse en la nueva situación.

De acuerdo a la indicación del Dr. Bremen, por precaución no se admitirá que el embalse acumule agua más allá de la cota 604 msnm (la máxima posible es 607,50 msnm), nivel del labio del vertedero de excedentes (aliviadero). Permitirlo seguramente podrá determinarse después de embalsar con mucha cautela (lenta, controlando la evolución de filtraciones y asentamientos), descargando aguas excedentarias del verano sin aprovecharlas. Ello será un proceso largo durante el cual el embalse operará con las restricciones y consecuencias que analizamos.

El máximo embalsado de agua permite contar actualmente con 144 Hm3 aprovechables a cota del vertedero (607,50). Debe tenerse en cuenta que en los casi 60 años de vida el embalse ya perdió casi el 50% de su volumen útil inicial. A la cota 604 permitida, hoy se contaría con 118 Hm3. Se perderían de aprovechar valiosos 26 Hm3 (18% del actualmente disponible).

Es decir que se tendría un embalse con una situación análoga a la de una mayor colmatación con sedimentos, proceso natural en todo embalse, anticipando el futuro o simulando una aceleración de su agonía.

Lo descripto es en el supuesto que, en el proceso actual de llenado del embalse por escalones de 1 m (602-603 y 604) y manteniendo el nivel 20 días en cada uno de ellos, no se manifiesten incrementos de caudales de filtraciones, presiones internas o asentamientos peligrosos que obliguen a interrumpir la acumulación de agua.

En síntesis, la situación actual es de achicamiento del embalse, el que, con menor volumen de agua acumulable, no permitirá eventualmente garantizar en los próximos años los abastecimientos a todos los usuarios.

2.- La seguridad de la obra y de población y bienes agua abajo

Mientras no se lleve el embalse a niveles de llenado normales y se verifique un comportamiento aceptable de la PL-3, subsistirá el estado de elevada incertidumbre inicial que llevó a encarar las inyecciones de recomposición del macizo rocos y de la presa. Al tenor de las aseveraciones del Dr. Bremen, referidas a la elevada incertidumbre sobre el comportamiento esperable de la presa como resultado de lo ejecutado, no se ha superado hasta ahora el estado de riesgo declarado a fines de 2022. Por lo tanto, debería mantenerse vigente el Plan de Contingencia previsto originalmente, a pesar de la aflicción que ello significa para la población del área bajo riesgo. Tal situación debería ser un factor determinante en la toma de decisiones respecto de encarar en modo urgente el completamiento de los trabajos de reparación inconclusos. Las cuestiones presupuestarias y la determinación de responsabilidades institucionales deberían supeditarse a la perentoriedad del problema, que deriva de una real emergencia demandante de una acción decidida y urgente, de la cual algunos estamentos gubernamentales no parecen haber tomado debida conciencia.

3.- ¿Qué ocurrirá con los abastecimientos de agua desde El Cadillal?

Mientras se deba operar el embalse limitando el volumen de agua acumulable, se producirán efectos sobre las actividades que se nutren del agua provista desde esa fuente.

Los usos de agua que abastece el embalse son, en orden de prioridad para satisfacerlos:

1. Agua potable para el Área Metropolitana del Gran S.M. de Tucumán.
2. Agua para industrias, principalmente a tres ingenios azucareros con sus destilerías de bioetanol.
3. Agua para riego en el este de la provincia por medio de redes públicas de canales

Veamos cómo incidirá la modalidad de operación del embalse establecida por razones de seguridad, para cada uno de los usos del agua.

3.1.- Agua potable para el Área Metropolitana del Gran S.M. de Tucumán.

Por ser un uso legalmente prioritario el aporte de El Cadillal está garantizado y no sufrirá mermas. Aun cuando el embalse se vaciare, los caudales mínimos históricos del río Salí son suficientes para enviar a la capital los 9.700 m3/hora comprometidos desde el origen de la obra. Los graves problemas de abastecimiento allí existentes se motivan en otros problemas serios, como ser las pérdidas en las redes de distribución, la obsolescencia de muchos tramos, los numerosos pozos de extracción aguas subterráneas con problemas de funcionamiento y/o por escaso mantenimiento y los excesivos consumos de la población, muy superiores a los valores internacionalmente conside-
rados razonables. Los temores frecuentemente expuestos por gobernantes, legisladores, comunicadores, etc. sobre la capacidad de El Cadillal para asegurar el abastecimiento futuro al Área Metropolitana carecen de fundamento en cuanto a cantidades de agua que éste puede asegurar.

El problema que presenta el abastecimiento desde El Cadillal no es de cantidad sino de calidad del agua en ciertas épocas del año (noviembre, diciembre y enero), cuando el embalse baja hasta su mínimo nivel por haber abastecido a ingenios y destilerías desde junio y a los regantes desde agosto. La calidad del agua en los niveles profundos del embalse se deteriora (muy bajo oxígeno disuelto, dilución del manganeso de los sedimentos del fondo, etc.). La presencia extendida de manganeso en el agua ha sido este verano de 2024 un tema de fuertes reclamos de los usuarios a la SAT.

Las razones técnicas que explican ese fenómeno exceden el alcance del presente análisis, pero es un tema que se presenta por un probablemente insuficiente o imperfecto tratamiento en la Planta Potabilizadora para eliminarlo o reducirlo a niveles tolerables. El fuerte color marrón turbio que la presencia de manganeso otorga al agua hace a ésta inaceptable para los consumidores, aunque esté demostrado que no es tóxica para el ser humano.

3.2.- Agua para ingenios azucareros y destilerías

La disminución en la capacidad del embalse producirá una menor garantía en el suministro, es decir que se deberán reducir los caudales entregados desde la red pública. Esas industrias deberán prever abastecimiento propio (mediante pozos de extracción de agua subterránea) y morigerar fuertemente sus consumos mediante sistemas de recuperación y reutilización de sus aguas residuales.

Debe tenerse en consideración que, para entregar los caudales concesionados a los ingenios, la Dirección de Recursos Hídricos debe extraer de El Cadillal caudales bastante mayores, para compensar las pérdidas por infiltración en los canales de conducción, los cuales cuentan con revestimiento impermeabilizante en proporciones muy bajas, por lo que las pérdidas son significativas.

Obviamente, las medidas que deberán tomar las industrias implican inversiones importantes, que ahora se verán obligadas a apresurar si no se resuelve el problema de la PL-3. De todos modos, el proceso de racionalización del uso del agua será progresivamente forzoso puesto que la inexorable pérdida de volumen útil del embalse asegurará cada vez menos agua a los usuarios.

3.3.- Agua para regadío

Los regantes, mayormente de caña de azúcar y citrus, que cuenten con menores posibilidades de riego, se verán afectados y su productividad disminuida, por lo que el daño económico se manifestará sin lugar a dudas. Para mitigarlo a mediano y largo plazo deberán efectuar inversiones en pozos de extracción de aguas subterráneas, y consecuentemente, a la adopción de riego tecnificado (aspersión, microaspersión o goteo) para el aprovechamiento eficaz de un recurso más costoso. Obviamente, ello requerirá de inversiones importantes, que no todos los agricultores estarán en condiciones de afrontar. Son de esperar impactos sociales en la zona.

En resumen, los impactos en las actividades de los usuarios del agua, provocados por la no resolución de los problemas de la PL-3, descriptos aquí muy sintéticamente, significan una anticipación acelerada de los escenarios que se avecinan lentamente. Si históricamente hasta ahora no hubo crisis graves de abastecimiento, es porque El Cadillal fue proyectado en su origen para abastecer a 45.000 ha de riego, nunca se regaron más de 30.000 y hoy apenas se estarían regando bastante menos de 20.000 ha (la Dirección de Recursos Hídricos, organismo operador del sistema, increíblemente, no tiene información precisa al respecto). Una muestra del deterioro de la infraestructura hídrica de la provincia y de la decadencia institucional referida al uso del recurso hídrico.

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La entrada Dique El Cadillal de Tucumán: Qué puede ocurrir si no se completan las reparaciones de la presa lateral 3 se publicó primero en Problemas del agua.

El presente artículo pretende exponer en forma conceptual simple un factor muy importante de riesgo de inundación de la localidad de Lamadrid, que sufriera graves episodios en los años 1992, 2000, 2006, 2015 y 2017 y la importancia y prioridad a asignar a algunas medidas planteadas para mitigar la situación luego de la última de ellas, cuando el tema adquirió una inusitada gravedad por la irrupción del río San Francisco. Ese hecho llevó tanto a los gobiernos de la Provincia como de la Nación a encarar algunas vías de tratamiento del problema. Como conclusión, se promueve la prioridad de actuar sobre el río San Francisco, volviéndolo a antiguos bañados que lo separaban claramente del río Marapa y evitaban su descarga directa en éste, agravando, como ocurre ahora, la situación de Lamadrid. Esa prioridad también fue recomendada por diversos informes específicos sobre el problema (Legislatura de Tucumán y Universidad Nacional de Tucumán) y lo que se pretende es poner énfasis sobre ella, ante la expectativa de gestiones de financiamiento y resoluciones en curso al respecto.

Por otra parte, sobre la obra prevista para el fin expuesto se formulan observaciones al proyecto de ingeniería elaborado por una empresa consultora. Se considera que constituirá una obra vulnerable con insuficiente seguridad frente a las situaciones que deberá afrontar. Adicionalmente, en virtud de que el río San Francisco destruyó el cruce de la ruta provincial 334 ensanchando su cauce hasta aproximadamente unos 200m y cerca de 10 m de profundidad, creando la necesidad de un puente de enorme envergadura, se sugiere que sea estudiada la factibilidad de una solución de ingeniería que contemple resolver ese problema conjuntamente con el retorno del río a los bañados, pero éste con una obra reformulada y con un presupuesto de inversión más realista.

El presente trabajo se basa en información relevada y diagnósticos expuestos por diversos técnicos de organismos de las provincias de Catamarca y Tucumán, así como de sus universidades y de consultores independientes*. A esa información quién escribe agregó interpretaciones y valoraciones propias que se vuelcan para promover debate sobre propuestas de diversas acciones para mitigar los efectos futuros dirigidas esencialmente a la protección de Lamadrid contra las recurrentes inundaciones, pero también para restañar los graves daños sufridos por la infraestructura vial y evitar su reiteración futura.

Dado el objetivo de divulgación general de este informe, se ha evitado recargarlo con información cuantitativa justificativa, más propio de un paper científico. Se prefirió poner el acento en aspectos conceptuales que faciliten la comprensión del tema por parte de lectores y actores probables.

*INFORMACIÓN CONSULTADA Y REFERIDA

Comisión de Emergencia para el Tratamiento de la Problemática de Inundaciones en la Provincia de Tucumán, este de Catamarca y Río Hondo – Informe Técnico (S.M. Tucumán, mayo de 2017).

Comisión Especial de Emergencia Hídrica-Legislatura de Tucumán – Plan Maestro de Recursos Hídricos Provincia de Tucumán – Primera Etapa: Cuenca Marapa: Plan de Contingencias Hídricas 2017 – Obras de carácter prioritario para la localidad de Lamadrid (Informe Técnico de la Subcomisión de Infraestructura, Ings. Claudio Bravo y Eduardo Martel) (S.M. Tucumán, noviembre de 2017).

Comisión Especial de Emergencia Hídrica-Legislatura de Tucumán – Convenio con Universidad Nacional de Tucumán: Plan Hídrico Estratégico para la provincia de Tucumán – Avances : Estudio de la Cuenca Marapa- San Francisco. (Tucumán, setiembre de 2018).

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres – Tucumán (EEAOC). Sección Sensores Remotos y SIG. Imágenes Landsat y Sentinel.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN HISTÓRICA PREVIA A ABRIL DE 2017

Las inundaciones de Lamadrid anteriores a la del 2017 provinieron exclusivamente del río Marapa por las crecientes que vertían sobre el aliviadero del dique de embalse Escaba y se propagaban hacia la llanura del este. Así hubo inundaciones en los años 1992, 2000, 2006, 2015. En la de abril de 2017 se produjo una reconfiguración catastrófica de los ríos que provocaron la peor inundación histórica de Lamadrid y una nueva situación global que exige un importante conjunto de acciones para salvaguardar esa localidad y evitar efectos perjudiciales sobre la población, la infraestructura y los establecimientos productivos agrícolas de la zona.

A raíz de los graves perjuicios ocurridos en 2017 se constituyó, convocado por la Legislatura de la Provincia de Tucumán, el “Comité Especial de Emergencias Hídricas de la Legislatura de Tucumán”. En un Informe Técnico emitido por la Subcomisión de Infraestructura en noviembre de ese año se sustentó un diagnóstico coincidente por el emitido por quien escribe a solicitud de la Secretaría de Estado Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en la persona de su entonces titular Dr. Sisto B. Terán Nougués [ver “Inundaciones de Lamadrid, (Tucumán, Argentina)-Abril de 2017“. en https://problemasdelagua.com.ar]. En diversos foros interinstitucionales con participación de técnicos y profesionales de organismos gubernamentales de la Nación, Tucumán y Catamarca se expusieron elementos descriptivos de la modificación que ocurrió en la cuenca, que toma ambas provincias, como producto del avance de las explotaciones agrícolas a partir del desmonte del bosque natural.

El área que tratamos abarca aproximadamente desde la RN 64 en Catamarca hasta el río Marapa en la provincia de Tucumán (Ver Figura 1). En el mapa agrológico de esta última se la caracteriza como “Llanura Chaco Pampeana semiárida no salina” y “con salinidad interna”. La imagen Landsat del año 1976 muestra, para ese entonces, el escaso desarrollo de la agricultura y la condición natural de predominancia de monte chaqueño (ver Figura 2).

Figura 1- Área de análisis (Fuente: Informe De Comisión Especial de Emergencia Hídricas-Legislatura de Tucumán

Figura 2 -Imagen Landsat del 20/06/1976 que muestra la zona en consideración con escaso desarrollo agrícola y la dominancia de monte natural tipo chaqueño (Fuente: EEAOC, Sección Sensores Remotos y SIG)

En fotografías aéreas del año 1968, las más antiguas disponibles, la zona entre la RN 64 y el río Marapa estaba cubierta en su mayor parte por monte chaqueño. Los ríos que bajan de la Sierra de Guayamba: ríos del Abra y del Bañado, eran los colectores de drenaje importantes. El río del Bañado apenas avanzaba una escasa distancia hacia el norte de la 64 y el cauce desaparecía perdiéndose en el monte. No había rastros geomorfológicos que mostraran que se unía con el río del Abra. Este último era el que más definido tenía su cauce y avanzaba más hacia el norte pero se desvanecía bastante a medida que avanzaba hacia el límite con la provincia de Tucumán, como se aprecia en la imagen Landsat del año 1976 (Figura 2). Al norte de la ruta 334 (que une las localidades de La Cocha y Taco Ralo) no había un cauce definido y el desarrollo del monte allí existente indicaba que, al menos de 20 a 30 años anteriores a la fecha del vuelo (1968) no se habían producido crecidas importantes que irrumpieran en la zona. En pocas palabras, parecía que en la segunda mitad del siglo XX el río San Francisco no había presentado períodos de crecidas importantes que consolidaran cauces bien definidos y el monte natural avanzó hasta ocultarlos. Mas bien fueron áreas finales de expansión y enlagunamiento o “bañados”.

Desde los años 90 del siglo pasado, se comenzaron a producir desmontes con fines agrícolas, favorecidos por la existencia de acuíferos subterráneos y luego por el boom de la soja como cultivo para exportación desde los años 2000.

Entrado el siglo actual, comenzaron a presentarse años más húmedos y, como consecuencia de ello, los ríos mencionados aportaron caudales mayores. A su vez, la pérdida de la cobertura vegetal favoreció el aumento de la escorrentía superficial y el avance ellos. Donde no había vaguadas topográficas se producía la irrupción ampliamente distribuida en los campos de cultivo a pesar de las canalizaciones insuficientes que los agricultores practicaban en sus campos en sus intentos de desviar los flujos para proteger sus cultivos y las instalaciones de riego tecnificado con sistemas de pivot central. Eso obviamente trasladaba los problemas hacia agua abajo, hacia el norte. Esos procesos se produjeron mayormente en el ámbito de influencia del río del Bañado (ver Figuras 3-A y 3-B), el cual, finalmente, como resultado de las acciones de los agricultores, terminó llegando a unirse al río del Abra. Este último, en cambio, al tener un cauce definido, producía más bien erosiones de márgenes, quitando progresivamente tierras a los propietarios ribereños y amenazaba las instalaciones de riego.

Figura 3-A – Imagen satelital mostrando irrupciones del río del Bañado en áreas cultivadas y con sistemas de riego tecnificado mediante pivot central (áreas circulares).

Figura 3-B – Vista aérea de irrupciones del río del Bañado en áreas cultivadas y con sistemas de riego tecnificado mediante pivot central.

El río San Francisco, colector de las aguas de los ríos del Abra y del Bañado, también recibe las del río Huacra y el arroyo El Suncho, ingresa a la provincia de Tucumán y sus caudales trasponían la ruta 334, ya en territorio de Tucumán, a través de una alcantarilla menor (Figura 4). Tales caudales continuaban por el monte al noreste de la ruta y formaban, en ocasiones de años ricos, los bañados que se muestran en la imagen Landsat del 05 de mayo de 2000, Figura 5 (el día 8 de marzo de ese año hubo importantes lluvias y crecidas y se inundó Lamadrid por desborde del río Marapa). Esos bañados luego se vaciaban lentamente a través de una alcantarilla de cruce de la RN 157 hacia un arroyo que descargaba finalmente al Marapa bastante lejos agua abajo de Lamadrid. Es decir que las crecientes del río San Francisco, provenientes de cualquiera de los ríos afluentes ya mencionados, no afectaban a Lamadrid ya que los caudales eran atenuados por ese gran espacio de extensión que oficiaba de amortiguador y finalmente eran entregados al Marapa lejos del pueblo. La mencionada imagen del año 2000 es prueba fehaciente de la configuración natural del río San Francisco que, como veremos más adelante, fue alterada por acción humana de ribereños.

Figura 4- Rio San Francisco en tramo limítrofe entre Catamarca y Tucuman. Ejemplo de avances de los desmontes y sembradíos hasta las orillas de los cursos de agua, violatorios de la ley 8304 (de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), creando situaciones de riesgo frente a crecidas importantes.

Figura 5 – Imagen Landsat58 TM -Tucumán del 05/05/2000 que muestra los bañados después de las crecidas del 08 de marzo de ese año.

Los avances de los desmontes para uso del suelo para fines agrícolas fueron llevados en muchos casos de manera ilegal e irresponsable ya que se eliminó totalmente la cobertura boscosa hasta las mismas márgenes de los ríos, quitando la franja obligatoria a respetar que establece la ley provincial 8304 (de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos). Ello configura situaciones peligrosas para los mismos ribereños frente a crecidas importantes de los cursos de agua que pueden presentarse en el futuro, las que arrasarían los cultivos y acumularían los sedimentos transportados dañando las aptitudes agrícolas de los suelos. Ello se aprecia particularmente en las tierras adyacentes al tramo del río San Francisco limítrofe entre las provincias de Catamarca y Tucumán (Huacra) y las atravesadas por el arroyo El Suncho, su tributario (Figura 4).

Es bastante frecuente que productores agrícolas avancen con sus cultivos hasta las riberas mismas de los ríos exponiéndose a los riesgos de inundación y pérdidas consecuentes. En la medida que esas prácticas se generalizan las consecuencias se potencian y pueden alcanzar ámbitos más extensos, generalmente fuera de control y  difícilmente mitigables.

LA INUNDACIÓN DEL 02 DE ABRIL DE 2017

Los procesos de incremento de caudales desde el año 2014 en el río San Francisco, descargando naturalmente hacia los bañados, encontraron partes de ese espacio desmontado y con cultivos, al amparo de largos períodos de años secos anteriores.

El último largo período de bajos caudales del San Francisco se terminó en 2015 cuando una crecida destruyó la exigua alcantarilla a través de la cual el río cruzaba la RP 334 y el terraplén del camino. A partir de allí, se produjo un acelerado proceso favorecido por las lluvias de 2016 y 2017, que ensancharon el cauce hasta unos 200 m y, más aún, lo profundizaron por erosión en modo notable, hasta 8-9 m en el cruce de la ruta (ver Figuras 6-A y 6-B).

En marzo-abril de 2017 hizo eclosión el proceso que venía gestándose desde fines de los noventa pero que inició su desenlace indeseado en los pocos años previos: El río San Francisco irrumpió en línea recta hacia el Marapa pero agua arriba de Lamadrid sumando una cuenca aporte de 1.778 km2 a los 2.078 km2que tenía hasta esa localidad (85% de incremento), y una particularidad “explosiva”: un enorme aporte de sedimentos que produjo alteración de los niveles del cauce receptor que facilitaron la inundación de Lamadrid. Esa irrupción no fue un proceso natural sino provocado por la acción humana, como se describe en lo que sigue.

Figura 6-A- Ruta Provincial 334 en cruce del río San Francisco (vista al norte). Se aprecia en la lejanía el canal de desvío del río ejecutado por productores agrícolas y las consecuencias de erosión profunda (fuente: DPV Tucumán)

Figura 6-B – Cruce del río San Francisco en Ruta Provincial 334. Se aprecia la gran profundización del cauce provocada por la erosión de los suelos.

La causa fundamental de esa irrupción fue el desvío indebido del río San Francisco hacia el río Marapa, por parte de un productor, quitando su antigua descarga natural en los bañados donde se expandía y amortiguaba (ver Figura 7).El canal de desvío directo al Marapa, referida por los lugareños como “canal de Sánchez”, sirvió para que la crecida extraordinaria del río del Abra del día 29 de marzo de 2017 se dirigiera directamente hacia su descarga en un punto agua arriba de Lamadrid, produjera una enorme erosión de suelos del cauce y márgenes en su trayecto y, en consecuencia, una enorme acumulación de sedimentos en la junta con el río Marapa, la consecuente elevación de su cauce y el desborde de las aguas en ocasión de una crecida extraordinaria que vino de Escaba unos días después, la que finalmente irrumpió sobre Lamadrid, produciendo la peor inundación de su historia.

Figura 7-  Río San Francisco desviado hacia el Marapa (imagen Google 14/agosto/2016). Se muestran los antiguos bañados donde se atenuaban las crecientes esporádicas del primero y el canal de desvío hacia el río Marapa.

El proceso referido fue evaluado por este autor en su blog https://problemasdelagua.com.ar bajo el título “Inundaciones de Lamadrid (Tucumán, Argentina), abril de 2017” del 28/junio de 2017. Para una información más detallada se remite al lector a ese sitio web.

Sintetizamos lo ocurrido:

Las crecidas del río San Francisco a partir del 2014-2015 fueron agrandando y liberando su cauce después de la rotura de la ruta 334. El canal Sánchez fue ejecutado en el año 2013, al menos así lo atestiguan las imágenes 20131117-Landsat 8 OLI del año 2013 (Figura 8-A en que se ve el canal, pero sin agua) y la 20150515-Landsat 8 OLI de 2015 (Figura 8-B en la que se aprecia el río ya desviado por el canal, con agua).

FIGURA 8-A: Imagen 20131117-Landsat 8 OLI, parcial (de fecha 17/11/2013) mostrando el “canal Sánchez” ya ejecutado aunque aún sin agua (Fuente: EEAOC, Sección Sensores Remotos y SIG).

Figura 8-B : Imagen 20150515-Landsat 8 OLI, parcial (de fecha 15/05/2015) mostrando el río San Francisco ya desviado por el “canal Sánchez, en su escurrimiento directo hacia el río Marapa agua arriba de Lamadrid. (Fuente: EEAOC, Sección Sensores Remotos y SIG). Se sugiere ampliar en pantalla para apreciar agua en el canal (azul).

Evidentemente el aprovechamiento de tierras de los antiguos bañados en la zona sudoeste, de ingreso del río San Francisco, exponía a los establecimientos agrícolas al riesgo de inundación. Los largos años secos, que facilitaron esos emprendimientos, llegaban a su fin. Adicionalmente, parte del territorio agua arriba, había sido desprovisto de la protección boscosa natural, facilitando el avance de las aguas que otrora eran frenadas por ella.A partir del año 2014 hubo lluvias importantes que generaron crecidas poco habituales e irrupción del río del Bañado en el área agrícola. También el río del Abra creció de manera significativa y su receptor, el San Francisco, rompió la obra de cruce de la ruta 334 y amenazó las tierras al norte. La ejecución del canal de desvío hacia el Marapa por parte de un productor obedeció seguramente a un intento defensivo frente a ese riesgo. Sin tener en consideración las implicancias de esa decisión.

Fue entonces que, el 29 de marzo del 2017 se produjo la ocurrencia de la creciente extraordinaria del río del Abra, proveniente de lluvias intensas en la Sierra de Guayamba (vertieron 500 m3/s sobre el vertedero del dique Alijilán o La Cañada (Figura 9-A), se propagó hacia la confluencia con el San Francisco y, en lugar de expandirse en los bañados históricos, se dirigió por el canal artificial directamente hacia el río Marapa, produciendo, por añadidura, intensos procesos de erosión en los suelos lábiles de las márgenes y el fondo. Aportó sedimentos en enormes volúmenes en la junta que elevaron el cauce del Marapa y recién varios días después (el 02/abril) llegó una gran crecida proveniente del dique de Escaba, cuando los caudales del San Francisco habían ya bajado a valores mínimos. Fue una combinación calamitosa de dos fenómenos extremos.

Los valores máximos de los caudales de las crecidas del Marapa y el San Francisco (picos) no fueron coincidentes en el tiempo. El San Francisco irrumpió hacia el primero, por el canal de desvío mencionado, y el río Marapa lo hizo tres días después. A pesar de ese hecho favorable de no sumarse los máximos caudales en el Marapa, el factor agravante fue la enorme acumulación de sedimentos en su cauce que, al elevarlo, provocó los desbordes catastróficos sobre Lamadrid.

En síntesis, los grandes caudales que aportó el río San Francisco provinieron, en el episodio descripto, de la alta cuenca del río del Abra, en estado natural sin desmontes ni establecimientos agrícolas (ver Figura 9-B). En la zona de cultivos entre Alijilán, Bañados de Ovanta, Ruta Nacional 64 y la Ruta Provincial 334 las lluvias fueron menores a las de la cuenca alta y no fueron determinantes de la gran crecida del San Francisco, aunque, seguramente, sumaron algunos aportes.

Figura 9-A: Dique La Cañada vertiendo una crecida (Foto Martin Diaz)

Figura 9-B -Imagen Google Earth mostrando la cuenca alta río del Abra, en estado natural, y dique La Cañada.

Cuando ocurrió el episodio de abril de 2017, en diversos foros y comisiones preponderaron diagnósticos que imputaron la causal del episodio al cambio en el uso del suelo mediante deforestación extensiva con fines agrícolas en la cuenca del río San Francisco, tributario histórico del Marapa pero agua abajo de Lamadrid. Si bien ese proceso existió, a juicio de quien escribe la causa gravitante de lo ocurrido en esa oportunidad fue la conjunción de crecidas cercanas de ambos ríos que sumaron efectos diferentes: el San Francisco con un enorme aporte de sedimentos directamente a causa del desvío indebido hacia el Marapa y luego éste con grandes caudales escurriendo en un cauce más elevado. Si bien se lo señaló claramente, no se puso suficiente énfasis en el hecho del desvío artificial del río quitándolo de su destino de bañados y su envío directo hacia el Marapa, en una trayectoria corta, directa y altamente perjudicial.

Debe señalarse aquí que hubo una interpretación diferente del fenómeno ocurrido de inundación de Lamadrid por causa de la acumulación de sedimentos en el río Marapa en la junta con la descarga del canal Sánchez, atribuyéndola a sedimentos  transportados por el río Marapa mismo (informe extraoficial del Dr. Geol. Gustavo González Bonorino, que no fue asumido por la comisión que analizó el tema). Los argumentos esgrimidos ameritan discusión y el proponente recomendó una investigación específica. De todos modos, aún si se verificare esa hipótesis, ello no invalidaría la necesidad de restituir el río San Francisco a sus bañados ya que la importante extensión de la cuenca de aporte que resultó de la transferencia directa agua arriba de Lamadrid, sin duda aumenta el riesgo de crecidas extraordinarias del Marapa. Debe tenerse en consideración que las crecientes del río Marapa están atenuadas en alguna medida por el embalse de Escaba, mientras que las  provenientes del río San Francisco no tienen ese beneficio. El dique de La Cañada tiene un embalse muy pequeño para proveer de protección significativa contra inundaciones hacia agua abajo.

La ejecución del denominado “canal Sánchez” constituyó una grave acción por parte de su autor (o autores) que produjo enormes daños a la población de Lamadrid. El uso de la zona de bañados naturales eventuales por parte de productores agrícolas constituía una actividad de riesgo al quedar expuestos a inundaciones y pérdidas de sus cultivos en años muy húmedos (pocos en las últimas décadas). Esa era una situación natural y la baja frecuencia de inundación por el río San Francisco tornaba tentadora la siembra en esa zona, aunque el riesgo era evidente. Quitar la afluencia del río enviándolo hacia el Marapa a fin de ponerse a cubierto de eventuales inundaciones, sin contemplar las posibles consecuencias, fue a todas luces, un acto lesivo y perjudicial con fuertes daños directos a la sociedad y al Estado (por los altos costos de reparación en que se incurrió y se deberá incurrir). Ese hecho debió investigarse para deslindar responsabilidades. Ningún organismo público ni privado ni ONG inició acciones legales contra los causantes por acción y/u omisión a fin de lograr algún grado de resarcimiento o contribución mitigatoria, dado que no se trató de consecuencias de fenómenos naturales sino de acciones humanas erróneas.

En nota publicada por el principal diario local (La Gaceta del 27/agosto/2023), el periodista Rodolfo Casen entrevista al ingeniero agrónomo Roberto A. Sánchez, diputado nacional por Tucumán y propietario del inmueble por donde corre el canal referido. En su justificación por haber ejecutado el canal desencadenante del gran episodio de abril del 2017 esgrime el argumento de los desmontes del territorio agua arriba de la cuenca para desarrollar la agricultura (“…. “Esos cauces que bajaban desde Catamarca, entre ellos La Posta, Huacra y El Sueño, se perdían en el monte de la llanura. Se fue desmontando y entonces el agua de lluvia que antes caía en los árboles y la contenía, ahora se abre camino entre los cultivos porque la infiltración es menor. De ahí que cada agricultor fue derivando el agua hacia otras fincas vecinas”).

Sánchez insistió en que “no es del canal Sánchez la culpa del desvío del San Francisco. El volumen arrasador de agua viene de 40 o 50 propiedades de más al sur y se va por la orilla de nuestra propiedad para salir en el Marapa” remató.

Por otra parte, el periodista transcribe la opinión del profesional agrónomo que diseñó el canal que pasa por la finca del parlamentario: “El conducto que le hice era reducido y volcaba el agua hacia el Marapa. Pero con el tiempo las correntadas lo fueron agrandando. Los cauces endorreicos ganaron las fincas desmontadas y de ahí fueron siendo derivados hasta llegar a caer en el Marapa. El canal Sánchez no tiene responsabilidad con lo ocurrido en el 2017. Con los años de experiencia que tengo considero que uno de los factores principales que llevan a inundarse La Madrid es el dique Escaba. El pueblo se llena de agua cada vez que levantan las compuertas. Esto viene sucediendo desde hace 50 años. Es decir que es un tema de vieja data”.

Los argumentos justificativos esgrimidos por los responsables directos del desvío ameritan algunas consideraciones:

• La descripción es realista y comenta procesos evolutivos de varias décadas en la que los ríos del Bañado y del Abra fueron avanzando cada vez más hacia el norte, irrumpiendo progresivamente en las áreas desmontadas. Los largos ciclos secos y los altos precios de los granos animaron más a los productores en su avance. En particular el primero de esos ríos que, al no contar con un cauce definido, se expandía en los campos cultivados provocando serios daños en cultivos e instalaciones de riego con pivot central. Pero cultivar en ese ambiente implicaba riesgos no ignorados, menos por parte de un profesional de la agronomía.
• Si bien un ribereño está facultado para proteger su campo de la inundación o de la erosión de las márgenes provocada por el río, las acciones no pueden incluir el cambiar el curso natural de las aguas al punto de enviarlas en otra dirección quitándolas de su destino natural, en este caso los bañados históricos. Menos aun cuando con ese desvío se pone en riesgo vida y patrimonios de una población de miles de habitantes.
• El canal de desvío considerado “reducido” por el profesional asesor tenía una longitud de cerca de 10 km y, si se fue agrandando con los caudales del río San Francisco, debió haber sido oportunamente ocluido o limitado el ingreso de caudales en su inicio, cosa que no ocurrió. Tal agrandamiento lo exponía a transformarse en el canal conductor de todos los caudales de crecida, es decir un nuevo cauce, cosa que finalmente se produjo. Se tuvo la mala fortuna que, al tercer año de su ejecución, la crecida que irrumpió por aquel fue de gran magnitud, con las consecuencias catastróficas ya descriptas. Se priorizó el interés particular por sobre la evitación de daños agua
  abajo.
• Finalmente, si bien las inundaciones de Lamadrid fueron, con anterioridad a la de abril de 2017, producidas por crecidas del río Marapa, ya sea por episodios naturales de gran envergadura o por errores de operación de los órganos de descarga de la presa de Escaba, ello no excluye la causal adicional de la descarga directa del San Francisco, que nunca había sido causa de aportes peligrosos al Marapa aguas arriba de Lamadrid. Más aún, de no corregirse la situación creada, volviendo a la descarga en los bañados, quedarán establecidas las crecientes del San Francisco como nuevos factores de riesgo sobre Lamadrid, que antes de abril de 2017 no existían.

CONCLUSIÓN: UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MARAPA AGUA ARRIBA DE LAMADRID Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO DE FUTURAS INUNDACIONES

Como síntesis de la nueva situación después de lo ocurrido hasta abril de 2017 se puede afirmar lo siguiente:

1. El río Marapa hacia el oeste de la confluencia del San Francisco no ha cambiado su configuración natural. Las crecidas provenientes del embalse de Escaba seguirán teniendo las mismas posibilidades de manejo mientras el embalse conserve un volumen de almacenamiento suficiente. Ello dependerá fuertemente de la capacidad del organismo que opere el dique homónimo. Actualmente es un Concesionario privado (Hidroeléctrica de Tucumán S.A.) bajo un contrato que caduca próximamente (26/06/2026) y bajo normas operativas de seguridad controladas por el ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación). Esa situación puede variar luego de la caducidad ya que no se avizora quién quedará a cargo de los embalses de Tucumán (ver artículo subido a este blog “El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán, Argentina)- Destino incierto”).                                                                   Respecto de la operación de Escaba debe señalarse que la inundación de 1992 fue producto de una errónea maniobra de descarga por compuertas del aliviadero ante una importante crecida que ingresaba al embalse. En ese entonces operaba la presa Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado. Además de las crecientes provenientes de Escaba, pueden producirse crecidas extraordinarias de su tributario agua abajo, el río San Ignacio, el cual no tiene ningún tipo de control.
2. La llegada del río San Francisco al Marapa atenuada por los antiguos bañados y descargando a un arroyo con confluencia alejada bien agua abajo de Lamadrid no existe más. Su descarga actual a través del canal Sánchez agua arriba de esa población constituye un peligro potencial ya que incrementa enormemente la cuenca de aporte sobre Lamadrid. Si bien es muy baja la probabilidad de confluencia simultánea de caudales del San Francisco con el Marapa, el principal problema que plantea el San Francisco es la gran cantidad de sedimentos que aporta al segundo, elevando su cauce, como ya se explicó para el episodio del 2017, ello aumenta el riesgo de desborde e irrupción de caudales sobre Lamadrid. Adicionalmente el incremento de sedimentos concurrente al Marapa se traducirá en un progresivo alteo del territorio en la llanura cercana al embalse de Río Hondo, hasta la ruta 157, con efectos serios sobre la población dispersa en esa área.
3. El río San Francisco es la confluencia de los ríos Huacra, del Abra y del Bañado más el arroyo El Suncho. Como ya se expuso, la gran crecida de abril de 2017 provino de la alta cuenca del río del Abra, que encontró el cauce abierto de éste apto para su encaminamiento hacia el norte. Los ríos Huacra y del Bañado y el arroyo El Suncho aportaron caudales menores. Pero no debe dejar de tenerse en consideración que todos provienen de formaciones montañosas que pueden oficiar de barreras orográficas causantes de precipitaciones localizadas de alta intensidad las que, favorecidas por las fuertes pendientes y el bajo tiempo de concentración, pueden generar ondas de crecidas importantes que, aunque de baja frecuencia, constituirán serias amenazas confluyentes hacia el río Marapa y de allí a Lamadrid.
4. Mientras el cauce del río del Bañado no tenga una definición y una consolidación y continúe escurriendo por las canalizaciones precarias ejecutadas por los propietarios de los campos atravesados, éstos estarán expuestos a riesgos de desbordes con efectos destructivos sobre los cultivos y las instalaciones de riego tecnificado, así como la sedimentación de material sólido traído por el río (enlame). El camino para la irrupción de las crecidas ya está abierto al norte de la Ruta Nacional 64. El riesgo deberá ser tenido en cuenta y ser asumido por los productores.
5. Para los campos ribereños del río del Abra, los problemas dominantes son de erosión de las márgenes, que quitan tierras ya en explotación. La protección deberá estar a cargo de los propietarios ya que un tratamiento a lo largo de los muchos kilómetros sujetos a esos procesos constituye una inversión muy importante que difícilmente el Estado esté dispuesto a priorizar en el mediano plazo. Las defensas de cada ribereño deberán ser diseñadas por especialistas de modo de no producir agravamiento de situaciones sobre otros ribereños.
6. Los importantes caudales de crecidas de los ríos que deberán preverse para el manejo de los problemas a futuro, aun cuando se efectivice el retorno del San Francisco a los bañados, serán determinantes para la obra de cruce de la ruta 334, la que deberá adecuarse a la nueva configuración del cauce y al pasaje de esos caudales. El alto costo de un puente debería, a juicio de quien escribe, ser considerado en conjunto con la obra de desvío a los bañados, de ser ello técnicamente factible, aspecto que se comenta en lo que sigue.

EL PROBLEMA DE LA RUTA 334, ENTRE LA COCHA Y TACO RALO.

Las importantes crecidas ocurridas en 2015, 2016 y 2107 fueron destruyendo no sólo la alcantarilla de cruce del río San Francisco, que había resultado suficiente durante las largas décadas anteriores, sino también el terraplén de la ruta ensanchando el vano de pasaje del río hasta alrededor de 200 m y profundizando el cauce hasta un orden cercano a los 9-10 m a raíz del gran proceso de erosión retrocedente provocado por el canal Sánchez (ver Figuras 6-A y 6-B). Además de ello, la ruta venía desde antes siendo fuertemente afectada en el tramo entre La Cocha y el cruce del río San Francisco por las crecientes de los arroyos la Posta y El Sueño que irrumpían en los campos de cultivo y fueron canalizadas por los propietarios hasta darle salida a las cunetas del camino. La destrucción de la ruta era casi total.

Después del episodio de abril de 2017, con el gran corte por el río San Francisco la comunicación vial de la zona quedó en estado calamitoso. Aún en épocas secas es muy dificultosa la circulación vehicular por el destrozo de la calzada. El cruce del río se salvó con un badén transitorio que se destruye en cada ocasión de crecida del río, obligando a una reconstrucción permanente.

El resultado de todo lo ocurrido es un gran ancho del cruce y no ha sido aún propuesta una solución para la construcción de un puente, cuyas dimensiones resultarían de gran magnitud y costo. Solucionar la ruta 334 debería también enfocarse con un tratamiento integral del problema de la evacuación de los arroyos La Posta y El Sueño, conduciéndolos a su descarga controlada al río Marapa (una opción es con entrega al San Francisco al sur de la ruta 334 y con destino final los bañados).

Por las razones expuestas, desde esta columna promovemos la asignación de primera prioridad a las obras previstas en el informe de la firma consultora ITEC (Bogotá D.C., Colombia) para volver los caudales del río San Francisco a sus antiguos bañados. Ello sin detrimento de las otras necesarias protecciones locales en Lamadrid mismo, propuestas en ese informe.

En lo que continúa se describe brevemente la obra proyectada y se formulan algunas observaciones a la solución ingenieril adoptada, sugiriéndose su revisión a fin de dar a esa obra la seguridad que debe garantizar.

Asimismo, se sugiere evaluar la incorporación de la obra de cruce de la ruta 334 por el río San Francisco a la obra de retorno a los bañados. Ello en virtud de la gestión en curso por parte del Gobierno Nacional ante el Banco Mundial para la obtención de financiamiento de las obras (según nota en diario La Gaceta del 27/08/2023, periodista Roberto Delgado), procurando así dar viabilidad a una solución conjunta y simultanea de ambos problemas.

EL PROYECTO ITEC (Ingeniería Técnica y Científica S.A.S., Bogotá, Colombia)

Este informe de consultoría fue realizado en el marco del Programa Argentina Resiliente ante Riesgos de Desastres financiado por el BID (AR-1286). En el Informe Final “Evaluación del riesgo de inundación y medidas de mitigación-Municipio de La Madrid-Tucumán”, de febrero de 2019, se incluyeron diversas obras locales, en el cauce del río Marapa y también el desvío del San Francisco de vuelta a sus bañados preexistentes.

Más allá de compartir el criterio ya expuesto por diversos organismos y comisiones ad-hoc y, más aún, de promover la prioridad esencial que debe darse a la obra de retorno del río San Francisco a sus bañados históricos, quien escribe considera conveniente formular algunas observaciones y sugerencias respecto del proyecto de ingeniería realizado por la firma consultora ITEC. Ello en virtud de la importancia de lograr una obra que asegure la durabilidad en el tiempo y garantice a largo plazo el cumplimiento de su propósito. Una falla que se produjere en ella puede producir el retorno instantáneo a la indeseable situación actual y un renovado riesgo sobre Lamadrid.

Debe notarse que la solución propuesta por ITEC se refiere solamente al retorno del río a sus bañados. No incluye propuesta para la necesaria obra de cruce de la ruta 334 que, si bien no participa en la protección de Lamadrid, su destrucción y actual configuración forma parte del problema del río, de la situación de la cuenca y los daños y perjuicios ocurridos.

Para la comprensión de los planteos que se formulan, referimos a la Figura 10 para una breve descripción de la obra propuesta por ITEC. Ésta consiste en forzar el escurrimiento del río San Francisco a sus antiguos bañados produciendo un tapón (o contención) en el profundo cauce tallado por erosión retrocedente del “canal Sánchez”, obligando al agua a desbordarlo. Para que ese desborde se produzca sólo hacia la margen derecha (hacia el este) y por la pendiente natural del terreno se dirija hacia el espacio de los bañados, se proponen dos terraplenes de contención y guía del flujo evitando que se dirija hacia el cauce artificial actual y por éste hacia el Marapa. Estos terraplenes son bajos, con una altura mínima 1,30 m y máxima 2,80 (Figura 11-B). El dique de contención en el cauce a cerrar es de unos 7 m de altura y unos 30 m de largo (Figura 11-A). Para cortar una probable erosión retrocedente en el fondo del ancho canal que conducirá el agua a los bañados que pudiere poner en riesgo la integridad de la contención y el terraplén mismo, están previstos dos umbrales de fondo o soterrados (Figura 11-C).

Figura 10- Planimetría de las obras de retorno del río San Francisco a sus bañados históricos (Fuente: Informe de ITEC)

Figura 11-A – Perfil de la Presa de contención en el zanjón (cauce del desvío) del río San Francisco (altura máxima 7 m) (Fuente: Informe de ITEC)

Figura 11-B – Perfil del dique lateral (altura variable con un máximo de 2,80m y mínimo 1,30 m) (Fuente: Informe de ITEC)

Figura 11-C – Perfil de los umbrales soterrados anti-erosión (propuesta ITEC)

Veamos ahora las consideraciones sobre el proyecto de ingeniería:

A.- Condiciones a las que estará sometida la obra una vez ejecutada

• En primer lugar, la obra quedará aislada en una zona con dificultoso acceso para control y pronto
  mantenimiento.
• El organismo público que quedará a cargo del control y mantenimiento, la Dirección Provincial del Agua (DPA), es una institución debilitada en cuanto a sus capacidades para asegurar esas acciones con prontitud y eficiencia, al igual que todos los otros organismos provinciales vinculados a la operación de infraestructura hídrica.
• Es altamente probable que productores agrícolas de la zona, a pesar de tratarse de zonas que se expropiarán y podrán ser potencialmente inundables, aprovechen ciclos secos para cultivar esas tierras. Con más razón si hay poco control de organismos de Autoridad o estos tienen una tradicional actitud laxa. Si ello ocurriere, en el área habrá circulación de equipos y maquinaria agrícola. Es frecuente que los agricultores hagan caso omiso de barreras que le impidan u obstaculicen el paso hacia sus campos de labranza. En esos casos, habrá un alto riesgo que abran fáciles brechas de paso en diversos puntos de los bajos terraplenes de orientación del flujo del río en crecidas. Por ellos podrá irrumpir el río volcándose nuevamente hacia el abandonado canal Sánchez. (En la geografía provincial existen numerosos casos de canales rurales de desagüe pluvial obturados por los agricultores por su propia conveniencia).
• El flujo del río desviado, en crecientes de magnitud no extraordinaria puede tallar cauces menores de erosión que pueden, en lugares imposibles de predeterminar, aproximarse y socavar el pie de los terraplenes y, dada su escasa altura, rápidamente abrir brechas en ellos volcándose fuera del área de contención retornando al “canal Sánchez”. En condiciones de diseño (caudal máximo) o con caudales suficientemente importantes, habrá flujos que acometerán los terraplenes con capacidad erosiva de modo que será probable también la abertura de brechas y riesgos consecuentes de escape de aguas.

Teniendo en cuenta las condiciones mencionadas a las que estarán sometidas las obras, surgen las siguientes

B.- Observaciones y sugerencias

1. Los terraplenes de guía son muy vulnerables, especialmente frente al riesgo de erosión y socavación por el flujo del río desviado. Se sugiere disponer una protección de su pie en contacto con el agua que los proteja frente a esa acción destructiva (Figura 12). Hay numerosos recursos para ello.
   Debería estudiarse alguno que, asegurando la protección debida, resulte en un costo razonable. La solución que se adopte debe también contemplar de ser resistente a vandalismos y no ser atractiva a ese fin (por ejemplo, no debería contener mallas de alambre). Esta sugerencia implica inevitablemente un incremento sustancial del costo de los terraplenes en relación a lo presupuestado, pero es, a nuestro juicio, de importancia capital para contar con una obra segura y eficaz. Merecen estudiarse opciones con paneles verticales o bloques premoldeados de hormigón; también pueden ser mantas de bloques de hormigón ligados con geotextil tipo Betonflex, Flexmat, o similares.
2. Uso del suelo-cemento como material de construcción para la contención y los umbrales antierosión. El proyecto de ingeniería plantea la construcción de esas estructuras con ese material que consiste en una mezcla de suelo del lugar con una cierta cantidad de cemento portland (en este caso 50 kg/m3). Más allá de que este dosaje parece muy exiguo para lograr las propiedades de la mezcla requeridas para lograr la calidad perseguida (resistencia estructural y contra la erosión por el agua), quien escribe desaconsejaría el uso de ese material por las siguientes razones: a) dada la naturaleza de los suelos disponibles en la zona, obtener las propiedades deseables requeriría dosajes mucho mayores que el especificado, llevando el costo a valores paralelamente mayores que el presupuestado, por el alto costo del cemento portland; b) la obtención de un suelo-cemento de calidad implica un procedimiento riguroso que debe ser estrechamente supervisado, lo que no es posible garantizar por los organismos públicos Comitentes; c) en situaciones de escaso control es habitual el menoscabo de las cantidades de cemento por parte del contratista; d) las condiciones locales de ejecución serán adversas (alta insolación, sequedad del aire, lejanía de las fuentes de agua) lo que promueve la baja calidad de ejecución; e) en el caso de la contención propuesta para el zanjón actual para desvío del río, el suelo-cemento no parece un material más favorable, por ser rígido y pueden producirse fisuras por donde percole el agua y arrastre material erosionado.
3. Por lo expuesto en el párrafo anterior, se sugiere modificar el diseño de la presa de contención, descartando su ejecución en suelo-cemento. Conviene estudiar diversas opciones evaluando sus costos. La escasa disponibilidad de piedras o rip-rap y agua hace que, eventualmente, los elementos premoldeados de hormigón fabricados en sitio apropiado puedan llegar a ser competitivos. La impermeabilidad en esa obra no es  determinante, aunque sí la seguridad frente a eventual erosión interna o sifonaje.
4. Asimismo, se sugiere modificar el diseño de los umbrales anti-erosión descartando su ejecución en suelo-cemento. Posibles opciones pueden ser una pantalla vertical con paneles de hormigón premoldeado de un par de metros de profundidad o una solera con mantas de bloques de hormigón ligados con geotextil tipo Betonflex, Flexmat, o similares (Figura 13). Obviamente, cualquiera de ellas significa un incremento de costos en relación con la propuesta del proyecto ITEC.

Figura 12 – Terraplén con protección contra erosión

Figura 13-Algunas opciones para umbrales anti-erosión

OPORTUNIDAD DE UNA SOLUCIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RETORNO DEL RÍO SAN FRANCISCO A LOS BAÑADOS Y PARA EL CRUCE DE LA RUTA PROVINCIAL 334

Tal como se anticipó anteriormente, se sugiere evaluar la incorporación del cruce de la ruta 334 a la solución del retorno a los bañados como proyecto conjunto. Ello en virtud de la gestión en curso por parte del Gobierno Provincial ante la Nación por el financiamiento de las obras mediante una línea de crédito del Banco Mundial.

También se expuso hasta aquí que el proyecto de desvío elaborado por ITEC plantea una obra de contención en el canal Sánchez. No contempla el problema del cruce del río a la Ruta 334, que se transformó en un vado de 200 m de luz y que profundizó el cauce en cerca de 10 m. Resolver este cruce de la ruta implicaría la necesidad de un puente de una luz cercana a ese ancho actual, lo que significaría una obra adicional de muy alto costo.

Se sugiere que sea estudiada una obra de desvío del río en una ubicación coincidente con el cruce de la ruta. Ello implica un canal de conducción hacia los bañados que sólo debe ser protegido en su tramo inicial. Luego, la pendiente natural del terreno conducirá fácilmente el flujo hacia los bañados.

Si bien el costo del desvío en esa ubicación puede resultar elevado en comparación con el del proyecto ITEC, se debería previamente introducir las modificaciones propuestas en la contención, en los terraplenes de guía y en los umbrales anti-erosión, llevando el presupuesto ITEC a un nivel más realista, de modo de lograr una comparación más valedera. El desvío a la altura de la Ruta 334 no evita un puente, pero éste puede ser de menor envergadura al necesario en las condiciones del cauce remanente actual.

Esta opción fue sugerida a técnicos de los organismos con jurisdicción en la problemática (la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán y a los de la Dirección Provincial del Agua de Tucumán), para su consideración y eventual elaboración de la alternativa. Se estima que ésta amerita, cuanto menos, un planteo a nivel de prefactibilidad, salvo que surgieren razones sustanciales de peso para no tomarla como opción.

RESUMEN DE CUESTIONES RELEVANTES SOBRE EL TEMA

• Es muy importante “desconectar” el río San Francisco del río Marapa, no sólo para bajar el riesgo de inundación de Lamadrid (lo más urgente) sino también para reducir los aportes de sedimentos al Marapa en todo el territorio desde la unión de ambos hasta el embalse de Río Hondo, lo que agrava la inundabilidad de toda esa zona y reduce el volumen útil del embalse, acortando su vida útil. Si bien es de muy baja probabilidad la concurrencia simultanea de los picos de crecidas de ambos ríos, lo grave de la situación establecida por el desvío con el canal artificial es el agregado de 1.778 km2 de cuenca de aporte con sus caudales de crecidas sobre Lamadrid. Se suma a ello la influencia de los sedimentos que aporta el San Francisco y gravita negativamente en los niveles del Marapa y su consecuencia sobre Lamadrid.
• La reconstrucción del puente de cruce de la ruta 334, de una enorme envergadura, amerita ser incluida en la solución de la obra de retorno a los bañados en virtud de que hay ya un convencimiento a niveles oficiales de la imperiosa necesidad de esta última, que ha llevado a que haya gestiones de financiamiento con una línea de crédito del Banco Mundial. Pero esta opción amerita revisar el proyecto “bañados” para hacer una obra segura, lo que no parece garantizar el proyecto ITEC vigente, a juicio de quien escribe.

Respecto de los usos del suelo

• Todos los agricultores que desde el fin del siglo pasado fueron avanzando con la frontera agrícola desmontando el bosque nativo al amparo de varias décadas de escasos caudales de los ríos, deberán asumir los riesgos de los potenciales caudales extraordinarios con sus efectos devastadores. En especial, los provocados por el río del Bañado que, sin un cauce definido, tendrá un efecto incierto en la medida que no le sea definido un cauce mediante una obra específica (canalización). El río del Abra, teniéndolo, plantea fuertes problemas de erosión de márgenes, que quitan tierras de cultivo a los ribereños. Las costosas protecciones necesarias serán acciones individuales y difícilmente se logre una acción colectiva de todos los ribereños o del Estado a fin de mitigar ese problema de gran escala.
• Los cultivos “hasta los bordes” de los ríos del Abra y Huacra y del arroyo El Suncho son de alto riesgo por las erosiones de las márgenes y desbordes descontrolados al haberse eliminado los montes naturales ribereños.
• Los problemas más agudos de erosión de márgenes del río del Abra son, a juicio de quién escribe, producidos por los caudales provenientes de las cuencas altas a causa de lluvias intensas. Los caudales originados en los campos cultivados sin buenas prácticas de manejo de las aguas pluviales pueden tener alguna incidencia, pero relativamente menor. Su principal efecto es la erosión de los suelos. Ello obviamente afecta a todos los campos, aún los no ribereños, inicialmente a cada propietario y su acumulación se traslada progresivamente hacia los vecinos inferiores.
• Los aumentos de los escurrimientos de las aguas pluviales por causa de los desmontes tienen un efecto inferior al producido por la irrupción del río del Bañado en los pulsos estivales que ya no son frenados. Las canalizaciones autoprotectoras de los agricultores son inevitablemente precarias y son insuficientes cuando los caudales adquieren magnitudes importantes.
• La reversión de los problemas ya instalados mediante la generalización de mejores prácticas agrícolas en lo referente al control de erosión hídrica de los suelos parece de difícil e improbable implementación, al menos en un plazo razonable. La aceptación por parte de los productores estará asociada a la  rentabilidad en el uso de la tierra y la capacidad de gerenciamiento de alguna estrategia consensuada por organismos mixtos gobierno-productores, de lo que no hay muestras firmes en curso.
• Finalmente, en virtud de la actual situación económica y política del país, no es de esperar a corto plazo que los Estados provinciales ni el nacional se constituyan en factores promotores de las acciones que se requieren en la cuenca para alcanzar una agricultura sustentable en lo que se relaciona con el manejo de la problemática hídrica. Ello dependerá también de la iniciativa, capacidad de organización y voluntad de invertir de los productores para consensuar acciones colectivas, lo que también es de incierta factibilidad.

La entrada Las inundaciones de Lamadrid (Tucumán-Argentina) Una obra prioritaria: Volver el río San Francisco a sus bañados históricos se publicó primero en Problemas del agua.

Las concesiones hidroeléctricas por treinta años, originadas por las privatizaciones durante la presidencia Menem en los años 90, comienzan a caducar este año por las más importantes: las del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro. En la provincia de Tucumán ocurrirá con sus tres obras hídricas más importantes: El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en el año 2026.

El embalse El Cadillal ha estado instalado en la discusión pública en este año 2023 a raíz de los problemas suscitados en uno de sus componentes, la presa lateral 3, que plantearon el riesgo de un eventual colapso con consecuencias catastróficas y la inhibición precautoria de acumular agua para la producción agroindustrial en el área servida. Por otra parte, ya se ha analizado en este blog la expectativa hacia el futuro en cuanto a su menguante rol de abastecedor de agua potable para el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, para la industria azucarera y el regadío agrícola (ver “La lenta y triste agonía del embalse El Cadillal”), debido a la pérdida de cerca de un 50% de su volumen útil para guardar agua, por la acumulación de sedimentos en su vaso.

En este artículo se analiza un aspecto que interpela a la provincia y se trata de la situación de esta obra, actualmente concesionada para generar hidroelectricidad (HE) a una empresa privada por un contrato que data del año 1996 y que vence en julio de 2026. ¿Qué se hará al vencimiento de la concesión?

La concesión, y el desafío, comprende también las obras del dique de embalse Escaba y la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, construidas ambas por la Nación, la que es propietaria de éstas. Se puede presumir que es altamente probable que la Provincia deberá hacerse cargo de todas ellas.

Siglas más relevantes que se emplean en este texto
CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, S.A., ente conformado por el Estado argentino (20%) y las asociaciones de generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios de electricidad el 80% restante. Opera el Despacho Nacional de Cargas que administra todo el SADI y el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).
ENARSA (Ex IEASA): Energía Argentina, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Es una empresa pública del sector petrolero y energético. Creada en 2004. 
ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación.
ORSEP: Organismo Regulador de la Seguridad de Presas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Su rol es velar por la seguridad de la mayoría de las presas concesionadas.
AyEE SE: (Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado). Empresa del Estado Nacional. Liquidada luego de las privatizaciones de los 90.
HIDRONOR S.A. (Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.). Empresa del Estado Nacional. Liquidada luego de las privatizaciones de los 90.
SADI: Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica. Red de líneas de transmisión eléctrica desde 132 KV hasta 500 KV que abarca la mayor parte del país.
HT. (Hidroeléctrica Tucumán S.A.). Empresa privada concesionaria de los aprovechamientos hidroeléctricos de la provincia de Tucumán.

El complejo El Cadillal es la principal obra hídrica de Tucumán y a ella dedicaremos la mayor atención, aunque el tema que en este artículo se plantea abarca los tres aprovechamientos. Es un dique de embalse sobre el río Salí, ubicado a 22 km al norte de la ciudad capital de la provincia. Fue concebido como multipropósito: para proveer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, para regadío de 45.000 ha de cultivos, abastecer necesidades de industrias (mayormente ingenios azucareros), generar energía eléctrica y brindar protección contra inundaciones. Tiene una Central Hidroeléctrica operada actualmente por concesión por una empresa privada, Hidroeléctrica de Tucumán S.A.

UBICACIÓN DE APROVECHAMIENTOS EL CADILLAL, ESCABA Y PUEBLO VIEJO

BREVE HISTORIAL DE LA OBRA, SU EXPLOTACIÓN Y EL CONTEXTO NACIONAL

EL CADILLAL (Fuente: dique_el_cadillal_tucuman_-_landsat-8_oli_-_8_de_febrero_de_2015_-_fusion_infrarrojoswir)

Construido este aprovechamiento en los 60 del siglo pasado por la Provincia (Gobernación Gelsi), entró en servicio en agosto 1966. Ésta entregó a AyEE SE la explotación de la energía eléctrica hasta el año 1996. La propiedad de las obras fue siempre de la provincia. AyEE SE sólo hacía el mantenimiento de los componentes hidro-electromecánicos de la Central Hidroeléctrica y el control del instrumental de auscultación de las obras. El mantenimiento de las obras civiles estuvo a cargo de la Provincia (DPA), lo que ocurrió esporádicamente durante esos 30 años (p.e. la reparación de blindaje del túnel del Descargador de Fondo). Por convenio entre la Provincia y AyEE SE ésta podía extraer agua del embalse y se estableció una servidumbre de acueducto para las obras del circuito que llevan el agua desde el embalse hacia la usina (torre de toma, compuertas, túnel de conducción, etc.).

En los años 90 (presidencia Menem) se produjo el proceso de transformación del Estado con las privatizaciones de empresas públicas, que incluyeron las obras de energía eléctrica (generación, transmisión y distribución) (Leyes 23696/1989 de Reforma del Estado) y 24.065/1991 de Régimen de la Energía Eléctrica). Se privatizaron las obras construidas y operadas por las dos más grandes empresas públicas del sector AyEE S.E. e Hidronor S.A. De AyEE SE se privatizó o se transfirió a las provincias también la distribución.

Se trata de 13 concesiones que aportan hoy aproximadamente el 20% de la generación total en el ámbito del MEM, con una potencia instalada superior a los 10,8 GW, que entregan su energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). A partir de ese entonces se inició un proceso de reducción de la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética nacional que había llegado casi al 50% gracias a la construcción de importantes obras a partir de los años 60.

El proceso de privatización consistió en la creación previa de sociedades anónimas cuyo paquete accionario era vendido en licitación pública internacional y a las cuales se les adjudicaba una concesión para uso de las obras para generar hidroelectricidad por un lapso de, por lo general, treinta años. En una gran mayoría, las obras de AyEE SE e Hidronor fueron construidas y solventadas por el Estado Nacional, el que retuvo la propiedad de ellas en titularidad de la Secretaría de Energía de la Nación. Los contratos de concesión establecieron que, a la finalización de los períodos de vigencia, las obras debían ser reintegradas al Concedente (el propietario, es decir a la Secretaría
de Energía).

Las obras concesionadas a privados que totalizan 22 represas en 8 provincias del país, fueron las siguientes (agrupadas por contrato de concesión):

OBRAS DE AGUA Y ENERGÍA S.E

Nihuil I, II y III (Mendoza), río Atuel.
Agua del Toro – Los Reyunos – El Tigre (Mendoza), río Diamante.
Futaleufú (Chubut), río Futaleufú.
Florentino Ameghino (Chubut), río Chubut.
Cabra Corral – El Tunal (Salta), río Juramento.
Ullum (San Juan), río San Juan.
Río Hondo – Los Quiroga (Santiago del Estero), río Salí/Dulce.
El Cadillal – Escaba – Pueblo Viejo (Tucumán), ríos Salí, Marapa y Pueblo Viejo respectivamente.

OBRAS DE HIDRONOR S.A (Región Comahue, provincias de Neuquén y Río Negro). 

El Chocón-Arroyito, río Limay.
Planicie Banderita, río Neuquén.
Alicurá, río Limay.
Piedra del Águila, río Limay.
Pichi Picún Leufú, río Limay.

Algunas empresas concesionarias incluyen en su paquete accionario a gobiernos provinciales. Por ejemplo: Los Nihuiles (Mendoza 47%), Diamante (Mendoza 39%), Chocón (Neuquén 29,9%), Piedra del Águila (Neuquén 13%, Estado Nacional 26%), Futaleufú (Chubut 33,51%). En varios casos un 2% para la Propiedad Participada (trabajadores) establecidas en los contratos de concesión.

PRESA EL CHOCÓN (Fuente: el-chocon1.argentina.gob_.ar_.orsep_.jpg)

PRESA PIEDRA DEL ÁGUILA (Fuente:PiedradelAguila.Argentina.gob.ar)

LA PARTICULAR SITUACIÓN DE LAS OBRAS EN TUCUMÁN

Las obras hidroeléctricas concesionadas en Tucumán son:

• Presa de Escaba, con su Central Hidroeléctrica y su dique compensador Batiruana. Sobre el río Marapa. Terminada en 1948. Construida por la Nación (AyEE SE).
• Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, con sus diques derivadores sobre los ríos afluentes Los Reales y La Horqueta. Aprovechamiento denominado “de pasada” (sin embalse de acumulación). Construida por la Nación (AyEE SE). Habilitada en 1968.
• Central Hidroeléctrica El Cadillal, sobre el río Salí. Construida por la Provincia pero operada por AyEE SE desde el año 1966 de su puesta en servicio hasta el 1996 de inicio de la concesión. El hecho de haber sido construida por la provincia configura una situación particular, como veremos más adelante.

La concesión otorgada por la Nación en el año 1995 para las obras de AyEE SE en la provincia de Tucumán abarcó las tres mencionadas. Como acto previo se firmó un acta-acuerdo entre la Provincia y la Nación para conformar la Sociedad Anónima Hidroeléctrica de Tucumán con el fin de su privatización posterior, operación por la cual en licitación pública se adjudicó a un consorcio privado la concesión de explotación por treinta años que caduca el 26 de julio de 2026.

EL CONTEXTO NACIONAL – CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS

A fin de entender la situación, conviene analizar previamente el contexto nacional actual de las concesiones a priva-dos realizadas en los años 90.

En el corriente año 2023 se producen las primeras caducidades de contratos de concesión, que incluyen varias del Comahue (ex Hidronor SA). Ese primer conjunto representa el 67 % de la energía eléctrica producida por todas las centrales hidroeléctricas del país bajo concesión, a excepción de las binacionales Yaciretá (con Paraguay) y Salto Grande (con Uruguay). Obviamente es el conjunto más importante de centrales de generación hidroeléctrica concesionadas, lo que determinará probablemente los caminos que se terminen adoptando. Ello ha generado la necesidad de que el Estado Nacional defina el destino de esas obras. En principio, al haber sido inversiones realizadas por la Nación, son obras de su patrimonio y todo el país contribuyó a su realización. Las provincias en las que se radican recibieron regalías por el uso de sus aguas, recurso natural declarado de propiedad provincial desde la Reforma Constitucional de 1994, posterior a las Leyes 23696/1989 y 24.065/1991 ya mencionadas, que fueron el sustento jurídico de las privatizaciones, con varias modificaciones y derogaciones posteriores.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, conformó en marzo de 2022 el ETAHC (“Equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados”) que tiene como objetivo primario el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional (Resolución 130/2022 del 08/03/2022). El ETAHC se constituyó en mayo de 2022 conformando para ello un importante equipo de trabajo de profesionales de CAMMESA, ENARSA, el ENRE y el ORSEP y encargando específicamente una auditoría de las condiciones técnicas de los equipos de generación a ENARSA. Contaba con un plazo de un año para expedirse sobre las concesiones que vencen en 2023 y de dos años para las restantes (excepto las que vencen en 2029 y 2044). Para las que vencen este año 2023 (Chocón-Arroyito, Planicie Banderita y Alicura caducan el 11/08/2023 y Piedra del Águila el 29/12/2023), a la fecha de elaboración de esta nota (mayo/2023) se estaba casi al vencimiento y urgía la toma de decisiones. La tarea toma bastante tiempo ya que cada caso debe ser estudiado exhaustivamente mediante las auditorías referidas.

Además de la evaluación del ETAHC, es altamente conveniente hacer el balance global y particular de la experiencia que finaliza, evaluar los beneficios logrados y los aspectos fallidos o que no resultaron en un beneficio para el país. Ello es vital para evitar la reiteración de errores y tomar decisiones beneficiosas en materia de hidroenergía. El panorama del pasado es controversial. La inestabilidad del país a corto andar de las privatizaciones, llevó a distorsiones en la marcha de los contratos. Inestabilidad monetaria, caída de la convertibilidad, congelamiento de tarifas, sostenimiento en base a subsidios, etc. marcaron parte importante de los períodos de las concesiones. Tanto concesionarios como provincias reclaman por modificaciones sustanciales en los marcos regulatorios, deudas acumuladas, pérdidas de rentabilidad y de previsibilidad a causa de las políticas macroeconómicas del gobierno Nacional y de la inestabilidad institucional.

¿Cuáles son, en principio, las opciones posibles en juego al finalizar las concesiones? Los caminos a seguir pueden variar según la provincia donde se ubiquen los aprovechamientos concesionados. 

A.- Prórroga de contratos por 1 año. Para dar tiempo a que un nuevo gobierno y bajo mejores escenarios económicos e institucionales éste pueda tomar decisiones más adecuadas y convenientes para el país. Es la más lógica en virtud de la grave situación económica e institucional en que se encuentra la Argentina. La que se esperaba en virtud de la complicada situación del gobierno actual y el altamente probable cambio producto de las elecciones de octubre.

B.- Reversión total al Estado Nacional o a entes estatales mixtos Nación-Provincia. Explotación a cargo del Estado ya sea recreando empresas públicas según los modelos históricos anteriores a los 90 o contratando la operación y mantenimiento con empresas privadas.

Esta opción plantea la dificultad de tener que afrontar las inversiones iniciales necesarias en cada aprovechamiento para prolongar su vida útil, las que pueden ascender a montos muy elevados por renovación de equipos de generación y operación. El Estado está en situación muy desfavorable ante el escaso acceso al crédito internacional.

C.- Prórrogas de las concesiones actuales por períodos largos, bajo los contratos actuales o renegociados.

Es una opción a la que aspiran algunas concesionarias que obtuvieron buena rentabilidad a pesar de los vaivenes, modificaciones e incumplimientos del contrato por parte del Estado concedente. Algunas la consideran como resarcimiento ante las pérdidas producidas por esas contingencias perturbadoras de los contratos.

D.- Convocatorias para nuevas concesiones a empresas privadas bajo un nuevo régimen contractual de concesiones y exigencia de inversiones importantes para prolongar la vida útil de las obras.

OPINIONES DIVERSAS SOBRE EL CAMINO A SEGUIR

Ante la cercanía de las caducidades, las que llevan a la necesidad de definiciones importantes sobre política energética, se han suscitado diversas opiniones y posiciones sobre el tema. La polarización política existente en el país (la denominada “grieta”) también ya se manifiesta en el problema. Veamos algunos enfoques y aspectos que entran en juego y que son esgrimidos desde diversos ángulos, según los intereses en juego y las doctrinas ideológicas:

• Las provincias de Neuquén y Río Negro pretenden, al amparo de la reforma constitucional de 1994 que dio a las provincias la propiedad sobre sus recursos naturales, que al final de las concesiones en sus territorios las obras sean transferidas a sus jurisdicciones, para lo cual conformarían un ente interprovincial para continuar con la explotación de las obras. Obviamente, esa pretensión sólo puede ser avalada por ley del Congreso Nacional en la cual las restantes provincias acepten la transferencia en donación o con algún cargo y establezcan los condicionantes. Como mínimo, pretenden tener participación activa en el negocio y en las facultades de manejo de las aguas de los ríos Neuquén y Limay.

Transcribimos algunas opiniones relevantes divulgadas en medios de comunicación:

Según el portal +Energía
“El gobierno de la provincia de Neuquén elaboró un informe que contiene un análisis político y jurídico de las concesiones de las represas, cuyos contratos vencen. El informe indica que es necesario discutir el esquema normativo de generación de energía eléctrica, así como su interpretación, que genera controversias sobre el alcance de las atribuciones federales y provinciales. Así es que se propone repensar un marco regulatorio superador que contemple un mayor protagonismo a los estados provinciales en la gestión, administración y explotación de sus recursos naturales”.

Además, “Otro punto el conflicto con Nación es el cobro de las regalías, un impuesto equivalente al 12% del valor de la energía producida las concesionarias de las centrales hidroeléctricas en el mercado spot, que perciben las provincias a modo de compensación por los perjuicios que produce la utilización del agua. En los últimos años, con el precio de la energía eléctrica congelado por el Estado nacional, las condiciones del efectivo cobro de las regalías hidroeléctricas cambiaron, lo cual originó reclamos por parte de las provincias”.

Por otra parte, diversos medios de comunicación informaron que el senador neuquino Oscar Parrilli, del partido oficialista del gobierno nacional, presentó un proyecto que implica dar la operación y el mantenimiento de las centrales a ENARSA en forma directa, otorgándole el 51% del dominio de cada central. En su articulado señala que «ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través de acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan», aunque en otro apartado se señala la posibilidad de «incorporar la participación del capital privado».

• Una propuesta fundamentada la formuló el Ing. Jorge Lapeña, exSecretario de Energía (1986-1988), del gobierno de Raúl Alfonsín y presidente del Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi» (IAE). Sugirió en su trabajo de enero de 2021 “Propuesta de una Política Pública – Finalización de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas nacionales” los siguientes pasos, de los cuales sólo transcribimos los más significativos para nuestro análisis:

PASO 1: DIVIDIR EL CONJUNTO DE CENTRALES EN GRUPOS HOMOGÉNEOS
GRUPO 1: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL COMAHUE (aprox.4300 MW) integrado por las Centrales Hidroeléctricas: Chocón; Arroyito; Planicie Banderita; Alicurá y Piedra del Águila. 
GRUPO 2: CENTRAL HIDROELECTRICA FUTALEUFU 
GRUPO 3: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CUYO PODER CONCEDENTE ES PROVINCIAL.
GRUPO 4: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DADAS EN CONCESIÓN POR EL ESTADO NACIONAL en las
provincias argentinas que no pertenezcan a los Grupos 1 y 2.

PASO 3: REVERTIR AL CONCEDENTE LA CONCESIÓN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO RESPECTIVO DE  CADA CONTRATO.

PASO 5: DISEÑAR UN CONTRATO TIPO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LAS CENTRALES CON DURACIÓN DE 10 AÑOS. Los contratos serán remunerados con precios que surgirán de procesos licitatorios públicos y quienes sean elegidos deberán acreditar experiencia en la operación y mantenimiento de instalaciones similares a las del contrato respectivo.

PASO 6: CREACIÓN DE UNA AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLOS HIDROELÉCTRICOS. Su función será:
a) Administrar los Contratos de Servicios de cada central; b) Determinar el Costo total de Generación de cada central hidroeléctricas por períodos quinquenales; c) determinar las inversiones para cada central hidroeléctrica incluyendo las correspondiente a reemplazos de equipos para extensión de vida útil; d) gestionar créditos internacionales para financiar las obras del inciso c); e) realizar procesos licitatorios y adjudicación de dichas obras; f) Realizar estudios y proyectos de nuevas centrales hidroeléctricas. g) estar a cargo de la creación y administración del fondo fiduciario de desarrollo hidroeléctrico, integrado por las rentas provenientes de las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional y cuyo destino es la financiación de nuevas centrales hidroeléctricas.

Complementa su propuesta con el siguiente criterio:

“Si bien el universo de centrales hidroeléctricas a revertir puede ser numeroso, se sugiere concentrarse en realizar una “reversión inteligente” de solo aquellos casos de interés. Los casos de interés se concentran en solo una decena como máximo de las centrales existentes: esto es un conjunto de no más de 10 grandes centrales con una potencia total de unos 6500 MW correspondientes a las centrales pertenecientes a la Ex Empresa nacional Hidronor ubicados en la Región del Comahue y un conjunto de centrales de la ex empresa nacional Agua y Energía Eléctrica”. (Este criterio es de suponer que dejaría de lado las obras hidroeléctricas de AyEE SE en Tucumán, como veremos más adelante).

Por otra parte, en una entrevista concedida a el portal Energiaonline.com.ar el 29/07/21, manifestó que “Las represas tienen que volver al Estado Nacional, no a las provincias. Las provincias pueden tener participación, pero el dueño es el Estado Nacional como dice el contrato vigente. Es el Estado Nacional el único comitente que puede acometer las importantes obras que puedan ser necesarias para ampliar capacidad. Ninguna provincia ni ninguna empresa privada están en condiciones de acometer esa tarea”.

“Lapeña también distingue el ejemplo de Hidronor como faro a seguir y agrega el modelo de la central binacional de Salto Grande ubicada sobre el río Uruguay a la altura de la ciudad de Concordia. “Estamos en contra de la burocratización de las empresas del Estado, pero la experiencia nos muestra que la central de Salto Grande es sumamente eficiente y no tiene ningún vicio. Hay que repetir esas experiencias exitosas”.

“Para Lapeña, el principal beneficio de una gestión pública sería reducir los costos del sistema y conocer con mayor precisión cuánta energía hidroeléctrica se podría agregar en el país para revertir el sendero decreciente de las últimas tres décadas donde la participación hidráulica sobre la generación eléctrica bajo del 50% al 22%”.

Una posición en línea con lo anterior fue expuesta recientemente por el IAE en un documento aportado a la coalición “Juntos por el Cambio” con propuestas para el sector energético para el período 2023-2027 en caso de acceder al gobierno nacional (“IAE: Programa de Política Energética para el período 2023-2027”), del cual extraemos párrafos específicos que acometen el tema que tratamos.

4.5. Vencimiento de las concesiones de explotación de centrales hidroeléctricas otorgadas en 1993. A tal efecto se propone:
§ Prorrogar por un año la vigencia de los contratos de acuerdo a lo previsto en los contratos de concesión.
§ A partir de 2024 al término del plazo contractual prorrogado las centrales pertenecientes a la ex empresa Hidronor SA revertirán al estado nacional tal lo previsto en los contratos firmados en 1993.
§ Se fijarán con criterios técnicos un nuevo sistema de tarifario para la retribución de la energía generada por las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional, el nuevo sistema tarifario retribuirá la totalidad de los costos operativos y los costos de operación y mantenimiento de las centrales. Asimismo, deberá proveer los fondos para financiar la extensión de la vida útil de las instalaciones.
§ Luego el Estado Nacional podrá firmar contratos del tipo COM (operación y mantenimiento) con el sector
privado para cada una de las centrales.

• Según el portal Energiaonline.com.ar del 29/07/21, en el mismo sentido que Lapeña se expresó un grupo de profesionales de la ex Hidronor, quienes redactaron un documento con un análisis técnico con las mejores soluciones posibles para el futuro de la administración hidroeléctrica.

“No hay un sesgo político ni ideológico si es mejor la concesión privada o la concesión pública. Lo importante es el rol del Estado regulando las mismas adecuadamente y asegurando su correcta operación y recuperar la capacidad de volver a hacer aprovechamientos hidroeléctricos multipropósito, que se ha perdido desde los años noventa”.

Respecto al rol de las provincias, los ex Hidronor sostienen que “los activos se encuentran registrados bajo titularidad de la Nación y las obras fueron costeadas mediante recursos aportados por la totalidad de la Nación”. Por lo tanto, “que las provincias se hagan cargo significaría una verdadera donación que solo podría ser viable mediante la sanción de una ley nacional”.

“En lugar de ello, los expertos sugieren la creación de una empresa pública nacional que siga el ejemplo de lo que fue Hidronor -que siempre fue reconocida por su buena administración-, admitiéndose en calidad de socias a aquellas provincias que demostrasen interés y aportasen capital”.

“Debería ajustarse a determinadas premisas que garanticen su eficiente funcionamiento como un directorio calificado e independiente, una estructura empresarial inicialmente pequeña y que esté dotada de exenciones tributarias”, dicen.

“En tanto, los ex Hidronor son todavía más optimistas y consideran que el país podría construir nuevos embalses sin pedir fondos al Estado ni subsidios, sino usando adecuadamente la renta que producen las propias centrales actuales y, al mismo tiempo, comercializar la energía a precios asequibles para los sectores de menores ingresos cubriendo el porcentaje de consumo de la tarifa social”.

“El Estado Nacional podría obtener fondos propios genuinos, asignando con destino específico una porción porcentual de las ventas de energía de las centrales hidroeléctricas bajo una nueva concesión, a través de la creación de un nuevo canon. Los fondos deberían ser constituidos como un Patrimonio de Afectación y cuya correcta administración sería asegurada mediante un Fideicomiso”, proponen.

Para mejor información sobre esta propuesta se puede acceder al video de una exposición en panel realizada en el CAI (Centro Argentino de Ingenieros) el 08/09/2021 (ver enlace al final).

• Opinión de sector concesionario

(De artículo de Sofía Diamante, diario La Nación 15/03/22)
(En el sector concesionario)….. “indican que el Estado es el que no cumplió con el contrato de concesión, ya que en los últimos 30 años hubo momentos en los cuales se congelaron las tarifas que cobran estas empresas. Los privados hicieron una inversión importante para quedarse con la concesión, que se dio bajo un marco regulatorio que se modificó por completo y eso generó un pasivo regulatorio. Creemos que este pasivo regulatorio puede ser cancelado con una extensión de la concesión. Operar estas plantas requiere de capacitación técnica y de muchas inversiones para mantener las plantas disponibles, explicaron en una de las compañías”.
“Los contratos de concesión no tienen prórroga, pero tampoco está prohibido que con mutuo acuerdo se extienda la concesión”.

(Según el portal IProfesional de fecha 23/05/2022)
“…….. Las empresas hasta ahora no han dicho demasiado sobre la continuar con el negocio. La rentabilidad de los últimos años año ha sido prácticamente nula y con costos siempre en ascenso. Para continuar deberán ofrecerles algún incentivo muy atractivo, comentó a este medio un experto al tanto del proceso”.

• Opinión de sectores estatistas

Si bien hay matices entre diversas fuentes, son globalmente coincidentes con la idea de los sectores kirchneristas/La Cámpora del oficialismo, es decir en un retorno total al Estado y su posterior explotación a cargo de éste. Hay opiniones similares desde otros ángulos sectoriales (por ejemplo la del Ing. Lapeña del IAE, antes referida y la del grupo de profesionales ex Hidronor), pero la diferencia reside básicamente en que en estos últimos no se descarta la participación privada, aunque limitada a contratos de operación y mantenimiento, manteniendo la potestad de explotación y las inversiones en manos del Estado basadas en la creación de fideicomiso con la renta de la venta de energía.

Diversas fuentes consultadas por medios periodísticos indicaron que también se evalúa que el Estado quede con el control de las hidroeléctricas, pero la operación siga en manos de las compañías privadas.

Fuera de la predilección doctrinaria de preeminencia de lo estatal sobre la privado, se esgrimen algunos argumentos debatibles:

* En todos estos años, la renta hidroeléctrica no redundó en inversiones de peso en torno a fuentes energéticas que posibilitaran diversificar la matriz nacional, tampoco en el crecimiento de nuevas centrales hidroeléctricas. (En realidad esos objetivos no fueron planteados en las motivaciones ni los fundamentos de las concesiones noventistas y, además, las perturbaciones ocurridas en el devenir de ellas inhibieron toda posibilidad en esa dirección).
* El Estado invirtió importantes montos en la construcción de las centrales, cuya concesión los privados se hicieron por montos mucho menores, pagando parte del canon con bonos devaluados de la deuda argentina y explotaron apropiándose de la renta.
* Las infraestructuras hidráulicas se hallan en territorios provinciales, los recursos hídricos son interprovinciales y las obras fueron inversiones de la Nación. Ello implica que un eventual retorno al Estado impone una gestión que contemple las necesidades y derechos de cada nivel de gobierno.
* La estatización se presenta como un modo de retomar una necesidad estratégica de planificación energética abordada por el Estado y el sector público social, hecho que en la Argentina es de por sí débil.

En la resolución del destino de las concesiones hay diversos aspectos que determinan los caminos posibles. En primer lugar, la Reforma Constitucional de 1994 estableció en el Artículo 124 el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales situados en sus territorios. No obstante, la Ley 15.336/60 (de Energía eléctrica), en su artículo 5º establece que “La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes…….”. Ello habilitaría, a juicio de algunos juristas, la discusión sobre quien debe tomar las decisiones al caducar las concesiones de explotación de la energía”.

Desde fines del año 2022 y en el actual 2023, diversos sectores manifestaron ya sus propuestas, que van desde la reestatización total o la continuación de concesiones privadas hasta, como mínimo, una prórroga de un año para dar mayor tiempo para la resolución de las concesiones, dando tiempo suficiente para su evaluación. La probabilidad de cambio de rumbo a partir del nuevo gobierno para el período 2023-2027 llevará a debates fuertes hoy de hecho postergados en el ámbito político por las turbulencias del año electoral, teñido por los graves problemas económicos y sociales que sacuden al país.

A fines de mayo un grupo de exsecretarios de Energía, compuesto por los exfuncionarios Emilio Apud, Julio C. Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco, se manifestaron en el sentido de recomendar que se prorrogue la concesión por un año, para darle tiempo a la próxima administración para analizar la situación. Asimismo, cuestionaron la intención de incorporar las centrales del Comahue que vencen a los activos de Enarsa y con participación de los gobiernos provinciales, puesto que “…esta decisión es inconducente e inconsistente, ya que Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas. Tampoco reúne la experiencia para operar ni para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita” (diario La Nación del 23/05/2023).

La circunstancia en que se presenta esta necesaria toma de decisiones es particularmente desfavorable para optar por un camino que priorice el interés nacional. La debilidad del gobierno actual frente a la crisis económica a la que se llegó y del próximo que la heredará, establece fuertes condicionantes. 

La estructura del sector energético posterior al proceso de privatización concretado en la década de los 90, según algunos analistas en algunos casos ha conducido a ciertos oligopolios, con tolerancia del Estado, en determinadas etapas desde la privatización. Ello genera presiones importantes para la toma de decisiones direccionadas a la preservación de esas situaciones de privilegio e inequidades.

La continuidad de la explotación en la mayoría de los aprovechamientos concesionados plantea requerimientos de fuertes inversiones en la renovación de equipamientos e instalaciones, para asegurar la prolongación de la vida útil de las obras. Ellas deben ser informadas por el ETAHC a fin de contar con una base diagnóstica para las decisiones. Tanto el Estado Nacional como los provinciales están fuertemente limitados en su capacidad de gestionar financiamiento internacional a esos fines. La deuda externa argentina, su permanente renegociación, la falta de cumplimiento de los contratos, la inestabilidad monetaria, la escasez de divisas, etc. limitan fuertemente la capacidad del Estado Argentino para planificar la expansión del sistema energético con obras hidráulicas, que requieren altas inversiones y amortizaciones largas, lo contrario de las obras termoeléctricas a combustibles fósiles, de menores inversiones aunque de mayores costos operativos (por el costo de los combustibles).

En varios casos las provincias no cuentan con organismos técnicamente capaces de afrontar a corto plazo los desafíos de hacerse cargo de la operación y mantenimiento de las obras.

La expansión de la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética argentina, deseable desde el punto de vista del incremento de las energías renovables, se topa también con eventuales conflictos ambientales, los que en el país pueden llegar a inhibir o menoscabar nuevos aprovechamientos, judicializables por sectores ambientalistas. Sirva como caso ilustrativo el de las represas sobre el río Santa Cruz, actualmente en construcción (Néstor Kirchner-ex Condor Cliff y Jorge Cepernic-ex La Barrancosa). Estos emprendimientos sufrieron demoras y modificaciones por causa de fuertes presiones ambientalistas (aunque también por causas económicas).

En el conjunto de recursos hídricos de la Argentina, en todas las cuencas desde su extremo norte al sur, las cuencas patagónicas y del Comahue son las que tendrían un menor impacto ambiental, comparadas con las cuencas cuyanas, del Centro y del norte del país. Ello es debido al carácter árido o semiárido del territorio, con lo que el uso compartido del agua está limitado a zonas restringidas de regadío como el Alto Valle del Río Negro, el Valle del Río Chubut, etc. Los impactos más significativos pueden darse en las cuencas altas occidentales precordilleranas, con ambientes boscosos de gran valor paisajístico. En las provincias cuyanas, centrales y norte del país, los usos competitivos del agua, la alta densidad de áreas urbanas, la extensión de los suelos aptos para la agricultura y las potenciales radicaciones industriales imponen condicionantes de mayor significación. Los grandes ríos mesopotámicos (Paraná y Uruguay) son los de mayor riqueza hídrica, pero de mayor susceptibilidad ambiental.

El tema está abierto y la discusión alrededor de él se da un momento poco oportuno de la realidad nacional, en un año con muy fuertes condicionantes producto de la grave situación económica que introduce agudas incertidumbres sobre el futuro y la contienda por el poder en un año electoral. De allí qué, en los primeros meses del año 2023, se consideraba como muy probable que las decisiones se postergarían para una circunstancia con mayor claridad al menos en el plano político de gobierno, mediante prórrogas cortas de contratos.

No obstante, sorpresivamente, se produjo un hecho impactante informado por los medios nacionales y locales. Reproducimos la extraída del Diario Río Negro del 20/04/23.

“a menos de cuatro meses de que comiencen a vencer las concesiones de operación de las cinco represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, el gobierno nacional sorprendió casi como un baldazo de agua fría al no solo anunciar que no extenderá los contratos que están en manos privadas, sino que los dejará vencer y será el mismo Estado nacional el que se haga cargo de la operación de hidroeléctricas”. El anuncio fue dado a conocer el 19/04/23 por la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien detalló a la prensa que se creó “una mesa de negociación con las provincias principalmente para tratar el tema de las concesiones hidroeléctricas para que las concesiones vuelvan al Estado nacional pero trabajando con las provincias”.

“Pero además de esto, desde Nación revelaron que la decisión del gobierno es, en estos días, que sea el mismo Estado el que se encargue de la operación de las represas a medida que vayan venciendo”.

“”Consultados sobre a partir de qué empresa del Estado se realizaría la operación de las centrales hidroeléctricas …, las fuentes nacionales indicaron que ese es un tema que aún no está definido y reiteraron que “estamos trabajando muy intensamente para definirlo porque sabemos que vencen en agosto””.

A la sazón aún no había trascendido en los medios de comunicación algún informe del ETAHC expidiéndose al respecto.

Esa decisión fue sorpresiva para los gobiernos de Neuquén y Río Negro que pretenden que los aprovechamientos del Comahue sean transferidos a esas provincias o, cuanto menos, participar directamente en la explotación de ellos en conjunto con la Nación. En un marco de rispideces con la Nación hasta se ha planteado la posibilidad de judicializar el reclamo.

Prácticamente en forma simultánea, en los meses de abril y mayo, el país se vio envuelto en una crisis económica con una aceleración de la inflación, disparada de la cotización del dólar en el mercado cambiario, como producto de las fuertes tensiones inflacionarias y la escasez de divisas. Se plantean serios interrogantes sobre el final de la crisis y sobre la factibilidad de que en ese marco político tan complejo del país aquel objetivo pudiere llegar a concretarse, en particular ante un muy probable cambio de signo político del gobierno nacional y la complejidad de efectivización de una retoma gubernamental de la operación de las obras en cuestión.

El portal Econojournal (https://econojournal.com.ar/), especializado en información sobre minería, energía y economía  en su publicación del 08/05/2023 informó sobre cuál sería el principal punto de conflicto entre Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro. Al respecto, sintetiza que:

“Economía pretende que Enarsa cree una subsidiaria —cuyo capital accionario podría estar integrado también por provincias y empresas privadas— que tomará el control de las centrales hidroeléctricas a medida que empiecen a expirar las concesiones vigentes, a partir de agosto. La discusión entre Nación y las gobernaciones de Neuquén y Río Negro no pasa tanto por quien se quedará con la propiedad de los activos, sino por cuál será la renta futura del negocio hidroeléctrico. Las provincias quieren mejorar el precio de venta de la electricidad, algo inconveniente para el Estado nacional”.

“Las provincias están mucho más interesadas en discutir la distribución de la futura renta de las represas que la participación accionaria de las mismas. Ese el punto nodal de la discusión aún no articulada entre la Nación y las provincias. El punto de partida de esa agenda no es alentador para las provincias: desde la óptica del Estado nacional, la inversión que demandó la construcción de las centrales hidroeléctricas ya fue amortizada. De hecho, la energía que hoy genera el complejo del Comahue está pesificada y se remunera bajo un esquema de ‘costo plus’ que debería cubrir los costos de operación y mantenimiento (O&M) más una pequeña rentabilidad. ‘Debería’ porque, en rigor, lo que viene pasando desde hace tres años es que el monto en pesos que paga Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), queda desactualizado de manera permanente por la inflación y el gobierno se demora meses en aumentar ese valor”.

Hemos sintetizado hasta aquí las diversas opiniones que salen a la luz frente al destino de las concesiones. Quien esto escribe piensa que, a esta altura de un final de mandato de un gobierno en crisis, con alta probabilidad de ser sustituido por otra corriente política, aún con divergencias internas, es muy aventurado suponer que el camino que repentinamente se propuso pueda llegar a concretarse en su integridad y, en la eventualidad de ocurrir eso, no es seguro que tenga continuidad o no sea modificado por el nuevo gobierno.

El proceso que sobrevendrá a la caducidad de las concesiones se desarrollará en un contexto altamente problemático e inestable del país en crisis. Difícilmente se produzca una resolución definitiva en circunstancias de enfrentamientos políticos que vaticinan un probable cambio de gobierno que puede producir posteriores marchas en reversa. A esta altura de los acontecimientos, no amerita especular al respecto para sacar conclusiones aplicables al tema que nos ocupa, que se refiere solamente al destino de las obras concesionadas en la provincia de Tucumán. En la actualidad, las discusiones sólo tienen en cuenta los intereses de las provincias involucradas del Comahue, geografía donde se produce la mayor parte de la energía hidroeléctrica concesionada. Por ello, a tres meses de elecciones, con el país sumergido en incertidumbres sobre su futuro, a pesar de que se conocieron algunas decisiones del Gobierno Nacional, quedamos a la espera de los acontecimientos para evaluarlos.

Este articulista tiene frente al tema de las concesiones nacionales una opinión relativamente formada, no exenta de profundas incertidumbres emergentes de las experiencias de los treinta años transcurridos. Estima que la mejor opción para el país, cualquiera fuere la que se adopte, encontrará muy serias dificultades para lograr éxito en un plazo razonable, en virtud de que la inestabilidad económica e institucional y los niveles de corrupción explícitos o sospechados en la relación entre el Estado y los grupos lobbystas empresariales privados, y los políticos mismos, infestaron todo el sistema económico y social, estableciendo condicionantes atenazadores para cualquier política en la materia. Se suma también la falta de garantías que brinda la Justicia en la resolución equitativa de potenciales disputas que contaminan todas las opciones. Aún en el caso de estatización total, los vicios que se han instaurado en las estructuras estatales desde la restauración de la democracia no aseguran una administración eficiente, luego de varias décadas en que fueron utilizadas como usinas de empleo público sin la menor pretensión de calidad ni eficiencia. En la medida de que no haya a nivel de gobierno nacional una fuerte convicción política con objetivos
claros favorables a un genuino interés nacional, la opción elegida adolecerá de debilidades e inestabilidades que menoscabarán sus probabilidades de éxito.

De todos modos, carece de interés que quien escribe emita acá opinión sobre el destino recomendable para las concesiones. Considera que para el caso de la provincia de Tucumán los caminos serán propios por las singularidades que en ella se dan. Sólo pretende exponer algunos aspectos que, a su juicio, deberían ser tenidos en consideración en lo que respecta a los intereses de la provincia y que se desarrollan a continuación.

LA SITUACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS EN TUCUMÁN DENTRO DE LA CONCESIÓN HIDROELÉCTRICA ACTUAL Y EN PARTICULAR EL CADILLAL

La concesión de Hidroeléctrica de Tucumán SA vence el 30/07/2026. Como ya se dijo, comprende las centrales hidroeléctricas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. La Provincia tiene tres años para evaluar el camino a seguir. La decisión quedará en responsabilidad del próximo gobierno que surgirá de las elecciones de mayo de 2023. Si bien el país se encuentra sumergido en una profunda crisis económica y política, nada hace suponer que en Tucumán pueda darse algún cambio en la estructura del poder político, previéndose la continuidad del peronismo en el Gobierno y dada la falta de estrategias de futuro tanto en el oficialismo como en la oposición. No obstante, hay elementos de juicio que hacen presumir la fuerte influencia que tendrán las decisiones a nivel nacional, las que se seguramente se tomarán determinadas por los contratos de concesión de explotación de obras de gran envergadura y de mucha mayor incidencia en el sistema energético del país que las concesionadas en Tucumán.

Conviene, a fin de contar con una idea de las magnitudes en juego, tener en cuenta la significación de cada uno de los aprovechamientos mencionados de la provincia de Tucumán.

Se aprecia que todas las obras han superado lo que normalmente se considera un período de amortización económica (50 años).

Una cuestión es determinante: la envergadura que tienen los aprovechamientos hidroeléctricos de Tucumán en relación con el mercado que abastecen. Si se tiene en consideración que el total de energía consumida en la provincia de Tucumán es actualmente de alrededor de 3100 Gwh-año y en la región NOA 10.700 Gwh-año, siempre crecientes, resulta que todo el aporte que aquellos efectúan actualmente es el 5% del consumo de la provincia y el 1,5% de la región. Referido al total del consumo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) es apenas un 0,1%, y el 0,9% del total de energía hidroeléctrica del país (sin Yaciretá ni Salto Grande). Es decir, una participación muy reducida, prácticamente insignificante.

Presa de embalse El Cadillal-Conjunto de obras (Fuente: Google Earth)

En síntesis, estamos en una situación en la cual el aporte total de las obras hidroeléctricas de Tucumán es muy bajo frente al consumo de energía eléctrica del país, de la región NOA y de la provincia misma. En esa situación es de suponer que a nivel nacional poco será tenida en cuenta esta provincia para incidir en los rumbos de las concesiones y en la estrategia de política energética nacional. Al respecto, recordar la opinión autorizada del Ing Lapeña al sugerir, razonablemente, “concentrarse en realizar una ‘reversión inteligente’ de solo aquellos casos de interés, los que se concentran en solo una decena como máximo de las centrales existentes” (las mayores).

Por otra parte, dada la antigüedad de todas las obras, para prolongar su vida útil, si se justificare, requerirán inversiones significativas para la renovación de equipamientos hidro-electro-mecánicos (turbinas, alternadores, transformadores, sistemas de maniobras, etc.) las que pueden ser en ciertos casos de escasa rentabilidad. Ello implicaría qué, para amortizarlas, los períodos de extensión de nuevas concesiones no podrían ser muy cortos y probablemente sea escaso el interés del sector privado.

La Provincia deberá tener participación en el ETAHC como autoridad local para el contrato de HT en virtud del artículo 8 de la Resol. 130/2022 ya mencionada (“….. Invítese al ORSEP y a las autoridades de aplicación de cada aprovechamiento hidroeléctrico en materia de Manejo a Aguas y Protección del Ambiente a designar UN (1) representante a los efectos de formar parte del ETAHC”). Hasta fines de mayo tal invitación aún no se había concretado, quizás por contar con amplio margen de tiempo y no ser prioritaria frente a los vencimientos del Comahue.

Presa de Escaba (Fuente: escaba.orsep_.registro-presas)

El tema de generación de energía pasó a ser, en el caso de Tucumán, un tema secundario frente a las necesidades de agua para población, industrias y regadío. Por otra parte, dado que la incidencia de esas tres centrales hidroeléctricas es ínfima, tanto a nivel provincial como regional y nacional (SADI), no sería de extrañar que la Nación esté dispuesta a donar a la provincia las obras de Escaba y Pueblo Viejo, ya amortizadas. Ello pone al Gobierno de Tucumán ante la obligación de afrontar la operación total de las obras cuya concesión caducará.

El eventual interés del capital privado es dudoso ante el panorama descrito. En particular, en el caso de El Cadillal, el decaimiento de la capacidad de regulación del embalse por la acumulación de sedimentos en su vaso, reduce la garantía de generación de energía (así como de los abastecimientos a industrias y regadío).

Aprovechamiento Pueblo Viejo (Fuente: obra_de_toma_los_reales.Registro-Orsep)

Aprovechamiento Pueblo Viejo – Toma sobre el río La Horqueta (Foto Daniel-E.-Juarez.)

¿Cuál es entonces el interés genuino de Tucumán en las obras cuya concesión caduca?

Un aspecto determinante a tener en cuenta es que, del conjunto de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados a HT, el Cadillal muestra una situación diferenciada, como ya se dijo, porque fue ejecutada por la provincia. Escaba y Pueblo Viejo, en cambio fueron inversiones del Estado Nacional.

El complejo El Cadillal fue concebido para abastecer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, abastecer de agua a industrias azucareras y al área de regadío bajo su influencia. La energía eléctrica siempre fue un subproducto: el agua descargada para esos usos pasa previamente por las turbinas de la Central Hidroeléctrica. Sólo se turbina en exceso de las necesidades de los usuarios agua abajo cuando hay excedentes de agua en el embalse. En síntesis, el rol principal de esta obra es para satisfacer los usos consuntivos mencionados.

En cuanto al embalse de Escaba, el interés de Tucumán reside en su utilidad para abastecer agua para regadío e industrias y para protección contra inundaciones. El aprovechamiento Pueblo Viejo sólo brinda energía eléctrica y, como vimos, en una cuantía muy pequeña para el mercado eléctrico, por lo que su continuidad merecerá un análisis sobre su conveniencia.

Otros potenciales aprovechamientos hidroeléctricos en la provincia, como el conocido proyecto Potrero del Clavillo, aun siendo de mucho mayor envergadura que los ya existentes, es de discutible conveniencia, y este articulista ya expuso su opinión en este blog (ver “Potrero del Clavillo: Una decisión improvisada-Consideraciones sobre su adopción en el Plan Belgrano”, 16/09/2016).

Como estrategia de políticas futuras, es opinión de quien escribe que los recursos hídricos de la provincia deben ser aplicados a las necesidades de su desarrollo económico y social (población, agricultura e industrias), más importantes que para desarrollar su potencial energético, que antaño se consideró significativo pero que el crecimiento socioeconómico desde mitad del siglo pasado lo dejó atrás.

Cabe el siguiente interrogante:

¿Es posible y conveniente prorrogar el contrato de concesión actual a su vencimiento o generar
una nueva concesión?

En primer lugar, deberá seguramente resolverse el incumplimiento de HT en reparar la PL-3 a su costo. El Gobierno Provincial está afrontando esa tarea por razones de urgencia y ya expuso su intención de exigir a la Concesionaria el reintegro de los montos erogados en la reparación.

En segundo lugar, de la evaluación técnica que realice el ETAHC surgirán las necesarias inversiones y su cuantía para dar continuidad operativa a la Central Hidroeléctrica por un mediano o largo plazo. Ello será determinante para definir la ecuación económica de una nueva concesión. Tales inversiones y los costos operativos y de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo deberían resultar debidamente justificables.

En tercer lugar, importa el eventual interés de la Concesionaria actual en una prórroga de corto, mediano o largo plazo. El rol asignado por CAMMESA a Escaba y El Cadillal ya es meramente de reserva. Luego de la experiencia de la presa PL-3 en El Cadillal, no cabe dudas que el riesgo de que aparezcan futuros fenómenos que obliguen a reparaciones costosas, a cargo de la Concesionaria según el contrato vigente, desalentaría a ésta de afrontar el riesgo en un nuevo período de operación, salvo que el Concedente estableciere un nuevo criterio contractual para encarar equitativamente esas eventuales situaciones.

Es poco probable, por lo hasta aquí dicho, que la Secretaría de Energía tenga interés en continuar la explotación de los aprovechamientos en Tucumán. Ello también dependerá de la estrategia que el gobierno Nacional adopte a partir del año 2023, seguramente determinada más por las grandes concesiones del Comahue y Cuyo que por las restantes pequeñas. Para el caso de una estatización por retorno al Concedente, la S.A. Hidroeléctrica de Tucumán integrada por Secretaría de Energía y la Provincia, que tiene una duración de 99 años (hasta el 2094), debería hacerse cargo de la explotación de las obras, pero no tiene una estructura para ese fin y tendría que adecuarse previamente a ese fin, además de afrontar las inversiones que surjan como necesarias.

En caso de no concretarse las intenciones de prorrogar la concesión o de generar una nueva, la Provincia deberá hacerse cargo de la operación de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo en su integralidad. La Nación reconoció la propiedad de El Cadillal al constituirse la S. A. Hidroeléctrica de Tucumán, con la firma de un Acta-acuerdo el 28/03/1995 entre la Nación y la Provincia (Gobernación Ortega) ratificada por la Ley provincial 6741 del 07/03/96 (gobernación Bussi) y el Decreto Nacional 463/95 (presidencia Menem).

Cabe entonces preguntarse si la Provincia está en condiciones para afrontar ese objetivo con los organismos del agua actuales. Quién esto escribe evalúa que no lo está, pero podría estarlo. Hay tres años para que se encare un necesario proceso de reorganización de esas herramientas del Estado provincial para la gestión de los recursos hídricos que involucren su fortalecimiento y unidad de planificación. Si bien la Dirección Provincial del Agua afrontó en la década de los 80 (antes de la concesión) algunas reparaciones importantes por contrato en El Cadillal, hoy no cuenta con un departamento de presas con capacidades actualizadas para afrontar todos los aspectos inherentes a la operación y mantenimiento de ese tipo de obra. El tema adquiere mayor envergadura si a El Cadillal se le agregan la presa de Escaba y la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo.

En efecto, la presa de Escaba fue construida hace más de 70 años para generar energía, brindar agua para riego y para proteger contra las inundaciones agua abajo de ella, en la llanura tucumana. Actualmente su rol de generadora de energía se ha empequeñecido en grado sumo, no sólo porque su aporte al SADI se ha tornado insignificante sino porque ni siquiera funciona a su plena potencia, ya que un equipo turbo-alternador de los tres originales no opera desde el año 1994 por una falla grave (hoy cumple una función complementaria en el sistema eléctrico). Finalmente, Pueblo Viejo sólo genera energía, no acumula agua y no presta otro servicio. El costo de su mantenimiento es elevado por la permanente destrucción que las crecidas de los ríos de montaña captados (Los Reales y La Horquetas) ocasionan a los azudes derivadores. Es altamente probable que, al final de la concesión el Estado nacional (Secretaría de Energía) no esté interesado en ambos aprovechamientos y se los ceda a la Provincia en donación.

Entonces, a partir del 27/julio/2026 la Provincia deberá hacerse cargo de estos tres aprovechamientos y definir qué hacer con sus componentes hidroeléctricos.

Es importante que, además de las evaluaciones técnicas que realice el ETAHC, dentro del cual la Provincia debe involucrarse y participar, se encare a corto plazo la evaluación de los caminos a seguir, con todas sus implicancias.

El tema está planteado. No sólo para el próximo Gobierno provincial sino también para todos los sectores que deben involucrarse en una política pública clave para el futuro de la provincia: el uso de sus recursos hídricos. A juicio de quien escribe es tiempo ya de debatir una visión estratégica sobre el aprovechamiento de ese capital clave de su naturaleza para el crecimiento y desarrollo.

ES IMPORTANTE ADOPTAR UNA NUEVA VISIÓN ESTRATÉGICA

La Provincia de Tucumán debería dejar de interesarse en proyectos hidro-energéticos concebidos en el siglo pasado, como, por ejemplo, Potrero del Clavillo, el mayor de todos, que fueron promovidos ilusoriamente hasta el año 2017. Estos ya perdieron su oportunidad histórica y quedaron fuera de escala para la demanda del mercado eléctrico tanto provincial como regional y el SADI (hoy Potrero del Clavillo aportaría menos de un 10% del consumo actual de la provincia).

El crecimiento eléctrico futuro de Tucumán se sustentará en los aportes del Sistema Nacional y no en su propio potencial hidroeléctrico, que ya quedó rezagado totalmente por el crecimiento histórico de la población y el sistema productivo. Las obras hidráulicas para aprovechamiento de los ríos de la provincia deben ser destinadas al crecimiento y desarrollo basado en la industria, el regadío agrícola y el abastecimiento a la población. Toda obra nueva debería apuntar en esa dirección. La Nación no priorizará en su planificación (de haberla) obras hidroenergéticas en Tucumán, por su irrelevancia en magnitud y por lo poco competitivas en relación a las de otras regiones del país.

El hecho de que las obras hidráulicas más importantes de Tucumán, como Escaba y Pueblo Viejo, las ejecutara, operara y mantuviera la Nación (por medio de AyE SE y luego por HT), le permitió a la Provincia la cómoda situación de solamente administrar la distribución del agua para los usuarios sin hacerse cargo de los costos de operación y mantenimiento, solventados por la energía generada y a cargo de la Nación o el Concesionario. Esa administración se hace a través de la “Comisión de Embalse y Desembalse de los diques Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo” (CED). Si la Nación cede a Tucumán las obras de su propiedad, la Provincia deberá hacerse cargo de las inversiones necesarias y del costo total de operación y mantenimiento de ellas.

De la evaluación técnica y económica que realice el ETAHC surgirá el estado de las instalaciones y las obras y las necesidades de inversiones para prolongar su vida útil. Si de la evaluación económica de la explotación de la energía hidroeléctrica surgiere una rentabilidad razonable, a la provincia se le presentaría una oportunidad para afrontar una política de crecimiento productivo y social a partir de la explotación de sus recursos hídricos. Obviamente ello estaría ligado a la política energética del Estado Nacional por el régimen tarifario del SADI, tan distorsionado durante el régimen de las privatizaciones y a la espera de correcciones inevitables para la economía del país.

La posibilidad de que la provincia pudiere aprovechar la renta hidroeléctrica requiere una decisión política firme y la creación de instrumentos institucionales acordes, para evitar desvíos y vicios frecuentes en la administración del Estado. Debería pensarse en la creación de una empresa provincial con el fin específico de explotación de esas obras y la constitución de un fideicomiso que asegure el destino de los ingresos generados por la hidroenergía. La empresa debería tener un régimen laboral y administrativo específico por ley. Sus ingresos, además de aplicarse a los costos de operación y mantenimiento y las inversiones necesarias, deberían ser destinados a afrontar inversiones en diversas obras de mejoramiento de las redes públicas de distribución de agua para riego e industrias y, eventualmente, a nuevos aprovechamientos hídricos.

La rentabilidad de la explotación de las obras, además de lo dependiente de la comercialización de la energía en el SADI, debe asegurarse con una eficiente gestión empresarial y organizativa, evitando que la empresa provincial sea utilizada como mera fuente de empleo público y con fines político-clientelares, como los que caracterizan hoy al Estado provincial.

De no resultar rentable o autosustentable la explotación de la hidroelectricidad de las obras, debe tenerse en cuanta que solamente Pueblo Viejo es un aprovechamiento que puede clausurarse, ya que su único fin es la generación de energía. Tanto Escaba como El Cadillal, con sus embalses, deberán seguir prestando servicio como reguladores de los ríos, protectores contra inundaciones y abastecedores de agua para población, riego e industrias. Por lo tanto, la Provincia deberá asumir el costo total de su operación y mantenimiento.

Tucumán, mayo de 2023

ENLACES SUGERIDOS

Tema: “Concesiones Hidroeléctricas- Desafíos, oportunidades y propuestas ante su finalización”
Video de conferencia por Zoom de Panel de Grupo de profesionales Ex Hidronor SA. CAI (CentroArgentino de Ingenieros). Especial interés desde tiempo 1:05.
https://econojournal.com.ar/2023/05/crearan-una-nueva-empresa-para-gestionar-las-represas-del-comahue-cual-es-el-principal-punto-de-conflicto-entre-nacion-y-las-provincias/?noamp=available

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Lapeña, Jorge (2021). Publicación IAE Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi.“Finalización de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas nacionales – Propuesta de una Política Pública”. Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi (21/03/2023): “Programa de Política Energética para el período 2023-2027”
https://www.iae.org.ar/2023/03/21/un-programa-de-politica-energetica-para-el-periodo-2023-2027/

Para descargar una versión en pdf ingrear a esta url: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/EL-CADILLAL-ESCABA-Y-PUEBLO-VIEJO-DESTINO-INCIERTO.pdf

La entrada El Cadillal, Escaba y Pueblo viejo (Tucumán, Argentina) destino incierto se publicó primero en Problemas del agua.

(Artículo de divulgación general)

El Cadillal es un embalse construido en los años 60 sobre el río Salí, el más importante de la provincia de Tucumán, destinado a abastecer de agua al Área Metropolitana de su ciudad capital, proveer de agua a ingenios azucareros, regar tierras agrícolas del este provincial y atenuar inundaciones causadas por las crecidas estivales del río. Es la mayor obra hidráulica construida para aprovechar el recurso hídrico con que cuenta la provincia. Hoy, sin que se le sacara el provecho previsto, languidece en su vejez de casi sesenta años y evidencia su inexorable destino de pantano inútil, favorecido por sequías que adelantan frecuentes crisis para las que nunca Tucumán se preparó para mitigar.

El tema es de naturaleza compleja y en este artículo se trata de simplificar la exposición, en aras de la brevedad y evitando agobiar al lector con abundancia de datos. Se pretende llegar a la mayor cantidad de lectores, por lo que hace hincapié en cuestiones conceptuales. Para profundizar en el tema se puede ingresar en el blog del autor https://problemasdelagua.com.ar.

¿Por qué agonía?

Todo embalse de agua se construye para aprovechar el agua de un río y destinarla a las necesidades humanas ya sea para bebida o para sus actividades económicas (riego agrícola, industrias, ganadería, minería, generación de electricidad, etc.). Acumula agua en períodos del año en que abunda para entregarla en los que escasea y más se la necesita. Para ello se crea un volumen de acumulación suficiente para esos fines.

Pero los ríos transportan sedimentos producto de la erosión natural de los suelos en su discurrir desde la alta cuenca hasta ser interceptados por el cuerpo de aguas quietas donde se depositarán y acumularán. Así, el volumen de agua acumulado se va reduciendo año a año. Como consecuencia, el volumen útil del embalse va progresivamente siendo insuficiente para asegurar todos los servicios comprometidos.

Vista aérea del embalse El Cadillal desde su cola hacia el dique de cierre. En la mitad inferior se aprecian, gracias a la bajante del nivel de llenado del embalse, los depósitos de sedimentos sobre los cuales el río Salí discurre antes de ingresar al cuerpo de agua. Esa acumulación va avanzando hacia el cuerpo del dique hasta ocupar finalmente todo el volumen del embalse (Fuente: Diario Contexto, Tucumán)

En los embalses, previendo que ingresarán sedimentos que le quitarán volumen útil, suele preverse un cierto volumen destinado a alojarlos. Definir cuánto es necesario es una tarea de resultados inciertos ya que se trata de fenómenos de la naturaleza de difícil pronóstico, en particular porque no suele contarse con datos históricos precisos ni suficientemente fiables. Con frecuencia ocurre que tal volumen para sedimentos suele llenarse antes de lo esperado.

En síntesis, todo embalse que retiene agua de ríos está destinado a terminar su vida útil repleto de sedimentos, es decir muerto e inútil. El tiempo para que ello ocurra puede ser más largo o más corto, dependiendo de diversos factores, algunos provenientes del diseño de la obra, otros antrópicos (como el uso y cuidado de los suelos en la cuenca para reducir la erosión) y otros naturales (como las variaciones en el régimen de lluvias, susceptibilidad de los suelos de la cuenca a la erosión por agua, etc.).

¿Por qué lenta?

Una vez que los sedimentos comienzan a invadir el volumen útil del embalse, es decir a mermarlo, la capacidad de éste para satisfacer los usos del agua para los que se construyó irá reduciéndose simultáneamente, es decir perderá progresivamente su utilidad, comenzará su declinación y agonía. Su muerte no tiene fecha definida. A medida que menos agua pueda guardar servirá para abastecer menos usos del agua y las actividades o población que dependan de ella para subsistir irán sufriendo progresivamente las consecuencias. Se verán obligadas a recurrir a otras fuentes de abastecimiento para sobrevivir.

Hay embalses que perdieron todo su volumen útil en brevísimo tiempo, como el del río Itiyuro, provincia de Salta, cercano a la ciudad de Tartagal, producto de fenomenales procesos de erosión en la cuenca, por una geología con predominio de rocas extremadamente débiles.

El embalse El Cadillal tiene ya casi 60 años (terminado en 1965) y su volumen total inicial ya fue ocupado en un 44% por sedimentos.

¿Por qué triste?

El embalse El Cadillal fue concebido en su origen para abastecer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, brindar agua para industrias (ingenios azucareros), regar 45.000 hectáreas de cultivos y generar energía eléctrica.

Ha transcurrido más de medio siglo y la situación actual es:

• No se regó nunca más de 30.000 has. Hoy se sabe que se riegan mucho menos, aunque fue imposible precisar esa cifra ya que el organismo gubernamental responsable, la Dirección de Recursos Hídricos, mantiene esa información sin divulgar (¿quizás para no exponer propias falencias?). Entre los años 1972 y 1981 se construyó el Canal del Este, muy buena obra de ingeniería de 54 km de longitud, equipado con modernos sistemas de manejo y control, pero nunca fue habilitado, por no poder garantizar el abastecimiento de agua a las áreas a beneficiar. Fue totalmente vandalizado y hoy está destruido en su mayor parte.
• Los ingenios azucareros beneficiarios del agua hacen un uso de ella con muy baja eficiencia. No hacen suficiente recuperación y reuso del agua. Puede considerarse que dilapidan el agua.
• Gran parte del agua enviada desde El Cadillal hacia los ingenios y los campos agrícolas se pierde por infiltración en los suelos. Tan solo 12 km de canales, de un total de 147 km son revestidos e impermeables. Para abastecer los ingenios se debe enviar caudales mucho mayores a los que estos tienen concesionados para compensar las pérdidas por infiltración hasta que llegan a destino.
• La mayor parte de los cultivos agrícolas que se riegan lo hacen por el antiguo método de inundación, es decir con bajísima eficiencia. Son pocos los que aplican métodos tecnificados de alta eficiencia, como aspersión, microaspersión o goteo. Es decir que el agua del embalse es, en gran parte, desaprovechada.
• El abastecimiento de agua potable al Gran San Miguel de Tucumán, si bien se cumple, tiene dificultades serias en los calurosos últimos meses del año, cuando el embalse baja mucho y pueden aparecer altas concentraciones de manganeso que llevan a costos extra de potabilización.

En síntesis, lamentablemente, esta gran obra para aprovechar el recurso hídrico del río Salí, que significó una muy importante inversión pública, no fue aprovechada íntegramente a lo largo de su vida transcurrida y si no se plantearon hasta la actualidad graves crisis de abastecimiento fue porque nunca se llegó a regar el área prevista originalmente, por la baja cultura de riego en los cultivos de caña de azúcar predominantes.

Difícilmente pueda aprovecharse en el futuro, tal como se presenta actualmente su situación y cómo se avizora el comportamiento de los actores involucrados: Gobierno, industriales, agricultores. Sólo aumentando drásticamente la eficiencia en los usos industriales y en el regadío se podrá esperar que el volumen residual del embalse abastezca con cierta garantía los requerimientos de agua. Pero la capacidad e interés de la industria azucarera y de los agricultores cañeros de realizar las inversiones necesarias para ello no permite abrigar esperanza firme de que ello ocurra. Es lamentable que Tucumán no supo aprovechar eficazmente su recurso hídrico. Perder un embalse es perder parte del recurso hídrico ya que el agua que no se puede guardar, se pierde (ver apostilla 1).

Quizás si prospera en el futuro la producción de caña de azúcar para bioetanol combustible pudieren darse las condiciones de rentabilidad que sustenten inversiones privadas en la eficientización del uso del agua que se traduzcan en el mejor y más racional aprovechamiento del recurso hídrico que el volumen residual del embalse pueda garantizar. Ello requerirá una política de Estado que promueva tal proceso y una respuesta positiva del sector privado. Por ahora, no hay signos que permitan abrigar tal expectativa.

¿Se pudo hacer algo durante su vida?

Para contrarrestar o atenuar los procesos de colmatación de un embalse con sedimentos sólo es posible por tres vías:
A. Reducir la cantidad de sedimentos que se generan en la cuenca e ingresarán al embalse. Si la erosión por agua se produce naturalmente en los suelos y rocas, la tarea será viable en la medida que esos fenómenos no tengan un alcance muy extendido en la cuenca, por el alto costo que ella implica. Esas acciones de protección de cuencas se han dado en casos muy concretos donde el agua de los embalses ha sido vital para la supervivencia de la población beneficiada y constituyeron comportamientos arraigados en la tradición ancestral de agricultores y dueños de la tierra.
B. Operando sobre los sedimentos que ingresan al embalse en ocasión de las crecidas de los ríos, tratando de captarlos mediante órganos de descarga antes que lleguen a sedimentar y depositarse en el fondo.
C. Mediante dragado y extracción de los sedimentos del vaso del embalse.

Ninguna de estas opciones fue llevada a cabo en el embalse El Cadillal.
En alguna ocasión estuvo sobre el tapete una propuesta sobre dragado de los sedimentos. Esa opción era (y es) absolutamente ilusoria porque

• Es de un costo elevadísimo y no hay actividad productiva beneficiaria que la pueda solventar.
• No hay sitio donde depositar los sedimentos extraídos. El embalse está rodeado de zonas montañosas y las zonas relativamente llanas más cercanas son tierras agrícolas de muy alto valor, que se perderían.

¿Se puede hacer algo de aquí en más?

Se puede aún ralentizar la colmatación del volumen de embalse residual mediante operaciones de descarga de agua oportunas cuando ingresan las crecidas cargadas de sedimentos (opción B). Ello requiere un estudio serio de la dinámica de éstos en el volumen de embalse que queda disponible y ensayos controlados que pueden tomar varios años. En la actualidad no se está trabajando en esa dirección.

¿Qué depara el futuro?

El embalse ya no podrá ser aprovechado para sustentar un desarrollo significativo de la economía agroindustrial de la provincia. La economía azucarera no ha generado incentivos para promover una activa cultura del regadío, por diversas razones que exceden el alcance de este texto.

El embalse será totalmente inútil cuando los sedimentos hayan llenado todo su volumen, es decir su nivel haya alcanzado el del labio de vertimiento del aliviadero de crecidas. Pero desde mucho antes de ello se irá perdiendo la capacidad de garantizar el abastecimiento de las demandas. Los primeros perjudicados serán los agricultores ya que tendrán última prioridad frente a la entrega de agua para población y luego para los ingenios azucareros. Estos últimos se verán obligados a autoabastecerse mediante extracciones de aguas subterráneas, a un costo sustancialmente mayor a lo que actualmente pagan como canon por uso del agua de la red pública de El Cadillal.

Conseguir nuevos vasos de embalse para acumular agua del río Salí es un tema complejo y requiere de altos montos de inversiones. La topografía de la cuenca del río Salí no ofrece sitios favorables (vasos de embalse en valles amplios con sitios de cierre para construir diques económicamente factibles).

Finalmente, cabe mencionar que la utilidad que presta El Cadillal para la atenuación de inundaciones por crecidas del río Salí terminará desapareciendo una vez que el lago desaparezca y las crecientes escurran sobre la superficie superior de los sedimentos acumulados hasta el tope. Las crecidas que afluyan al embalse pasaran por el vertedero sin ninguna atenuación y el cauce agua abajo del dique se verá sometido a niveles de agua mayores y más dañinos. Desde hace más de veinte años se han construido irresponsablemente instalaciones y barrios de vivienda ribereños que no soportan crecidas normales del río y constituyen serios problemas para la operación del dique. Tal irresponsabilidad es achacable en su mayor parte a los organismos provinciales que autorizaron, toleraron o hicieron la vista gorda sobre tales emprendimientos.

CRISIS ES OPORTUNIDAD

Ya quedó demostrado que el concepto de que “en Tucumán, el agua sobra” es un mito del pasado. No sólo las recurrentes sequías lo van demostrando, sino que las demandas de agua crecientes van generando conflictos puesto que la que hay no alcanza para satisfacer a todos.

Mientras tanto, quienes tienen acceso y derechos de agua hacen un uso muy deficiente de ella, frecuentemente hasta el derroche. Ello es ya un fenómeno a escala global y también en muchas partes de la Argentina. Lo que ocurre actualmente en las provincias cuyanas es una muestra elocuente de la gravedad del problema.

La necesidad de preservar los recursos hídricos disponibles para la subsistencia de las comunidades humanas, tanto para sus necesidades de bebida como para la producción de alimentos, es hoy un objetivo primordial para los países con crecimiento demográfico y con aspiraciones de mayor bienestar general.

Cuidar los ríos y los acuíferos subterráneos, haciendo un uso racional de ellos, evitando las pérdidas inútiles de agua y usándola con eficiencia y racionalidad es clave para aquel objetivo y para permitir que lo que el ciclo hidrológico brinda sirva para abastecer todas las necesidades actuales y futuras de la sociedad (ver apostilla 2).

Es una oportunidad para ello. Tucumán ¿la aprovechará o se hundirá con la crisis?

Tucumán, enero de 2023

APOSTILLAS

1.- El embalse de Río Hondo, en el límite entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, que recibe todas las aguas de la cuenca del Salí, fue concebido en la década de los 60 para regar 120.000 ha en lo que se denomina “área de riego del río Dulce”, que se desarrolla aguas abajo de la ciudad capital santiagueña. Hoy riega apenas unas 50.000 ha.

Cuando se planifica y construye un dique para embalsar agua y ponerla a disposición de agricultores para regadío, debe tenerse en consideración que la respuesta de los productores suele ser lenta, en particular cuando la tierra está fragmentada en parcelas menores, con frecuentes dificultades económicas y baja rentabilidad, lo que les dificulta afrontar las inversiones privadas necesarias para aprovechar eficientemente el agua. Hasta planes de desarrollo focalizados en eso pueden fracasar. Un ejemplo fue precisamente la experiencia de la “Corporación del Río Dulce”, creada en los años 60 para sustentar el desarrollo del área beneficiada por el embalse de Río Hondo.

Durante el desarrollo del área de regadío los años pasan y los sedimentos se acumulan en el embalse, reduciendo su volumen útil. El Cadillal es un caso claro donde ya se perdió casi la mitad de la capacidad y se desarrolló apenas la mitad del área prevista de beneficiar con riego.

2.- Lograr esos objetivos es un desafío enorme para una provincia en crisis y con estructuras de gobierno desjerarquizadas e inoperantes por causa de la mediocridad de la clase política. En diversos artículos volcados en el blog citado al comienzo de este artículo, este autor aboga por reformas estructurales profundas en el Estado provincial como requisito básico insoslayable para afrontar esos desafíos. Tales reformas no figuran actualmente en las plataformas de ningún sector político, ni siquiera en sus visiones estratégicas básicas para la provincia.

La entrada La lenta y triste agonía del embalse El Cadillal (Tucumán, Argentina) se publicó primero en Problemas del agua.

En este trabajo este autor intentó, en primera instancia, exponer su percepción sobre lo que el futuro puede deparar a la provincia de Tucumán en lo referido a su disponibilidad de agua para la vida de sus habitantes y para sus actividades económicas agrícolas e industriales. Es decir, para sustentar la vida de sus habitantes en un sentido amplio.

Obviamente es muy difícil hacer ejercicios prospectivos en esta materia con algún grado razonable de certidumbre, dado que la historia futura puede tener devenires inciertos sobre los cuales siempre es aventurado formular pronósticos. Desde el clima mismo, determinante esencial del tema, hay incertidum-
bres. En particular, en una provincia donde no hay planes ni proyectos estratégicos que marquen algún rumbo deseable, ni claridad genérica sobre su desarrollo socioeconómico, ella estará sujeta, sin capacidad de respuesta propia, a los vaivenes generales de la evolución del país y del mundo al que inexorablemente está vinculada. Y el país está también ante una gran duda sobre su futuro.

Hacer prospectiva en esa situación tendría mucho de intuitivo (o imaginativo si se quiere). Por ello, este autor optó por analizar cuáles serían las acciones convenientes y necesarias para, en el marco de las restricciones actuales, y como mínimo las que se avizoran para un futuro mediato, ir preparando a la infraestructura del agua para hacer frente a las inciertas o probables demandas por venir y permitir que la provincia pueda aprovechar oportunidades o adaptarse a los cambios que se avecinan sin caer en crisis. En síntesis: “qué convendría hacer” y “qué es necesario evitar”.

Es necesario dejar sentado que el problema de los “excesos del agua”, es decir el de las inundaciones, ya sean urbanas o rurales, no se incluye en este análisis puesto que, si bien forma parte de la problemática del agua en general, no se considera como problema del recurso hídrico disponible para satisfacer necesidades de la población y del sistema productivo. Por cierto, las inundaciones entran a jugar un rol importante en cuanto a lo que afectan a este conjunto socioeconómico pero su valoración no se relaciona con una demanda sino con la evitación de daños recurrentes.

Se ha partido de la situación actual y subyace en el análisis la evolución histórica que llevó hasta ese punto, lo que la naturaleza brinda, la infraestructura existente, las perspectivas de la disponibilidad hacia el futuro y los rasgos sociales, económicos y políticos vigentes que condicionan o determinan la capacidad de adaptación ante las restricciones hídricas que se van instalando progresivamente.

Conceptualmente, los objetivos a proponerse son simples: preservar los recursos de agua (en cantidad y calidad) y utilizarlos eficientemente (sin derrocharlos). Ninguna de esas condiciones se cumple actualmente.

Con justa razón este ejercicio puede ser objetado por carecer de sustento informativo suficiente y lógica de datos. También porque, para un mismo escenario, caben varias interpretaciones y deducciones prospectivas, que van de optimistas a pesimistas. El futuro de una sociedad o una región, al igual que su evolución, carece de reglas con certidumbre. Quizás es solo posible detectar tendencias. Las que este autor expone están teñidas por su visión personalísima y se vuelcan proponiendo el desafío a que se planteen otras desde ángulos y visiones diversas.

Antes de ingresar al análisis sobre el uso que Tucumán hace de sus recursos hídricos y sugerir los caminos convenientes y necesarios, este autor sostiene, a modo de anticipo, la imperiosa necesidad de que se efectúen en la provincia sustanciales reformas en la estructura del Estado en lo referente a los organismos directa e indirectamente vinculados a la gestión del agua. Es una condición “sine qua non” para lograr resultados posi-tivos, dada la ineficacia, descoordinación y esterilidad que muestran en general los actualmente vigentes. Este es un tema mayor vinculado a las políticas a futuro que los sectores que aspiran a gobernar la provincia debe-rían plantearse si hay en ellos intenciones verdaderamente transformadoras.

RASGOS GLOBALES DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (RRHH) DE LA PROVINCIA EN RELACIÓN A LOS USOS

Los RRHH de la provincia se dividen globalmente en “superficiales” y “subterráneos”.

Los RRHH superficiales son los ríos, arroyos y lagos naturales. Tucumán tiene una red hidrográfica extensa y bien distribuida.

Los RRH subterráneos son los acuíferos existentes en los suelos, a diferentes profundidades, y provienen de la infiltración de aguas superficiales. En consecuencia, están íntimamente vinculados.

Ambos recursos son variables año a año según las variaciones naturales del ciclo hidrológico, las que están determinadas por las variaciones climáticas.

El total de agua que brinda en promedio el ciclo hidrológico anual constituye la disponibilidad total de agua para el sostenimiento de la vida humana y el desarrollo de sus actividades económicas. Varía entonces entre años “ricos” (húmedos) y años “pobres” (secos). Se supone relativamente constante en largos períodos de tiempo, con una variabilidad interanual histórica que está puesta en una incierta tela de juicio por los pronósticos de tendencias a largo plazo que hoy se plantean dentro del fenómeno conocido como “cambio climático” con un “calentamiento global” del planeta atribuido supuestamente a causas antropogénicas.

Veamos los rasgos característicos de los RRHH y su relación con los consumos o demandas que satisfacen.

En la provincia es clásica la percepción generalizada en la población de que “En Tucumán el agua sobra”. Ello es ya historia antigua. Si bien su red hidrográfica y la abundancia de agua subterránea alcanzaban sobradamente para la población y la actividad económica hasta los años 50 del siglo pasado, el crecimiento demográfico, las migraciones campo-ciudad, los nuevos cultivos, el surgimiento de algunas nuevas indus-
trias, la contaminación, la baja eficiencia general de los usos del agua y las pérdidas descontroladas fueron tensando cada vez más el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Una provincia, territorio o país dispone de un recurso hídrico natural que se expresa en el volumen total de agua que el ciclo hidrológico brinda en un año promedio. Se mide en Hm3/año (1 Hm3= hectómetro cúbico = 1 millón de metros cúbicos). Ese volumen está disponible para una cantidad de habitantes de ese espacio, de modo que el cociente entre esos dos valores da la disponibilidad hídrica mencionada en m3/habitante/año. Obviamente, a medida que la población crece, la disponibilidad disminuye.

La disponibilidad hídrica suele comúnmente evaluarse mediante el denominado “indicador de tensión hídrica” de Falkenmark, propuesto por esta experta sueca en 1989. La autora propone tomar una disponibilidad de 1.700 m3/año.hab. como el umbral por sobre el cual las carencias de agua para una sociedad sólo ocurren ocasionalmente y en modo aislado. Por debajo de ese nivel de disponibilidad, la escasez de agua toma diversos niveles de severidad. Por debajo de 1.700 m3/año.hab., el “estrés hídrico” aparece como regular, por debajo de 1.000 m3/año.hab. la escasez de agua es un limitante al desarrollo económico y afecta la salud humana y el bienestar de la sociedad y bajo de 500 m3/año.hab. se tiene una gran restricción a la vida humana.

El indicador de Falkenmark, si bien es un valor global aproximativo para caracterizar un espacio habitado desde el punto de vista hídrico y es muy aceptado, tiene varias e importantes limitaciones cuando se tienen en cuenta algunos aspectos muy importantes en la evaluación hídrica para ese mismo espacio.

• La disponibilidad de agua como promedio de largos períodos de registro, no pone en evidencia períodos hidrológicamente “secos” ni años secos, en los cuales se pueden plantear serias crisis.
• En la disponibilidad hídrica no se tiene en cuenta la calidad de las aguas (contaminación) lo que relativiza o complica su aprovechamiento. Tampoco toma en consideración la mayor o menor capacidad de un país para aprovechar sus recursos.
• Países con valores altos de disponibilidad de agua (según Falkenmark) pueden tener problemas, puesto que sus recursos hídricos no se pueden emplear por estar contaminados, estar muy alejados de las zonas pobladas o ser de utilización muy costosa. (Un ejemplo ilustrativo de esta aseveración sería la “disponibilidad hídrica” de la Argentina, que incluye al río Paraná, enorme recurso de agua, pero alejado de grandes partes del país y de difícil y costoso aprovechamiento).

¿En qué punto se ubica Tucumán al respecto? Atendiendo solamente al indicador mencionado, y teniendo en cuenta que por formar parte de una cuenca interprovincial (Salí-Dulce) con Santiago del Estero y Córdoba, por el Tratado de río Salí-Dulce del año 1965 Tucumán no tiene derecho a emplear todo el recurso hídrico sino hasta un 32% de su volumen anual (el 47% para Santiago del Estero y el 21% para Córdoba). Con su población actual resultaría en un indicador bastante inferior a 800 m3/año/hab., lo que plantea una situación crítica que desmiente el concepto mencionado de que “el agua sobra”. Los restantes aspectos señalados (años secos, contaminación e incapacidad para el aprovechamiento del recurso), agravan la alicaída disponibilidad citada. Si hasta hoy esa escasez no alcanzó niveles críticos globales y permanentes que describe el indicador de Falkenmark es porque la provincia de Santiago del Estero no desarrolló toda su capacidad de aprovechar su cupo de agua del río Dulce (tiene sus propios serios problemas en el área de riego aguas abajo del embalse de Río Hondo).

RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL

Las aguas de los ríos de la provincia son aprovechadas esencialmente por dos diques de embalse mayores (El Cadillal y Escaba), 3 represas menores (Los Pizarro, Huasapampa y Montegrande) y 20 diques derivado res que captan agua de ríos, sin embalsarlas, para conducirlas a consumos esencialmente agrícolas (regadío) e industriales (mayormente ingenios azucareros). No mencionamos el dique La Angostura, enorme inversión producto de la ilusoria megalomanía de gobernantes ignorantes que sólo sirve, desde su origen hace casi medio siglo, para los pescadores, un escaso turismo y para decorar el paisaje ya bello del Valle de Tafí. Algunos productores de papa extraen agua del embalse por bombeo, irregularmente sin derechos pero “tolerados”, y riegan aproximadamente 600 ha.

Los caudales que se pueden extraer de los ríos, cuando no hay en cada caso un embalse con capacidad de guardarlos, varían a lo largo del año, según el régimen de lluvias: los más altos en el período de lluvias de diciembre a marzo y los más bajos de agosto a noviembre. Las necesidades de riego son máximas precisamente en este último período, lo que plantea precisamente problemas de disponibilidad suficiente. Durante los meses de aguas altas los consumos de riego e industrias son muy bajos y, si no hay embalses para guardar los volúmenes de agua de los ríos, estos se pierden.

Lo anterior nos muestra la utilidad de contar con embalses para guardar el agua de los ríos cuando abunda y enviarlos a los consumos cuando escasean y de acuerdo a lo demandado. Tal proceso se denomina “regulación de un río”. Para ello es necesario contar con topografías que conformen “vasos” o “reservorios” suficientes, es decir valles que puedan cerrarse en estrechamientos del curso de agua que permitan la construcción de diques de tamaño y costo razonable. Lamentablemente Tucumán no cuenta con una cantidad de esos sitios suficiente para regular sus ríos. A los diques existentes arriba mencionados se pueden sumar apenas unos cuantos probables más (Potrero de las Tablas sobre el río Lules, Potrero del Clavillo y El Naranjal sobre el Medina y algunos pequeños embalses con diques de costo desproporcionado en la zona norte de la provincia).

Una extracción de agua de un río, si no tiene un embalse donde guardar el agua y regular el recurso, sólo aprovechará una fracción del volumen promedio que el río brinda. Sólo puede extraer el caudal que viene en cada momento por el río, hasta un valor establecido por la capacidad de la captación. Por lo descripto, Tucumán no puede aprovechar al máximo su disponibilidad de aguas superficiales.

El panorama de aprovechamiento del recurso hídrico superficial de la provincia, con las obras señaladas, es incompleto, pero no es su principal problema.

Los rasgos más relevantes que caracterizan a la utilización que se hace del recurso hídrico superficial en Tucumán son: 

A. Mal aprovechamiento del agua extraída. De todos los canales de las redes públicas de conducción para riego e industrias, tan sólo un 15% es revestido (impermeabilizado) y por tanto se pierde por infiltración en los suelos un porcentaje muy alto del agua extraída (llegan en algunos casos al 40-50% de pérdida entre el punto de extracción y el inicio de las tierras a regar). La red más importante, abastecida desde el dique El Cadillal, tiene tan solo un 8% de longitud revestida. Ello configura una lamentable ineficiencia en el servicio público de abastecimiento de agua, sólo aceptable cuando la disponibilidad de agua es abundante y no se presentan conflictos entre los sectores usuarios (población-regantes-industrias). A medida que las demandas aumentan o el recurso hídrico se avizora en disminución, los conflictos se hacen previsibles y se requiere una estrategia para afrontar el problema. El mal uso del agua caracteriza también a todos los usuarios: excesivos consumos domiciliarios, ineficiencia en métodos de riego (dominante el método por inundación) e ineficiencia en el uso de agua industrial, con escasa recuperación y tratamiento.
B. Contaminación de las aguas de los ríos, producto de los vertidos de las industrias (en especial de los ingenios azucareros y sus destilerías de etanol, otras industrias menores y las descargas de líquidos cloacales sin depuración de los centros urbanos). Este problema genera a Tucumán problemas de calidad ambiental más que nada en su zona al este de la Ruta Nacional 38, pero la concentración de las descargas contaminantes en la red hidrográfica confluye hacia el cuerpo receptor que es el embalse de Río Hondo, produciendo allí problemas afectación en la calidad de sus aguas que motivaron una demanda de la provincia de Santiago del Estero a la de Tucumán que se sustancia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Este problema es complejo y es tratado en el capítulo 5 del libro “El futuro del agua en Tucumán” de este autor, disponible en este blog para su descarga en formato pdf. El problema, si bien es motivo de diversas acciones por parte del Gobierno Provincial y las industrias, está lejos de ser resuelto en su totalidad).

RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO

El recurso de aguas subterráneas de la provincia es considerado importante, aunque no está suficientemente estudiado como para evaluarlo confiablemente.

Los acuíferos más altos (napas freáticas) no se consideran por ser riesgosa su utilización por su exposición a la contaminación. No obstante, en las zonas rurales son aprovechados en las localizaciones dispersas de escasa población a las que no llega servicio público por redes. Los usos masivos de aguas subterránea (población, riego e industrias) se hacen extrayendo de napas profundas (en general mayores de 50 m).

La alimentación de los acuíferos subterráneos profundos se produce por infiltración de agua en la parte montañosa de las cuencas de los ríos y en el piedemonte. Es decir, son dependientes del ciclo hidrológico, más o menos húmedo. Todas las actividades referidas se alimentan en alguna medida de esas fuentes que se recargan con los ciclos anuales de lluvias. De allí que si en una determinada zona se extrae más agua de
la que se recarga por el ciclo de lluvias, las napas se deprimen y hasta pueden agotarse en casos extremos. Hay zonas de la provincia que ya acusan serios problemas debido a la gran cantidad de pozos de extracción que llegan a extraer más agua que lo que la recarga natural produce. Es el caso de la franja del Área Metropolitana que va desde Tafí Viejo a San Pablo, intensamente urbanizada en los últimos años (ver figura).

Zonas de restricciones para extracción de agua subterránea en el Área Metropolitana de S.M. de Tucumán (Fuente Dir. de Recursos Hídricos de Tucumán)

Los acuíferos subterráneos constituyen un gran reservorio de agua o embalse natural subterráneo, lo que, como vimos, no hay suficiente para las aguas de los ríos. Con esos reservorios se tiene una deseada regulación del recurso hídrico subterráneo. El detalle es que no se lo conoce suficientemente. Desde la década de los 60 del siglo pasado (construcción del dique El Cadillal) todas las demandas crecientes de agua potable para la población abastecidas por redes públicas fueron atendidas con pozos de extracción. Las industrias, al no ser suficiente el abastecimiento desde redes de canales públicos con aguas de ríos también se autocomplementaron con agua subterránea. Igual panorama se dio en la agricultura para el regadío de citrus, papas, hortalizas y frutales. Se ha llegado así a contar en la provincia con casi 4.000 pozos de extracción entre públicos y privados (cifra aproximada puesto que no todos están debidamente registrados por la autoridad del agua, la Dirección de Recursos Hídricos).

Plantear un futuro desarrollo con agua abastecida desde fuentes subterráneas tiene un costo que hasta ahora no fue considerado determinante: la energía. En efecto, la extracción requiere energía eléctrica para el bombeo de extracción y la impulsión, que estuvo hasta ahora con tarifas deprimidas producto de las cuestionadas políticas de subsidios a la electricidad. Al dirigir la política energética hacia un sinceramiento tarifario, los costos de explotación subirán sustancialmente. Por otra parte, la extracción en gran escala requerirá el aseguramiento del abastecimiento de energía a las redes de pozos y a los sistemas de impulsión hacia los consumos. Tema no menor. Finalmente, hasta qué punto es explotable en modo sustentable un acuífero en una determinada zona, es tema incierto en el marco de cambio climático. Por eso el crecimiento actualmente se da a ciegas hasta que el abastecimiento en una zona determinada muestra falencias. El empleo de energía renova-ble (por ejemplo, solar fotovoltaica) podrá, en un futuro no muy lejano, ser una alternativa válida, aunque en zonas donde el recurso solar muestre una disponibilidad interesante (mayormente en los Valles Calchaquíes, ya que, al este de la cadena montañosa del Aconquija, en la extensa llanura provincial, la nubosidad la disminu-ye fuertemente).

ESCENARIOS ACTUALES DE LOS USOS DEL AGUA Y PROBABLES FUTUROS

Esbozados los rasgos característicos de los recursos hídricos de la provincia, tratamos de inferir posibles escenarios futuros teniendo en consideración los usos actuales del agua que se dan en ella. Habida cuenta de lo difícil y aventurado de tal propósito, sólo podemos intentar extrapolar hacia adelante la evolución histórica de la relación de Tucumán con su recurso de agua y evaluar la factibilidad de inserción de la
provincia en la futura evolución de los mercados a nivel nacional e internacional y su vinculación con su futura disponibilidad de agua. Para ello, exponemos un sintético panorama de situación de cada uno de los usos del recurso hídrico.

En el ejercicio prospectivo juegan un rol dominante algunos aspectos de la realidad de la provincia que conviene explicitar por su evidencia indubitable y que condicionan la evolución si no se actúa sobre ellos. Los aspectos que señalamos son característicos y representativos del escenario del último medio siglo y se mantienen sin mayores cambios:

• La escasa conciencia social y gubernamental de que en Tucumán “el agua ya no sobra”. Se sigue usando el agua sin criterio conservacionista.
• El consecuente desinterés de los sectores políticos y de gobierno sobre la necesidad de establecer la problemática hídrica como prioritaria en la agenda de los próximos años.
• No existe un proyecto estratégico de desarrollo económico y social, ni vocación de proponerlo. No habiendo propuestas desde la política que postulen un rumbo hacia transformaciones económicas y productivas, estas se darán inducidas por realidades externas a la provincia, por lo que ocurra en la Argentina en los próximos años y de lo que el mundo y los mercados induzcan en el país, pero ante las
  cuales es incierto que Tucumán logre adecuarse a ellas y aprovecharlas proficuamente. La participación actual de Tucumán en el sistema económico nacional es relevante (pero estancada) en su producción azucarera, de biocombustible (cada vez menor) y de limones (actualmente en crisis). En las demás actividades su incidencia es baja a insignificante. La limitación de su extensión geográfica determina su límite en cuanto al crecimiento basado en la explotación de su suelo. El potencial desarrollo industrial aún
  no cuenta con un límite, pero requiere de estrategias a las que el sistema político-gubernamental no seaboca.
• Como consecuencia de la falta de visión estratégica para la provincia hay una carencia de un esbozo de Planificación Hídrica, aunque ello sea una cuestión también válida en general para todos los aspectos del devenir de la sociedad y la economía de la provincia.
• La falta de una verdadera Autoridad del Agua que estudie, evalúe y planifique el uso de los recursos hídricos, así como regule y controle el desenvolvimiento del sistema; por el contrario, hay una fragmentación en organismos públicos con injerencias parciales en servicios de agua, inconexos, sin planificación, coordinación ni conducción.

Enfocaremos los escenarios relacionados al agua como recurso natural vital para las necesidades humanas básicas y la actividad económica. Las fuentes de agua, superficiales y subterráneas, suman un conjunto único. Analizaremos los escenarios probables en relación con cada tipo de uso (agua potable, regadío agrícola e industrias).

Agua potable para uso humano

El Área Metropolitana, que concentra más del 60% de la población provincial está abastecida desde el dique de embalse El Cadillal, sobre el río Salí, mediante un acueducto, y además por captaciones derivadoras con acueductos desde los ríos Loro, Vipos y diversos arroyos de la Sierra de San Javier, a los que se suman numerosos pozos de extracción de aguas subterráneas. Hay problemas de abastecimiento en numerosas zonas que se manifiestan en cortes de suministro frecuentes o muy bajas presiones del servicio, que se agudizan en primaveras y veranos calurosos y secos. La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos en esa área adquiere su máxima criticidad en tiempos de sequías por el desequilibrio entre la recarga de los acuíferos y las extracciones para abastecer consumos exagerados.

Fuera del Área Metropolitana la mayor parte de los abastecimientos de agua para la población se realiza por medio de extracciones de acuíferos subterráneos.

El agua para consumo humano asciende a aproximadamente el 20% del total de los consumos de agua de la provincia, es decir que, comparativamente a lo empleado por la agricultura y las industria, es el menor. No obstante ser un consumo prioritario por la Ley 7139 (de riego), la ineficiencia en el uso del agua extraída va planteando conflictos progresivamente puesto que, si no se usa bien esa agua se estará demandando aumentar las extracciones en desmedro de los otros usos. Eso se está planteando ya con el acueducto de Vipos•, a licitar este año y se acentuará en un futuro no tan lejano con las aguas del embalse El Cadillal que abastece de agua potable al Área Metropolitana de S.M. de Tucumán, a varios ingenios azucareros y a 35.000 ha de cultivos bajo riego, mayormente caña de azúcar.

(Este acueducto reemplazará al actual, construido en 1928, por obsolescencia. Abastecerá la zona noroeste del Área Metropolitana. Se extraerá del río Vipos el doble del caudal original. Ello irá en menoscabo de los actuales regantes empadronados en la cuenca aguas abajo del río Vipos ya que el período crítico para riego (agosto-noviembre) coincide con los meses de mínimos caudales del río, inferiores aún a lo que se propone derivar la nueva toma. No obstante, la Ley 7139 asigna prioridad de uso al agua para uso humano frente al uso para riego).

Nos detengamos un poco en analizar esta reserva de agua.

El futuro del agua del embalse El Cadillal no es auspicioso. Fue construido en la década de los 60 del siglo
pasado y está sometido, como todo embalse, a un proceso de aterramiento (colmatación con sedimentos que trae el río). En consecuencia, año a año va perdiendo volumen útil para regular ese recurso hídrico, proceso que ya se explicó en párrafos anteriores. Hoy se estima que ya perdió alrededor del 46% de su volumen inicial, es decir que perdió capacidad de regulación y no puede garantizar todos los años el abastecimiento de agua a todos los usos. A medida que pasen los años y el aterramiento continúe, mayor cantidad de veces el embalse no podrá abastecer suficientemente a todos los usuarios y la Autoridad de riego deberá restringir el abastecimien-to guiándose de las prioridades de la ley. Si la pérdida de garantía para el riego que se fue perdiendo no hizo crisis es porque la superficie bajo riego desde este embalse no superó las 30.000 ha cuando la obra fue conce-bida para 50.000 ha. El importante canal del Este, construido entre 1972 y 1981, proyectado para regar 15.000 ha, totalmente revestido en sus 54 km y equipado con modernos sistemas de compuertas automáticas para la partición de caudales, no fue habilitado por no poder garantizar los caudales para el área prevista de regar. Hoy está destruido por vandalismo.

El agua asignada originalmente para uso humano no es ni podrá ser restringida puesto que es prioritaria frente a los otros usos, y con la capacidad de potabilización de la planta existente al pie de la presa, aún no se extrae el total previsto originalmente, como se indica más adelante.

Por lo expuesto, el futuro depara crecientes restricciones en el abastecimiento de agua desde El Cadillal a las industrias y para el riego de su zona de influencia.

En síntesis, la problemática del abastecimiento al área más habitada de la provincia se caracteriza actualmente por la necesidad de una excesiva dotación para satisfacer consumos domiciliarios mucho más elevados que los considerados razonables a nivel internacional y las elevadas pérdidas en las redes de distribución. Esta situa-ción es favorecida por la falta de valorización del agua por parte de todos los usuarios, actitud promovida por el régimen tarifario de los servicios, no asociado a las cantidades efectivamente consumidas cuantificadas por micromedidores domiciliarios , lo que lleva a derroches sustanciales de agua y falta de incentivos para moderar o racionalizar los consumos. (La cantidad de usuarios que cuentan con medición de consumo de agua ronda los 40.000 en el Área Metropolitana, aproximadamente el 17%. Referido al total de usuarios de la provincia es apenas el 11%).

¿Hasta cuánto es posible continuar abasteciendo el derroche de los usuarios y las fugas en las cañerías de distribución mediante nuevas obras en los ríos y pozos de extracción de agua subterránea? Es decir, aumentan-do la oferta de agua sin tener en consideración el mal uso que se hace de ella y el gran costo económico que ello involucra en forma cada vez más aguda.

El clima futuro no será el único condicionante de las acciones necesarias. Si se verificaren los pronósticos de sequías prolongadas, se tendrá menos disponibilidad de agua tanto en los ríos como en los acuíferos subterráneos. Si el recurso hídrico no se viere aminorado (por un clima rico en lluvias), subsistirían los problemas de crecimiento demográfico urbano con mayor demanda de agua potable y su derroche consuetudinario, la sobreproducción necesaria para abastecer las pérdidas en las redes, los incrementos de demanda para riego e industrias y las competencias entre usuarios como la mencionada para el embalse El Cadillal.

Un condicionante, actual y futuro, que con certeza es forzoso incorporar al análisis, es el de la escasez de recursos económicos y las restricciones del financiamiento para las obras y acciones necesarias, todo ello producto de la grave situación económica por la que atraviesa el país y que tomará bastantes años en superarse. Por otra parte, las inversiones en materia de obras y acciones hídricas se darán en un marco competitivo con otras necesidades infraestructurales graves de las que adolece la provincia producto de la acumulación de varias décadas de falta de inversiones relevantes. Citemos, tan solo a modos indicativo, las obras necesarias para afrontar graves problemas de inundaciones que en ella son recurrentes y que no incluimos en este análisis, las necesidades de infraestructura vial, de comunicaciones, infraestructuras urbanas, etc.

Para afrontar estos desafíos para las crecientes demandas de agua potable hay diversas opciones:

A. Ampliación de la extracción de agua del embalse El Cadillal. En la concepción original de la obra se asignó al agua potable un cupo de 10.800 m3/hora (3 m3/s) para el Área Metropolitana. La extracción total que se hace actualmente es de aproximadamente. 7.900 m3/hora (2,2 m3/s) y la producción neta (descontando lavado de filtros) es de 7.500 m3/hora (2,1 m3/s). (El acueducto que va a S.M. Tucumán está diseñado para 3 m3/s pero hay un informe de una consultora que le reduce su capacidad a alrededor de 2,7 m3/s, por cuestiones de rugosidad, pérdidas de carga, etc. Se estima que con algunas reformas se podría llegar al caudal de 3 m3/s). Hay un estudio para la realización de una planta potabilizadora adyacente a la actual y un nuevo acueducto paralelo al actual para extraer del embalse 1,7 m3/s adicionales, con lo que el caudal total extraíble del embalse se iría a 2,2 + 1,7= 3,9 m3/s. Esta idea colisiona con dos realidades: el gran costo de la obra y el menoscabo de volúmenes de agua que se quitarían a los usuarios de riego y las industrias abastecidos por el embalse ya en grave caída de su capacidad de regulación y de garantía de servicio ya que perdió casi la mitad de su volumen útil de origen hasta el 2022 por la acumulación de sedimentos.

B. Perforar nuevos pozos de extracción de aguas subterráneas. Esta opción es válida en una gran parte de la provincia de Tucumán, para las ciudades y localidades pequeñas a excepción del Área Metropolitana donde, como ya se dijo, se está llegando aceleradamente a la sobreexplotación de los acuíferos. Los pozos decaen en su productividad con los años (obstrucción de caños filtros, obstrucción de filtros de grava, etc.). Por ello muchos pozos antiguos existentes en el Área Metropolitana son de difícil a inconveniente recuperación y cabe entonces planificar pozos de reemplazo de existentes con baja producción residual. El recurso subterráneo es prometedor y se tiene allí una importante reserva de excelente calidad en general. Las ciudades y pueblos del interior, desde Lules hacia el sur podrán ser abastecidos con esas fuentes. Aprovechar acuíferos subterráneos no sobreexplotados, suficientemente alejados del Área Metropolitana, para alimentar esa urbe, es una opción teóricamente válida, pero de alto costo operativo por los elevados requerimientos de energía para extracción e impulsión a las áreas más elevadas.

C. Construcción de la presa de embalse Potrero de las Tablas, para concurrir al abastecimiento del Área Metropolitana y las ciudades de San Pablo y Lules. Sobre la conveniencia de postergar esta opción este autor ya expuso su opinión en este blog (ver “Potrero de las Tablas-Aún no”). Hoy, la incertidumbre económica a corto y mediano plazo del país determina su baja factibilidad por tratarse de una obra de muy
alta inversión.

D. Construcción del acueducto del río Anfama (hasta la Ciudad Universitaria en la Sierra de San Javier), que inyectaría un importante caudal desde el oeste del Área Metropolitana, por Yerba Buena. Es una obra de gran inversión, pero que requiere un análisis de su conveniencia, ya que el río Anfama es tributario del río Lules y se restaría aportes al embalse de Potrero de las Tablas.

E. Aprovechar el embalse de la Angostura como regulador, captando sus aguas en el río Los Sosa a una cota suficientemente elevada como para conducir las aguas hacia el pedemonte oriental y desde allí alimentar las áreas a definir sobre las que tenga dominio. Obra importante pero que no está más que a un nivel de idea básica que requiere estudios más avanzados.

Hasta aquí, todas estas opciones involucran importantes inversiones en las próximas décadas, en un marco económico muy problemático para el país, como ya se enunció. Además, requieren significativas, aunque mucho menores que las obras mismas, preinversiones en estudios, investigaciones de campo y elaboración de proyectos de ingeniería, lo que también demanda tiempo y organización para gerenciar desde el Estado los procesos.

Frente a esa realidad, cabe actuar ya no sobre el aumento de la oferta de agua sino sobre la reducción de las demandas, las cuales ya se caracterizaron como francamente dilapidadoras y malgastadoras del recurso agua.

F. Encarar programas de racionalización de consumos domiciliarios forzándolos a valores razonables, estableciendo un régimen tarifario realista, basado en la medición de consumos, que refleje el valor real de producción y distribución de agua potable. En todas partes del mundo donde se encararon decididamente procesos de racionalización para preservar el recurso agua de modo sustentable se adoptó tal tipo de criterio, contemplando las necesidades de los sectores socialmente vulnerables, pero limitando los consumos y evitando el derroche.

G. Encarar programas de detección y supresión de fugas de agua en las redes públicas de conducción y distribución domiciliaria. Esta opción es tratada en el artículo subido a este blog “Tucumán ante la creciente escasez de agua potable en áreas urbanas”.

Es opinión de quién escribe que las opciones F y G se imponen como imprescindibles en el marco de la situación tanto del estado del recurso hídrico de la provincia, de su grado actual de explotación y disponibilidad como de la perspectiva poco auspiciosa que depara el futuro económico del país para poder encarar las muy importantes inversiones necesarias para cualesquiera de las restantes opciones anteriores, cualquiera fuere el orden de prioridades que se estableciere.

En síntesis, ante el interrogante sobre si la disponibilidad de agua en Tucumán es un condicionante para su crecimiento demográfico, es posible sostener que, siendo el consumo humano prioritario frente a las otras demandas de agua, nunca será menoscabado. El problema es que las inversiones necesarias y los caudales de agua asignados serán siempre en detrimento de las requeridos para los otros usos de las actividades productivas (regadío e industrias). Las reservas más importantes están en los acuíferos subterráneos pero su aprovechamiento en gran escala está sujeto a determinantes espaciales y costos energéticos. Para que se realice en un marco de racionalidad debe ser estrictamente administrado por el Estado Provincial, a través de sus organismos de regulación y control.

Agua para regadío e industrias

Analizamos estos dos usos del agua en forma conjunta dado que las redes de canales públicos que distribuyen aguas superficiales tomadas de ríos abastecen tanto a usuarios regantes de tierras agrícolas como a industrias, en su mayoría azucareras, con y sin destilerías de bioetanol. Siendo ambas actividades usuarias de redes de distribución en común, la prioridad por ley la tiene la industria. De allí que el uso dispendioso del agua dispo-nible afecta los derechos de los usuarios regantes.

La mayor parte del agua empleada para riego en Tucumán proviene de fuentes superficiales, extraídas de sus ríos en diversas obras que se construyeron en la primera mitad del siglo pasado, por iniciativas de diversos gobernadores. La última de importancia fue el dique El Cadillal en la década de los 60. Es decir que la edad mínima de las obras hidráulicas ronda los sesenta años y algunas ya cumplieron más de un siglo. El deterioro es muy frecuente y hay varios diques derivadores que fueron destruidos y abandonados. El agua en esos casos se deriva con tomas libres o “criollas”, rudimentarios desvíos que se destruyen anualmente con las crecientes estivales de los ríos.

El incremento de las extracciones de agua en las últimas décadas ha tendido hacia el agua subterránea, por inversiones privadas, lo que se dio mayormente para la citricultura, la papa y los granos, con riego tecnifica do, es decir con mayor eficiencia.

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán

Las redes públicas de conducción y distribución tienen grandes pérdidas por infiltración puesto que en su mayor parte no tienen revestimiento impermeabilizante. Del total de canales operados por la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia, ya dijimos que solo alrededor del 15% tiene revestimiento impermeabi-lizante. Las pérdidas de agua en esos canales públicos evaluadas por ese organismo llegan en algunos casos al 40-50%, aún antes de ingresar al área servida. Algunas obras relativamente recientes (2007-2008) han mejorado la situación mediante redes presurizadas entubadas (Lules con 1491 ha y Tafí del Valle con 795 ha). Las pérdidas son particularmente críticas en el norte y oeste de la provincia (departamentos Trancas y Tafí del Valle), zonas montañosas con suelos de alta permeabilidad y con clima de escasas lluvias. Allí el porcentaje de canales revestidos es, lógicamente, algo mayor (25%) pero aun lamentablemente escaso. La DRH tiene en cartera varios proyectos de redes presurizadas y revestimiento de canales en esos departamentos, pero son permanentemente postergados.

El área total cultivada en la provincia es de 570.000 ha (Censo Nacional Agropecuario 2018). Por la rotación de cultivos en una misma superficie la primera ocupación fue de 512.113,6 ha (90%) y la segunda ocupación de 57.530,5 ha (10%).

En la agricultura de citrus (limones 97%), del total de 50.000 ha se abastecen con agua subterránea unas 9.500 ha (https://www.recursoshidricos.gov.ar . Información no actualizada). Ocurre también en parte con cultivos de papa, hortalizas y frutales. Del área con cereales y oleaginosas, alrededor de 222.000 ha mayormen-te en secano, se riegan unas 4.000 ha, usualmente con pivot central alimentados con pozos.

La participación de cada cultivo es variable de acuerdo a condiciones climáticas dominantes (en caso de granos) como a condiciones de mercado, ya sean coyunturales o tendenciales. En términos medios, cerca del 40% es con caña de azúcar, 39% con oleaginosas(soja) y cereales (ambos son cultivos extensivos) y 9% con citrus. En el área cañera se riega entre el 25 al 30%. En el área citrícola se estima que alrededor del 60%, pero no hay registro claro al respecto.

Áreas cultivadas con citrus y división en departamentos de la provincia de Tucumán

Los riegos de los montes cítricos (no se pudo obtener información sobre el área regada, aunque se estima importante), así como una parte menor de los cultivos de cereales y oleaginosas, se realizan en su mayor parte con agua subterránea de extracción privada y en menor cuantía con agua de redes públicas.

El área total empadronada para riego por redes públicas es de alrededor de 132.000 ha, pero la efectivamente regada es de unas 66.025 ha (Fuente: PROSAP, Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con datos del Censo Nacional Agropecuario 2002), lo que habla de la débil cultura de riego existente en la provincia. La proporción de las diversas técnicas de riego empleadas, que habla de la eficiencia en el uso del agua, es:

Gravitacional (por manto o inundación) ……………………… 42.361 ha
Aspersión …………………………………………………………………… 15.856 ha
Goteo ………………………………………………………………………… 5.082 ha
Otros …………………………………………………………………………. 1.092 ha

Estos datos requieren actualización pero no fue posible obtener información precisa más cercana en el tiempo. No obstante, se estima que los cambios han ocurrido con incrementos de las áreas con riego tecnificado, espe-cialmente en citrus, pero que no modifican sustancialmente el balance general indicado.

A nivel de aplicación en parcelas, el riego también es de muy baja eficiencia en la mayoría de los cultivos, y resalta en la caña de azúcar, que es el de mayor extensión, ya que la técnica más generalizada es por inundación (a manto). En la citricultura y en papa es más frecuente el uso de riego tecnificado (goteo, aspersión, micro-aspersión) implementado por privados con aguas subterráneas.

Ya se ha mencionado que en el área cañera (zona central y sur provincial) riega tan sólo un 25-30% y se con-centra mayormente en establecimientos productivos de extensión relativamente grande. La cultura de riego en los productores cañeros ha sido escasa como producto de que tal práctica en ese cultivo siempre fue complementaria, en primaveras secas cuando la situación hídrica es crítica. El uso sistemático para lograr mejores rendimientos y buena escala productiva es sólo frecuente en establecimientos de importante exten-sión. En ese sentido, la gran fragmentación de las propiedades fue también un limitante (según la EEAOC, en 2016 había 7018 productores, de los cuales el 63% de ellos tenían fundos menores de 10 ha y el 88% menores de 50 ha), lo que no permite a una gran mayoría tener una escala productiva que justifique inversiones en riego de sus campos. Muchos productores medianos alcanzan escala productiva sumando fundos pequeños dispersos. La incorporación del bioetanol combustible pudo significar un incentivo para aumentar la productividad de la materia prima, pero el resultado después de más de una década no muestra transformaciones significativas, por razones complejas que exceden el alcance de este trabajo, pero que son clave para la búsqueda de políticas de desarrollo futuras.

(EEAOC: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres).

Las zonas norte y oeste de la provincia se caracterizan por la menor pluviometría, clima semiárido, escasez de agua y topografía ondulada a montañosa (Departamentos de Trancas, Tafí del Valle y Burruyacu). En este último son muy escasos los recursos hídricos superficiales, pero hay agua subterránea. Las áreas cultivadas en el Valle Calchaquí (Depto. Tafí del Valle) son montañosas con fuertes pendientes y suelos muy permeables y erosionables, en los que se producen fuertes pérdidas en los canales de riego y los cultivos requieren mayores dotaciones de agua, por lo que se producen fuertes limitaciones.

En los departamentos de Trancas y Tafí del Valle los cultivos apuntan fundamentalmente a producciones para el mercado local y se trata en su gran mayoría de pequeños productores, en especial el segundo. En el primero hay una importante producción lechera y agricultura asociada de forrajeras. En Burruyacu hay producción de caña y de limones que ingresan al sistema productivo de la agroindustria citrícola.

En los departamentos mencionados no son de esperar grandes incrementos productivos futuros basados en la agricultura por la escasez de agua, pero también por concurrir a abastecer casi exclusivamente al mercado provincial (salvo Burruyacu con citrus). No obstante, su productividad puede crecer mediante el mejor manejo del agua y de las técnicas de riego. El Estado provincial ha construido algunas redes de agua presurizadas en Tafí del Valle que pretenden propender a ello. En general estas zonas se pueden atender con obras comparati-vamente menores con inversiones relativamente moderadas. Es de interés mantener esas actividades por mantenimiento de población en pequeñas comunidades rurales, en especial en las zonas de montaña.

La industria azucarera es la actividad agroindustrial más importante de la provincia, que produce el 65% del azúcar del país. De los 15 ingenios azucareros establecidos en Tucumán, 11 cuentan con destilerías de alcohol y en seis de los cuales se produce bioetanol, combustible renovable que se mezcla con las naftas desde la vigencia de la Ley 26.093 y luego la 27.640 (hasta el 31/12/2030 extensible por cinco años). 

Los ingenios azucareros, principales usuarios del agua de red pública, también emplean el agua con muy baja eficiencia. A pesar del PRI no se ha logrado generalizar la reutilización del agua efluente de los procesos . Al estar alimentados por canales públicos con escaso control y bajo canon no tienen incentivos para un aprovechamiento racional. Cuando el abastecimiento es insuficiente se complementan con pozos de extracción propios. Adicionalmente son los responsables más importantes de la contaminación de las aguas de los ríos, en especial los que tienen destilería de bioetanol, por los vertidos de sus efluentes de vinazas, de gran poder contaminante. 

(PRI: Programa de Reconversión Industrial, para las industrias instaladas en el ámbito de la cuenca del río Salí-Dulce, implementado desde el año 2006 por un acuerdo marco entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Gobierno de Tucumán)

En la provincia las actividades sucro-alcoholera (caña de azúcar + ingenios + destilerías de bioetanol) y la citrícola, constituyen las agro-industrias integradas que no solo aportan una parte sustancial al PBI sino que son las que mayor empleo generan, tanto en forma directa como a través de las actividades subsidiarias. En particular, la azucarera, por ser la más antigua y de tradición secular, determinante de su estructuración social de origen y del régimen de tenencia de la tierra (“Tucumán es azúcar”). No obstante, está estancada dado que la producción y la demanda de azúcar es decreciente con los años y solo es compensada por la producción de bioetanol combustible desde el año 2010. En tal sentido, la perspectiva de crecimiento de la demanda de bioetanol sería la determinante del futuro tanto del área cañera como de los ingenios y destilerías. Ello será muy dependiente de las políticas sobre energías renovables que se establezcan a nivel nacional pero también de la visión y acción conjunta de las provincias del NOA productoras (Tucumán, Salta y Jujuy).

La industria citrícola de Tucumán cuenta con 8 fábricas y 32 plantas de packing que generan más de 40.000 puestos de trabajo directo. Su rápido desarrollo después de la crisis azucarera de los años 60, estimulado por las excelentes condiciones agrológicas, su productividad y su inserción internacional, la llevó a posicionarse como la mayor productora del país. Pero hoy está ante una crisis de superproducción y la fuerte competencia de países como Sudáfrica y Uruguay. Sus estándares ambientales son mayores que los sucro-alcoholeros ya que está fuertemente condicionada por las exigencias del mercado internacional al tratarse de un sector productivo de exportación. A su crisis coadyuvan también los altos costos de transporte nacional e internacional y el retra-so cambiario producto de políticas económicas erróneas.

¿Cuál es entonces el escenario futuro probable para el regadío y las industrias?

Hay evidencias que podemos considerar como determinantes de la prospectiva buscada: 

El PIB per cápita de la provincia se encuentra prácticamente estancado desde hace unos 15 años. En el marco de la situación económica en que se encuentra el país, la falta de objetivos y programas estratégicos para el desarrollo, es presumible que no habrá cambios sustanciales inducidos por los mercados local y nacional. La economía provincial marchará al ritmo que los acontecimientos externos a ella lo definan. Las demandas de agua futuras estarán determinadas por el crecimiento demográfico, por tendencias climáticas y por la compe-tencia entre los distintos usos excluyentes entre sí. La satisfacción de esas demandas constituirá desafíos difí-ciles si la tendencia a ciclos climáticos secos se torna dominante. La escasez de agua obligará a una mejor administración del agua disponible, tanto superficial como subterránea.

Como ya se dijo, Tucumán es el principal productor de azúcar del país. No obstante, la escala productiva y la naturaleza del mercado de ese producto (se produce solo para abastecer el mercado interno argentino), hace que no haya incentivos para incrementar la producción. La superproducción llevó en la historia a varias crisis por caída de precios y la exportación en esos casos fue un recurso transitorio no deseado ya que no es compe-titiva a nivel internacional frente a productores de la envergadura de Brasil, India, etc. Por esas razones, la actividad azucarera, atendiendo a su evolución histórica, no parece ser promisoria para el futuro, salvo que se dieren circunstancias favorables para desarrollos importantes de la alcoquímica u otros derivados. El bioetanol combustible, en su mezcla con naftas, que parecía una opción complementaria de la industria azucarera, no significó en concreto transformaciones muy relevantes en beneficio de la economía provincial. A pesar de ser muy favorable en el balance energético en comparación al etanol de maíz, desde la vigencia de la Ley 26.093 (2010) la respuesta del sector azucarero no fue todo lo que se esperaba y el etanol de caña de azúcar quedó rezagado frente al de maíz. Evidentemente, la escala productiva de ese cereal, (la Pampa Húmeda), hizo que escalara su participación nacional a más del 50% del total nacional, aventajando al etanol de caña que no creció por diversas causas que no exponemos por brevedad. Actualmente el área cañera y la producción para etanol tienen limitaciones por la competencia con otros cultivos en la provincia, las dificultades para incrementar sustancialmente la productividad por hectárea, la escasez de infraestructura para riego, la baja cultura de riego, el dificultoso manejo del problema ambiental de las destilerías (contaminación hídrica por efluentes), etc. En un futuro no muy lejano la generalización del uso de energías renovables y la descarbonización de los procesos energéticos tenderá a la electrificación del parque automotor y el uso del hidrógeno como combustible renova-ble o como reactor en celdas para producir electricidad. Ello abre promisorias expectativas a mediano y largo plazo para la producción de bioetanol y la biomasa como su materia prima.

(Aplicaciones del hidrógeno como combustible incluyen la generación de energía y la calefacción, el transporte de larga distancia como por ejemplo la aviación, el transporte marítimo y el terrestre. También puede utilizarse en celdas de combustible, para convertir el hidrógeno y el oxígeno en agua en un proceso que produce electricidad. Estas pueden utilizarse para aplicaciones estaciona-rias o en distintos tipos de vehículos del parque automotor).

La probabilidad de incrementar a futuro la producción de caña para bioetanol también se apoyaría entonces en la expectativa del hidrógeno verde como combustible renovable. El bioetanol bruto, obtenido por fermentación de biomasa (caña de azúcar en nuestro caso, sorgo azucarado, etc), podría ser aprovechado como materia prima renovable para la producción de hidrógeno♠ . Esa es una expectativa a futuro interesante. Actualmente la mayor parte del hidrógeno verde se produce por electrólisis del agua con energía totalmente renovable como la solar fotovoltaica y eólica. 

(El proceso se denomina “reformado de bio-alcoholes”, es decir la reacción con agua, o particularmente con vapor, para generar hidrógeno y dióxido de carbono. Todavía no está tan desarrollado como la producción de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, pero hay numerosa investigación en esa dirección).

En síntesis, no se avizora que la producción de caña para azúcar vaya a tener en los próximos tiempos posibi-lidades ciertas de incrementar la producción, salvo que se destine parte creciente como materia prima para bioetanol combustible y luego para hidrógeno verde. Si ello ocurriere, el impacto sobre la demanda de agua, que es el tema que nos interesa, será importante ante el mayor interés de los productores en el regadío como recurso para incrementar su productividad, pero también sería gradual, puesto que hay otros recursos previos para mejorar la respuesta del agro a las demandas, como ser mejoras agronómicas (variedades, fertilización, control de malezas, etc.). La incorporación de otros cultivos en zonas de expansión menos favorables, como el sorgo azucarado en el este provincial, es una opción ya estudiada por la EEAOC . En caso de incremento de la demanda de agua para riego, es posible atenderla con las redes actuales aumentando la disponibilidad redu-ciendo drásticamente las pérdidas ya mencionadas por infiltración a través de la impermeabilización y en algunas zonas con topografía adecuada mediante redes entubadas. Estos últimos recursos son los que desde el Estado conviene ir priorizando en forma preparatoria para potenciales tiempos mejores y es lo que este autor plantea en el artículo “TUCUMAN-Prioridades para obras hídricas” de este blog. El hecho de que esa mayor demanda de agua se irá instalando de manera progresiva configura una situación favorable para que las obras públicas hidráulicas necesarias se vayan ejecutando en forma evolutiva y con moderadas inversiones. La imper-meabilización de canales mediante revestimientos implica obras hidráulicas muy bien adaptables a inversiones anuales moderadas sostenidas en el tiempo. A su vez, presentan la ventaja de ser abordables por empresas constructoras medianas locales con abundante ocupación de mano de obra, tan necesario en la actualidad.

Para que los planes en esa dirección rindan sus frutos será necesario definir previamente las áreas agrícolas a priorizar y las interacciones público-privadas requeridas. Esa estrategia también será necesario aplicar al área de regadío cañera abastecida desde el embalse El Cadillal por la razón que ya se comentó de pérdida de garantía de abastecimiento por causa de su colmatación y su competencia con el abastecimiento de agua potable para el Área Metropolitana. Esa área constituye el ejemplo más claro de un futuro que se acerca y sobre el que debería existir preocupación por parte de los usuarios regantes e industriales.

El sector citrícola tendrá un futuro fuertemente determinado por factores del mercado internacional pero también por las políticas de la Nación relacionadas con los costos del transporte, las cuestiones cambiarias y arancelarias, etc. que definirán la competitividad futura del sector, hoy debilitada y en crisis. Estos aspectos son importantes para lograr la permanencia de la producción tucumana en el exterior, generando a la vez divisas tan necesarias para la economía.

El potencial crecimiento de la producción de limones y sus derivados industriales (jugos, aceites esenciales, cáscara y eventualmente pectina) puede implicar incrementos de demanda de agua, que se podrá abastecer parcialmente con la mejora de las redes públicas, pero también por la explotación privada de aguas subte-rráneas. Esto es factible en las zonas agrológicamente aptas y alivia la necesidad de inversión pública para el abastecimiento de agua, pero requerirá una eficaz regulación y control por parte de la autoridad en la materia (hoy la Dirección de Recursos Hídricos) a fin de evitar la sobreexplotación de acuíferos que provoque colisión de intereses zonales. Los cultivos cítricos son los que más están empleando el riego tecnificado, es decir con mejor eficiencia en el aprovechamiento del agua.

Por último, la producción de oleaginosas y cereales (soja y maíz principalmente), si bien ocupa una extensión comparativa mayor que la cañera y citrícola, tiene un futuro limitado a la posibilidad de expansión mayor, que desde ya es restringida por la acotada disponibilidad de tierras aptas para esos cultivos extensivos en una de las provincias más pequeñas del país. Además de ello, un eventual crecimiento de la demanda de agua para mejo-rar los rindes es posible satisfacer, como ya ocurre actualmente, mediante la explotación privada de aguas subterráneas, bajo iguales condicionantes que los señalados para el caso de los limones.

Hasta aquí se ha tenido en consideración las perspectivas futuras de las producciones agrícolas de caña de azúcar y de limones y sus industrias asociadas, azúcar-etanol y citrícola. Sobre la potencial instalación de industrias en general, no necesariamente ligadas a la producción agrícola, el futuro es más impreciso ya que será fuertemente dependiente de factores económicos, de mercados y de incentivos para la industrialización desde la Nación o desde la Provincia. En lo que a este análisis del recurso hídrico respecta, la disponibilidad de agua más importante que queda en el territorio es la de fuentes subterráneas y de la red hidrográfica de la cuenca centro-sur del río Salí, es decir aproximadamente desde la localidad de Lules hasta La Cocha y desde el piedemonte del Aconquija hasta las Rutas Nacionales 9 y 157. Se estima que ese ámbito es el más propicio para la radicación de actividades industriales, también por contar con vías de comunicación (a mejorar) y servicios como energía eléctrica, gas, etc. Según la localización específica de que se trate, las necesidades de agua deberán satisfacerse por autoabastecimiento con aguas subterráneas o por redes públicas eficientizadas en su capacidad de conducción y en su administración. 

El incremento del abastecimiento de agua a las industrias sucro-alcoholeras no debería tener prioridad hasta que no se evidencie de su parte un franco y sostenido proceso de racionalización y uso eficiente del agua (por recuperación y reutilización). De no hacerlo, deberían autoabastecerse mediante agua subterránea.

SÍNTESIS CONCLUSIVA Y TRAYECTO A SEGUIR

Como síntesis del panorama de situación hasta aquí expuesto puede afirmarse que la evolución del aprovechamiento de los RRHH de la provincia para regadío e industrias muestra que hay un estancamiento sobre el cual hay dificultades para superar, puesto que la economía del país no muestra condiciones propicias y el mercado internacional sufre de incertidumbres agravadas por los graves conflictos actuales y la declinante competitividad de la producción tucumana. Las dificultades del sector externo de la Argentina también representan condiciones desfavorables para el financiamiento de obras de infraestructura que preparen a la provincia para un esperable cambio favorable. 

Este autor considera que debería adoptarse un principio válido para todos los tipos de uso del agua en la provincia, con vistas al futuro, a saber: No es posible ni conveniente sustentar el crecimiento del abastecimiento de agua meramente en el aumento de la oferta, acompañando una demanda que tiene mucho de derroche por parte de los usuarios, pero también de desidia por parte del Estado, que pierde enormes cantidades de agua en sus redes públicas. Ello se motiva en las restricciones existentes y futuras, tanto de disponibilidad de agua como por el crecimiento de la población y la actividad económica, así también como por las dificultades financieras que es dable esperar para el corto y mediano plazo en el país. Solo una vez alcanza-dos niveles razonables y racionales de aprovechamiento de RRHH con la infraestructura existente y optimizada se podrán plantear incrementos en la oferta de agua mediante nuevas obras de extracción de agua de los ríos para abastecer áreas a desarrollar o que estén frenadas en su crecimiento por la falta de agua.

Es necesario cambiar las estrategias hídricas apuntando esencialmente a la preservación de los recursos naturales de agua, aplicando diversos mecanismos políticos y económicos, en los cuales las obras hidráulicas deben ser muy bien planificadas y no decididas por criterios o intereses circunstanciales ajenos a principios de racionalidad y priorización.

Ahora bien, ¿cómo instrumentar políticas tendientes a afrontar el futuro hídrico de Tucumán? Una realidad ostensible es la incapacidad a la que han sido llevados los atomizados organismos del gobierno vinculados a la gestión del agua, a lo que se suma la descoordinación entre ellos y hasta algunos enfrentamientos por la preser- vación de intereses intra Estado. Frente a ello, el desafío es arduo para cualquier gobierno provincial que se proponga firmemente marchar en aquella dirección. El consenso político entre los sectores mayoritarios es determinante.

Este autor ya ha formulado en este blog, en diversas ocasiones, que las definiciones estratégicas, la elaboración de planes y la puesta en marcha de programas y proyectos concretos en la dirección señalada, si se pretende seriamente tener resultados positivos, deben partir de una reformulación del Estado en lo referente a las instituciones con jurisdicción en lo hídrico. La propuesta de creación de la Autoridad Única del Agua en la provincia es, a su juicio, un requisito previo e insoslayable y a ella nos remitimos (ver “Una política de Estado para los problemas hídricos de Tucumán”). Es una transformación “de arriba hacia abajo” que debe ser acom-pañada por una legislación acorde. 

El mejoramiento de los niveles de planificación e ingeniería de proyecto de los organismos responsables de la gestión del agua es requisito esencial por la alta componente técnica de los problemas que tal gestión implica. Ello no significa necesariamente el abultamiento de la planta de personal sino en la jerarquización y promoción de su excelencia técnica. La complementación con el capital intelectual de la sociedad es de gran importancia, pero debe darse en un marco competitivo y de exigencia de niveles de calidad. Hay instalada en la sociedad una presunción de que las universidades, por su naturaleza, son la fuente del más alto conocimiento en diversas disciplinas, lo que no se verifica con frecuencia. En diversas contrataciones del Gobierno a universidades para consultoría sobre temas relevantes, ellas tuvieron que subcontratar o asociarse con empresas privadas o profesionales especializados con lo cual sirvieron esencialmente para justificar contrataciones directas con validez legal (entre organismos del Estado). Son frecuentes las contrataciones de servicios profesionales en forma directa, sin concurso y sin razón de excepcionalidad. Será necesaria una legislación actualizada de consultoría de apoyo a la función de gobierno para establecer un sistema que asegure niveles de excelencia en un marco de equidad y solidez intelectual y profesional.

En una etapa más avanzada será necesario mejorar la ley 7139 (de riego) en cuanto a introducir requisitos progresivos de racionalidad y eficiencia para los usos del agua concesionada como condición de mantenimiento de las concesiones. Esto es importante frente a la escasez hídrica hacia la cual la provincia va marchando, tanto por los incrementos de las demandas como por eventuales prolongados futuros períodos de sequías. Si bien en la ley hay algunas previsiones al respecto, no se han aplicado hasta ahora con decisión, producto de la escasa cultura del riego no solo en agricultores sino también en la Autoridad de Aplicación y en niveles superiores de Gobierno.

Finalmente, los lineamientos de acción propuestos o los que se adoptaren finalmente, carecerán de eficacia sin el acuerdo o consenso entre los sectores políticos mayoritarios y las fuerzas productivas, que dé sostén a una firme decisión política de transformación económica y social. La actual hibernación de los factores se corres-ponde exactamente con el estancamiento de la provincia, que va transformándose empecinadamente en decadencia.

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La escasez de agua en la provincia de Tucumán será cada vez más aguda en las próximas décadas. Si se cumplen los sombríos pronósticos de sequías prolongadas, será más grave. Si no se cumplen, igualmente se irán agravando los problemas, ya no por escasez de lluvias y caudales en ríos o mermas de acuíferos subterráneos sino por el mal uso del recurso hídrico que se hace y el constante crecimiento demográfico y la actividad económica subsecuente, aunque sean sólo vegetativos. La permanente concentración de población en las áreas urbanas plantea demandas de agua potable crecientes cuya satisfacción es obviamente prioritaria, pero generará competencias y controversias con otros tipos de actividades consumidoras de agua, como la agricultura y la industria, que se verán afectadas y restringidas.

Los últimos años han mostrado graves sequías en diversas partes del mundo; en algunas vienen siendo prolongadas y particularmente tan serías que son las peores en más de un siglo. Estuvieron acompañadas por olas de calor y fueron disparadoras de extendidos incendios. El secado de ríos y el pronunciado descenso de lagos expuso importantes restos y reliquias arqueológicas que impresionaron al mundo.

En lo que a la región NOA de la Argentina y a Tucumán respecta, algunos pronósticos de largo plazo vaticinan también sequías, aunque con acentuada variabilidad espacial.

Si bien por Ley 7139 (de riego) el agua potable para población tiene prioridad en la asignación de recurso hídrico entre los diversos usos (uso humano, industria, regadío, etc), antes de comenzar a afectar alguno de ellos por priorizar otros, ¿es posible hacer algo? Debe tenerse en cuenta que si se afecta un uso determinado del agua se puede provocar daños económicos y sociales, en especial cuando la actividad perjudicada por quitársele agua es la agricultura, actividad importante en la provincia, que es el sostén y razón del afincamiento de población rural.
Pero también es clave que la priorización no debe significar un aval o tolerancia al mal uso del recurso natural agua en desmedro de otros usuarios. Ante la reducción futura de la disponibilidad total de agua para todos los usos, se hará imperioso racionalizar los consumos en todos ellos (uso humano, regadío, industria). Este artículo se focaliza en lo que es posible hacer para afrontar el problema de abastecimiento de agua para la población.

Como ejemplo ilustrativo podemos citar un caso actual: El nuevo acueducto del río Vipos, que derivará aguas de éste, en la zona norte de la provincia, obra a licitar en este año 2022 y que reemplazará uno existente obsoleto. Se extraerá el doble del agua que se extraía históricamente desde su ejecución en 1928 para abastecer una zona crítica del Área Metropolitana de SMT (noroeste). Aun así, no será suficiente en los meses críticos de agosto a diciembre. La mayor asignación de caudal para el acueducto afectará a otros usuarios (regantes) ya que sus necesidades críticas coinciden con los meses de caudales mínimos del río Vipos. Estamos frente a un próximo conflicto por el agua que excede las frecuentes disputas ”a punta de escopeta” entre regantes para convertirse en un conflicto entre usuarios con derechos adquiridos y el Estado, que asignó prioridad al consumo humano (avalado por la ley 7139). Una genuina disputa por el agua entre intereses concurrentes. Las sequías pondrán el problema en sus niveles más álgidos.

En un trabajo recientemente subido a este blog https://problemasdelagua.com.ar (“Tucumán.Prioridades para obras hídricas-Una cuestión dilemática”) he planteado la necesidad de fijar criterios de prioridades en las inversiones futuras a realizar en obras públicas con fines hídricos, necesidad agudizada por la grave situación económica del país en el corto y mediano plazo, lo que se manifiesta en modo creciente en fuertes restricciones presupuestarias y dificultades para el financiamiento internacional.

En aquel trabajo señalaba qué, en lo referente a la provisión de agua potable para la población “ …, las principales acciones e inversiones deberían orientarse a reducir drásticamente las pérdidas en las redes públicas y los consumos domiciliarios. Estas acciones son posibles de solventar mediante inversiones moderadas pero sostenidas en el tiempo, es decir mantenidas sistemáticamente en los presupuestos anuales. Incrementar en cambio la oferta de agua potable mediante nuevas grandes obras de aprovechamiento de ríos, como por ejemplo el dique Potrero de las Tablas (Lules) no ameritan su priorización mientras no se racionalicen previamente los consumos y pérdidas”.

La reducción de los consumos domiciliarios de agua potable se obtiene, además de un sostenido proceso de “educación del usuario”, por el abandono del tradicional sistema de cobro del servicio sin guardar relación con los volúmenes consumidos (por superficie edificada, zona urbana, calidad de la construcción, destino, etc.), reemplazándolo por una generalizada campaña de instalación de micromedidores de agua consumida, seguida posteriormente por un progresivo sinceramiento tarifario. Es sabido que lo último es la etapa más difícil por su impacto en la economía de la población, en particular de los sectores sociales más bajos, pero es un objetivo a proponerse de lograr de una manera progresiva, realista e inteligente.

Pérdidas de agua en las redes domiciliarias (Fuente: tucumanactualidad.com)

Pero un objetivo de importancia clave en el proceso de adecuación a períodos de escasez de recursos hídricos es el de reducción de pérdidas de agua en las redes públicas de distribución. Es decir, en los tramos entre los puntos de extracción de agua desde los ríos y pozos de aguas subterráneas y las entregas a los domicilios de los consumidores. En Tucumán esas redes de conducción y distribución son propiedad del Estado, mayormente provincial (SAT Sociedad Aguas del Tucumán y SEPAPyS♠ Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento) y minoritariamente de unas pocas cooperativas y comunas.

• SEPAPyS: Organismo residual de la privatización fallida de los servicios de la década de los 90 que no fueron incluidos en ella. Abastece a pequeñas localidades y pueblos dispersos del interior provincial, en una gran mayoría con pozos de agua subterránea.

Reducir lo máximo posible las pérdidas de agua tiene como beneficio no sólo preservar el recurso hídrico, ya sea superficial o subterráneo. El agua natural extraída debe ser potabilizada antes de ser enviada a la red de distribución y ello implica un costo no menor. Además, la extracción mediante pozos y la inyección en las redes requiere de energía eléctrica para el bombeo, lo que actualmente tiene un costo creciente por el proceso insoslayable de sinceramiento tarifario después de muchos años de energía ficticiamente barata por los subsidios.

Protestas de usuarios por problemas del servicio (Fuente: vovetucuman.com)

Es un hecho comprobado que en las redes de conducción y distribución urbana de agua se producen pérdidas importantes. Ello es un problema generalizado a nivel mundial. La cuantía es desconocida en Tucumán puesto que no existen sistemas de medición de los caudales que permita evaluarlo. Hay muchas evidencias directas (afloramientos) e indirectas (zonas con baja presión de servicio). En nuestra provincia los problemas de pérdidas en las redes se originan en la obsolescencia de muchas de ellas (algunas ya tienen un siglo de vida) pero también en defectos de construcción o fallas de materiales en obras relativamente recientes.

La principal dificultad para afrontar un proceso de supresión de pérdidas reside en detectar en gran escala sus ubicaciones. Cuando las pérdidas afloran a la superficie ese aspecto está facilitado, pero frecuentemente no afloran y se ignora que hay una fuga de agua. Muchas veces hay pérdidas que se mantienen por años sin aflorar ya que los flujos del agua fugada de las tuberías se dirigen hacia abajo a una napa freática, hacia conductos pluviales o hacia cursos de agua naturales. Al respecto, este autor, en ocasión de estar a cargo del área de desagües pluviales de la Municipalidad de la Capital y durante una inspección de un importante túnel pluvial, pudo observar una importante tubería de la red de agua potable que atravesaba el túnel y que por una rotura derramaba un muy importante caudal de agua, del cual no estaba enterado el organismo a cargo del servicio. Esa era la causa de la antigua muy baja presión de servicio en una importante zona de la ciudad, la que pudo ser reparada gracias a su casual detección.

Otro caso ilustrativo de pérdidas antiguas no detectadas pudo experimentar este autor cuando, al estudiar las napas freáticas en el suelo del Área Central de la ciudad de S.M de Tucumán (en el marco de un proyecto de investigación geotécnica financiado por el Conicet, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas), pudo observar un comportamiento del nivel de aquellas no explicable por causas naturales en un sector importante del área céntrica. Referencias colectadas en diversos edificios evidenciaban un nivel muy elevado en un área bien delimitada de varias manzanas que databa de muchos años. La evaluación llevó a la muy fuerte presunción de que el fenómeno podía estar asociado a fugas de agua provenientes de un conducto maestro de grandes dimensiones, muy antiguo y con fuertes presiones de servicio. Informada la empresa prestadora del servicio, lamentablemente no se profundizó la investigación, que se suponía de su interés, puesto que aquella estaba a la sazón en un serio conflicto de rescisión de contrato con el Estado Provincial. (La empresa privada concesionaria del servicio, Aguas del Aconquija SA, terminó rescindiendo el contrato en el año 1997).

Reparación de pérdidas en red de distribución pública (Fuente: Comunicación Tucumán)

A partir de una analogía con la mayor cantidad de situaciones urbanas en el país y en el mundo, y tratándose de una red en gran parte centenaria, es de suponer que las roturas con pérdidas de agua son numerosas y parte importante de ellas de ubicación desconocida. Ello implica una dificultad importante. Históricamente, el crecimiento de la demanda de agua, por crecimiento demográfico urbano y de la actividad económica, fue acompañado sin evaluar si tal incremento era razonable. Se desconocía en qué proporción era producto de consumo domiciliario desmedido (no se medía), de conexiones clandestinas, o de pérdidas en las redes. El úni-
co dato relativamente fehaciente era la dotación global de agua enviada hacia el consumo desde las fuentes alimentadoras (plantas potabilizadoras y pozos de extracción subterránea). La respuesta ante la demanda global creciente fue siempre satisfacerla, sin estudiar la composición de esa demanda y cuánta agua en realidad se perdía por fugas.

Las redes se expandieron en función del crecimiento urbano, y el abastecimiento, luego de algunas obras de gran escala como el dique de embalse El Cadillal (que llegó a abastecer alrededor del 50% de la demanda de la Capital), se acompañó casi exclusivamente mediante la explotación de acuíferos subterráneos con pozos profundos. Así, en algunas zonas de la provincia, como el Área Metropolitana de SMT(con aproximadamente el 60% de la población de la provincia), se llegó a una sobreexplotación de los acuíferos con serios problemas para satisfacer las demandas.

Estamos entonces en la actualidad siguiendo la tendencia histórica de acompañar la demanda con más pozos de extracción de agua subterránea. Ello, no cabe duda, tiene lógica, ya que las inversiones son progresivas y moderadas y pueden ajustarse estrictamente a la evolución del consumo. Si bien el recurso de aguas subterráneas en la provincia es importante y prometedor, la concentración espacial de la demanda, en particular el Área Metropolitana, ya ha mostrado allí problemas de sobreexplotación de acuíferos que no debe continuar descontroladamente. La escasez se está instalando. Además, los costos crecientes de la energía eléctrica para el bombeo extractivo y la impulsión a las redes se suman y gravitan cada vez más. Esto hace que el problema de las pérdidas adquiera interés y relevancia aún en localidades menores, no solamente en el Área Metropolitana.

Ante la creciente crisis de disponibilidad de recurso hídrico en un área tan importante como la Metropolitana, ¿Cuáles son las opciones disponibles para las próximas décadas?

A. Grandes obras para explotar recursos superficiales (ríos), como el dique de embalse Potrero de las Tablas sobre el río Lules, cercano al Área Metropolitana. Obra de un monto de inversión muy elevado y sobre la cual este autor ya emitió su opinión proponiendo su postergación en este mismo blog (“Dique Potrero de las Tablas: aún no”). Una opción adicional sería también incrementar la extracción desde el embalse El Cadillal, pero ese es un tema que, por su complejidad, excede el marco de este artículo.
B. Campaña de reducción de consumos domiciliarios llevándolos de los niveles elevados actuales a estándares razonables mediante la instalación de medidores domiciliarios de consumo y aplicación de tarifas realistas. Es decir generar en los usuarios motivaciones para racionalizar sus consumos.
C. Reducir las pérdidas en las redes públicas de conducción y distribución domiciliarias implementando una campaña sostenida de detección de fugas y sus reparaciones.

Nos inclinamos por esta última opción. En principio, parece ser la única opción factible a un plazo relativamente corto en el marco de una Argentina que se avecina sin desarrollo económico y fuertes restricciones presupuestarias y de acceso al financiamiento de inversiones públicas.

Medidor de consumo de agua domiciliario

La opción de forzar la reducción de consumos domiciliarios por el recurso de instalación de micromedidores es válida y la SAT ha instalado hasta la actualidad alrededor de 35.000 en el Área Metropolitana para un total de 235.733 usuarios. De los restantes usuarios de agua de la SAT en la provincia (71.980) y los del SEPAPyS (alrededor de 57.000) apenas unos 1.000 cuentan con medición de consumo. Mucho aún por hacer en esa dirección. Pero el sinceramiento tarifario es un proceso que estará condicionado por la situación económica del país y la provincia. El impacto que tendría en alto porcentaje de población vulnerable y de bajos ingresos hace prever un fuerte rechazo y alta incobrabilidad, lo que ya ocurrió en el pasado, pudiendo llegar a desencadenar reacciones sociales imprevisibles. De allí que es altamente improbable que el Gobierno Provincial decida implementarlo mientras no haya una franca recuperación de la economía y una mejora del ingreso en los sectores más bajos de la escala social. Consumos básicos subsidiados para esos sectores puede ser una opción, al igual que lo que se está instalando en el servicio de electricidad.

La transferencia de subsidios no reintegrables a la SAT para tareas de mantenimiento y operación continuará por bastante tiempo.

Nuevas tecnologías para detección de pérdidas de agua

La modalidad tradicional de detectar fugas de agua en tuberías es mediante un método acústico, es decir detectando, mediante geófonos o hidrófonos, y amplificándolos, los ruidos emitidos por la fuga transmitidos a través del suelo. El procedimiento es “a ciegas” ya que hay que recorrer toda la longitud de conductos para identificar puntos de pérdidas. De allí que el método es muy lento y encarar un programa de detección en una ciudad llevaría un tiempo muy prolongado.

En la actualidad, la tecnología más avanzada de detección se apoya en censores remotos satelitales, con imágenes de radar que rastrean el espectro del agua presente en suelo y subsuelo, con capacidad de identificar fugas desde 0,1 litros por minuto hasta una profundidad entre 1 y 3 metros.

Tal tecnología se desarrolló originalmente para buscar agua en Marte y Venus y ha sido experimentada en una prueba piloto en el ámbito de AySA (Agua y Saneamiento SA), empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, en un programa financiado por el BID. Durante la prueba se diagnosticaron 5.500 km de redes de agua y de los cuáles 758 km arrojaron diagnóstico de “rumor de fugas”, aquellos que pueden tener pérdidas de agua. Inspeccionados esos kilómetros, se lograron descubrir 2642 escapes de agua. De esta manera, se logró recuperar un caudal equivalente promedio a 20.000 m3 por día.

https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/07/24/agua-potable-un-bien-preciado-que-puede-monitorearse-con-satelites-desde-el-espacio/ (Fecha 24/07/2022)

En esa experiencia de AYSA se utilizó la tecnología israelí UTILIS de algoritmos para analizar imágenes de radar de apertura sintética que proveen los satélites argentinos de Observación con Microondas SAOCOM 1A y 1B. Estos trabajan con 4 satélites de la Agencia Espacial Italiana (ASI) para conformar la constelación SIASGE (Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias).

Sería muy importante que Tucumán aprovechara la experiencia de AySA y encarara una campaña decidida de detección y corrección de pérdidas de agua en sus redes. El agua recuperada serviría para lograr economías en el consumo de productos químicos utilizados para la potabilización, de energía para extracción e impulsión a las redes y en los costos de mantenimiento, para finalmente también contar con una mayor disponibilidad de agua reduciendo las necesarias inversiones en nuevas obras de infraestructura. Constituye un antecedente importante
que el BID ya haya financiado una experiencia piloto en el país.

Finalmente, cabe señalar que la propuesta es aplicable prioritariamente al Área Metropolitana, donde se concentra el mayor porcentaje de población abastecida por redes públicas. Luego deberá extenderse progresivamente a las restantes áreas de la provincia, ya que los problemas de pérdidas existen prácticamente en todas.

Este trabajo puede ser descargado en formato .pdf en esa url: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2022/10/TUCUMAN-ANTE-LA-CRECIENTE-ESCASEZ-DE-AGUA-POTABLE-EN-AREAS-URBANAS-2.pdf

La entrada Tucumán: ante la creciente escasez de agua potable en áreas urbanas, ¿Qué hacer? se publicó primero en Problemas del agua.

Establecer en la actualidad prioridades para la construcción de obras hídricas es un problema arduo, dado el enorme atraso acumulado en la provincia en las últimas décadas, la competencia con otras infraestructuras y las fuertes restricciones económicas actuales y las que se avecinan en el país.

Hablar de prioridades en materia de inversiones públicas en Argentina es, sin duda, un tema espinoso y por lo tanto evitado. Muy pocos casos de inversiones, particularmente las de impacto nacional, fueron en los últimos decenios producto de algún análisis justificativo de su prioridad dentro de un plan general. Las energéticas pueden ser un caso, aunque con tropiezos.

Fijar prioridades supone tener una estrategia para el futuro; de allí traer ese futuro hasta el presente y establecer el camino a encarar. Nada más ajeno a las preocupaciones de la clase política argentina, rica en diagnósticos, pero indigente en estrategias y planes. La improvisación suele ser el método.

Establecer orden de preeminencia para inversiones en infraestructura es un problema arduo y dilemático para los gobernantes, especialmente en un país donde el retraso en ese tema es descomunal y las demandas provienen de todos los sectores, aunque con distinta intensidad. Caminos, vías de comunicación rurales y urbanas, medios de transporte, obras hídricas, obras energéticas, etc., compiten entre sí por la asignación de presupuestos. Asignar prioridades no es fácil, de allí que predominen la improvisación y la hegemonía de intereses con posibilidad de influir en los gobernantes; no necesariamente el interés global de la sociedad. La realidad es que también permite a los gobernantes ejercer discrecionalidad ajustada a sus intereses electoralistas. Al no existir planes generales ni sectoriales ni políticas de Estado que otorguen sustento, es muy difícil cuestionar las decisiones sobre bases comparativas.

Establecer prioridades es una cuestión que adquiere ribetes dramáticos en la situación económica actual de Argentina, que se vislumbra como de larga duración, por el alto endeudamiento interno y externo, la falta de acceso al crédito internacional, la inflación indomable y la pérdida de confianza que rige sobre el país. La escasa disponibilidad de fondos para obras públicas hará más difíciles las opciones. Habrá condicionamientos externos por parte de los eventuales prestamistas si se tratare de gobiernos, los cuales introducirán sus propios intereses en la selección de obras a financiar.

Tomar decisiones sobre inversiones en infraestructura en Argentina y en particular en la provincia de Tucumán implica una doble dificultad: por un lado, optar, definir y priorizar obras para acompañar las demandas del crecimiento demográfico o para promover el desarrollo. Por otra parte, son necesarias muy importantes inversiones para recuperación de la infraestructura deteriorada y/o destruida producto de hechos de la naturaleza o, más frecuentemente, por falta de mantenimiento. Esto último es una práctica característica: las obras se inauguran y abandonan a su suerte. Lo que no se gasta en mantenimiento preventivo u oportuno, se acumula hasta que se transforma en inversión necesaria para reconstruir lo perdido por desidia.

El presente trabajo pretende exponer simplificadamente conceptos que conviene tener en cuenta cuando se pretende dar respuestas a demandas relacionadas con infraestructura hídrica de la provincia de Tucumán. No abre juicios de valor comparando con prioridades de las otras infraestructuras ya mencionadas para el desarrollo de Tucumán. Esa compulsa correspondería a una etapa de formulación integral de un Plan de Desarrollo. Por supuesto que tal plan no existe actualmente y, a la luz de las agendas de los gobernantes y partidos políticos actuales, es poco probable que se elabore en un futuro cercano.

Los conceptos desarrollados se refieren al conjunto de obras hídricas con variado objetivo que se plantean históricamente en la provincia para atender a su desarrollo deseable y al crecimiento demográfico. Su cantidad, variedad, elevados montos de inversión y problemas a resolver configuran situaciones de difícil priorización, de allí que, al menos, sea deseable aplicar una óptica racional en su análisis.

Cuando decimos una óptica racional no necesariamente nos referimos a la toma de decisiones basadas en metodologías rigurosas de análisis comparativo entre diversas obras, sugeridas en diversos manuales de evaluación de proyectos de inversión. Es práctica frecuente el emplearlas en las presentaciones de proyectos ante organismos financiadores u organismos superiores del Gobierno Nacional gestores de líneas de crédito internacionales. También es frecuente “dibujar” las evaluaciones, lo que es forzado por la escasa o nula información de base disponible, lo que abre paso a las evaluaciones creativas o fantasiosas. En términos generales, se toma la decisión de encarar las obras como producto de presiones o influencias sectoriales, urgencias circunstanciales ante hechos de la naturaleza o sociales, buscando impacto político. De allí se “arma” la justificación ad hoc, sin importar cuan difusa, ambigua o inconsistente resulte. Los compromisos políticos lubrican la factibilidad de materialización de los proyectos. Aún auditorías de organismos financieros internacionales no son una eficaz garantía de que la decisión resulte razonable. De todos modos, debe reconocerse que hay obras que pueden ser decididas sobre la base de visiones estratégicas a largo plazo y ello es atributo del poder político de turno. Pero es altamente conveniente que ellas sean explicitadas ante la sociedad. Ejemplo de ello serían las obras de conexión vial y ferroviaria hacia una salida al Pacífico, sustentadas en una estrategia de búsqueda de mercados asiáticos.

La provincia de Tucumán presenta un enorme déficit de obras de infraestructura, acumulación de más de medio siglo de carencia de desarrollo económico y de falta de estrategias de crecimiento, matizadas con crisis económicas recurrentes dentro de los marcos nacionales de crisis ya conocidas. La escasez de obras públicas que acompañaran al crecimiento demográfico y la redistribución poblacional dentro de su territorio, producto de la migración campo-ciudades, sumada a la expansión del área agrícola, se manifiesta actualmente en diversos ámbitos además de las obras vinculadas al agua. La red vial, los medios de transporte, la distribución de energía eléctrica, sufrieron también similar retraso. Las obras de jurisdicción nacional fueron escasas y de desarrollo exasperadamente lento, como la Ruta Nacional 38; otras de impacto regional, como líneas de alta tensión y centrales de generación eléctrica, como el polo de generación en El Bracho, tuvieron auge a fines del siglo pasado, pero no tuvieron continuidad.

En las infraestructuras hídricas y viales se sumó el deterioro propio del uso y del insuficiente mantenimiento.

El cuadro señalado se presenta por añadidura en un escenario nacional que presagia un proceso de recuperación económica incierto, cuando menos lento, largo y dificultoso, característica esperable por la magnitud de la crisis que atraviesa el país.

Todo gobierno en los próximos años deberá afrontar desafíos difíciles sobre fijación de prioridades en materia de inversiones en diversas obras de infraestructura. Las carencias son tan extendidas en todos los campos que no será posible atenderlas con criterios meramente equitativos y justicieros. Se deberán adoptar criterios de priorización, sobre los cuales se pretende echar algo de luz en este trabajo, evitando determinaciones basadas en meras presiones de intereses sectoriales, criterios puramente electoralistas o caprichos de decisores.

Una primera categorización de los ámbitos de inversión en obras públicas plantea el dilema entre satisfacer necesidades sociales o requerimientos del sistema productivo, sostén económico de la sociedad.

Inversiones públicas para atender necesidades sociales postergadas o emergentes del crecimiento demográfico, en especial de los ambientes urbanos. Las viviendas son el caso más evidente, acompañadas de la infraestructura social (escuelas, hospitales, edificios públicos, etc.). Fueron hasta ahora, y son, las obras preferidas por los gobernantes, dado que fuera de constituir necesidades objetivas y de directa valoración por parte de la población, son las que mayor rédito electoral les proveen. El no acompañamiento simultáneo con las necesarias obras de infraestructura asociadas ha llevado a las ciudades a niveles de calidad de vida muy bajo y el consiguiente deterioro ambiental. Nos referimos a desagües pluviales, redes de agua potable y cloacas, pavimentos, alumbrado, redes de gas, etc. A la falta de obras para esos fines se suma la muy frecuente falta de mantenimiento de lo existente, con lo que la acumulación a lo largo del tiempo lleva a requerimientos de grandes inversiones para recuperarlas. Ejemplos típicos son los deterioros de pavimentos urbanos, canales, edificios públicos, etc.

Inversiones públicas para el sector productivo. Tucumán tiene una estructura productiva agroindustrial y como tal demanda una infraestructura que le asegure energía, agua y redes de transporte y comunicación. La infraestructura de abastecimiento de electricidad es la que relativamente mejor se ha desarrollado, gracias a que la provincia está integrada al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) que a través de las Líneas de Transmisión en Alta Tensión es capaz de abastecer de energía eléctrica desde diversas fuentes de generación distribuidas en todo el territorio nacional. La red de gasoductos que abastecen a la provincia desde la red nacional provee actualmente a los usuarios industriales, las centrales de generación de electricidad (nodo El Bracho) y el creciente número de usuarios residenciales. Su crecimiento futuro será complementario al de la red nacional y a eventuales procesos de crecimiento industrial que se planteen como objetivos de desarrollo. La red caminera interna provincial es decididamente deficiente, especialmente en su estado de conservación, y ello impacta en la extracción de la producción agrícola hacia los centros de consumo. Las conexiones viales con las provincias vecinas y el resto del país son limitadas especialmente hacia el oeste, inhibiendo la salida competitiva hacia el Pacífico y los mercados de Oriente. La infraestructura hídrica merece los comentarios y conceptos que, por ser específicos de este trabajo, se vierten más adelante.

Es clásica la insuficiencia de los presupuestos públicos de la provincia y de sus municipios para fondear la ejecución de obras públicas, al menos en la magnitud que un razonable ritmo de recuperación histórica requeriría. Tampoco hay capacidad de endeudamiento para afrontarla vía crédito externo. De allí que las inversiones sustanciales de las últimas décadas se concretaron merced al apoyo del gobierno nacional, sujeto al albur de la afinidad política circunstancial del gobierno provincial con la Casa Rosada y los vaivenes de la economía del país.

Si sumamos la multiplicidad de necesidades de inversión arriba señaladas y la generalizada y aguda demanda acumulada, en especial de las necesidades sociales, se entiende la dificultad conceptual de cualquier gobierno de fijar políticas y sus prioridades de inversión consecuentes.

Obviamente, fijar prioridades de inversión pública debería basarse en políticas previamente establecidas para una etapa de gobierno. Adoptarlas como políticas públicas implica consensuarlas con al menos los suficientes espacios políticos que comprometan su continuidad a mediano y largo plazo. Ello suele ser un requisito fundamental para un desarrollo sostenido, que es lo que precisamente la provincia y el país carecen. En este trabajo se pretende exponer sobre la mesa aspectos que deberían ser tenidos en consideración para el debate de políticas públicas y las inversiones en infraestructura hídrica para la provincia de Tucumán.

Establecer prioridades debería fundamentarse en estrategias a futuro y en planes de desarrollo. No hay ni lo uno ni lo otro. Las obras de infraestructura social tuvieron prioridad en la reciente media centuria (viviendas y servicios asociados) pero como resultado de la conjunción de la presión demográfica y el interés político electoral. El sistema productivo no vio incrementos significativos en las obras de infraestructura, salvo en períodos muy acotados y también a ritmo muy lento. Es que en realidad no hubo grandes transformaciones que cambiaran la naturaleza productiva dominante de la provincia: agroindustria azucarera tradicional. La iniciativa privada hizo importantes aportes como la citricultura y los cultivos de cereales y oleaginosas, pero hay cierto estancamiento general, no avizorándose hacia cual futuro se dirige la provincia en lo productivo.

PRIORIDADES EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Veamos ahora los conceptos principales en lo referente a la infraestructura hídrica que deberían ser tenidos en consideración a la hora de decisiones sobre inversiones en ese campo. Los argumentos que se exponen constituyen obviamente opinión personal y están sujetas a discusión.

Las obras hídricas en Tucumán están destinadas a satisfacer, en términos globales, las siguientes necesidades:

• Saneamiento urbano: abastecimiento de agua potable para la población y redes cloacales.
• Abastecimiento de agua para la producción agrícola, ganadera e industrial.
• Prevención de inundaciones y daños producidos por los extremos hidrológicos.

Un gobierno cualquiera, a la hora de asignar presupuestos para obras públicas, además de discernir las proporciones de inversiones en los dos amplios ámbitos ya señalados anteriormente, en lo que en particular a obras hídricas se refiere también debe definir las proporciones a asignar para cada una de las tres necesidades últimas definidas. El dilema se agudiza en el marco de las fuertes restricciones presupuestarias y la falta de acceso al crédito tanto de la provincia como su soporte la Nación.

Entremos ahora en el análisis de los rasgos característicos de cada uno de esos ámbitos. Se pretende en este trabajo aportar algunos criterios a tener en consideración para la toma de decisiones con cierta racionalidad, a sabiendas de que no es posible hacerlo totalmente, y que las decisiones políticas pueden tener una influencia importante, aunque convenga que sean acotadas. Una visión más extensa y detallada puede encontrarse en el libro “El futuro del agua en Tucumán”, que puede ser descargado en este mismo blog https://problemasdelagua.com.ar.

SANEAMIENTO URBANO

Abastecimiento de agua para población: Antes que nada, señalemos que el consumo de agua para fines domésticos está en el orden del 20% de todos los consumos de agua de la provincia. La población abastecida es alrededor del 90% de la población total. Es decir que hay un alcance relativamente extendido de ese servicio. El problema es, como veremos, de calidad de ese servicio.

Las fuentes de abastecimiento son de aguas superficiales (ríos) y subterráneas (pozos de extracción). El embalse El Cadillal, que regula las aguas del río Salí, es un importante abastecedor de agua para el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, pero tiene problemas de calidad por la presencia periódica de manganeso que obliga a costos extra de potabilización. Si bien hay algunas otras extracciones de aguas de ríos (caso Yerba Buena, ríos Vipos y Loro) no son cuantitativamente relevantes en el total provincial. La mayor parte del consumo restante de la población es abastecida mediante agua subterránea, recurso relativamente abundante en Tucumán, aunque hay zonas que ya llegaron al límite de explotación, como el piedemonte urbanizado entre Tafí Viejo y San Pablo (las extracciones superan en ciertas épocas a la recarga natural de los acuíferos). El crecimiento histórico del abastecimiento mediante pozos de agua subterránea fue una respuesta lógica a un proceso de crecimiento lento, casi vegetativo del sistema socioeconómico, ya que permitió acompañarlo mediante un ritmo sincrónico de inversiones.

Las redes de conducción y distribución del agua potable presentan serios problemas motivados por la obsolescencia en muchos casos y por mala calidad de ejecución en otros relativamente recientes. Ello se traduce en baja calidad de servicio por baja presión y cortes frecuentes.

Desde el punto de vista del abastecimiento, los problemas señalados se traducen en importantes pérdidas de agua en las redes públicas. Se suma a ello el excesivo consumo domiciliario, lo que fue históricamente favorecido por las tarifas bajas y la falta de cuantificación de los consumos domiciliarios mediante medidores (la tarifa está fijada para gran parte de los usuarios en relación a la zona, tipo y tamaño de vivienda, etc., es decir no relacionada con los volúmenes consumidos). El abastecimiento o dotación (consumo domiciliario + pérdidas en las redes + consumos clandestinos) ronda los 550 litros/habitante.día en la Capital y es ampliamente superado en zonas jardín como Yerba Buena.

En consecuencia, por el momento, las principales acciones e inversiones deberían orientarse a reducir drásticamente las pérdidas en las redes públicas y los consumos domiciliarios. Estas acciones son posibles de solventar mediante inversiones moderadas pero sostenidas en el tiempo, es decir mantenidas sistemáticamente en los presupuestos anuales. Incrementar la oferta de agua potable mediante nuevas grandes obras de aprovechamiento de ríos, como por ejemplo el dique Potrero de las Tablas (Lules) no ameritan su priorización mientras no se racionalicen previamente los consumos y pérdidas.

Redes cloacales y plantas de depuración: La evacuación y depuración de los efluentes cloacales domiciliarios son requerimientos sustanciales de la política hídrica provincial puesto que determinan la calidad sanitaria y ambiental donde se manifiesta la presencia y la actividad humana. En esta materia, la falencia en Tucumán es importante ya que la población con ese servicio era de un 41% en el año 2009 y el objetivo planteado en los LED 2030, Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo del Gobierno Provincial para ese año es llegar a un 50%).

Durante el período 2003-2015 se ejecutaron numerosas redes cloacales nuevas mediante programas ocupacionales ante los graves problemas económicos. El resultado logrado dejó mucho que desear por la mala calidad de los trabajos realizados, producto del escaso control de calidad y de conciencia oficial sobre la importancia de lo que se estaba ejecutando. Como producto de ello, las fallas en el funcionamiento son frecuentes, produciéndose extendidos afloramientos de excretas a la vía pública, con los graves efectos sobre la salud pública y la calidad ambiental urbana. Tal situación adquiere matices graves puesto que su remediación es costosa y los gobiernos son remisos a afrontar el problema en la escala requerida ya que en muchos casos la solución consiste en rehacer totalmente lo mal ejecutado y ello pone en evidencia la dilapidación de recursos públicos e impide el conveniente direccionamiento de los fondos hacia otras obras también necesarias.

Afloramientos cloacales en la vía pública – Un paisaje frecuente especialmente después de los planes de ejecución de redes durante los años 2005 a 2015, ejecutados con escasas exigencias y controles.

Por ello, en lo referente a las redes cloacales, deberá ponerse énfasis en la corrección de los extendidos problemas de mala calidad y/u obsolescencia de muchos tramos (hay zonas con cloacas de más de cien años de antigüedad), restaurarlas en calidad o reemplazarlas para que presten servicio un largo período de vida, como debe ser.

La depuración de los líquidos cloacales se practica parcialmente en el Área Metropolitana de S.M. de Tucumán (planta de San Felipe en funcionamiento incompleto, la planta de Las Talitas recientemente habilitada, la de Yerba Buena en El Manantial y está en gestión una planta en San Andrés, al este del río Salí); en la ciudad de Concepción hay una planta en construcción.

Debe destacarse que las obras de tratamiento de los efluentes cloacales son fundamentales para la mitigación de los impactos ambientales negativos que significan tales efluentes, concurrentes casi todos al río Salí, curso de agua interprovincial altamente contaminado, no sólo por los efluentes cloacales sino también por los industriales, especialmente por los efluentes de los ingenios sucro-alcoholeros, motivo de controversias con la provincia de Santiago del Estero.

Mapa de pérdidas de redes cloacales y de agua potable en una zona al NE de la Capital. (Celeste: pérdida de agua en calzada. Azul: pérdida de agua en vereda. Verde: pérdida de líquidos cloacales. Gris: hundimiento de calzada. Rojo: falta tapa boca de registro). Fuente: Diario La Gaceta

En síntesis: La priorización en materia de obras hídricas de saneamiento cloacal debería centrarse en la reparación de los tramos de redes mal ejecutados, obsoletos y con problemas, de modo de eliminar los abundantes afloramientos a la vía pública. Asimismo, deberían construirse las plantas de depuración de efluentes faltantes de modo de lograr vertidos a los ríos dentro de las normas vigentes a fin de lograr restaurar la calidad de las aguas del río Salí.

Merece destacarse que, tanto para las obras de abastecimiento de agua potable como para las de desagües cloacales y depuración es esencial el fortalecimiento de las capacidades del organismo público prestador de la mayoría de los servicios mencionados, la SAT (Sociedad Aguas del Tucumán), dado que el gerenciamiento de tales obras requiere de personal técnico suficiente en cantidad y formación para la elaboración y supervisión de los proyectos como de los contratos de construcción, a fin de lograr redes que aseguren la calidad del servicio por muchos años, evitando los malos resultados ya mencionados.

AGUA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

Los usos del agua disponible en la provincia para la agricultura (regadío) y las industrias totalizan aproximadamente el 80% del total abastecido (70% la agricultura y 10% la industria). Como se aprecia, conforman la mayor parte del consumo total de agua, en especial el regadío. De allí que una política de preservación y uso racional del recurso hídrico para un desarrollo futuro es de importancia clave y debe actuar sobre estos dos usos del agua.

La presuntamente abundante disponibilidad de agua en Tucumán fue quedando en un mito con el paso del tiempo, por los usos no racionales y por los consecuentes problemas de contaminación.

La superficie cultivada de la provincia es de alrededor de 650.000 ha, de las cuales están empadronadas para riego alrededor de 132.000 ha y se riegan efectivamente unas 66.000 ha, lo que muestra que la cultura de riego no está instalada totalmente. El dique de embalse El Cadillal, construido en los años 60 (hace más de medio siglo ya) previó regar unas 50.000 ha, pero sólo se riegan alrededor de 30.000 ha.

Del área cañera se riega alrededor del 20% mientras que de la citrícola alrededor del 10%. El riego se hace mayormente abastecido por redes públicas que captan, conducen y distribuyen agua extraída de la red fluvial (9 diques y represas de embalse, 21 diques derivadores y 150 tomas rústicas). En menor grado se riega con extracciones de agua subterránea. Del total de la superficie bajo riego sólo un 34% se hace mediante riego tecnificado (aspersión, goteo, etc.). La mayor parte se realiza mediante métodos tradicionales de muy baja eficiencia (por inundación o a manto), con lo que el consumo de agua es excesivo y el aprovechamiento del recurso hídrico muy lejos de lo deseable.

Dado que el regadío fue considerado como complementario y no imprescindible para la dominante producción agrícola azucarera (no así para la citrícola y frutihortícola), no se desarrolló en la provincia una “cultura del riego” generalizada, como es característica inherente a otras regiones áridas o semiáridas (como Cuyo, Jujuy y Comahue). No obstante, en la actualidad, con la opción del desarrollo de los combustibles renovables (etanol de caña, en este caso), una estrategia de incremento productivo que traiga beneficios a la economía provincial, tiene como requerimiento el incremento productivo de materia prima (caña de azúcar) y para ello el riego cumpliría un importante rol.

Los ingenios azucareros, con y sin destilerías de etanol, son los principales consumidores de agua para industrias, seguidos por la citricultura (limón). Las fuentes de alimentación son derivaciones de ríos y conducciones por canales públicos, aunque varios explotan también recursos subterráneos mediante pozos de extracción propios, que complementan los abastecimientos desde redes públicas, muchas veces problemáticos.

Del total de canales de conducción y distribución de las redes públicas (alrededor de 1.742 km) solo tienen revestimiento de impermeabilización aproximadamente un 15%. Un ejemplo: la red de riego a partir del dique El Cadillal, la más extensa de la provincia con 29.000 ha abastecidas, de su total de 147 km de canales, solo cuentan con revestimiento 12 km.

En consecuencia, los rasgos determinantes de estos usos del recurso hídrico son: altas pérdidas de agua por conducciones en canales sin revestimiento impermeabilizante, la muy baja eficiencia en la aplicación del regadío en los campos, especialmente en caña de azúcar, y la baja eficiencia también en el uso industrial, aunque los últimos años se trató de mejorar este último aspecto mediante la recuperación y reutilización del agua.

Riego por inundación, el de menor eficiencia y gran consumo de agua.

Al ser los consumos para la actividad agrícola e industrial la mayor parte del total abastecido, la priorización de obras hídricas para esos fines debe ser analizada con criterios objetivos y tomando en consideración aspectos estratégicos clave. Veamos:

• Las actividades agrícolas e industriales son, tradicionalmente y sin muchas perspectivas de cambio cercano, hegemonizadas por la caña de azúcar y por los ingenios azucareros-alcoholeros. Si bien Tucumán produce alrededor de los dos tercios de la producción nacional de azúcar, se trata de una producción con ancestrales problemas y crisis cuya rentabilidad no genera incentivos estables de expansión productiva. Aún con la producción de etanol biocombustible no logró crecer sustancialmente y podría considerarse que los cambios a futuro se avizoran lentos y sujetos a factores económicos no manejables localmente. La competencia con el etanol de maíz de la Pampa Húmeda es importante y afecta esa posibilidad. Quizás las necesidades futuras de combustibles de fuentes renovables pueda ser algún motor que empuje (o arrastre) al crecimiento. La alcoquímica supone una actividad derivada probable, aunque sólo en perspectiva, sujeta a la fuerte competencia de nuevos desarrollos tecnológicos que van surgiendo en el mundo. La producción de limones es una actividad que avanzó sólidamente desde su surgimiento en los años 70 y, gracias a su inserción competitiva en el mercado internacional prosperó hasta transformarse en la más importante de la Argentina. No obstante, el área agronómicamente favorable es limitada. Los restantes cultivos como cereales, forrajes, tabaco, hortícolas, frutícolas, etc., siendo significativos, no tienen una perspectiva de crecimiento sustancial que implique un salto cuantitativo importante en el producto bruto de la provincia que pueda mejorar drásticamente su estado de desarrollo socioeconómico para una población permanentemente creciente.

Canal de riego sin revestimiento. Razón de grandes pérdidas de agua (Foto Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán)

• Tal como se señaló, el uso actual que la agricultura hace del recurso hídrico a través del regadío es de muy baja eficiencia. En ello influye la modalidad de propiedad de la tierra, con la gran cantidad de propietarios de pequeñas extensiones que no configuran unidades económicas que justifiquen inversiones “tranqueras adentro” para aprovechar una mayor oferta de agua que pueda brindar el Estado mediante obras hídricas a ese fin. En la mayoría de los diversos tipos de cultivos también influyen condiciones de mercado, nivel socioeconómico de los productores y tradiciones culturales. La aplicación de riego tecnificado se concentra mayormente en establecimientos agrícolas de importante extensión tanto cañeros como citrícolas y en algunas producciones de hortalizas y frutales (papa, frutilla, arándanos, etc.). La transformación de redes de conducción pública a sistemas presurizados gravitacionales (entubados sin bombeo) como por ejemplo las redes de Lules (1.600ha) y Tafí del Valle (800ha), significaron importantes mejoras en cuanto a reducción de pérdidas de agua, pero fueron experiencias que no tuvieron posterior continuidad y expansión a otras áreas. Las inversiones públicas en revestimiento de canales de conducción se concentraron en áreas relativamente menores donde los suelos son muy permeables y se conjugan con crónica escasez de agua, lo que obliga a reducir imperiosamente las pérdidas para mantener la viabilidad de ciertas áreas productivas críticas, como por ejemplo el departamento de Trancas, Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Colalao del Valle, etc.
• La eficiencia en el uso del agua en la industria azucarera también es muy baja y las características del mercado del azúcar y del alcohol no brindan incentivos para su mejor aprovechamiento. A ello se suman los problemas de contaminación de los cursos de agua de la cuenca del río Salí, en especial con las descargas de vinazas, producto efluente de las destilerías de etanol.
• Existe una infraestructura de obras públicas de captación, conducción y distribución de agua para regadío e industrias con grandes pérdidas por tratarse de canales sin revestimiento. En algunos casos se llega a perder el 50% del agua entre la extracción del río y la cabecera del sistema de distribución. En consecuencia, se extrae agua de las fuentes hídricas para ser perdida inútilmente en una proporción sustancial.
• Entonces surgen como preguntas: ¿tiene sentido que el Estado ejecute obras para aumentar la oferta de agua a un sistema que pierde actualmente una parte muy importante de lo derivado de los ríos? ¿Es razonable efectuar nuevas grandes inversiones públicas si con lo actual se desaprovecha el agua disponible y, adicionalmente, los destinatarios hacen una utilización ineficiente de ella, pero objetivamente carecen de incentivos para efectuar inversiones en sus campos para un mejor aprovechamiento? Sin acciones privadas tendientes a un uso más racional no se obtendrán economías de agua que generen excedentes que habiliten la expansión hacia nuevas tierras de regadío y ampliaciones productivas. Las reducciones de las pérdidas en las redes públicas generarán un plus de agua que no será aprovechado en plenitud, salvo en las extensiones empadronadas para “riego eventual”. En cuanto a nuevas obras de regadío que figuran en el imaginario político, como el dique El Naranjal, dentro del aprovechamiento Potrero del Clavillo (ver https://problemasdelagua.com.ar) son, a juicio de quién escribe, postergables mientras no se cumplan los requisitos señalados para asegurar la contraparte de iniciativa privada para el eficaz aprovechamiento y preservación del agua.
• En materia de regadío agrícola, los avances han sido históricamente lentos, tanto en extensión como en tecnificación. A través de diversos programas (Prosap, Dirección de Recursos Hídricos, etc.) se llevan a cabo sistemáticamente tareas de mantenimiento en redes de riego bastante antiguas y mejoras en canales tendientes a reducir pérdidas de agua y asegurar el abastecimiento a campos empadronados. En general esos programas oficiales han llevado beneficios a productores pequeños que configuran explotaciones atomizadas y dispersas. Las extensiones importantes han ido incorporando riego tecnificado a partir de inversiones privadas (caña, citrus, papa, frutales, etc.) pero todavía constituyen un porcentaje bajo del total. Desde la Nación ha habido varios planes de regadío para todo el país, pero, al menos en Tucumán, los resultados no han sido muy significativos. Es que los resultados son muy dependientes de situaciones complejas que, además de las realidades circunstanciales de mercado, involucran también niveles socioeconómicos de los productores, hábitos y tradiciones culturales, sobre los cuales desde el Estado debe trabajar, pero requiere de perseverancia y continuidad, lo que no siempre ocurre.
• Como respuesta a la pregunta anterior, sólo en un marco de un plan de desarrollo y de transformaciones y promociones agroindustriales valdría la pena destinar importantes fondos públicos, pero sujetos a condicionantes que merecen ser estudiados. Entre ellos, merece debatirse los siguientes aspectos:

1. Formulación de un plan de desarrollo con soporte legal y consenso con el sector privado. Análisis de reformas productivas potenciales, sustentables, con mejoras claras en relación a los modos de producción actuales en los marcos futuros de mercados nacionales e internacionales.
2. Dado que el alcance espacial de aplicación abarca parte importante de la provincia, realizar estudios preliminares que permitan detectar ámbitos donde se puedan cumplimentar los requisitos básicos para integrar el interés privado colectivo con los objetivos del programa (zonas con redes de riego en servicio, unidades productivas con baja fragmentación, existencia de áreas adyacentes o cercanas de posible expansión del regadío, etc.).
3. Promoción de diversas formas de asociativismo que contribuyan a la asunción de compromisos del sector productivo con el programa de inversiones estatales.
4. Puesta en efectiva vigencia de aspectos vinculados a la ley 7139 de Riego que permitan reasignar derechos de agua basados en el uso racional y eficiente.
5. Creación de fondos especiales para financiamiento de las obras necesarias emergentes del plan. Igualmente establecer regímenes de promoción específicos para inversiones de privados en explotaciones agrícolas.

Un caso que merece ser tomado como ejemplo de las ideas expuestas es el del dique El Naranjal mencionado en párrafos anteriores. Como ya se dijo, a juicio de quien escribe, esta obra es la única que merece interés para la provincia de Tucumán dentro del proyecto multipropósito Potrero del Clavillo, esencialmente por su utilización para asegurar y ampliar áreas de regadío en el sur de la provincia. ¿Cuál es el sentido de invertir sumas enormes de dinero en esa obra si el incremento de la oferta de agua para riego no cuenta con una expectativa de respuesta positiva por parte de los productores, a la luz de la experiencia histórica al respecto? Si la provincia se plantea un programa de desarrollo para la zona sur, debería ser una decisión política que se traduzca en instituciones de Estado a esos fines (organismo de gerenciamiento ad-hoc, legislación de sustento, vías de financiamiento aseguradas, etc.). Un ejemplo histórico podría ser la Corporación del Río Dulce, creada en la década de los 60 del siglo pasado, para desarrollar el área de regadío en la provincia de Santiago del Estero. Se proponía desarrollar un área de 120.000 ha y hoy apenas se riegan 50.000 ha. Fue una experiencia con escaso éxito, pero de la cual se podrían sacar enseñanzas, aunque la primera conclusión podría ser la incapacidad local de generar instituciones de promoción del desarrollo realistas, eficientes y sustentables.

En síntesis: Recién sobre la base de planes serios de desarrollo agrícola se podrá formular un plan general y planes zonales de obras hídricas de mejoramiento de las redes de riego y abastecimiento a industrias existentes. Tales mejoras deberían incluir primordialmente revestimientos impermeabilizantes de canales, obras de manejo y distribución de aguas (partidores, aforadores, etc.) antes que nuevas obras de captación y derivación de ríos como el dique El Naranjal, Potrero de las Tablas u otras. Tales mejoras tienen como particularidad el poder dosificar los presupuestos anuales adecuándolos a las posibilidades de financiamiento. A su vez, son fuente de ocupación de abundante mano de obra y permiten la participación de empresas constructoras de pequeña y mediana envergadura. Con los exiguos presupuestos disponibles para los años próximos, la prioridad lógica se concentraría en las zonas donde la escasez natural de agua restringe la producción agrícola-ganadera y se agrava con las fuertes pérdidas que los suelos muy permeables provocan (departamento Trancas, Tafí del Valle, etc.). El mantenimiento y preservación de la infraestructura de riego, aún en su defectuoso estado actual, debe ser también una prioridad a atender, independientemente de las obras que se busque incluir en cualquier programa nuevo con financiamiento nacional o internacional. Finalmente, también es conveniente promover la explotación de aguas subterráneas con regadío tecnificado, aunque es dificultosa su implementación para conjuntos de pequeños productores.

Con un pronóstico de cambio climático de mediano y largo plazo incierto aún (¿el recurso hídrico se reducirá o incrementará?) las obras hidráulicas dedicadas al regadío y las industrias pueden llegar a cumplir, más que aportes al crecimiento productivo, la función de economizar agua para adaptar las actividades agrícolas y las industrias agua-dependientes a períodos prolongados de sequías. La opción de ir impermeabilizando los canales existentes atendería a ambas situaciones potenciales y ello le da un mérito interesante.

Riego tecnificado (por aspersión). Mejora drasticamente la eficiencia en el uso del agua (Fuente: mitreyelcampo.cienradios.com)

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS EXTREMOS HIDROLÓGICOS.

Las obras para prevención de inundaciones tienen como función evitar daños a la población, las propiedades, la infraestructura y a las instalaciones productivas por causa de los extremos hídricos de lluvias y desbordes de ríos.

El crecimiento demográfico, la expansión urbana y la ocupación del territorio fueron incrementando la vulnerabilidad general frente a los cambios en los escurrimientos superficiales que la actividad humana provoca (por deforestación, impermeabilización del suelo, alteración de los escurrimientos, etc.). En particular, históricamente, la expansión urbana no fue acompañada con las necesarias obras de infraestructura de manejo de aguas pluviales ni la planificación de la ocupación del territorio (por ejemplo, evitando áreas problemáticas, previendo las obras necesarias, organizando los escurrimientos pluviales, etc.). Para peor, diversas obras importantes construidas hasta la década de los 80 sufrieron enormes deterioros y destrucción, productos de errores de diseño, defectos de construcción, falta de mantenimiento o por haber sido superadas las previsiones de su diseño. Casos notorios en el ámbito del Área Metropolitana son los Canales Norte, Sur, Cainzo-Las Piedras y el Yerba Buena.

  Canales principales de desagüe pluvial en el Área Metropolitana de S.M. de Tucumán.

En el concepto de daño por causa hídrica se incluyen los procesos de erosión de suelos provocados por los escurrimientos de agua que causan socavaciones de puentes, márgenes de ríos afectando a instalaciones y campos ribereños, creación de zanjones (cárcavas), pérdidas de suelos agrícolas, etc. No entraremos en su consideración en mérito a la brevedad y porque en cierta proporción corresponde a los privados prevenirlo y/o conjurarlo y al Estado un rol más que nada regulatorio y/o promotor.

Si bien en el concepto “extremos hidrológicos” se incluyen también las sequías prolongadas, la escasez temporal de agua para el abastecimiento a población y a la actividad agrícola e industrial se debe enfrentar en Tucumán con medidas “no estructurales” (criterios distributivos, restricciones de emergencia, tarifas diferenciales, promoción de economías de agua, etc.). Las obras típicas para afrontar sequías prolongadas se supone que son los embalses de agua plurianuales (pueden guardar agua durante varios años), pero no existen en la provincia vasos de embalse con capacidad suficiente para ello. Como ya se señaló en párrafos anteriores, la impermeabilización de canales de riego evita pérdidas de agua y contribuye a mitigar las situaciones de sequías prolongadas. Además, las grandes inversiones requeridas deben caer bajo el análisis ya formulado párrafos atrás, en el marco del actual uso ineficiente del agua disponible.

Las obras para prevención y control de inundaciones comprenden una discriminación básica: inundaciones urbanas y rurales. Las más críticas en Tucumán son las urbanas, aunque hay casos donde ambas se conectan ya que los escurrimientos generados en ámbito rural se concentran e irrumpen en áreas urbanas (p.e. Ciudad Alberdi), y desbordes fluviales sobre ciudades ribereñas como Concepción, Monteros con el arroyo del Tejar, Famaillá, etc.

En el campo de este tipo de obras hídricas la cuestión de la priorización es altamente dilemática. En ello inciden el muy alto costo comparativo de las mismas y la segunda gran división: obras en zonas nuevas o reparación de lo deteriorado o destruido. La reconstrucción de las obras en el Área Metropolitana requiere de inversiones tan elevadas que exigen una estrategia elaborada de planificación y de gestión de financiamiento. En ciudades del interior provincial, por su menor extensión, las obras son comparativamente de menor envergadura y de menor costo, con mejores probabilidades de abordaje.

Canal Sur. Destrucción focalizada producto de una crecida estival. Aunque se destinan importantes fondos para reparaciones, roturas y deterioros constituyen situaciones frecuentes y generalizadas a lo largo de su traza.

La priorización de obras contra inundaciones en los últimos años no obedeció a planes generales o específicos. Se tomaron decisiones sujetas a conveniencias urbanísticas o a presiones producto de episodios traumáticos con fuerte impacto en la población. Muchos proyectos están en procesos de gestión ante organismos nacionales del Poder Central y su elevado monto implica permanentes postergaciones o que, de decidirse por su ejecución, lo sea por la magnitud del presupuesto disponible por la Nación para la provincia (hay tal dinero disponible… ¿Qué obra puede hacerse con ese monto?)

El grado de destrucción y riesgo de pérdida total de obras existentes, que forma parte del patrimonio público, con la amenaza de subsecuentes daños generalizados, es tan grande que, a juicio de quién escribe, la acometida de soluciones reparadoras es prioritaria frente a obras en zonas nuevas. Aunque en ciertos casos la solución consiste en también incluir obras nuevas en la restauración integral de lo destruido. Es el caso del Canal Sur, cuyo grado de destrucción es acelerado por haber sido superado ampliamente en su capacidad de conducir caudales. Forma parte de su recuperación el quitarle ingresos de agua de modo que sus dimensiones actuales y el espacio urbano que ocupa permitan reconstruirlo. La quita de caudales significativa se lograría con la construcción del Canal La Rinconada (nuevo) que derivaría aguas del río Muerto (canal Yerba Buena) hacia otro curso natural, el arroyo Manantial, restándola del Canal Sur. Esa obra, proyectada hace quince años por la Dirección Provincial del Agua ya tiene el tropiezo de varias urbanizaciones que ocluyeron su trazado por no haberse realizado las reservas de espacio. Una muestra clara de la falta de planificación en la materia. Un criterio similar debería estudiarse aplicable a la modificación del Canal Norte, quitándole caudales provenientes de la zona de Tafí Viejo con el Canal Nueva Esperanza, que derivaría caudales directamente hacia el río Salí.

Las obras existentes referidas en el Área Metropolitana son básicamente grandes colectores perimetrales de la ciudad Capital (canales Norte y Sur) que interceptan ingresos de agua desde el exterior y, a su vez, ofician de cuerpos receptores de obras de desagüe pluvial internas de la ciudad. El canal Yerba Buena conduce el agua del río Muerto y recibe desagües del interior del municipio entregando (erróneamente) al canal Sur. Tanto en Capital como en Yerba Buena faltan construir importantes desagües pluviales internos, pero antes debe priorizarse la adecuación de los grandes colectores destruidos o deteriorados, para darles capacidad plena de recibir los caudales. Lo mismo puede afirmarse para los municipios de Tafí Viejo y Las Talitas, que descargan al canal Norte.

En síntesis: Es opinión de quien escribe que en materia de obras para prevención de inundaciones debería priorizarse la reparación, reconstrucción y/o modificación de la infraestructura existente en el Área Metropolitana, evitando los procesos de destrucción que están ocurriendo, incluyendo las obras nuevas que coadyuven a su recuperación y/o reformulación. Todo ello sin menoscabo de las obras en áreas urbanas del interior provincial que, por sus menores requerimientos de inversión, pueden incluirse en los planes anuales o afrontarse con fondos relativamente menores provenientes de planes nacionales o préstamos externos.

LA PRIORIZACIÓN EN EL MARCO ACTUAL DEL PAÍS Y LA PROVINCIA

La situación económica por la que atraviesa en la actualidad el país y las incertidumbres sobre su evolución futura muestra una dificultad clara y probablemente de largo plazo en la disponibilidad de fondos para obras públicas, dado el permanente déficit público, el gran endeudamiento a corto y largo plazo, las fuertes limitaciones para obtener crédito externo y las dificultades para incrementar las exportaciones por las crisis políticas reinantes desde hace décadas que han hecho de la Argentina un país poco confiable a nivel internacional.

Ateniéndonos al tratamiento del campo de las obras públicas hídricas de la provincia, se plantean condicionantes que influyen en la toma de decisiones que conviene tener en consideración.

A. Hay que evaluar qué grado de participación se debe dar en la asignación presupuestaria a cada uno de los ámbitos de obras hídricas ya mencionados (saneamiento, producción, inundaciones).

B. El saneamiento impone un acompañamiento de los procesos demográficos para mantener y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Se puede imponer alguna influencia mediante planes de ordenamiento territorial que ayuden a racionalizar la infraestructura hídrica nueva.

C. Aumentar la oferta de agua para la producción es clave para el desarrollo socioeconómico, pero el resultado está sujeto a condiciones de mercado que deben ser afrontadas por los privados.

D. La protección contra inundaciones es la que mayores inversiones requiere y sus beneficios son de difícil cuantificación.

E. De los ámbitos señalados, las obras de saneamiento imponen una presión natural sobre los gobiernos ya que las necesidades de una población creciente exige el acompañamiento con los servicios de agua y cloacas.

F. Las obras para aumentar la oferta de agua para la agricultura y las industrias pueden dar resultado neutro si los productores no responden al estímulo. La gran fragmentación de la tierra cañera ya fue señalada como factor inhibidor de la generalización del regadío tecnificado. No obstante, en diversas zonas de la provincia la producción agrícola de pequeños productores es viable solamente con regadío y asegurarlo con redes públicas que preserven el recurso son importantes para la supervivencia de esos núcleos poblacionales. Ello de por sí ya les da cierta prioridad por sobre otras opciones de resultado dudoso, como ya se expuso. En cuanto a la industria azucarera no cuenta tampoco con incentivos para el buen aprovechamiento de una mayor oferta de agua, además de ser tradicionalmente remisa a inversiones que no les sean forzosas.

G. Las obras para prevención de inundaciones fueron las menos priorizadas por el Gobierno Provincial en los últimos cuarenta años, aunque algunos municipios hicieron algunos avances apremiados por las restricciones serias a sus hábitats urbanos como consecuencia de las urbanizaciones descontroladas.

H. Las reconstrucciones de obras existentes en el Área Metropolitana tropiezan con el inconveniente de las grandes inversiones que implican, de imposible alcance para los municipios y para la provincia. No obstante, pueden ser encaradas mediante ejecuciones por etapas, acorde a fondos disponibles. Obras en municipios del interior provincial, de menor envergadura, tienen mayor factibilidad de ser financiadas con fondos nacionales.

Para concluir, es esencial mencionar que la priorización de determinadas obras sobre otras presupone que se cuenta con proyectos de ingeniería en todas las que integran el paquete de opciones, a un nivel que permita contar con los datos comparativos de inversiones necesarias en cada una de ellas. Ese requerimiento exige un esfuerzo preparatorio de gran relevancia por parte de los organismos de gobierno ya que deben gerenciar los procesos a tal fin. Los organismos actualmente no cuentan con la capacidad suficiente para tal objetivo en plazos razonables, por lo que, de haber una decisión política en esa dirección, se deberá buscar una complementación con consultoría privada, lo que también exige una gestión para la cual el Estado no está habituado y las experiencias del pasado mostraron resultados dudosos.

La gestión de un proceso de planificación de la infraestructura es una materia vital que no tiene presencia actual en el Estado tucumano, por lo que acometerla requiere de una fuerte decisión política y una continuidad basada en el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias.

Ya se ha señalado en este blog la necesidad de la planificación y de la constitución de una Autoridad Única del Agua como requisito para que los procesos de crecimiento de la infraestructura hídrica y los servicios vinculados al agua se desarrollen con eficacia y racionalidad, lo que requeriría transformaciones de Estado que no están en la agenda política. Evidentemente ese objetivo pareciera lejano en la política provincial actual, pero ello no obsta para que convenga debatir criterios de priorización para el futuro inmediato y mediato, con las fuertes restricciones económicas que se avecinan y el tiempo que tomará el encauzamiento económico del país. Si se desea que las inversiones sean lo más conducentes posible, deberán estar basadas en prioridades reales, objetivos claros y principios racionales.

La entrada Prioridades en las obras hídrica de la provincia de Tucumán, una cuestión dilemática se publicó primero en Problemas del agua.

Los problemas del agua en la provincia de Tucumán, Argentina, se fueron acumulando en las últimas décadas, como producto del crecimiento demográfico y del sistema productivo, sin acompañamiento de políticas públicas ni obras de infraestructura suficientes y adecuadas. La falta de respuestas por parte de los organismos públicos prestadores de servicios y del gobierno mismo a los graves problemas emergentes ha llevado a la población a un nivel que bien podría reconocerse como de exasperación, ya que no se dan soluciones ni se muestra contar con claras ideas sobre el rumbo a tomar, menos con un esbozo de planificación a corto, mediano y largo plazo.

El reconocimiento reciente por parte de la máxima autoridad de la SAT (Sociedad Aguas del Tucumán, prestadora de los servicios públicos de agua y cloacas en la mayor parte de la provincia), de su estado de incapacidad basado en la falta de recursos económicos para afrontar básicamente el mantenimiento de las redes, menos aún su expansión, desnudó el resultado de muchos años de falta de políticas de Estado sobre aspectos del agua básicos y vitales para la población, como lo son el agua potable, el saneamiento cloacal y la protección contra inundaciones.

La sociedad, globalmente, sobrelleva los problemas en diverso grado, pero más agudamente los sectores más vulnerables. Pero los sectores políticos y gubernamentales con responsabilidad en la formulación de estrategias y de soluciones, sólo atinan a reconocer la existencia de problemas pero carecen de ideas y de decisión de afrontarlos. El tiempo pasa, los problemas aumentan y se manifiestan cada vez con mayor virulencia, y los sectores políticos navegan en la incertidumbre y la indecisión. De allí el interrogante que planteamos: ¿atrapados sin salida?

Veremos en el siguiente análisis que las dificultades para afrontar los problemas van más allá de lo económico. Con la configuración del Estado provincial y sus organismos del agua actuales, un flujo de fondos adecuado no garantiza la solución de los problemas. Para asegurar buenos resultados se requieren transformaciones importantes que ningún sector político, ni del poder ni de la oposición, se proponen siquiera debatir.

Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.
Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés

Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante
es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco.
Jaume Perich: Escritor, dibujante y humorista español popularmente conocido como «el Perich».

Cuando los hombres honrados se van a su casa, los pillos entran en la de gobierno.
Domingo Faustino Sarmiento

PROBLEMAS DEL AGUA EN TUCUMÁN – ¿ATRAPADOS SIN SALIDA?

A la luz de la evolución de los problemas del agua en Tucumán en el último medio siglo, pareciera que nunca tendrán solución o que no se resolverán al ritmo de los que se van generando por el crecimiento demográfico y del sistema productivo. No porque sean técnicamente imposibles de resolver (a veces ello ocurre), sino porque la sociedad, sus instituciones y el sistema productivo han llegado a una situación de total incapacidad para afrontar sus crecientes y agudos problemas, al menos en una perspectiva de tiempo razonable, por ejemplo en las próximas dos a tres décadas. Lo dramático es que la mayor parte de la sociedad y de los tomadores de decisiones no tiene conciencia de sus limitaciones y se debate entre reclamos sociales y promesas de soluciones que no llegarán.

¿Cuáles son los principales problemas del agua en la provincia? Enunciamos los más imperiosos, no todos. Suficiente para exponer el estigma a que se enfrenta la sociedad, ya que exhiben las causas y los resultados de la elocuente incapacidad de quienes desenvolvieron la provincia en su tramo de historia más sustancial: los últimos sesenta, setenta años.

Los más graves y urgentes problemas del agua son los servicios de saneamiento para la población (agua potable y cloacas) y las inundaciones. Dejamos a un lado otros aspectos muy importantes como el abastecimiento para la producción agrícola e industrial y los problemas de contaminación de las aguas, que hacen al desarrollo económico y a la calidad ambiental, si alguna vez se quisiere buscarlos seriamente, como estrategia política.

En la base: Tucumán es una provincia pobre, decididamente pobre. Más allá de las estadísticas económicas, la sola observación de su geografía muestra la abundancia de las carencias y de la miseria. A lo largo de su historia, no se logró que su sistema productivo y sus enormes riquezas naturales sirvieran para asegurar trabajo, ingreso y condiciones mínimas de bienestar al grueso de una población permanentemente creciente en un espacio geográfico reducido. Por el contrario, el hacinamiento en ciudades caoticamente expandidas, con malos servicios de agua y cloacas, con basura esparcida por todos sus rincones, pésimos servicios de transporte, etc., fueron la consecuencia de procesos de empobrecimiento y de degradación social sin pausas desde ya hace muchas décadas. Ello se acumuló y evidenció en la creciente cantidad de asentamientos irregulares y villas miseria periurbanas, donde la pobreza, la marginalidad y el delito componen una sinfonía perfecta de la desolación. Eso sí: con redes de agua potable que pierden más agua de la que entregan y cloacas que desbordan excretas por las calles. Escenario elocuente de los problemas del agua que padece la provincia.

Sería materia para sociólogos y politólogos analizar por qué la provincia llegó a ese cuadro actual. Quizás esas disciplinas sean las más esenciales para ayudar a dilucidar la base de nuestros problemas a fin de esbozar alguna propuesta esperanzadora para generaciones jóvenes. Por de pronto, algunos rasgos del valioso Tucumán histórico han mostrado su insuficiencia o irrelevancia para generar algún liderazgo sectorial en aquella necesaria dirección.

Por ejemplo: Tucumán brilló, dentro de la Argentina, como polo cultural a lo largo del siglo XX. Con cuatro universidades, prolífica actividad cultural y artística y destacados intelectuales, no generó centros de estudios para sus principales problemas y desafíos. Cada institución y sus protagonistas se desenvolvieron en burbujas aisladas, pugnando por prevalecer o sobrevivir atendiendo a sus restringidos o exclusivos intereses y conveniencias en un mercado nacional o provincial también mediocres y pobres de oportunidades. Dentro de ellas, quienes se destacaron sólo pudieron crecer y desarrollarse abandonando Tucumán, y son valorados en otras geografías mucho más que en su propia tierra. En Tucumán abundan los trovadores y artistas que denuncian la pobreza, también los ajenos a la realidad, pero no se forjaron elites políticas ni aristocracias con capacidad de liderazgo transformador.

Como producto del lento proceso de degradación global, la aristocracia, es decir «los destacados» en la escala social, independientemente del mérito para ello, está formada por empresarios prósperos que hicieron buenos negocios, no necesariamente con buenas artes, funcionarios públicos que arriban a esos niveles en busca de apetencias económicas o de poder personal desmedidas, una corona de colgados del poder, oportunistas de empleo bien remunerado y una clase política mediocre, sin ideas estratégicas ni interés por un mejor futuro para el conjunto social.

El sistema político y de gobierno está estructurado por poderes públicos determinados por hombres de leyes con una visión puramente jurídico-legal de la sociedad y del sistema social. No existe una tecnocracia de poder o de gobierno que dé o procure una impronta mínima de eficiencia a la resolución de los problemas del desarrollo económico y social. Las estructuras de gobierno fueron moldeadas atendiendo a formalismos legales sin ninguna preocupación por lograr eficacia en el manejo del Estado ni en el funcionamiento de la sociedad. En las etapas populistas, el «redistribucionismo» sirvió de máscara para estratos de políticos que coparon el poder sin otra pretensión que permanecer allí usufructuando el soporte dado por etapas de cierta bonanza económica.

Como producto institucional consecuente, los organismos de estado en Tucumán a cargo del manejo de los problemas del agua desde hace medio siglo no generan ideas ni propuestas estratégicas. Se limitan a atender la urgencia, limitados por las estrecheces presupuestarias y organizativas, yendo siempre detrás de las circunstancias y emergencias. Las más importantes son la Dirección de Recursos Hídricos (DRRHH), la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).  Sin dudas, a la luz de los problemas existentes y la incapacidad para afrontarlos, la SAT es la más cuestionable de todas ellas.

Los problemas de abastecimiento de agua a la población son vitales y, obviamente, de mayor sensibilidad en la sociedad. Tucumán, por su estructura productiva agroindustrial, se caracterizó históricamente por tener numerosa población dispersa en su geografía, con significativa población rural. No obstante, en las últimas décadas se produjeron acentuados procesos de migración hacia ciudades que provocaron el crecimiento desordenado y caótico de éstas y la necesidad de abastecer con agua potable y servicios sanitarios a una población rápidamente creciente. La demanda de servicios de agua y cloacas fue acompañada con infraestructura en forma desigual, siendo mejor la respuesta en agua potable que en cloacas. Se llegó en 2009 a un 90,2% de población servida con agua y a un 41,2% con cloacas (informe LED 2010, «Lineamientos estratégicos para el desarrollo, 2016-2020», publicado por la Secretaría de Estado de Planeamiento del Gobierno de la provincia de Tucumán).

Pero lo grave de la realidad fue que el aumento de población servida no significó que ello fuera con buena calidad de servicio. Se construyeron numerosas redes de agua, se conectaron gran cantidad de usuarios nuevos que no tenían agua por red pública, pero la pésima calidad de construcción produjo numerosas fallas y pérdidas de agua. Asimismo, las fuentes de abastecimiento tradicionales resultaron insuficientes (ríos Vipos, embalse El Cadillal, etc.) y las extracciones de agua subterránea se multiplicaron enormemente pero también resultaron insuficientes en períodos de sequías. Del total de agua extraída de ríos y acuíferos subterráneos y enviada a las redes una parte muy importante se pierde por roturas y otra por derroche de los consumidores, que no tienen penalidades por ello y por la lenidad del organismo prestador del servicio (SAT principalmente). En materia de obras nuevas se priorizó abastecer a nuevos sectores y no se invirtió en mejoras en áreas antiguas con redes obsoletas y sobreexigidas por la densificación demográfica. Las consecuencias fueron los frecuentes cortes totales de servicio, la baja presión del suministro y la frecuente mala calidad del agua, contaminada en numerosos puntos de roturas a pesar de producirse en las fuentes de origen agua de calidad aceptable.

Desbordes de excretas cloacales frecuentes en todas las áreas urbanas de la provincia pero especialmente en el Área Metropolitana (Fotos diario La Gaceta (Tucumán)

Resulta por lo menos extraño que en la última década, en la que se realizaron las mayores inversiones para abastecer con agua potable a la población, los resultados fueran tan magros. En efecto, si se tiene en cuenta que, aunque el grado de cobertura del servicio aumentó sustancialmente, la mala calidad del servicio fue la característica dominante, producto de la pésima ejecución, el pobre mantenimiento de las redes y la mala gestión del organismo público prestador del servicio, la SAT. En materia de cloacas el resultado fue más grave, puesto que la mala calidad en la construcción de las redes se tradujo en permanentes desbordes y afloramientos a la vía pública, creando graves problemas ambientales que no pueden resolverse fácilmente, puesto que no es posible reparar las fallas sino rehaciendo las obras totalmente. La SAT se ha mostrado como un organismo totalmente ineficaz para prestar un servicio de calidad aceptable y es el más cuestionado por la población ante la falta de respuestas a los graves problemas de insuficiencia de agua y desbordes cloacales. Basta leer los reclamos de la población en los medios de comunicación para tener una percepción clara de ello.

Resulta altamente sugerente que un servicio de tanta sensibilidad para la población no haya sido tratado por los gobiernos justicialistas de las últimas décadas con atención y esmero aunque fuera por mero interés electoralista. Probablemente sea una evidencia de la incapacidad de la elite política y la aristocracia social más ocupada en las luchas inter-facciones por el poder y sin visión sobre los requerimientos de una sociedad verdaderamente desarrollada para prever y manejar los problemas de prestación de servicios básicos para la población y el sistema productivo. El Estado provincial actual, así como los municipios, son cuerpos absolutamente rígidos, mediocres e ineficientes para garantizar tales servicios y acompañar, menos promover, el desarrollo del bienestar y la economía global.

Inundación urbana (S.M.de Tucumán). (Foto diario La Gaceta)

Los daños producidos por las inundaciones configuran otro de los aspectos que evidencian el estigma en que Tucumán se encuentra atrapado. La provincia abarca una superficie reducida de 22.524 km² con una pluviosidad importante (600 a 1200 mm/año) atravesada por una red hidrográfica densa que se entrelaza con un territorio fuertemente ocupado por población y explotado por la agricultura. La ocupación tanto agrícola como urbana significó la eliminación de bosques naturales protectores y las consecuencias fueron las inundaciones, tanto las debidas a las aguas pluviales caídas en campos y ciudades y sin manejo, como las producidas por desbordes de ríos que atraviesan o bordean áreas pobladas en las planicies aluviales (Capital, Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Río Chico).

Las inundaciones constituyen el problema sobre el que se ciernen las más grises predicciones, por diversas razones. En primer lugar, para afrontarlo con eficacia son necesarias planificación, organización y altas inversiones. En segundo lugar, son obras que no atraen a los gobernantes y políticos, por ser de escasa visibilidad y, por ende, de magro rédito electoral. A consecuencia de ello, la evolución de la provincia se dio en el último siglo sin atender los problemas que se iban generando acumulativamente, ni siquiera mediante una planificación preventiva urbana y de los usos del suelo. Las escasas obras de infraestructura surgidas en períodos limitados (por ejemplo de autocracias militares) no fueron mantenidas y sufrieron muy graves deterioros y destrucción, lo que insumirá cuantiosos recursos económicos para evitar su destrucción total y lograr su refuncionalización. Por otra parte, la importancia de la planificación en esa materia no echó raíces en gobernantes ni funcionarios de organismos públicos responsables.

Cuando, en situaciones de excepción, se cuenta con planes directores, estos no se respetan o no se tienen en cuenta. Las instituciones urbanizadoras públicas (IPVDU) y los emprendedores inmobiliarios privados escabullen permanentemente la consideración seria de los problemas de manejo de aguas pluviales. El panorama resultante es una problemática compleja y un Estado con multiplicidad de problemas y limitaciones graves para resolverlos, pero, por sobre todas las cosas, falta de convicción y decisión política para afrontarlos.

Lo usual y frecuente es que, ante situaciones de inundaciones, provincia y municipios actúen con planes de emergencia, sin propósitos de mediano y largo plazo. Los problemas de fondo no se resuelven y nuevos problemas se van generando ante el crecimiento desordenado de las ciudades. Las grandes inversiones necesarias no llegan y deben competir con muchas otras necesidades de la sociedad consideradas más prioritarias (empleo, salud, educación, seguridad, etc.).

Importantes obras de desagüe pluvial urbano fueron destruidas y no se reconstruyeron. Las causas fueron variadas, desde falta de mantenimiento hasta mala ingeniería y construcción defectuosa (Canal Sur, el más importante canal de protección perimetral de la ciudad capital San Miguel de Tucumán).

Estos panoramas críticos descritos para dos de los aspectos más imperiosos del agua en la sociedad llevan inevitablemente a una visión nada optimista sobre el futuro hídrico de la provincia. El ritmo de solución a los problemas es mucho menor que el ritmo de aparición de los naturales problemas del agua que el crecimiento demográfico y productivo implican, sumados a las crisis acumuladas sin resolver que vienen desde el pasado.
El grueso de la población es víctima de los problemas, pero en parte es responsable por los malos hábitos de derroche de agua. Todos ignoran por dónde pasa la solución de los problemas; pero requieren un servicio de calidad razonable (agua potable, buena presión, cloacas eficientes), sin importarles lo complejo que ello significa y negando el costo real que deberían pagar. Los industriales y agricultores reciben agua de redes públicas pero no son exigentes con la calidad del servicio. Están habituados a que éste, por el cual pagan cánones insignificantes, sea tradicionalmente malo. Por ello recurren a diversos recursos para abastecerse, desde pozos de aguas subterráneas, acequias privadas, bombeos directos desde cauces y otros a veces non santos. Así como las destartaladas redes de riego pierden la mayor parte del agua por infiltraciones, los agricultores, en su mayoría, emplean sistemas de riego muy dispendiosos, de muy baja eficiencia, y los industriales apenas reciclan el agua empleada, contribuyendo al derroche generalizado. Cuando ocurren inundaciones, los reclamos van en múltiples direcciones; las respuestas no pasan del asistencialismo de circunstancia y la envergadura de los problemas hace que cundan promesas mil veces repetidas como escapismo sin esperanzas.

¿Quién es entonces responsable de racionalizar y mejorar los servicios de abastecimiento de agua, tanto a la población como a los productores y la protección contra inundaciones? Obviamente los organismos públicos (SAT, DRRHH y DPA fundamentalmente y adicionalmente los municipios en materia de manejo de aguas pluviales urbanas). Pero todas ellas son instituciones envejecidas, ineficientes, sin dinamismo ni capacidad de respuesta. Los sectores políticos no tienen conciencia de su importancia y de la necesidad de recuperarlas y fortalecerlas.

Como ya dijimos, los problemas del agua en Tucumán son complejos y las soluciones frecuentemente escapan a la comprensión del ciudadano común, por tener fuertes componentes técnicas, además de las socioeconómicas más reconocidas. En tal sentido, los organismos responsables deberían tener planteles de técnicos profesionales con nivel adecuado para transmitir hacia la población y hacia los niveles políticos de decisión ideas claras para obrar con racionalidad y con visión estratégica hacia el futuro. También ocurre que los niveles políticos de gobierno están ocupados por funcionarios con bajo nivel de formación para comprender las complejidades de los temas hídricos o, peor aún, con escasa voluntad para ello, ya que sus intereses son meramente de corto plazo y se deben traducir dentro de su período de gobierno (cuatro años). Esa situación crónica en los niveles decisorios de los poderes Ejecutivo y Legislativo ha relegado a los organismos del Estado para el agua a estructuras burocráticas donde los planteles profesionales estables no configuran corrientes de opinión estratégica y la actitud natural es, ante todo, de autopreservación sin contradecir a la conducción jerárquica que viene del Poder Ejecutivo, la cual es, en general también cortoplacista y sin visión estratégica sobre los problemas del agua. A resultas de esa situación, quienes dentro del Estado se presume que están capacitados para pensar y proponer soluciones para los problemas crecientes que se van estableciendo en la sociedad y el sistema productivo, son sectores inhibidos por las reglas de juego de un sistema político de manejo del Estado que no lo requieren ni lo permiten. En los últimos tiempos resultó llamativo el silencio de los organismos públicos del agua frente a diversos hechos de la realidad que requieren al menos un debate de opiniones y no una mera imposición desde arriba. Y las decisiones provenientes de los niveles altos del Poder Ejecutivo carecen por lo general de sustento racional y son producto de negociaciones políticas con el Poder Ejecutivo nacional en una mesa donde se ponen en juego cuestiones ajenas a la racionalidad de los problemas. A título de ejemplo, el gobierno provincial antepone o se interesa en la creación de fuentes de empleo sin hacer hincapié en el beneficio real que la obra pública en cuestión traerá en forma duradera a la provincia. El ejemplo de la anunciada obra del dique Potrero del Clavillo es un caso elocuente de lo expuesto (ver en este mismo blog o acceder en los siguientes enlaces)

Potrero del Clavillo un necesario replanteo: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2017/03/POTRERO-DEL-CLAVILLO-Un-necesario-replanteo.pdf

Potrero del Clavillo una decisión improvisada: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2016/09/POTRERO-DEL-CLAVILLO-Una-decisión-improvisada-1.pdf

Es de temer que en algún momento los problemas acumulados estallen con efectos devastadores sobre la población, lo que pueda generar reacciones imposibles de manejar políticamente y resolver para un gobierno en particular. En especial, la mala calidad de servicio de agua potable provoca estrés en la población en un modo más generalizado que las inundaciones, que afectan por lo general a menor cantidad de personas, aunque con mucho mayores daños económicos, tanto en lo privado como en lo público. Si ocurriere alguna circunstancia de shock sobre la población, ya fueren graves sequías o inundaciones, que exacerbare los aspectos críticos a un punto de conmoción social, no será posible brindar soluciones rápidas y eficaces puesto que no existen. Ellas surgen sólo de procesos largos y sostenidos de planificación de acciones y obras que toman muchos años y requieren continuidad entre varias administraciones de gobierno.

¿Estamos entonces atrapados en el laberinto de nuestras propias limitaciones? ¿Cuál es la salida?

Este autor ya ha sostenido en diversas expresiones su visión sobre la necesidad de afrontar el futuro del agua en Tucumán partiendo de la creación de una herramienta esencial para ese objetivo cual es la conformación de la Autoridad Única del Agua (AUA), reestructurando los organismos actuales para supeditarlos a ella, terminando con los actuales nichos aislados, desconectados y descoordinados, evitando las actuales confrontaciones que expresan meros intereses corporativos intraestatales. Tal órgano superior y los brazos ejecutores deben estructurarse sobre principios de alta jerarquía técnica, con funcionarios y técnicos responsables seleccionados por concurso. A partir de la conformación de la AUA se podrá encarar un proceso global de planificación hídrica traducible en un Plan Hídrico Provincial que será la política a desarrollar por sucesivos gobiernos.

Lamentablemente, no hay soluciones rápidas ni fáciles a tantos problemas acumulados. Todas requieren, en primer lugar, poner en juego inteligencia, planificación, organización, y luego, abultados recursos económicos. Todo eso implica tiempo, un par de décadas quizás. No se deben sembrar falsas expectativas en la población. Se debe tener el coraje político de prometer sólo esfuerzos, inteligencia, organización y sudor, pidiendo a la población paciencia y tolerancia. Algo así como en aquella famosa expresión de Winston Churchill, primer ministro británico: «No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor» utilizada en un histórico discurso ante la Cámara de los Comunes, el 13 de mayo de 1940, a ocho meses de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas estaban experimentando continuas derrotas frente a la Alemania nazi. El sudor y el esfuerzo, más la inteligencia y la organización, deberán estar a cargo de la clase política, los funcionarios de gobierno y los planteles técnicos del Estado.

Como en la sicología, la base de una terapia está en que el paciente tome conciencia de la naturaleza
de su crisis. A partir de allí es posible esbozar caminos de salida. Mientras tanto, «está solo, espera y se angustia».
Estamos atrapados en nuestra propia telaraña, pero obligados a buscar salida.

Ing. Franklin Adler
Tucumán, marzo de 2018

DESCARGAR EL PRESENTE TRABAJO PULSANDO EL SIGUIENTE ENLACE : https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/PROBLEMAS-DEL-AGUA-EN-TUCUMÁN-Atrapados-sin-salida.pdf

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La población tiene una percepción de que su drama se origina exclusivamente en las descargas del dique de embalse de Escaba, sobre el río Marapa. Si bien lo ocurrido en 1992, 2000 y 2015 tiene alguna componente cuestionable de operación de las compuertas de descarga de esa obra, lo ocurrido en 2017 fue diferente, ya que se trató de la suma de dos circunstancias extraordinarias: una de ellas manejada adecuadamente (el embalse) y otra inmanejable, producto de la acción indebida de productores agrícolas: la irrupción del río San Francisco como actor nuevo y peligroso para el futuro.

A pocos días del episodio, se conformó una “Comisión de Emergencia para el tratamiento de la problemática de inundaciones en el sur de la provincia de Tucumán, este de Catamarca y Río Hondo” para tratar y evaluar el problema y las acciones necesarias para el futuro. A ella fueron convocados los organismos con jurisdicción en temas hídricos y viales, nacionales y provinciales, diversas Secretarías de Estado de la provincia, Unidad Plan Belgrano, tres facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, Ejército Argentino y ORSEP (Organismo Regional de Seguridad de Presas).

Luego de cinco sesiones de análisis de la temática, en las que diversos especialistas efectuaron sus aportes conceptuales y propuestas de acción, la Comisión emitió un Informe de Síntesis que fue presentado a distintos niveles de gobierno. El mencionado informe y sus anexos pueden accederse a través del enlace que se indica.

Luego de finalizada la labor de la Comisión, el 12/junio/2017, la Secretaría de Estado Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en la persona de su titular, el Dr. Sisto B. Terán Nougués, me invitó a emitir opinión sobre el problema. El tema lo tenía bajo estudio desde el mismo día 2 de abril en que se produjeron los hechos. El día 21 de junio presenté mi «informe de opinión», el cual puede accederse en el enlace abajo indicado.

Espero que la naturaleza compleja del problema y las acciones necesarias para afrontarlo sean entendidas por las autoridades responsables y se instrumenten los pasos sugeridos en esa dirección. No hay lugar ya para improvisaciones.

Ing. Franklin J. Adler

Junio de 2017

Foto de portada: Lamadrid inundada el 04/04/2017. Vista hacia el SW.(Cortesía de Ing. David Aguirre)

Acceso al Informe de Síntesis de la Comisión de Emergencia (web de la Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán):  http://www.recursoshidricos.gov.ar/webdrh/_docs/CIST-Informe%20Completo.pdf

Acceso a Informe de Opinión de Ing. F. Adler: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-F.ADLER-COMISION-EMERGENCIA-INUNDACIONES-2017.pdf

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