Canal Sur a punto de desbordar- Lluvia del 08-marzo-2025 (Fuente: Diario La Gaceta, foto Franco Saavedra)

La inundación ocurrida en Bahía Blanca el día 7 de marzo de 2025, producto de una lluvia de carácter extraordinario tuvo un importante impacto sicológico en todo el país, provocando una ola de solidaridad en la población ante las tribulaciones y desgracias soportadas por sus habitantes.

En solo seis horas cayeron 210 milímetros de lluvia, y en las seis siguientes, otros 80. En total, fueron 290 milímetros en 12 horas (según informe del Servicio Meteorológico Nacional SMN).

Al día siguiente, 8 de marzo, se produjo en el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán una lluvia de entre 120 y 130 mm en cuatro horas que produjo fuertes correntadas de agua en el ámbito urbano, aunque sin graves daños a la población, sólo el caos urbano consecuente. Fue una lluvia importante pero no infrecuente en el largo registro histórico del clima en el área (mayor de 100 años).

Ante la magnitud del fenómeno natural devastador en Bahía Blanca, se generalizó una inquietud respecto de la probabilidad de ocurrencia de fenómeno análogo en nuestra provincia, donde su clima subtropical presenta de octubre a marzo lluvias torrenciales con consiguientes inundaciones tanto urbanas como rurales.

Las preocupaciones llevan a interrogantes lógicos sobre lo que es dable esperar en la región o zona donde cada persona habita. Se intenta acá dar algunas respuestas simples y abreviadas accesibles para el ciudadano común de Tucumán.

INTERROGANTES

¿PUEDE OCURRIR EN TUCUMÁN UN EPISODIO DE LLUVIA E INUNDACIONES ANÁLOGO AL DE BAHÍA BLANCA?

Según el SMN, la lluvia de Bahía Blanca fue de baja frecuencia de ocurrencia (en promedio, una vez cada 100 años o más). Algunas fuentes sostienen que fue un episodio asociado a lo que se denomina el “calentamiento global”, pero ello es hasta el momento meramente presuntivo y resultante de pronósticos globales sujetos a confirmación en las próximas décadas. Los modelos predictivos del IPCC (Panel Internacional del Cambio Climático por su sigla en inglés) anticipan tendencias a los incrementos en el litoral atlántico sur del continente, pero un solo episodio no constituye prueba de esa tendencia. Los registros climáticos de más largo plazo permitirán verificar o ajustar las hipótesis sobre las causas.

Para la región del noroeste húmedo de Argentina son frecuentes las inundaciones urbanas, en particular en la provincia de Tucumán y su Área Metropolitana de la capital, aún con lluvias de frecuencias mucho mayores (una cada 10, 20 años), es decir de intensidades y milimetrajes totales mucho menores que los fenómenos extremos como los ocurridos recientemente en Bahía Blanca o en La Plata en abril de 2013.

Las inundaciones se relacionan no solo a la magnitud de las precipitaciones sino también, y muy conexas, a diversos factores humanos, como el mal uso del suelo, las deforestaciones, las urbanizaciones sin planificación y sin previsión de las obras de infraestructura necesarias, la falta de mantenimiento de ellas y el avanzado deterioro en que caen consecuentemente.

En síntesis: no es necesario esperar lluvias extraordinarias para que ocurran importantes inundaciones muy perjudiciales. Con más razón entonces, una lluvia extraordinaria, de frecuencia de una cada 50, 100 años o más, tendría efectos catastróficos sobre algunas áreas, en particular sobre las urbanas.
Si la situación se dará como producto del “calentamiento global” o simplemente de la variabilidad natural del clima a largo plazo es un tema todavía a dilucidar con registros de más largo plazo. Cualquiera fuere el caso, se debería preparar las ciudades y el territorio para mitigar los efectos, minimizando los daños.

¿CUAL ES LA SITUACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA?

El Área Metropolitana comprende los municipios de la Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes, Banda del Río Salí y varias comunas rurales (ver Figura 1).

FIGURA 1- Área Metropolitana de S.M. de Tucumán. Sistema general de desagües pluviales de Capital, Tafí Viejo y Yerba Buena. Principales canales construidos. Los canales Norte, San José y Sur configuran un cinturón protector de la Capital.

La pendiente general del territorio determina la interrelación hidráulica entre esas demarcaciones. El río Salí, que fluye de norte a sur, separa a varias de esas jurisdicciones. El agua pluvial caída al oeste del río, provenientes de Tafí Viejo, Las Talitas y Yerba Buena, escurren en líneas generales en dirección noroeste-sudeste hacia la Capital, la que está circunscripta por dos canales protectores de gran magnitud: el Canal Norte (1935) y el Canal Sur (1976) y otro menor, el San José.

Ambos canales mayores fueron concebidos en su origen como cinturón perimetral protector de la Capital, recibiendo aguas pluviales de cuencas más permeables que las actuales. La expansión urbana y la transformación de suelos agrícolas posteriores a 1976 significaron enormes incrementos de la escorrentía. Sumados a problemas de defectos de ingeniería, de construcción, de escaso mantenimiento y la avanzada destrucción, hoy presentan un notorio deterioro e insuficiencia para el escenario actual.

FIGURA 2 – Canal Sur. Una de sus frecuentes y diseminadas roturas.

En consecuencia, la incapacidad actual para conducir caudales de los canales Norte y Sur constituye el factor más significativo para afrontar los extremos climáticos que determinan las inundaciones dentro del Área Metropolitana, sea por causa del calentamiento global o no. ¿Por qué? Porque ambos son cuerpos receptores de agua que conducen los caudales pluviales superficiales al gran colector final que es el cauce del río Salí. Su potencial colapso, producto de lluvias extraordinarias (o muy importantes), significaría irrupciones de grandes masas de agua sobre el área más densamente poblada con previsibles grandes daños a la población.

Dentro del área de la Capital existen algunos colectores de desagüe importantes que desaguan menos del 20% del área del municipio. Entregan sus aguas al río Salí y los canales de cintura mencionados. Tienen fuertes defectos de concepción y ejecución, por los que su eficacia para evacuar adecuadamente los caudales pluviales es muy baja y de allí las frecuentes inundaciones en diversas partes de la ciudad con lluvias que bien pueden ser consideradas  ordinarias.

A título de ejemplo, en el municipio de Yerba Buena se construyeron en la última década dos colectores de desagüe importantes (Bulevar 9 de Julio y Solano Vera-San Luis). El primero de ellos es pasible de crítica por haber sido construido en un orden indebido dentro de un Plan Director de Desagües Pluviales para ese municipio. Como consecuencia de ello recibe una cuenca muy superior a la adoptada para su diseño y su eficacia resulta baja.

También en Yerba Buena, el canal homónimo adolece de serios defectos de concepción y construcción y sufre serios problemas de destrucción e insuficiencia.

El área de Tafí Viejo y Las Talitas cuenta con algunas obras de desagüe que concurren al menguado Canal Norte. Faltan ejecutar algunas obras previstas de gran envergadura, especialmente en la parte norte y este del municipio.

En síntesis: A pesar de contar el Área Metropolitana con algunos desagües pluviales, se consideran insuficientes y deficientes para afrontar las consecuencias de importantes lluvias intensas por su diseño desactualizado, su mal estado de conservación y, en partes significativas, su avanzado grado de destrucción.

¿QUÉ ES POSIBLE HACER PARA PREVENIR, O MITIGAR AL MENOS, LAS INUNDACIONES?

Las obras de desagüe pluvial del Área Metropolitana necesarias para completar todo el sistema necesario son numerosas y de un muy elevado monto de inversiones. El crecimiento urbano sin planificación ni ordenamiento llevó a la acumulación de enormes carencias de infraestructura de manejo de aguas pluviales. Exceden ampliamente la capacidad económica tanto de los municipios y comunas integrantes como de la Provincia. Históricamente se ejecutaron con aportes de la Nación, cosa que prácticamente se puede considerar ilusoria en el marco de la política económica del gobierno actual.

La factibilidad de ejecución con recursos provinciales o créditos estará supeditada al saneo de su economía, proceso que, de manera optimista, seguramente tomará muchos años. Por lo tanto, conseguir que el Área Metropolitana esté en condiciones de soportar situaciones extremas de inundaciones será un proceso de largo plazo.

La adaptación del Área Metropolitana a escenarios de graves riesgos de inundación requiere diversas acciones sostenidas en el tiempo que demandan esfuerzos de organización, planificación y ejecución complejos. Mencionamos sintéticamente las más significativas:

A. Ejecución de dos obras hidráulicas prioritarias: Reformulación, reconstrucción y reparación de los canales perimetrales Norte y Sur. El objetivo es evitar su colapso al no poder contener los caudales que confluyen hacia la Capital en eventos pluviales de magnitud que pueden tener efectos catastróficos sobre el área más poblada.
B. Como complemento de las obras de los canales Norte y Sur, construir el desvío del canal Yerba Buena hacia el arroyo El Manantial, como recurso de alivio del canal Sur.
C. Detectar áreas urbanas inconvenientes para implantación de edificios habitables, estableciendo restricciones legales al dominio (zonas bajas, zonas sin salidas de aguas, riberas de ríos, etc.).
D. Detectar zonas actualmente expuestas a alto riesgo de inundación y proceder a la relocalización de población vulnerable allí asentada. (orillas de canales existentes, riberas de río, zonas deprimidas, etc.). Para áreas con población menos vulnerable establecer formales advertencias y deslinde de responsabilidades, ofreciendo facilidades para relocalizaciones.
E. Establecer normas de construcción de edificaciones públicas y privadas que puedan preservarse de efectos de inundaciones (niveles mínimos, adecuación de los terrenos, inhibición de planta baja, etc.).
F. Establecer zonas de acumulación temporaria de aguas que obren como acumuladoras o lagunas de detención que retrasen la confluencia hacia los colectores de desagüe.
G. Organización de los sistemas de Defensa Civil a fin de asegurar la evacuación durante las emergencias de población en zonas de alto riesgo.
H. Organización del Sistema Sanitario para atención de la población afectada por las emergencias de inundaciones.
I. Creación de fideicomiso para emergencias de inundaciones y catástrofes conexas. Estos deberán contar con resguardos legales eficaces que eviten su desvío hacia otros fines ajenos al objetivo de su creación.

Del conjunto de acciones mencionado, se observa que las dos primeras involucran importantes obras de ingeniería que requerirán los mayores esfuerzos económicos, pero son claves para poder afrontar el problema. Las demás acciones son de tipo institucional, planificatorio y organizativo, que requieren más determinación política que inversiones.

¿ESTÁ EL ESTADO PROVINCIAL EN CONDICIONES DE AFRONTAR LA RESPONSABILIDAD QUE LE CABE DE LOGRAR UN ÁREA METROPOLITANA RELATIVAMENTE SEGURA FRENTE A LOS EXTREMOS DE LAS INUNDACIONES?

Es ostensiblemente evidente que los organismos vinculados a la problemática no lo están. Ni siquiera se cuenta con un sector de planeamiento territorial que evalúe los caminos a seguir y las prioridades en las acciones. En consecuencia, se debería comenzar con la conformación de equipos técnico-profesionales altamente capacitados y jerarquizados para encarar los pasos necesarios indicados en párrafos anteriores. Tal objetivo requiere cambios en los criterios de integración de planteles de empleados públicos respecto de los tradicionales y las asignaciones presupuestarias debidas.

Lamentablemente, no existió en los Poderes Ejecutivos Provinciales, ni en los Legislativos del reciente medio siglo, inclinaciones en esa dirección.

La creación de la Autoridad Única del Agua surge como una necesidad imperiosa, no sólo para el tema de las inundaciones sino para todas las problemáticas del agua, como el agua potable y el saneamiento, el agua para regadío, para las industrias y para la preservación de la calidad de los recursos hídricos y el medio ambiente.

La entrada INUNDACIONES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, ARGENTINA – ALGUNAS RESPUESTAS REALISTAS A INTERROGANTES APREMIANTES se publicó primero en Problemas del agua.

El presente artículo pretende exponer en forma conceptual simple un factor muy importante de riesgo de inundación de la localidad de Lamadrid, que sufriera graves episodios en los años 1992, 2000, 2006, 2015 y 2017 y la importancia y prioridad a asignar a algunas medidas planteadas para mitigar la situación luego de la última de ellas, cuando el tema adquirió una inusitada gravedad por la irrupción del río San Francisco. Ese hecho llevó tanto a los gobiernos de la Provincia como de la Nación a encarar algunas vías de tratamiento del problema. Como conclusión, se promueve la prioridad de actuar sobre el río San Francisco, volviéndolo a antiguos bañados que lo separaban claramente del río Marapa y evitaban su descarga directa en éste, agravando, como ocurre ahora, la situación de Lamadrid. Esa prioridad también fue recomendada por diversos informes específicos sobre el problema (Legislatura de Tucumán y Universidad Nacional de Tucumán) y lo que se pretende es poner énfasis sobre ella, ante la expectativa de gestiones de financiamiento y resoluciones en curso al respecto.

Por otra parte, sobre la obra prevista para el fin expuesto se formulan observaciones al proyecto de ingeniería elaborado por una empresa consultora. Se considera que constituirá una obra vulnerable con insuficiente seguridad frente a las situaciones que deberá afrontar. Adicionalmente, en virtud de que el río San Francisco destruyó el cruce de la ruta provincial 334 ensanchando su cauce hasta aproximadamente unos 200m y cerca de 10 m de profundidad, creando la necesidad de un puente de enorme envergadura, se sugiere que sea estudiada la factibilidad de una solución de ingeniería que contemple resolver ese problema conjuntamente con el retorno del río a los bañados, pero éste con una obra reformulada y con un presupuesto de inversión más realista.

El presente trabajo se basa en información relevada y diagnósticos expuestos por diversos técnicos de organismos de las provincias de Catamarca y Tucumán, así como de sus universidades y de consultores independientes*. A esa información quién escribe agregó interpretaciones y valoraciones propias que se vuelcan para promover debate sobre propuestas de diversas acciones para mitigar los efectos futuros dirigidas esencialmente a la protección de Lamadrid contra las recurrentes inundaciones, pero también para restañar los graves daños sufridos por la infraestructura vial y evitar su reiteración futura.

Dado el objetivo de divulgación general de este informe, se ha evitado recargarlo con información cuantitativa justificativa, más propio de un paper científico. Se prefirió poner el acento en aspectos conceptuales que faciliten la comprensión del tema por parte de lectores y actores probables.

*INFORMACIÓN CONSULTADA Y REFERIDA

Comisión de Emergencia para el Tratamiento de la Problemática de Inundaciones en la Provincia de Tucumán, este de Catamarca y Río Hondo – Informe Técnico (S.M. Tucumán, mayo de 2017).

Comisión Especial de Emergencia Hídrica-Legislatura de Tucumán – Plan Maestro de Recursos Hídricos Provincia de Tucumán – Primera Etapa: Cuenca Marapa: Plan de Contingencias Hídricas 2017 – Obras de carácter prioritario para la localidad de Lamadrid (Informe Técnico de la Subcomisión de Infraestructura, Ings. Claudio Bravo y Eduardo Martel) (S.M. Tucumán, noviembre de 2017).

Comisión Especial de Emergencia Hídrica-Legislatura de Tucumán – Convenio con Universidad Nacional de Tucumán: Plan Hídrico Estratégico para la provincia de Tucumán – Avances : Estudio de la Cuenca Marapa- San Francisco. (Tucumán, setiembre de 2018).

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres – Tucumán (EEAOC). Sección Sensores Remotos y SIG. Imágenes Landsat y Sentinel.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN HISTÓRICA PREVIA A ABRIL DE 2017

Las inundaciones de Lamadrid anteriores a la del 2017 provinieron exclusivamente del río Marapa por las crecientes que vertían sobre el aliviadero del dique de embalse Escaba y se propagaban hacia la llanura del este. Así hubo inundaciones en los años 1992, 2000, 2006, 2015. En la de abril de 2017 se produjo una reconfiguración catastrófica de los ríos que provocaron la peor inundación histórica de Lamadrid y una nueva situación global que exige un importante conjunto de acciones para salvaguardar esa localidad y evitar efectos perjudiciales sobre la población, la infraestructura y los establecimientos productivos agrícolas de la zona.

A raíz de los graves perjuicios ocurridos en 2017 se constituyó, convocado por la Legislatura de la Provincia de Tucumán, el “Comité Especial de Emergencias Hídricas de la Legislatura de Tucumán”. En un Informe Técnico emitido por la Subcomisión de Infraestructura en noviembre de ese año se sustentó un diagnóstico coincidente por el emitido por quien escribe a solicitud de la Secretaría de Estado Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en la persona de su entonces titular Dr. Sisto B. Terán Nougués [ver “Inundaciones de Lamadrid, (Tucumán, Argentina)-Abril de 2017“. en https://problemasdelagua.com.ar]. En diversos foros interinstitucionales con participación de técnicos y profesionales de organismos gubernamentales de la Nación, Tucumán y Catamarca se expusieron elementos descriptivos de la modificación que ocurrió en la cuenca, que toma ambas provincias, como producto del avance de las explotaciones agrícolas a partir del desmonte del bosque natural.

El área que tratamos abarca aproximadamente desde la RN 64 en Catamarca hasta el río Marapa en la provincia de Tucumán (Ver Figura 1). En el mapa agrológico de esta última se la caracteriza como “Llanura Chaco Pampeana semiárida no salina” y “con salinidad interna”. La imagen Landsat del año 1976 muestra, para ese entonces, el escaso desarrollo de la agricultura y la condición natural de predominancia de monte chaqueño (ver Figura 2).

Figura 1- Área de análisis (Fuente: Informe De Comisión Especial de Emergencia Hídricas-Legislatura de Tucumán

Figura 2 -Imagen Landsat del 20/06/1976 que muestra la zona en consideración con escaso desarrollo agrícola y la dominancia de monte natural tipo chaqueño (Fuente: EEAOC, Sección Sensores Remotos y SIG)

En fotografías aéreas del año 1968, las más antiguas disponibles, la zona entre la RN 64 y el río Marapa estaba cubierta en su mayor parte por monte chaqueño. Los ríos que bajan de la Sierra de Guayamba: ríos del Abra y del Bañado, eran los colectores de drenaje importantes. El río del Bañado apenas avanzaba una escasa distancia hacia el norte de la 64 y el cauce desaparecía perdiéndose en el monte. No había rastros geomorfológicos que mostraran que se unía con el río del Abra. Este último era el que más definido tenía su cauce y avanzaba más hacia el norte pero se desvanecía bastante a medida que avanzaba hacia el límite con la provincia de Tucumán, como se aprecia en la imagen Landsat del año 1976 (Figura 2). Al norte de la ruta 334 (que une las localidades de La Cocha y Taco Ralo) no había un cauce definido y el desarrollo del monte allí existente indicaba que, al menos de 20 a 30 años anteriores a la fecha del vuelo (1968) no se habían producido crecidas importantes que irrumpieran en la zona. En pocas palabras, parecía que en la segunda mitad del siglo XX el río San Francisco no había presentado períodos de crecidas importantes que consolidaran cauces bien definidos y el monte natural avanzó hasta ocultarlos. Mas bien fueron áreas finales de expansión y enlagunamiento o “bañados”.

Desde los años 90 del siglo pasado, se comenzaron a producir desmontes con fines agrícolas, favorecidos por la existencia de acuíferos subterráneos y luego por el boom de la soja como cultivo para exportación desde los años 2000.

Entrado el siglo actual, comenzaron a presentarse años más húmedos y, como consecuencia de ello, los ríos mencionados aportaron caudales mayores. A su vez, la pérdida de la cobertura vegetal favoreció el aumento de la escorrentía superficial y el avance ellos. Donde no había vaguadas topográficas se producía la irrupción ampliamente distribuida en los campos de cultivo a pesar de las canalizaciones insuficientes que los agricultores practicaban en sus campos en sus intentos de desviar los flujos para proteger sus cultivos y las instalaciones de riego tecnificado con sistemas de pivot central. Eso obviamente trasladaba los problemas hacia agua abajo, hacia el norte. Esos procesos se produjeron mayormente en el ámbito de influencia del río del Bañado (ver Figuras 3-A y 3-B), el cual, finalmente, como resultado de las acciones de los agricultores, terminó llegando a unirse al río del Abra. Este último, en cambio, al tener un cauce definido, producía más bien erosiones de márgenes, quitando progresivamente tierras a los propietarios ribereños y amenazaba las instalaciones de riego.

Figura 3-A – Imagen satelital mostrando irrupciones del río del Bañado en áreas cultivadas y con sistemas de riego tecnificado mediante pivot central (áreas circulares).

Figura 3-B – Vista aérea de irrupciones del río del Bañado en áreas cultivadas y con sistemas de riego tecnificado mediante pivot central.

El río San Francisco, colector de las aguas de los ríos del Abra y del Bañado, también recibe las del río Huacra y el arroyo El Suncho, ingresa a la provincia de Tucumán y sus caudales trasponían la ruta 334, ya en territorio de Tucumán, a través de una alcantarilla menor (Figura 4). Tales caudales continuaban por el monte al noreste de la ruta y formaban, en ocasiones de años ricos, los bañados que se muestran en la imagen Landsat del 05 de mayo de 2000, Figura 5 (el día 8 de marzo de ese año hubo importantes lluvias y crecidas y se inundó Lamadrid por desborde del río Marapa). Esos bañados luego se vaciaban lentamente a través de una alcantarilla de cruce de la RN 157 hacia un arroyo que descargaba finalmente al Marapa bastante lejos agua abajo de Lamadrid. Es decir que las crecientes del río San Francisco, provenientes de cualquiera de los ríos afluentes ya mencionados, no afectaban a Lamadrid ya que los caudales eran atenuados por ese gran espacio de extensión que oficiaba de amortiguador y finalmente eran entregados al Marapa lejos del pueblo. La mencionada imagen del año 2000 es prueba fehaciente de la configuración natural del río San Francisco que, como veremos más adelante, fue alterada por acción humana de ribereños.

Figura 4- Rio San Francisco en tramo limítrofe entre Catamarca y Tucuman. Ejemplo de avances de los desmontes y sembradíos hasta las orillas de los cursos de agua, violatorios de la ley 8304 (de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), creando situaciones de riesgo frente a crecidas importantes.

Figura 5 – Imagen Landsat58 TM -Tucumán del 05/05/2000 que muestra los bañados después de las crecidas del 08 de marzo de ese año.

Los avances de los desmontes para uso del suelo para fines agrícolas fueron llevados en muchos casos de manera ilegal e irresponsable ya que se eliminó totalmente la cobertura boscosa hasta las mismas márgenes de los ríos, quitando la franja obligatoria a respetar que establece la ley provincial 8304 (de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos). Ello configura situaciones peligrosas para los mismos ribereños frente a crecidas importantes de los cursos de agua que pueden presentarse en el futuro, las que arrasarían los cultivos y acumularían los sedimentos transportados dañando las aptitudes agrícolas de los suelos. Ello se aprecia particularmente en las tierras adyacentes al tramo del río San Francisco limítrofe entre las provincias de Catamarca y Tucumán (Huacra) y las atravesadas por el arroyo El Suncho, su tributario (Figura 4).

Es bastante frecuente que productores agrícolas avancen con sus cultivos hasta las riberas mismas de los ríos exponiéndose a los riesgos de inundación y pérdidas consecuentes. En la medida que esas prácticas se generalizan las consecuencias se potencian y pueden alcanzar ámbitos más extensos, generalmente fuera de control y  difícilmente mitigables.

LA INUNDACIÓN DEL 02 DE ABRIL DE 2017

Los procesos de incremento de caudales desde el año 2014 en el río San Francisco, descargando naturalmente hacia los bañados, encontraron partes de ese espacio desmontado y con cultivos, al amparo de largos períodos de años secos anteriores.

El último largo período de bajos caudales del San Francisco se terminó en 2015 cuando una crecida destruyó la exigua alcantarilla a través de la cual el río cruzaba la RP 334 y el terraplén del camino. A partir de allí, se produjo un acelerado proceso favorecido por las lluvias de 2016 y 2017, que ensancharon el cauce hasta unos 200 m y, más aún, lo profundizaron por erosión en modo notable, hasta 8-9 m en el cruce de la ruta (ver Figuras 6-A y 6-B).

En marzo-abril de 2017 hizo eclosión el proceso que venía gestándose desde fines de los noventa pero que inició su desenlace indeseado en los pocos años previos: El río San Francisco irrumpió en línea recta hacia el Marapa pero agua arriba de Lamadrid sumando una cuenca aporte de 1.778 km2 a los 2.078 km2que tenía hasta esa localidad (85% de incremento), y una particularidad “explosiva”: un enorme aporte de sedimentos que produjo alteración de los niveles del cauce receptor que facilitaron la inundación de Lamadrid. Esa irrupción no fue un proceso natural sino provocado por la acción humana, como se describe en lo que sigue.

Figura 6-A- Ruta Provincial 334 en cruce del río San Francisco (vista al norte). Se aprecia en la lejanía el canal de desvío del río ejecutado por productores agrícolas y las consecuencias de erosión profunda (fuente: DPV Tucumán)

Figura 6-B – Cruce del río San Francisco en Ruta Provincial 334. Se aprecia la gran profundización del cauce provocada por la erosión de los suelos.

La causa fundamental de esa irrupción fue el desvío indebido del río San Francisco hacia el río Marapa, por parte de un productor, quitando su antigua descarga natural en los bañados donde se expandía y amortiguaba (ver Figura 7).El canal de desvío directo al Marapa, referida por los lugareños como “canal de Sánchez”, sirvió para que la crecida extraordinaria del río del Abra del día 29 de marzo de 2017 se dirigiera directamente hacia su descarga en un punto agua arriba de Lamadrid, produjera una enorme erosión de suelos del cauce y márgenes en su trayecto y, en consecuencia, una enorme acumulación de sedimentos en la junta con el río Marapa, la consecuente elevación de su cauce y el desborde de las aguas en ocasión de una crecida extraordinaria que vino de Escaba unos días después, la que finalmente irrumpió sobre Lamadrid, produciendo la peor inundación de su historia.

Figura 7-  Río San Francisco desviado hacia el Marapa (imagen Google 14/agosto/2016). Se muestran los antiguos bañados donde se atenuaban las crecientes esporádicas del primero y el canal de desvío hacia el río Marapa.

El proceso referido fue evaluado por este autor en su blog https://problemasdelagua.com.ar bajo el título “Inundaciones de Lamadrid (Tucumán, Argentina), abril de 2017” del 28/junio de 2017. Para una información más detallada se remite al lector a ese sitio web.

Sintetizamos lo ocurrido:

Las crecidas del río San Francisco a partir del 2014-2015 fueron agrandando y liberando su cauce después de la rotura de la ruta 334. El canal Sánchez fue ejecutado en el año 2013, al menos así lo atestiguan las imágenes 20131117-Landsat 8 OLI del año 2013 (Figura 8-A en que se ve el canal, pero sin agua) y la 20150515-Landsat 8 OLI de 2015 (Figura 8-B en la que se aprecia el río ya desviado por el canal, con agua).

FIGURA 8-A: Imagen 20131117-Landsat 8 OLI, parcial (de fecha 17/11/2013) mostrando el “canal Sánchez” ya ejecutado aunque aún sin agua (Fuente: EEAOC, Sección Sensores Remotos y SIG).

Figura 8-B : Imagen 20150515-Landsat 8 OLI, parcial (de fecha 15/05/2015) mostrando el río San Francisco ya desviado por el “canal Sánchez, en su escurrimiento directo hacia el río Marapa agua arriba de Lamadrid. (Fuente: EEAOC, Sección Sensores Remotos y SIG). Se sugiere ampliar en pantalla para apreciar agua en el canal (azul).

Evidentemente el aprovechamiento de tierras de los antiguos bañados en la zona sudoeste, de ingreso del río San Francisco, exponía a los establecimientos agrícolas al riesgo de inundación. Los largos años secos, que facilitaron esos emprendimientos, llegaban a su fin. Adicionalmente, parte del territorio agua arriba, había sido desprovisto de la protección boscosa natural, facilitando el avance de las aguas que otrora eran frenadas por ella.A partir del año 2014 hubo lluvias importantes que generaron crecidas poco habituales e irrupción del río del Bañado en el área agrícola. También el río del Abra creció de manera significativa y su receptor, el San Francisco, rompió la obra de cruce de la ruta 334 y amenazó las tierras al norte. La ejecución del canal de desvío hacia el Marapa por parte de un productor obedeció seguramente a un intento defensivo frente a ese riesgo. Sin tener en consideración las implicancias de esa decisión.

Fue entonces que, el 29 de marzo del 2017 se produjo la ocurrencia de la creciente extraordinaria del río del Abra, proveniente de lluvias intensas en la Sierra de Guayamba (vertieron 500 m3/s sobre el vertedero del dique Alijilán o La Cañada (Figura 9-A), se propagó hacia la confluencia con el San Francisco y, en lugar de expandirse en los bañados históricos, se dirigió por el canal artificial directamente hacia el río Marapa, produciendo, por añadidura, intensos procesos de erosión en los suelos lábiles de las márgenes y el fondo. Aportó sedimentos en enormes volúmenes en la junta que elevaron el cauce del Marapa y recién varios días después (el 02/abril) llegó una gran crecida proveniente del dique de Escaba, cuando los caudales del San Francisco habían ya bajado a valores mínimos. Fue una combinación calamitosa de dos fenómenos extremos.

Los valores máximos de los caudales de las crecidas del Marapa y el San Francisco (picos) no fueron coincidentes en el tiempo. El San Francisco irrumpió hacia el primero, por el canal de desvío mencionado, y el río Marapa lo hizo tres días después. A pesar de ese hecho favorable de no sumarse los máximos caudales en el Marapa, el factor agravante fue la enorme acumulación de sedimentos en su cauce que, al elevarlo, provocó los desbordes catastróficos sobre Lamadrid.

En síntesis, los grandes caudales que aportó el río San Francisco provinieron, en el episodio descripto, de la alta cuenca del río del Abra, en estado natural sin desmontes ni establecimientos agrícolas (ver Figura 9-B). En la zona de cultivos entre Alijilán, Bañados de Ovanta, Ruta Nacional 64 y la Ruta Provincial 334 las lluvias fueron menores a las de la cuenca alta y no fueron determinantes de la gran crecida del San Francisco, aunque, seguramente, sumaron algunos aportes.

Figura 9-A: Dique La Cañada vertiendo una crecida (Foto Martin Diaz)

Figura 9-B -Imagen Google Earth mostrando la cuenca alta río del Abra, en estado natural, y dique La Cañada.

Cuando ocurrió el episodio de abril de 2017, en diversos foros y comisiones preponderaron diagnósticos que imputaron la causal del episodio al cambio en el uso del suelo mediante deforestación extensiva con fines agrícolas en la cuenca del río San Francisco, tributario histórico del Marapa pero agua abajo de Lamadrid. Si bien ese proceso existió, a juicio de quien escribe la causa gravitante de lo ocurrido en esa oportunidad fue la conjunción de crecidas cercanas de ambos ríos que sumaron efectos diferentes: el San Francisco con un enorme aporte de sedimentos directamente a causa del desvío indebido hacia el Marapa y luego éste con grandes caudales escurriendo en un cauce más elevado. Si bien se lo señaló claramente, no se puso suficiente énfasis en el hecho del desvío artificial del río quitándolo de su destino de bañados y su envío directo hacia el Marapa, en una trayectoria corta, directa y altamente perjudicial.

Debe señalarse aquí que hubo una interpretación diferente del fenómeno ocurrido de inundación de Lamadrid por causa de la acumulación de sedimentos en el río Marapa en la junta con la descarga del canal Sánchez, atribuyéndola a sedimentos  transportados por el río Marapa mismo (informe extraoficial del Dr. Geol. Gustavo González Bonorino, que no fue asumido por la comisión que analizó el tema). Los argumentos esgrimidos ameritan discusión y el proponente recomendó una investigación específica. De todos modos, aún si se verificare esa hipótesis, ello no invalidaría la necesidad de restituir el río San Francisco a sus bañados ya que la importante extensión de la cuenca de aporte que resultó de la transferencia directa agua arriba de Lamadrid, sin duda aumenta el riesgo de crecidas extraordinarias del Marapa. Debe tenerse en consideración que las crecientes del río Marapa están atenuadas en alguna medida por el embalse de Escaba, mientras que las  provenientes del río San Francisco no tienen ese beneficio. El dique de La Cañada tiene un embalse muy pequeño para proveer de protección significativa contra inundaciones hacia agua abajo.

La ejecución del denominado “canal Sánchez” constituyó una grave acción por parte de su autor (o autores) que produjo enormes daños a la población de Lamadrid. El uso de la zona de bañados naturales eventuales por parte de productores agrícolas constituía una actividad de riesgo al quedar expuestos a inundaciones y pérdidas de sus cultivos en años muy húmedos (pocos en las últimas décadas). Esa era una situación natural y la baja frecuencia de inundación por el río San Francisco tornaba tentadora la siembra en esa zona, aunque el riesgo era evidente. Quitar la afluencia del río enviándolo hacia el Marapa a fin de ponerse a cubierto de eventuales inundaciones, sin contemplar las posibles consecuencias, fue a todas luces, un acto lesivo y perjudicial con fuertes daños directos a la sociedad y al Estado (por los altos costos de reparación en que se incurrió y se deberá incurrir). Ese hecho debió investigarse para deslindar responsabilidades. Ningún organismo público ni privado ni ONG inició acciones legales contra los causantes por acción y/u omisión a fin de lograr algún grado de resarcimiento o contribución mitigatoria, dado que no se trató de consecuencias de fenómenos naturales sino de acciones humanas erróneas.

En nota publicada por el principal diario local (La Gaceta del 27/agosto/2023), el periodista Rodolfo Casen entrevista al ingeniero agrónomo Roberto A. Sánchez, diputado nacional por Tucumán y propietario del inmueble por donde corre el canal referido. En su justificación por haber ejecutado el canal desencadenante del gran episodio de abril del 2017 esgrime el argumento de los desmontes del territorio agua arriba de la cuenca para desarrollar la agricultura (“…. “Esos cauces que bajaban desde Catamarca, entre ellos La Posta, Huacra y El Sueño, se perdían en el monte de la llanura. Se fue desmontando y entonces el agua de lluvia que antes caía en los árboles y la contenía, ahora se abre camino entre los cultivos porque la infiltración es menor. De ahí que cada agricultor fue derivando el agua hacia otras fincas vecinas”).

Sánchez insistió en que “no es del canal Sánchez la culpa del desvío del San Francisco. El volumen arrasador de agua viene de 40 o 50 propiedades de más al sur y se va por la orilla de nuestra propiedad para salir en el Marapa” remató.

Por otra parte, el periodista transcribe la opinión del profesional agrónomo que diseñó el canal que pasa por la finca del parlamentario: “El conducto que le hice era reducido y volcaba el agua hacia el Marapa. Pero con el tiempo las correntadas lo fueron agrandando. Los cauces endorreicos ganaron las fincas desmontadas y de ahí fueron siendo derivados hasta llegar a caer en el Marapa. El canal Sánchez no tiene responsabilidad con lo ocurrido en el 2017. Con los años de experiencia que tengo considero que uno de los factores principales que llevan a inundarse La Madrid es el dique Escaba. El pueblo se llena de agua cada vez que levantan las compuertas. Esto viene sucediendo desde hace 50 años. Es decir que es un tema de vieja data”.

Los argumentos justificativos esgrimidos por los responsables directos del desvío ameritan algunas consideraciones:

• La descripción es realista y comenta procesos evolutivos de varias décadas en la que los ríos del Bañado y del Abra fueron avanzando cada vez más hacia el norte, irrumpiendo progresivamente en las áreas desmontadas. Los largos ciclos secos y los altos precios de los granos animaron más a los productores en su avance. En particular el primero de esos ríos que, al no contar con un cauce definido, se expandía en los campos cultivados provocando serios daños en cultivos e instalaciones de riego con pivot central. Pero cultivar en ese ambiente implicaba riesgos no ignorados, menos por parte de un profesional de la agronomía.
• Si bien un ribereño está facultado para proteger su campo de la inundación o de la erosión de las márgenes provocada por el río, las acciones no pueden incluir el cambiar el curso natural de las aguas al punto de enviarlas en otra dirección quitándolas de su destino natural, en este caso los bañados históricos. Menos aun cuando con ese desvío se pone en riesgo vida y patrimonios de una población de miles de habitantes.
• El canal de desvío considerado “reducido” por el profesional asesor tenía una longitud de cerca de 10 km y, si se fue agrandando con los caudales del río San Francisco, debió haber sido oportunamente ocluido o limitado el ingreso de caudales en su inicio, cosa que no ocurrió. Tal agrandamiento lo exponía a transformarse en el canal conductor de todos los caudales de crecida, es decir un nuevo cauce, cosa que finalmente se produjo. Se tuvo la mala fortuna que, al tercer año de su ejecución, la crecida que irrumpió por aquel fue de gran magnitud, con las consecuencias catastróficas ya descriptas. Se priorizó el interés particular por sobre la evitación de daños agua
  abajo.
• Finalmente, si bien las inundaciones de Lamadrid fueron, con anterioridad a la de abril de 2017, producidas por crecidas del río Marapa, ya sea por episodios naturales de gran envergadura o por errores de operación de los órganos de descarga de la presa de Escaba, ello no excluye la causal adicional de la descarga directa del San Francisco, que nunca había sido causa de aportes peligrosos al Marapa aguas arriba de Lamadrid. Más aún, de no corregirse la situación creada, volviendo a la descarga en los bañados, quedarán establecidas las crecientes del San Francisco como nuevos factores de riesgo sobre Lamadrid, que antes de abril de 2017 no existían.

CONCLUSIÓN: UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO MARAPA AGUA ARRIBA DE LAMADRID Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO DE FUTURAS INUNDACIONES

Como síntesis de la nueva situación después de lo ocurrido hasta abril de 2017 se puede afirmar lo siguiente:

1. El río Marapa hacia el oeste de la confluencia del San Francisco no ha cambiado su configuración natural. Las crecidas provenientes del embalse de Escaba seguirán teniendo las mismas posibilidades de manejo mientras el embalse conserve un volumen de almacenamiento suficiente. Ello dependerá fuertemente de la capacidad del organismo que opere el dique homónimo. Actualmente es un Concesionario privado (Hidroeléctrica de Tucumán S.A.) bajo un contrato que caduca próximamente (26/06/2026) y bajo normas operativas de seguridad controladas por el ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación). Esa situación puede variar luego de la caducidad ya que no se avizora quién quedará a cargo de los embalses de Tucumán (ver artículo subido a este blog “El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán, Argentina)- Destino incierto”).                                                                   Respecto de la operación de Escaba debe señalarse que la inundación de 1992 fue producto de una errónea maniobra de descarga por compuertas del aliviadero ante una importante crecida que ingresaba al embalse. En ese entonces operaba la presa Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado. Además de las crecientes provenientes de Escaba, pueden producirse crecidas extraordinarias de su tributario agua abajo, el río San Ignacio, el cual no tiene ningún tipo de control.
2. La llegada del río San Francisco al Marapa atenuada por los antiguos bañados y descargando a un arroyo con confluencia alejada bien agua abajo de Lamadrid no existe más. Su descarga actual a través del canal Sánchez agua arriba de esa población constituye un peligro potencial ya que incrementa enormemente la cuenca de aporte sobre Lamadrid. Si bien es muy baja la probabilidad de confluencia simultánea de caudales del San Francisco con el Marapa, el principal problema que plantea el San Francisco es la gran cantidad de sedimentos que aporta al segundo, elevando su cauce, como ya se explicó para el episodio del 2017, ello aumenta el riesgo de desborde e irrupción de caudales sobre Lamadrid. Adicionalmente el incremento de sedimentos concurrente al Marapa se traducirá en un progresivo alteo del territorio en la llanura cercana al embalse de Río Hondo, hasta la ruta 157, con efectos serios sobre la población dispersa en esa área.
3. El río San Francisco es la confluencia de los ríos Huacra, del Abra y del Bañado más el arroyo El Suncho. Como ya se expuso, la gran crecida de abril de 2017 provino de la alta cuenca del río del Abra, que encontró el cauce abierto de éste apto para su encaminamiento hacia el norte. Los ríos Huacra y del Bañado y el arroyo El Suncho aportaron caudales menores. Pero no debe dejar de tenerse en consideración que todos provienen de formaciones montañosas que pueden oficiar de barreras orográficas causantes de precipitaciones localizadas de alta intensidad las que, favorecidas por las fuertes pendientes y el bajo tiempo de concentración, pueden generar ondas de crecidas importantes que, aunque de baja frecuencia, constituirán serias amenazas confluyentes hacia el río Marapa y de allí a Lamadrid.
4. Mientras el cauce del río del Bañado no tenga una definición y una consolidación y continúe escurriendo por las canalizaciones precarias ejecutadas por los propietarios de los campos atravesados, éstos estarán expuestos a riesgos de desbordes con efectos destructivos sobre los cultivos y las instalaciones de riego tecnificado, así como la sedimentación de material sólido traído por el río (enlame). El camino para la irrupción de las crecidas ya está abierto al norte de la Ruta Nacional 64. El riesgo deberá ser tenido en cuenta y ser asumido por los productores.
5. Para los campos ribereños del río del Abra, los problemas dominantes son de erosión de las márgenes, que quitan tierras ya en explotación. La protección deberá estar a cargo de los propietarios ya que un tratamiento a lo largo de los muchos kilómetros sujetos a esos procesos constituye una inversión muy importante que difícilmente el Estado esté dispuesto a priorizar en el mediano plazo. Las defensas de cada ribereño deberán ser diseñadas por especialistas de modo de no producir agravamiento de situaciones sobre otros ribereños.
6. Los importantes caudales de crecidas de los ríos que deberán preverse para el manejo de los problemas a futuro, aun cuando se efectivice el retorno del San Francisco a los bañados, serán determinantes para la obra de cruce de la ruta 334, la que deberá adecuarse a la nueva configuración del cauce y al pasaje de esos caudales. El alto costo de un puente debería, a juicio de quien escribe, ser considerado en conjunto con la obra de desvío a los bañados, de ser ello técnicamente factible, aspecto que se comenta en lo que sigue.

EL PROBLEMA DE LA RUTA 334, ENTRE LA COCHA Y TACO RALO.

Las importantes crecidas ocurridas en 2015, 2016 y 2107 fueron destruyendo no sólo la alcantarilla de cruce del río San Francisco, que había resultado suficiente durante las largas décadas anteriores, sino también el terraplén de la ruta ensanchando el vano de pasaje del río hasta alrededor de 200 m y profundizando el cauce hasta un orden cercano a los 9-10 m a raíz del gran proceso de erosión retrocedente provocado por el canal Sánchez (ver Figuras 6-A y 6-B). Además de ello, la ruta venía desde antes siendo fuertemente afectada en el tramo entre La Cocha y el cruce del río San Francisco por las crecientes de los arroyos la Posta y El Sueño que irrumpían en los campos de cultivo y fueron canalizadas por los propietarios hasta darle salida a las cunetas del camino. La destrucción de la ruta era casi total.

Después del episodio de abril de 2017, con el gran corte por el río San Francisco la comunicación vial de la zona quedó en estado calamitoso. Aún en épocas secas es muy dificultosa la circulación vehicular por el destrozo de la calzada. El cruce del río se salvó con un badén transitorio que se destruye en cada ocasión de crecida del río, obligando a una reconstrucción permanente.

El resultado de todo lo ocurrido es un gran ancho del cruce y no ha sido aún propuesta una solución para la construcción de un puente, cuyas dimensiones resultarían de gran magnitud y costo. Solucionar la ruta 334 debería también enfocarse con un tratamiento integral del problema de la evacuación de los arroyos La Posta y El Sueño, conduciéndolos a su descarga controlada al río Marapa (una opción es con entrega al San Francisco al sur de la ruta 334 y con destino final los bañados).

Por las razones expuestas, desde esta columna promovemos la asignación de primera prioridad a las obras previstas en el informe de la firma consultora ITEC (Bogotá D.C., Colombia) para volver los caudales del río San Francisco a sus antiguos bañados. Ello sin detrimento de las otras necesarias protecciones locales en Lamadrid mismo, propuestas en ese informe.

En lo que continúa se describe brevemente la obra proyectada y se formulan algunas observaciones a la solución ingenieril adoptada, sugiriéndose su revisión a fin de dar a esa obra la seguridad que debe garantizar.

Asimismo, se sugiere evaluar la incorporación de la obra de cruce de la ruta 334 por el río San Francisco a la obra de retorno a los bañados. Ello en virtud de la gestión en curso por parte del Gobierno Nacional ante el Banco Mundial para la obtención de financiamiento de las obras (según nota en diario La Gaceta del 27/08/2023, periodista Roberto Delgado), procurando así dar viabilidad a una solución conjunta y simultanea de ambos problemas.

EL PROYECTO ITEC (Ingeniería Técnica y Científica S.A.S., Bogotá, Colombia)

Este informe de consultoría fue realizado en el marco del Programa Argentina Resiliente ante Riesgos de Desastres financiado por el BID (AR-1286). En el Informe Final “Evaluación del riesgo de inundación y medidas de mitigación-Municipio de La Madrid-Tucumán”, de febrero de 2019, se incluyeron diversas obras locales, en el cauce del río Marapa y también el desvío del San Francisco de vuelta a sus bañados preexistentes.

Más allá de compartir el criterio ya expuesto por diversos organismos y comisiones ad-hoc y, más aún, de promover la prioridad esencial que debe darse a la obra de retorno del río San Francisco a sus bañados históricos, quien escribe considera conveniente formular algunas observaciones y sugerencias respecto del proyecto de ingeniería realizado por la firma consultora ITEC. Ello en virtud de la importancia de lograr una obra que asegure la durabilidad en el tiempo y garantice a largo plazo el cumplimiento de su propósito. Una falla que se produjere en ella puede producir el retorno instantáneo a la indeseable situación actual y un renovado riesgo sobre Lamadrid.

Debe notarse que la solución propuesta por ITEC se refiere solamente al retorno del río a sus bañados. No incluye propuesta para la necesaria obra de cruce de la ruta 334 que, si bien no participa en la protección de Lamadrid, su destrucción y actual configuración forma parte del problema del río, de la situación de la cuenca y los daños y perjuicios ocurridos.

Para la comprensión de los planteos que se formulan, referimos a la Figura 10 para una breve descripción de la obra propuesta por ITEC. Ésta consiste en forzar el escurrimiento del río San Francisco a sus antiguos bañados produciendo un tapón (o contención) en el profundo cauce tallado por erosión retrocedente del “canal Sánchez”, obligando al agua a desbordarlo. Para que ese desborde se produzca sólo hacia la margen derecha (hacia el este) y por la pendiente natural del terreno se dirija hacia el espacio de los bañados, se proponen dos terraplenes de contención y guía del flujo evitando que se dirija hacia el cauce artificial actual y por éste hacia el Marapa. Estos terraplenes son bajos, con una altura mínima 1,30 m y máxima 2,80 (Figura 11-B). El dique de contención en el cauce a cerrar es de unos 7 m de altura y unos 30 m de largo (Figura 11-A). Para cortar una probable erosión retrocedente en el fondo del ancho canal que conducirá el agua a los bañados que pudiere poner en riesgo la integridad de la contención y el terraplén mismo, están previstos dos umbrales de fondo o soterrados (Figura 11-C).

Figura 10- Planimetría de las obras de retorno del río San Francisco a sus bañados históricos (Fuente: Informe de ITEC)

Figura 11-A – Perfil de la Presa de contención en el zanjón (cauce del desvío) del río San Francisco (altura máxima 7 m) (Fuente: Informe de ITEC)

Figura 11-B – Perfil del dique lateral (altura variable con un máximo de 2,80m y mínimo 1,30 m) (Fuente: Informe de ITEC)

Figura 11-C – Perfil de los umbrales soterrados anti-erosión (propuesta ITEC)

Veamos ahora las consideraciones sobre el proyecto de ingeniería:

A.- Condiciones a las que estará sometida la obra una vez ejecutada

• En primer lugar, la obra quedará aislada en una zona con dificultoso acceso para control y pronto
  mantenimiento.
• El organismo público que quedará a cargo del control y mantenimiento, la Dirección Provincial del Agua (DPA), es una institución debilitada en cuanto a sus capacidades para asegurar esas acciones con prontitud y eficiencia, al igual que todos los otros organismos provinciales vinculados a la operación de infraestructura hídrica.
• Es altamente probable que productores agrícolas de la zona, a pesar de tratarse de zonas que se expropiarán y podrán ser potencialmente inundables, aprovechen ciclos secos para cultivar esas tierras. Con más razón si hay poco control de organismos de Autoridad o estos tienen una tradicional actitud laxa. Si ello ocurriere, en el área habrá circulación de equipos y maquinaria agrícola. Es frecuente que los agricultores hagan caso omiso de barreras que le impidan u obstaculicen el paso hacia sus campos de labranza. En esos casos, habrá un alto riesgo que abran fáciles brechas de paso en diversos puntos de los bajos terraplenes de orientación del flujo del río en crecidas. Por ellos podrá irrumpir el río volcándose nuevamente hacia el abandonado canal Sánchez. (En la geografía provincial existen numerosos casos de canales rurales de desagüe pluvial obturados por los agricultores por su propia conveniencia).
• El flujo del río desviado, en crecientes de magnitud no extraordinaria puede tallar cauces menores de erosión que pueden, en lugares imposibles de predeterminar, aproximarse y socavar el pie de los terraplenes y, dada su escasa altura, rápidamente abrir brechas en ellos volcándose fuera del área de contención retornando al “canal Sánchez”. En condiciones de diseño (caudal máximo) o con caudales suficientemente importantes, habrá flujos que acometerán los terraplenes con capacidad erosiva de modo que será probable también la abertura de brechas y riesgos consecuentes de escape de aguas.

Teniendo en cuenta las condiciones mencionadas a las que estarán sometidas las obras, surgen las siguientes

B.- Observaciones y sugerencias

1. Los terraplenes de guía son muy vulnerables, especialmente frente al riesgo de erosión y socavación por el flujo del río desviado. Se sugiere disponer una protección de su pie en contacto con el agua que los proteja frente a esa acción destructiva (Figura 12). Hay numerosos recursos para ello.
   Debería estudiarse alguno que, asegurando la protección debida, resulte en un costo razonable. La solución que se adopte debe también contemplar de ser resistente a vandalismos y no ser atractiva a ese fin (por ejemplo, no debería contener mallas de alambre). Esta sugerencia implica inevitablemente un incremento sustancial del costo de los terraplenes en relación a lo presupuestado, pero es, a nuestro juicio, de importancia capital para contar con una obra segura y eficaz. Merecen estudiarse opciones con paneles verticales o bloques premoldeados de hormigón; también pueden ser mantas de bloques de hormigón ligados con geotextil tipo Betonflex, Flexmat, o similares.
2. Uso del suelo-cemento como material de construcción para la contención y los umbrales antierosión. El proyecto de ingeniería plantea la construcción de esas estructuras con ese material que consiste en una mezcla de suelo del lugar con una cierta cantidad de cemento portland (en este caso 50 kg/m3). Más allá de que este dosaje parece muy exiguo para lograr las propiedades de la mezcla requeridas para lograr la calidad perseguida (resistencia estructural y contra la erosión por el agua), quien escribe desaconsejaría el uso de ese material por las siguientes razones: a) dada la naturaleza de los suelos disponibles en la zona, obtener las propiedades deseables requeriría dosajes mucho mayores que el especificado, llevando el costo a valores paralelamente mayores que el presupuestado, por el alto costo del cemento portland; b) la obtención de un suelo-cemento de calidad implica un procedimiento riguroso que debe ser estrechamente supervisado, lo que no es posible garantizar por los organismos públicos Comitentes; c) en situaciones de escaso control es habitual el menoscabo de las cantidades de cemento por parte del contratista; d) las condiciones locales de ejecución serán adversas (alta insolación, sequedad del aire, lejanía de las fuentes de agua) lo que promueve la baja calidad de ejecución; e) en el caso de la contención propuesta para el zanjón actual para desvío del río, el suelo-cemento no parece un material más favorable, por ser rígido y pueden producirse fisuras por donde percole el agua y arrastre material erosionado.
3. Por lo expuesto en el párrafo anterior, se sugiere modificar el diseño de la presa de contención, descartando su ejecución en suelo-cemento. Conviene estudiar diversas opciones evaluando sus costos. La escasa disponibilidad de piedras o rip-rap y agua hace que, eventualmente, los elementos premoldeados de hormigón fabricados en sitio apropiado puedan llegar a ser competitivos. La impermeabilidad en esa obra no es  determinante, aunque sí la seguridad frente a eventual erosión interna o sifonaje.
4. Asimismo, se sugiere modificar el diseño de los umbrales anti-erosión descartando su ejecución en suelo-cemento. Posibles opciones pueden ser una pantalla vertical con paneles de hormigón premoldeado de un par de metros de profundidad o una solera con mantas de bloques de hormigón ligados con geotextil tipo Betonflex, Flexmat, o similares (Figura 13). Obviamente, cualquiera de ellas significa un incremento de costos en relación con la propuesta del proyecto ITEC.

Figura 12 – Terraplén con protección contra erosión

Figura 13-Algunas opciones para umbrales anti-erosión

OPORTUNIDAD DE UNA SOLUCIÓN SIMULTÁNEA PARA EL RETORNO DEL RÍO SAN FRANCISCO A LOS BAÑADOS Y PARA EL CRUCE DE LA RUTA PROVINCIAL 334

Tal como se anticipó anteriormente, se sugiere evaluar la incorporación del cruce de la ruta 334 a la solución del retorno a los bañados como proyecto conjunto. Ello en virtud de la gestión en curso por parte del Gobierno Provincial ante la Nación por el financiamiento de las obras mediante una línea de crédito del Banco Mundial.

También se expuso hasta aquí que el proyecto de desvío elaborado por ITEC plantea una obra de contención en el canal Sánchez. No contempla el problema del cruce del río a la Ruta 334, que se transformó en un vado de 200 m de luz y que profundizó el cauce en cerca de 10 m. Resolver este cruce de la ruta implicaría la necesidad de un puente de una luz cercana a ese ancho actual, lo que significaría una obra adicional de muy alto costo.

Se sugiere que sea estudiada una obra de desvío del río en una ubicación coincidente con el cruce de la ruta. Ello implica un canal de conducción hacia los bañados que sólo debe ser protegido en su tramo inicial. Luego, la pendiente natural del terreno conducirá fácilmente el flujo hacia los bañados.

Si bien el costo del desvío en esa ubicación puede resultar elevado en comparación con el del proyecto ITEC, se debería previamente introducir las modificaciones propuestas en la contención, en los terraplenes de guía y en los umbrales anti-erosión, llevando el presupuesto ITEC a un nivel más realista, de modo de lograr una comparación más valedera. El desvío a la altura de la Ruta 334 no evita un puente, pero éste puede ser de menor envergadura al necesario en las condiciones del cauce remanente actual.

Esta opción fue sugerida a técnicos de los organismos con jurisdicción en la problemática (la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán y a los de la Dirección Provincial del Agua de Tucumán), para su consideración y eventual elaboración de la alternativa. Se estima que ésta amerita, cuanto menos, un planteo a nivel de prefactibilidad, salvo que surgieren razones sustanciales de peso para no tomarla como opción.

RESUMEN DE CUESTIONES RELEVANTES SOBRE EL TEMA

• Es muy importante “desconectar” el río San Francisco del río Marapa, no sólo para bajar el riesgo de inundación de Lamadrid (lo más urgente) sino también para reducir los aportes de sedimentos al Marapa en todo el territorio desde la unión de ambos hasta el embalse de Río Hondo, lo que agrava la inundabilidad de toda esa zona y reduce el volumen útil del embalse, acortando su vida útil. Si bien es de muy baja probabilidad la concurrencia simultanea de los picos de crecidas de ambos ríos, lo grave de la situación establecida por el desvío con el canal artificial es el agregado de 1.778 km2 de cuenca de aporte con sus caudales de crecidas sobre Lamadrid. Se suma a ello la influencia de los sedimentos que aporta el San Francisco y gravita negativamente en los niveles del Marapa y su consecuencia sobre Lamadrid.
• La reconstrucción del puente de cruce de la ruta 334, de una enorme envergadura, amerita ser incluida en la solución de la obra de retorno a los bañados en virtud de que hay ya un convencimiento a niveles oficiales de la imperiosa necesidad de esta última, que ha llevado a que haya gestiones de financiamiento con una línea de crédito del Banco Mundial. Pero esta opción amerita revisar el proyecto “bañados” para hacer una obra segura, lo que no parece garantizar el proyecto ITEC vigente, a juicio de quien escribe.

Respecto de los usos del suelo

• Todos los agricultores que desde el fin del siglo pasado fueron avanzando con la frontera agrícola desmontando el bosque nativo al amparo de varias décadas de escasos caudales de los ríos, deberán asumir los riesgos de los potenciales caudales extraordinarios con sus efectos devastadores. En especial, los provocados por el río del Bañado que, sin un cauce definido, tendrá un efecto incierto en la medida que no le sea definido un cauce mediante una obra específica (canalización). El río del Abra, teniéndolo, plantea fuertes problemas de erosión de márgenes, que quitan tierras de cultivo a los ribereños. Las costosas protecciones necesarias serán acciones individuales y difícilmente se logre una acción colectiva de todos los ribereños o del Estado a fin de mitigar ese problema de gran escala.
• Los cultivos “hasta los bordes” de los ríos del Abra y Huacra y del arroyo El Suncho son de alto riesgo por las erosiones de las márgenes y desbordes descontrolados al haberse eliminado los montes naturales ribereños.
• Los problemas más agudos de erosión de márgenes del río del Abra son, a juicio de quién escribe, producidos por los caudales provenientes de las cuencas altas a causa de lluvias intensas. Los caudales originados en los campos cultivados sin buenas prácticas de manejo de las aguas pluviales pueden tener alguna incidencia, pero relativamente menor. Su principal efecto es la erosión de los suelos. Ello obviamente afecta a todos los campos, aún los no ribereños, inicialmente a cada propietario y su acumulación se traslada progresivamente hacia los vecinos inferiores.
• Los aumentos de los escurrimientos de las aguas pluviales por causa de los desmontes tienen un efecto inferior al producido por la irrupción del río del Bañado en los pulsos estivales que ya no son frenados. Las canalizaciones autoprotectoras de los agricultores son inevitablemente precarias y son insuficientes cuando los caudales adquieren magnitudes importantes.
• La reversión de los problemas ya instalados mediante la generalización de mejores prácticas agrícolas en lo referente al control de erosión hídrica de los suelos parece de difícil e improbable implementación, al menos en un plazo razonable. La aceptación por parte de los productores estará asociada a la  rentabilidad en el uso de la tierra y la capacidad de gerenciamiento de alguna estrategia consensuada por organismos mixtos gobierno-productores, de lo que no hay muestras firmes en curso.
• Finalmente, en virtud de la actual situación económica y política del país, no es de esperar a corto plazo que los Estados provinciales ni el nacional se constituyan en factores promotores de las acciones que se requieren en la cuenca para alcanzar una agricultura sustentable en lo que se relaciona con el manejo de la problemática hídrica. Ello dependerá también de la iniciativa, capacidad de organización y voluntad de invertir de los productores para consensuar acciones colectivas, lo que también es de incierta factibilidad.

La entrada Las inundaciones de Lamadrid (Tucumán-Argentina) Una obra prioritaria: Volver el río San Francisco a sus bañados históricos se publicó primero en Problemas del agua.

El verano 2021-2022 en Tucumán venía bastante escaso en volumen de lluvias y tuvo escasas tormentas importantes hasta febrero. No obstante, la ocurrida el 5 de marzo, de relevante magnitud pero «no tan extraordinaria», desencadenó la temporada anual de conciertos de críticas, lamentaciones y exigencias al gobierno por una situación de inundaciones recurrente y sin visos de solucionarse. Se expone aquí un enfoque descarnado sobre las verdaderas posibilidades de solucionar los problemas de inundaciones en Tucumán, en especial en su Área Metropolitana. Lo sombrío de las expectativas plantea el desafío de encarar acciones tendientes, al menos, a no agravar los problemas para los próximos tiempos, que se medirán en décadas por la complejidad acumulada históricamente y por las dificultades que se avecinan para el país.

5 de marzo de 2022. Fuente Diario El Tribuno

La importante tormenta del 5 de marzo de 2022 en el área Metropolitana suscitó, por enésima vez, repetidos comentarios, críticas y quejas sobre la falta de obras de infraestructura para controlar y mitigar las inundaciones que las lluvias estivales provocan en nuestra geografía. Descartemos desde ya el pretexto útil esgrimido por gobernantes y sobre el que asienten diversos académicos, políticos, comunicadores y opinadores de diversa fuente: «es el cambio climático» (que también va siendo asumido como fatalidad por la sociedad). No hay pruebas que respalden que los fenómenos meteorológicos extremos que se presentan en Tucumán muestren una tendencia distinta a las históricas variaciones climáticas que caracterizan a la región, tanto en los extremos de sequías como en el de excesos pluviales.

Desde este espacio Problemas del Agua hemos señalado reiteradamente que, mucho más relevante que de un discutible «cambio climático», los problemas de inundaciones son producto del crecimiento urbano y de la ocupación del territorio desordenados sin consideración a los efectos ambientales, concurrente con la desorganización e incapacidad de las estructuras del Estado para planificar y acompañar el crecimiento con las obras de infraestructura necesarias y una situación crónica de estancamiento económico y social en la base de una provincia decididamente pobre.

Cada verano con lluvias intensas y sus correspondientes crecidas de ríos, canales de desagüe, calles y rutas culmina con serios daños a la infraestructura y propiedades privadas. Caídas o daños en puentes, roturas de canales, pavimentos, postes de electricidad y telefonía, ingreso a edificios y viviendas, inundación y/o erosión de campos agrícolas, etc. implican pérdidas enormes que se deben lamentar recurrentemente y constituyen un estigma para la sociedad. Los años pasan, la población crece, las ciudades se expanden, la agricultura avanza ocupando más territorio y los problemas no se resuelven ni hay atisbos de esperanza de que ello se revierta. Hay una mezcla de resignación y paroxismo en la sociedad, dependiendo el grado de afectación que a cada ciudadano le toque.

¿Qué es dable esperar para el futuro a partir de la situación actual, producto de la acumulación de problemas no encarados ni resueltos desde hace muchas décadas por muchos gobiernos?

5 de marzo de 2022 – Rotura del Canal Sur en cruce de ingreso a Yerba Buena.

Las últimas obras de protección contra inundaciones en el Área Metropolitana de S.M. de Tucumán datan de la década del 70 y del 80, es decir como mínimo de 40 años. De ese entonces, las obras fueron descuidadas, abandonadas o sometidas a un mantenimiento insuficiente. Para peor, errores de planificación, de diseño de ingeniería y defectos de construcción produjeron enormes grados de deterioro (caso Canal Sur) y hasta de destrucción total (caso canal Cainzo) que no fueron nunca corregidos ni reconstruidos. Obras concebidas en la década de los 60 cuando el área Metropolitana era mucho más reducida y estaba rodeada de áreas agrícolas cañeras que fueron mutando a citrícolas y luego arrasadas por la expansión urbana, produjo la obsolescencia e insuficiencia de los canales construidos, lo que agudizó los procesos de destrucción.

5 de marzo de 2022. Rotura del Canal Yerba Buena frente al Colegio del Pucará – Vista hacia agua arriba.

Estamos hoy entonces con obras insuficientes en cantidad y en capacidad para constituir verdaderas defensas contra las inundaciones, con el agregado de avanzados grados de destrucción y/o deterioro que avanzan como efecto dominó. Varios sistemas funcionan mal puesto que no se ejecutaron con una lógica racional. Todos estos aspectos ya fueron expuestos en el libro «El futuro del agua en Tucumán» y en diversos análisis en este blog.

5 de marzo de 2022. Rotura del Canal Yerba Buena frente al Colegio del Pucará. Vista hacia agua abajo.

Ante este panorama actual, empeorando crecientemente, cabe el interrogante sobre que espera al Área Metropolitana en lo sucesivo. Lamentablemente, el futuro es insoslayablemente sombrío. Veamos una síntesis de razones para prever una perspectiva objetivamente negativa.

1. Las obras necesarias de protección contra inundaciones son de gran envergadura y por lo tanto requieren de elevadas inversiones (tanto las nuevas como las reconstrucciones de lo destruido o deteriorado). No solo superan la capacidad económica de los municipios sino también de la provincia. Ninguno de estos niveles administrativos reúne la capacidad de contraer empréstitos para financiar planes de obras de alta inversión. De allí que la única posibilidad de afrontarlas es mediante apoyo económico de la Nación.

2. La situación económica del país, con su alto endeudamiento y con las dificultades para acceder al crédito internacional, presenta un panorama nada alentador para los próximos años en lo relativo a la posibilidad de la Nación de financiar planes de obras públicas. En el mejor de los casos, se conseguirá ayuda nacional para obras puntuales pero no para lograr revertir la situación de tantos años de inacción, dejadez y deterioro tan extendidos.

3. Los gobernantes y políticos no ven las obras de control de inundaciones como electoralmente interesantes. Priorizan otros campos de inversión que también son fuente de necesidades sociales insatisfechas o también urgentes (viviendas, caminos, hospitales, escuelas, redes de saneamiento, etc.). Para esas obras públicas hay obviamente mayor predisposición de la Nación para colaborar con las provincias.

4. No cabe esperar que haya inversiones de origen externo ni del ámbito privado en las obras necesarias. No son obras para producir retornos económicos directos (como por ejemplo la generación de energía) que pudieren atraer a inversionistas. Sus beneficios residen mayormente en los daños evitados y en brindar seguridad y protección a la población y la propiedad privada, abriendo nuevas áreas de desarrollo urbano y periurbano al abrigo de problemas de inundaciones. Las posibilidades de financiamiento internacional estarán muy supeditadas a la evolución de la economía argentina, lo que hoy por hoy es muy incierta.

5. La falta de planificación sobre las obras necesarias, de su secuencia ejecutiva y la reserva de los espacios territoriales requeridos hace que el avance de las actividades humanas, tanto urbanas como rurales vaya ocupando esos espacios, con lo que se requerirán futuras expropiaciones muy costosas que elevarán adicionalmente el alto costo de las obras.

6. En relación con el punto anterior, los organismos responsables no tienen definiciones sobre prioridades a adoptar. Más aún, es frecuente que, cuando a veces existen Planes Directores, estos no incluyan condicionantes de orden de prioridad en la ejecución de las múltiples obras que se proponen. Un ejemplo reciente fue la ejecución, en el área del Municipio de Yerba Buena, del Colector del Bulevar 9 de Julio, el que no cumple con su función eficazmente por no ser una obra de primera prioridad dentro del conjunto de obras planteadas en ese plan.

Como conclusión prospectiva puede aseverarse que la inacción actual en la materia tiene fuertes razones para permanecer en el tiempo, lo que obviamente seguirá agudizando los problemas para la población ya que todas las consecuencias de ese estado de cosas y de actitudes gubernamentales se irán sumando e inhibiendo todo intento de afrontar los problemas dado el costo en espiral ascendente que significará.

En la medida que el país y la provincia no vuelvan a un estado de crecimiento económico sostenido la expectativa de salir de este estado de situación se hace más improbable. Sólo en el marco de un retorno al crecimiento con estabilidad será posible abrigar esperanzas. Si se añade la incompetencia actual del Estado tucumano y la falta de capacidad estratégica de la clase política y gobernante, la improbabilidad pasa a un plano de utopía.

Lamentablemente es necesario plantear esta visión negativa pero realista para no sembrar falsas expectativas. El ciudadano común, no conocedor de la naturaleza compleja de los fenómenos que padece, sólo atina a plantear requerimientos y exigencias de soluciones urgentes pero recibe del gobernante respuestas dilatorias, falsas promesas y todo tipo de gambeta dialéctica. Quienes pretenden acceder al poder tampoco tienen mejores actitudes.

¿Hay entonces posibilidades de hacer algo a la espera de ese horizonte? Hay algunas acciones que apuntan, al menos, a mantener los costos de las obras sin incremento en el tiempo provocado por la trabazón creciente expuesta por el avance urbano y la ocupación del territorio. Ya que no se construirán las obras necesarias, al menos debe evitarse que su costo se incremente hasta niveles que las hagan totalmente inviables para siempre. La idea comprende los siguientes pasos:

A. Formular un plan básico tentativo de obras de desagüe pluvial basado en los planes parciales ya formulados en el pasado (aunque requieran actualizaciones), en las obras ya existentes y en las que se cuente con proyectos pero aún no ejecutadas.

B. Elaborar Planes Directores de manejo de aguas pluviales y control de inundaciones en las jurisdicciones que no cuenten aún con ellos.

C. Elaborar los proyectos de ingeniería de las obras surgidas de los planes directores como prioritarias a un nivel mínimo de anteproyecto, a fin de definir los espacios necesarios para las reservas de espacio.

D. Establecer un orden tentativo de prioridades de ejecución, que obedezca a razones fundadas en la lógica de los fenómenos de precipitaciones-escurrimientos.

E. Definir los espacios públicos y privados sobre los que se deberá establecer una reserva de uso, impidiendo la ocupación por otras obras de infraestructura y por emprendimientos privados. Sobre los espacios públicos los organismos municipales deberán administrarlo asignando los espacios para otras redes de servicios y usos. Sobre los espacios privados deberá declararse de utilidad pública y sujetos a expropiación, más el establecimiento de restricciones al dominio, dando el sustento legal correspondiente. Dado que el conjunto de obras necesarias tomará varias décadas en concretarse, la reserva de espacios a largo plazo seguramente requerirá un plan plurianual aprobado en la Legislatura que habilite las restricciones al dominio. Aun así, el panorama es todavía complejo, dado que hay amplias zonas del Área Metropolitana donde estas medidas propuestas llegarían tarde, por el grado de consolidación de la trama urbana con sus redes de infraestructura ya existentes.

F. Elaborar un Mapa de Áreas Inundables por causas pluviales y fluviales sobre las que se podrá establecer restricciones al dominio, prevenciones y/o requerimientos de edificación obligatorios tanto para la edificación pública como privada. Se deberá extender a zonas rurales circundantes de probable expansión urbana. En esta etapa se deberán determinar las zonas que deberán ser evacuadas y relocalizadas por su vulnerabilidad y alto riesgo, no afrontable mediante obras de protección.

G. Elaborar un Código de Edificación que establezca exigencias que apunten a dar mayor seguridad a los espacios a edificar, de modo que se reduzcan o minimicen los daños de las inundaciones.

Se muestra a continuación un listado adicional no exhaustivo de acciones imprescindibles a incluir, que no implican inversiones en obras y por tanto de baja carga presupuestaria. Son factibles de realizar en los próximos años y que contribuirán no sólo a mitigar en algún grado los problemas de inundaciones sino también a evitar la espiralización creciente a futuro de los problemas hasta ahora acumulados.

Se muestra a continuación un listado adicional no exhaustivo de acciones imprescindibles a incluir, que no implican inversiones en obras y por tanto de baja carga presupuestaria. Son factibles de realizar en los próximos años y que contribuirán no sólo a mitigar en algún grado los problemas de inundaciones sino también a evitar la espiralización creciente a futuro de los problemas hasta ahora acumulados.

* Detección de líneas de concentración de escurrimientos de agua en ámbitos urbanos (calles) y periurbanos.
* Determinación de zonas ribereñas urbanas y periurbanas.
* Determinación de áreas de evacuación y relocalización de población (casos de asentamientos en zonas de alto riesgo).
* Establecimiento de zonas de restricción total de construcción, salvo que incluyan las necesarias obras de evacuación pluvial sin transferir problemas a otras zonas.
* Evaluación de riesgo hidráulico de obras de infraestructura (puentes). Exigencia a organismos prestadores de servicios la formulación de planes de contingencia.
* Realización de inventario de estado de conservación de obras y necesidades perentorias de mantenimiento preventivo.
* Fijación de niveles topográficos mínimos de implantación de las construcciones nuevas.
* Fijación de normas de diseño de instalaciones y redes pluviales en urbanizaciones y grandes emprendimientos. Revisión y/o introducción de principios de manejo de aguas pluviales en códigos de planeamiento urbano municipal vigentes o a elaborar.
* Elaboración de plexo normativo de soporte a las restricciones y reglamentaciones y su tratamiento a nivel legislativo.
* Conformación de departamentos específicos en municipios para encargarse de operación y mantenimiento de obras pluviales de su jurisdicción y de aplicación de normativas.

Probablemente estas recomendaciones «de mínima», cuyo costo es ínfimo comparado con las inversiones en las obras necesarias, pero que requieren una firme decisión política y una reorganización de estructuras del Estado en esa dirección, sean también algo ilusorias en el estado actual de cosas al que ha llegado la provincia, con un Estado totalmente ineficaz, con gobernantes y clase política sin visión de futuro, atenta solo a motivaciones de preservación de poder, administrando la pobreza general con esa lógica de corto alcance.

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Quedó expuesta la ineficacia tanto de la Provincia como de la Nación, incapaces de coordinarse para afrontar problemas graves e imperiosos, subsumidos en argumentos burocráticos, sin capacidad organizativa ni vocación política de resolver los problemas. Apenas organizar la reconstrucción, pero no resolver los problemas en definitiva.

Artículo que trata la situación de la problemática de Lamadrid y el sur de Tucumán a siete meses del episodio más grave y complejo que hubo en muchas décadas. Destaca la incapacidad de los poderes públicos y las instituciones provinciales y nacionales para afrontar los problemas graves de las inundaciones.

Propone un plan de obras y acciones concretas de corto y mediano plazo, prioritarias a su juicio, tanto para proteger a Lamadrid como para evitar la seria alteración de la dinámica del río Marapa que agrava progresivamente a esa localidad así como al embalse de Río Hondo y el abanico aluvial que lo rodea . Otras acciones a nivel de las cuencas, en especial la del río San Francisco, vinculadas a usos de los suelos para agricultura, las considera necesarias pero, por su complejidad, augura que demorarán décadas en desarrollarse, implementarse y producir los resultados pretendidos (control de la erosión de los suelos y los escurrimientos de aguas pluviales).

Descargar archivo pdf: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2017/12/INUNDACIONES-EN-LAMADRID-SOLUCIONES.pdf

La entrada Inundaciones de Lamadrid (Tucumán, Argentina) – Hacia soluciones concretas, sin dilaciones se publicó primero en Problemas del agua.

La población tiene una percepción de que su drama se origina exclusivamente en las descargas del dique de embalse de Escaba, sobre el río Marapa. Si bien lo ocurrido en 1992, 2000 y 2015 tiene alguna componente cuestionable de operación de las compuertas de descarga de esa obra, lo ocurrido en 2017 fue diferente, ya que se trató de la suma de dos circunstancias extraordinarias: una de ellas manejada adecuadamente (el embalse) y otra inmanejable, producto de la acción indebida de productores agrícolas: la irrupción del río San Francisco como actor nuevo y peligroso para el futuro.

A pocos días del episodio, se conformó una “Comisión de Emergencia para el tratamiento de la problemática de inundaciones en el sur de la provincia de Tucumán, este de Catamarca y Río Hondo” para tratar y evaluar el problema y las acciones necesarias para el futuro. A ella fueron convocados los organismos con jurisdicción en temas hídricos y viales, nacionales y provinciales, diversas Secretarías de Estado de la provincia, Unidad Plan Belgrano, tres facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, Ejército Argentino y ORSEP (Organismo Regional de Seguridad de Presas).

Luego de cinco sesiones de análisis de la temática, en las que diversos especialistas efectuaron sus aportes conceptuales y propuestas de acción, la Comisión emitió un Informe de Síntesis que fue presentado a distintos niveles de gobierno. El mencionado informe y sus anexos pueden accederse a través del enlace que se indica.

Luego de finalizada la labor de la Comisión, el 12/junio/2017, la Secretaría de Estado Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en la persona de su titular, el Dr. Sisto B. Terán Nougués, me invitó a emitir opinión sobre el problema. El tema lo tenía bajo estudio desde el mismo día 2 de abril en que se produjeron los hechos. El día 21 de junio presenté mi «informe de opinión», el cual puede accederse en el enlace abajo indicado.

Espero que la naturaleza compleja del problema y las acciones necesarias para afrontarlo sean entendidas por las autoridades responsables y se instrumenten los pasos sugeridos en esa dirección. No hay lugar ya para improvisaciones.

Ing. Franklin J. Adler

Junio de 2017

Foto de portada: Lamadrid inundada el 04/04/2017. Vista hacia el SW.(Cortesía de Ing. David Aguirre)

Acceso al Informe de Síntesis de la Comisión de Emergencia (web de la Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán):  http://www.recursoshidricos.gov.ar/webdrh/_docs/CIST-Informe%20Completo.pdf

Acceso a Informe de Opinión de Ing. F. Adler: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-F.ADLER-COMISION-EMERGENCIA-INUNDACIONES-2017.pdf

La entrada Inundaciones de Lamadrid (Tucumán, Argentina) Abril de 2017 se publicó primero en Problemas del agua.

La alta densidad demográfica y de ocupación del territorio fue traduciéndose en una fuerte afectación de las áreas urbanizadas y productivas por causa de los «excesos del agua», en períodos de lluvias intensas y crecidas de los ríos (período diciembre a marzo).

La falta de previsión en materia de obras públicas y de normativa para acompañar el crecimiento y ocupación del espacio territorial a lo largo de dilatadas décadas resulta actualmente en situaciones críticas de difícil reversión, ante la situación económica que restringe fuertemente la disponibilidad de fuentes de financiamiento con el ritmo requerido para la gravedad del caso.

En el artículo el autor expone algunas consideraciones realistas que deben ser asumidas por quienes tienen la responsabilidad de gobierno, pero también por parte de la sociedad, ávida de soluciones que vendrán, en el mejor de los casos, sumamente lentas para la ansiedad social actual.

Descargar artículo en pdf: INUNDACIONES EN TUCUMÁN – REALIDAD ACTUAL Y QUÉ ES DABLE ESPERAR

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La entrada Inundaciones en Tucumán – Realidad actual y que es dable esperar se publicó primero en Problemas del agua.

El Canal de Desagüe Sur es una obra clave que protege a la ciudad capital de la provincia de Tucumán de los aluviones de agua que vienen del norte y el oeste, desde los departamentos de Tafí Viejo y Yerba Buena, que conforman el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán. Pero desde hace algunos años constituye un serio peligro metido en el corazón de esa urbe y se ha transformado en un factor atemorizante para la población que vive en sus cercanías y la que transita entre la capital y Yerba Buena.

En 1935 se construyó el Canal Norte para interceptar al arroyo Tafí, que provocaba graves devastaciones en barrios del norte de la ciudad. Restaba proteger el flanco oeste, para lo cual se construyó el Canal Sur, terminado en 1976. Éste recibe otros canales importantes como el Cainzo-Las Piedras y el Yerba Buena, que colectan cursos torrenciales que bajan de la Sierra, desviándolos hacia el río Salí, a un punto de descarga ubicado al sureste de la ciudad (figura 1).

Figura 1 – Sistema general de desagües existentes en el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, al oeste del río Salí.

Cuando fue concebido y diseñado en la década de los 60 por la Sociedad Argentina Ingeniero Decio Costanzi, el territorio al oeste del ejido capitalino era apenas urbanizado en Yerba Buena, y el suelo estaba cubierto por cultivos de caña de azúcar y montes cítricos. Asimismo, los datos de lluvias intensas necesarios para el diseño abarcaban un período de tiempo escaso, no suficientemente confiable.

En los cuarenta años transcurridos desde su habilitación, el desarrollo urbano hacia el oeste-noroeste y el régimen de lluvias intensas sumaron caudales mucho más importantes que los empleados para dimensionar la obra, por lo que se produjeron numerosos episodios de desbordes. Además de ello, se pusieron en evidencia errores de diseño, defectos constructivos y deficiencias en el mantenimiento. Todo ello fue produciendo serios deterioros y roturas que no fueron conjurados a tiempo y por lo tanto hubo un efecto dominó que llevó al estado actual de un grado de destrucción superlativo, con desaparición de tramos enteros de revestimientos de hormigón, socavación de fondo e ingreso de abundante cantidad de sedimentos venidos desde los torrentes de la montaña (foto 1).

Foto 1 – Canal Sur a 100 m al sur de Av. Mate de Luna/Aconquija, ingreso principal a Yerba Buena. Destrucción en crecida del 07/marzo/2015.

Un hecho de alta significación respecto de esta obra es que, a raíz de su estado actual de deterioro e incapacidad de conducir caudales, constituye un río descontrolado que atraviesa la ciudad, rodeado de áreas urbanizadas, habitadas y transitadas. El riesgo se agranda verano a verano por el incremento irrefrenable de la urbanización de la cuenca y la falta de acciones de fondo para asegurar la obra.

Luego del verano 2015, en el que se produjeron fuertes roturas adicionales en el revestimiento de la obra, se encararon trabajos que apenas protegerán la obra por escaso tiempo; se invirtieron montos de dinero importantes aunque irrelevantes frente al total necesario para la reconstrucción total. Los resultados serán previsiblemente muy magros, y más vale reflexionar seriamente sobre ello.

La envergadura de la destrucción, los riesgos en juego y la necesidad de obrar con sentido estratégico obliga a evaluar cuáles serían los pasos más lógicos y convenientes para esta obra (foto 2).

Foto 2 – Canal Sur agua abajo del cruce con Ruta Provincial 301 (Av. Roca). Destrucción generalizada de revestimiento de hormigón.

En primer lugar, debe quedar en claro que carece de sentido reconstruir la obra para restituirla a su situación original, es decir con las mismas dimensiones y tipo de revestimiento protector de hormigón. Las dimensiones quedaron insuficientes, como ya se dijo, para conducir caudales de la cuenca de aporte modificada por las urbanizaciones. Los revestimientos de hormigón originales mostraron ya su labilidad y su propensión a ser destruidos por la dinámica de la corriente de agua.

Sólo se justificaría desembolsar partidas presupuestarias para reconstruir las numerosas barandas y parapetos destruidos, para evitar la caída de personas o vehículos hacia adentro del canal.

En segundo lugar, debería abrirse un período de al menos un año para la ejecución de un estudio a fondo sobre las reformas necesarias para transformar esta obra de protección contra inundaciones en algo seguro y confiable. Ello incluye detectar los puntos de mayor riesgo donde se pudiere disparar algún proceso de rotura en cadena y desbordes que pongan en riesgo a la población y obras de infraestructura valiosa.

De la etapa inicial surgirán los sitios que requieren reparaciones de emergencia y los proyectos de obras de ingeniería necesarias con un orden racional de ejecución, no el orden dictado por la conveniencia o capricho de políticos, gobernadores o intendentes. Pero paralelamente se deberán establecer principios de ordenamiento territorial, normas de uso del suelo y reservas de espacio para las obras, para evitar que el avance imparable de la urbanización, con sus hechos consumados, inhiba toda acción subsiguiente y condene aún más a la ciudad y sus habitantes a un destino de inseguridad y destrucción. En esto la Legislatura Provincial tiene una gran responsabilidad de
facilitar el camino.

El estudio que debe encararse abarca no solamente el Canal Sur sino todo el conjunto de desagües que evacúan las aguas pluviales del Área Metropolitana al oeste del río Salí (Capital, Las Talitas, Tafí Viejo, Cebil Redondo, Yerba Buena, San Pablo y El Manantial). Los colapsos y la destrucción abarca también el sistema del Canal Norte alimentado por las cuencas torrenciales que vienen de Tafí Viejo y Cebil Redondo. El Canal Yerba Buena, cuerpo receptor de aguas del municipio homónimo, también requiere urgente revisión antes de la reconstrucción (Foto 3).

Foto 3 – Canal Yerba Buena, frente al country Las Yungas. Destrucción del revestimiento en el verano de 2001

Disponiendo de un plan racional y ordenado, se podrá encarar la búsqueda de financiamiento de las obras y acciones necesarias. No improvisando, como fue el estilo desde hace treinta años.

Lamentablemente, se ha llegado a la situación actual como producto acumulado de defectos de planificación, imprevisión de crecimiento urbano, expansión sin control ni normas, desidia de organismos responsables, pero, por sobre todas las causas mencionadas, como producto de la mediocridad a la que condena el subdesarrollo y que atraviesa a la sociedad en su conjunto. Tucumán es, inevitablemente, una provincia subdesarrollada con ataduras propias que no pueden ser superadas por sus clases dirigentes ni por los sectores presuntamente dinámicos de la sociedad. Lo peor es que ni siquiera se lo proponen. Pero eso es tema de la sociología.

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Argumentos tales como «las lluvias fueron extraordinarias», «los responsables son los emprendedores inmobiliarios», «La cuestión no es hidráulica ni de falta de obras solamente-debe priorizarse la cuestión social», «Son necesarios sistemas de alerta temprana», «Se deben priorizar medidas no estructurales» y «Por más que se construyan las obras no se resolverán los problemas», son analizados con elementos objetivos y criterio realista mostrando que aquellos no conducen a la solución eficaz de los problemas de inundaciones, constituyendo argumentos a veces escapistas, frecuentemente irreales y otras producto de una resignación intencional para no afrontar los graves problemas.

Descargar Inundaciones La Plata y Buenos Aires en abril 2013

La entrada Inundaciones en La Plata y Buenos Aires en abril de 2013 se publicó primero en Problemas del agua.

Hace algunas décadas los torrentes de agua que bajaban de la Sierra de San Javier solían frenarse en la espesura del bosque de los conos aluviales del pedemonte, dejando su carga de piedras entre los matorrales y árboles, continuando como agua laminar más mansa por los campos y caminos vecinales.

Los avances de la agricultura hacia el Oeste, hacia el pedemonte de la Sierra, han transformado el paisaje desde Tafí Viejo hasta San Pablo y más al sur aun. Pero en ese ámbito han creado riesgos que antes no existían o eran insignificantes.

Las plantaciones de caña de azúcar ocuparon la geografía entre el área urbana y el pie de la Sierra de San Javier hasta los años setenta, tiempo en que comenzó el proceso de cambio de ese cultivo hacia el de citrus. Es conocido el efecto conservador o “protector” que la caña de azúcar brinda al suelo, por su densidad de follaje en época de las lluvias intensas y por los surcos que frenan los escurrimientos. Los montes de cítricos, en cambio, son implantados “desnudando” con herbicidas el suelo bajo los árboles y entre las filas manteniendo el pasto muy bajo. Todo ello implica que a igualdad de agua caída, en una plantación de limones escurre hasta el triple del agua que sale de un caña-
veral.

Pero algo también extremadamente grave ha ocurrido acompañando al cambio en el tipo de cultivo. La citricultura ha extendido la frontera hacia el oeste, ocupando el pedemonte más allá de donde alcanzaba la caña de azúcar, desmontando los conos aluviales y, en algunos casos, penetrando casi hasta el interior de las quebradas por donde bajan los torrentes, un espacio de fuertes pendientes y caprichosos cauces de agua, donde la ley prohíbe cultivar. La consecuencia de ello es que los aluviones de agua, barro y piedras que bajan de la Sierra en ocasión de las grandes tormentas de verano ya no encuentran el freno del bosque natural, irrumpen en las plantaciones y encuentran terreno libre para escurrir y llegar mucho más lejos hacia agua abajo, hacia el Este, donde vive mucha gente (ver fotos 1 y 2).

Foto 1 – Irrupción de aluvión con barro y piedras en plantaciones de citrus y paltos de La Rinconada

Foto 2 – Irrupción de aluvión con barro y piedras en plantaciones de paltos de La Rinconada

Los citricultores, para salvarse de las consecuencias de lo que ellos mismos provocaron, buscan encauzar los torrentes por cauces que les forman según sus conveniencias, enviando las aguas preferentemente hacia caminos vecinales, la mayoría de los cuales van hacia el Este.

Foto 3 – El agua de los torrentes sale de las plantaciones, después de devastarlas, hacia el camino o calle de Cristo Rey, que cruza la Av. Solano Vera y se dirige hacia la población de El Manantial

Por si lo descrito fuera poco, se ha sumado la actividad de extracción de áridos como factor agravante del problema. En el pedemonte de la Sierra abundan las fuentes de gravas y arenas por haber sido desde hace miles de años el freno de los torrentes ya descrito. Ante la fuerte demanda de áridos para la construcción provocada por el aumento de las obras públicas, las empresas constructoras echan mano a toda fuente disponible sin importar el impacto ambiental que producen. Se inicia con extracción furtiva autorizada sólo por los propietarios de las fincas hasta que las denuncias provocan que la Dirección de Minería actúe como autoridad de aplicación de la normativa vigente y
clausure las canteras. Los socavones de extracción de áridos consolidan cauces para los torrentes y activan enormes volúmenes de material sólido que viajan hacia el este ocluyendo la red natural y artificial de drenaje de la zona.

Por último, hay plantaciones de cítricos que han borrado canales de desagüe construidos cuando eran cañaverales. El agua, en mayor cantidad que en la entonces, corre desordenadamente e irrumpe en ámbitos impensados, provocando serios daños.

El panorama descrito se patentiza en el área de la Rinconada y San Pablo. Allí, por las causas expuestas, hay torrentes que bajan de la Sierra que continúan por los caminos vecinales, llenan de ripio los zanjones y cunetas de las calles, invaden fincas agrícolas y establecimientos de diversa índole, destruyen obras camineras y llegan finalmente hacia las zonas de El Manantial y Ohuanta, produciendo inundaciones urbanas. Serios episodios se han producido en los veranos de 2000 y 2001 y también en el 2007.

Desde diversos ángulos se clama por la deforestación de la Sierra de San Javier. En realidad ese proceso sólo se da en el pedemonte, hasta una altitud de 600 msnm aproximadamente. En la ladera del cerro tal deforestación es mínima e irrelevante. Pero los daños que se están produciendo a la vista de organismos de gobierno que se ven impotentes para controlar la expansión “salvaje” de la agricultura y de countries pedemontanos configuran el inicio de un drama ambiental preanunciado.

La transformación, ya en curso, de grandes extensiones de montes de cítricos de La Rinconada en urbanizaciones tipo “country” preanuncia un impacto ambiental de una magnitud inimaginable, imposibles de revertir si no se actúa desde ya con la imposición de criterios racionales en el uso del suelo y manejo de las aguas pluviales, atributo excluyente del Estado.

¿Quién paga los costos del “dejar hacer”?. En primer lugar los agricultores y habitantes de más abajo, La Rinconada, San Pablo, El Manantial y Ohuanta. Ellos reciben todos los impactos y sufren las pérdidas. Luego, el Estado (es decir todos) paga cuando debe
asistir a los inundados, reconstruir caminos, puentes y alcantarillas y pagará cuando deba construir obras gigantescas para dar solución definitiva a un problema que habrá alcanzado magnitudes descomunales, ante la irreversibilidad del mal uso del suelo.

El Estado provincial debe definir el camino a seguir. Deberá optar entre continuar con el “dejar hacer”, agravando todos los problemas hasta el paroxismo o actuar firmemente procurando la sujeción de quienes ocupan y usan el suelo pedemontano a normas de preservación ambiental claras e inapelables, cuya violación implique fuertes castigos. La construcción del country San Pablo significó un proceso de gestión irregular ya que se inició su construcción sin contar con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que prescribe la ley provincial 6253 de Medio Ambiente, es decir prácticamente constituyó un hecho consumado, a pesar de los reclamos y presentaciones realizadas en vano por habitantes de la zona, que vieron como las obras del country ocluyeron las vías naturales de salida de las aguas torrenciales (zanjón Polonio).

Ante los hechos consumados e irreversibles, se presenta como posible salida de las aguas de la zona un canal que capte las aguas del torrente que baja de la Sierra y las conduzca hacia el zanjón Polonio, al este de la Av. Solano Vera o hacia el futuro canal La Rinconada, que desviará al canal Yerba Buena hacia el Arroyo El Manantial (ver «¿Qué hacer con el Canal Sur?» en este mismo blog). Desde el punto de vista ambiental, lo más lógico sería acompañar con una reforestación del piedemonte en los ápices de los conos aluvionales, pero ello constituye una utopía en la realidad actual de la provincia y el país.

La entrada La Rinconada y San Pablo (Tucumán, Argentina): grave situación ambiental se publicó primero en Problemas del agua.

Cuando se habla de los problemas de inundaciones que ocurren en gran parte de la provincia de Tucumán (en realidad también de muchas otras regiones de la Argentina), tanto en áreas urbanas como rurales, muchos las imputan al controvertido tema del cambio climático. A ese enfoque adhieren fervientemente organizaciones ambientalistas en búsqueda de “nobles causas” por las cuales luchar, diversos científicos interesados en obtener fondos disponibles para sus programas de investigación, algunos medios de comunicación ansiosos de “estar en la onda” y, en general, gente ansiosa por recitar libretos de moda.

No es propósito de este trabajo discutir la incidencia de un cambio climático en las inundaciones que se registran en la provincia, en la región o en el país. Este autor ya manifestó en otros trabajos que hasta el momento no existe información fehaciente que el clima (al menos las lluvias) muestre alguna tendencia sostenida que explique los problemas de inundaciones ocurridos en las últimas décadas. Más aún, recientemente hemos soportado alternancias de sequías importantes con importantes episodios de inundaciones que hicieron temblar (no mucho) a gobernantes y enfurecer a la población afectada.

Es bastante sabido que cuando cae la lluvia sobre un territorio en estado natural, la cantidad de agua que se absorbe en el suelo, se evapora hacia el aire o escurre sobre la superficie depende de la cantidad de vegetación, del tipo de suelo (más o menos permeable) y de la pendiente o inclinación del terreno. Cuando la actividad humana altera lo natural, deforestando, cultivando o edificando, se produce incremento de la parte que escurre y se va acumulando en su camino hacia zonas más bajas. Cuando ello adquiere suficiente envergadura se producen las inundaciones, las que pueden ser en campos cultivados o en zonas urbanizadas. Cuando las aguas acumuladas llegan a los arroyos y luego a los ríos se generan las crecidas que elevan los niveles del agua y pueden provocar desbordes y erosión de márgenes y fondo, afectando a poblaciones e instalaciones ribereñas y obras de infraestructura como puentes, ductos diversos, etc.

El crecimiento demográfico producido en los territorios donde hay población desde la época de la colonización de la Argentina, se vio fuertemente incrementado en el siglo XX, por el desarrollo agrícola y ganadero que significó la inserción de la Argentina en la economía mundial y por los procesos de migración campo-ciudad que provocaron enormes expansiones urbanas. Hoy, la población urbana es alrededor del 90% de la población total del país.

Como es ya conocido, en la gran mayoría de las ciudades argentinas su crecimiento ha sido caótico, sin planificación ni respeto a reglas básicas de urbanización, aun cuando existieran. Según los niveles socioeconómicos, diversos fueron los aportes a ese desorden. Los niveles más bajos produjeron urbanizaciones espontáneas, usualmente basadas en la usurpación de tierras de bajo valor por su situación de vulnerabilidad, como riberas de ríos, zonas de vías férreas y caminos, terrenos deprimidos, tierras fiscales, etc. En los más altos, la agresividad de los negocios inmobiliarios creó formas nuevas de irracionalidad urbana, como los countries y barrios cerrados, ajenos a todo interés por un desarrollo racional, al amparo de lábiles legislaciones y venalidad o desinterés de políticos y gobernantes. En zonas con bellezas naturales o de valor turístico, se ocuparon espacios fluviales irresponsablemente. En el medio, la política de viviendas del Estado, motorizada por los “institutos provinciales de la vivienda” contribuyó con la falta total de planificación del crecimiento, la elección de espacios de bajo costo y situación desfavorable y la omisión total de infraestructura troncal de drenaje pluvial. Los municipios y estados provinciales tampoco se ocuparon en crear infraestructura de evacuación pluvial que facilitara el manejo de los crecientes caudales que la urbanización generaba. Apenas si impusieron el trazado de las expansiones. En particular durante este siglo, la preocupación del Estado fue “dar vivienda”, sin importar la calidad del hábitat ni las condiciones ambientales.

Así, el acompañamiento del crecimiento urbano con obras de infraestructura de evacuación pluvial en la Argentina fue escaso a nulo. Contribuyeron a ello las altas inversiones necesarias y la baja “rentabilidad política” de obras que “no se ven”. El crecimiento de los problemas de inundaciones es, en general, progresivo, y la población misma no suele tomar conciencia de ello hasta no sufrirlos de modo impactante. En La Plata, en ocasión de la elaboración de un presupuesto participativo con la opinión de la población (se encuestó nada menos que a 51000 vecinos) antes de las trágicas inundaciones de abril de 2013, nadie propuso asignar partidas a obras hidráulicas (Diario Perfil, 7 de abril de 2013). El costo fue luego más de cincuenta muertos, 58.582 propiedades afectadas (el 25 por ciento del acervo inmobiliario del partido), 135.037 habitantes en situación crítica y otros 210.463 afectados indirectamente por pérdida de bienes como rodados, inmuebles, afectación de su lugar de trabajo y comercio.

Es así entonces que, como dijo Antonio E. Brailovsky (diario La Nación 03-04-2013), se trata de una “lenta construcción social de un desastre”. Las inundaciones son mayormente el resultado de esa construcción cultural de una sociedad carente de sentido de la previsión, caracterizada por la desorganización y la anomia. Los extremos climáticos más allá de los registros históricos rara vez son los responsables. Simplemente, la sociedad se vuelve inexorablemente vulnerable y en algún momento llega la eclosión de los problemas acumulados lentamente.

El caso Yerba Buena, Tucumán

La provincia de Tucumán no escapa a la caracterización realizada en lo hasta aquí expuesto. Más bien es un ejemplo elocuente de todo ello.

En su columna “Esperando la tormenta” del diario La Gaceta (Tucumán) del 17/10/2015, el periodista Roberto Delgado expone sobre el desordenado crecimiento de las urbanizaciones en Yerba Buena, en el piedemonte de la Sierra de San Javier y su grave impacto sobre las inundaciones en ese municipio, que se trasladan también hacia el ámbito capitalino al colapsar el Canal Sur, obra destinada originalmente a crear un cinturón protector de la gran ciudad. Señala el trabajo sobre la gran cantidad de emprendimientos privados bajo los formatos de barrios cerrados y countries, productos de una imparable carrera lanzada por inversores inmobiliarios. El área más buscada para las urbanizaciones es el piedemonte, desde Tafí Viejo al norte hasta San Pablo al sur.

Sin tomar en cuenta las razones que sustentan la fiebre de los barrios cerrados (nada que ver con la hidráulica, como es de imaginar), es fácil avizorar progresivas complicaciones en materia de evacuación de las aguas pluviales de las zonas urbanas, las que aumentan drásticamente por impermeabilización de los suelos y por aumento de la velocidad de concentración y circulación por las calles que se abren y pavimentan. Los cuerpos receptores finales: Canales Cainzo-Las Piedras, Yerba Buena y Sur han sido desbordados en forma repetida en este siglo y resultaron destruidos por las correntadas y por errores de concepción, construcción y falta de mantenimiento.

Existe en Yerba Buena un Código de Ordenamiento Urbano desde 1994 (Ordenanza 613/94). En él se establecieron tres zonas: roja, amarilla y verde (teoría del semáforo), en las cuales se regulan construcciones que implican una carga ambiental según la peligrosidad. En la zona roja, el piedemonte, por su fuerte pendiente, susceptibilidad a la erosión de los suelos y la existencia de mayor cobertura vegetal, se restringe fuertemente la construcción y el uso del suelo. En el otro extremo, la zona verde, hay mayor libertad para las construcciones.

Si bien el código mencionado es oscuro y ambiguo en ciertas definiciones (además de su pésimo tipografiado y pobre redacción, lo menos grave), establece algunos principios básicos a respetar en materia de urbanización. Muy poco de ello se cumplió. Mediante diversas ordenanzas, fue objeto de ampliaciones, modificaciones y de distintos actos de excepción.

Ante diversas falencias y críticas que se realizaron al Código de Ordenamiento de 1994 (se adujo que “carecía de la unidad y coherencia necesaria”), en el año 2005 (gestión Martinez Zavalía) se planteó la elaboración de un Plan Regulador con una visión general en cuanto a la planificación. El propósito no llegó a concretarse.

En el año 2007 el intendente municipal Daniel Toledo hizo aprobar por un Concejo Deliberante, totalmente afín y obediente, la ordenanza 1600 por la que se derogó la 1374 que establecía que las urbanizaciones especiales debían ser aprobadas por el HCD. Con ello la facultad de aprobación quedó en manos exclusivas del intendente. Esto se revirtió recién en 2016, con el cambio de gobierno municipal.

La presión inmobiliaria, en búsqueda de crecimiento con la modalidad de countries y barrios cerrados para sectores sociales con niveles económicos medios a altos, sensibilizados por la creciente e imparable inseguridad, buscó urbanizar zonas agrícolas de atractiva ubicación, sin importar los riesgos para el conjunto urbano. Así se produjo la expansión hacia el piedemonte, a pesar de que el Código de 1994 lo restringía o prohibía. El auge sojero de la primera década del siglo favoreció las inversiones inmobiliarias en esas tierras con la mejor ubicación dentro del conglomerado del Gran San Miguel de Tucumán, además de los nuevos ricos que surgieron de la abundancia económica y la corrupción política de la época.

Yerba Buena es un caso singular también porque no puede afirmarse taxativamente que no hubo intento de planificación en materia de infraestructura pluvial urbana. En el año 2002, un grupo profesional externo a la Universidad Nacional de Tucumán, pero arropado por ésta, fue contratado por la Secretaría de Obras Públicas de la provincia y financiado por el Consejo Federal de Inversiones para elaborar el “Plan director para la sistematización de las quebradas del flanco oriental de la Sierra de San Javier y actualización del sistema de desagües”. En este trabajo se efectuaron estudios sobre las cuencas que descargan hacia el Este de la Sierra, en el área de Tafí Viejo, Yerba Buena y S.M. de Tucumán. Su informe final se entregó en el año 2006 y sirvió para dar pautas para el diseño de algunas obras que se proyectaron a posteriori, como el Canal La Rinconada y el Canal Tafí. En realidad, el Plan Director mencionado configuró un balance de situación después de la planificación de la consultora Decio Costanzi en la década de los 60, luego de cuarenta años transcurridos, con las obras realizadas, la nueva realidad urbana y periurbana y los serios problemas de funcionamiento ocurridos en los sistemas de desagüe pluvial, de los cuales se derivaron líneas directrices para el futuro. No trató específicamente la situación interna de Yerba Buena sino las obras protectoras y colectoras pluviales, como los canales Yerba Buena, Cainzo-Las Piedras, San José y Canal Sur.

Luego, en 2006, se llevó a cabo un Plan Director de Desagües Pluviales específico para Yerba Buena, financiado por el Ministerio de Economía de la Nación. En este plan, que decía apoyarse en las recomendaciones del elaborado por la Universidad, se plantearon diversos colectores pluviales, pero no respetó una recomendación importante cual era de no enviar más caudales pluviales al Canal Sur, ya superado reiteradamente en su capacidad de conducirlos, en diversos episodios que lo transformaron en un grave peligro urbano en ocasión de tormentas intensas. De ese plan surgieron las obras del “Colector del Bulevar 9 de Julio”, actualmente en construcción, y del colector “Solano Vera-San Luis”, recientemente licitado y en proceso de adjudicación.

Este autor formuló diversas objeciones al mencionado plan director de Yerba Buena, tanto en lo que se refería a la concepción estratégica de conjunto como al diseño ingenieril de las obras. Tales objeciones fueron elevadas a la Intendencia como al HCD pero no recibieron consideración. Sobre la base de esas objeciones se planteó que las mencionadas obras no producirían el resultado esperado, corriéndose el riesgo de ser muy elevadas inversiones con muy pobres beneficios.

El plan fue producto de la elaboración de unos pocos profesionales. Tratándose de obras estratégicas, cuyos efectos se prevén para muchas décadas y determinan el futuro urbano, debió ser de sana visión política del gobernante someter el plan y los proyectos a la opinión de otros expertos e instituciones, que podrían haber enriquecido el plan y haber detectado omisiones, debilidades o falencias, corregibles desde temprano. Nada de ello se hizo y, con gran soberbia, el intendente Toledo se embarcó en implementar las obras que le parecieron de mayor rédito político (el Colector del Bulevar 9 de Julio). El mal asesoramiento del plan, omitió indicar que era fundamental respetar un orden de ejecución para lograr los resultados perseguidos. Tal colector es uno de los últimos que se deben ejecutar, no el primero.

En conclusión

El caso de Yerba Buena, desarrollado como ejemplo, pone en evidencia la aseveración de que “las  inundaciones son una consecuencia cultural” de la incapacidad de previsión del conjunto social para afrontar el desarrollo hacia el futuro. Esta ciudad, habitada por sectores sociales sumamente diferenciados en lo económico, muestra, a pesar de contar con una parte importante de población con alto nivel de ingreso y educativo, una histórica indiferencia hacia el espacio común y hacia la conformación de una ciudad basada en principios originales de cercanía a la vida integrada a la naturaleza. Su crecimiento caótico y anómico, sustentado en el principio de la voracidad inmobiliaria, fue el resultado lógico de tal indiferencia, sumada a los intereses políticos totalmente miopes y mezquinos. El espacio urbano ya fue casi totalmente copado y cualquier introducción de pautas de racionalidad en el uso de ese espacio choca ya con inamovibles derechos adquiridos, muchos de ellos fruto de violaciones toleradas de las reglamentaciones urbanas. La mediocridad de la clase política local, más ocupada en manejos de muy bajo vuelo y con fines electoralistas, nunca tuvo, entendió ni se interesó en una visión estratégica de la ciudad futura.

Es posible aseverar así que Yerba Buena es una hermosa oportunidad perdida por las propias falencias de sus habitantes y sus representantes.

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