La Madrid inundada el 11/03/2026 desde el drone del diario La Gaceta de Tucumán.

El presente trabajo compuesto por dos partes puede ser descargado en formato pdf en los siguientes enlaces:

Parte 1 –INUNDACIONES LA MADRID 2026 – DEFENSAS HIDRÁULICAS-TRASLADO-PARTE 1

Parte 2 –INUNDACIONES LA MADRID 2026 – DEFENSAS HIDRÁULICAS-TRASLADO-PARTE 2

PARTE 1 – BREVE HISTORIAL – SITUACIÓN HASTA MARZO DE 2026

“La Madrid no debió fundarse donde está” (Gobernador de Tucumán dixit – marzo de 2026)

La recurrencia de las inundaciones catastróficas en la localidad de La Madrid, genera periódicamente fuerte stress en su población por las pérdidas patrimoniales y daños a bienes y propiedades privadas y públicas, sumados a la permanente inseguridad frente a hechos de la naturaleza. Si bien la Defensa Civil ha estado siempre presente, las demandas de seguridad hídrica de la población no se han visto satisfechas con obras concretas a lo largo de más de tres décadas.

ALGUNOS HECHOS Y CONCEPTOS A TENER EN CONSIDERACIÓN.

• La Madrid nació años después de 1876 en que llegó a Tucumán la expansión del Ferrocarril Central Norte Argentino. sin planificación ni fecha oficial de fundación. El trazado de las líneas férreas generó un proceso de urbanización espontáneo. Nadie impidió ni preavisó a quienes se iban asentando allí que era un lugar inconveniente y de riesgo.
• En aquel entonces el territorio provincial estaba poco desarrollado tanto en establecimientos agrícolas, como en red caminera y en pueblos y ciudades. Gran parte del territorio al oeste del pueblo estaba cubierto por monte natural.
• La Madrid se ubica en una zona deprimida de la geografía tucumana, que recibe importantes caudales (principalmente del río Marapa, el arroyo El Chileno y escurrimientos pluviales de los campos al oeste). Los terraplenes de la Ruta Nacional 157 y del ferrocarril obstaculizan en cierto grado el flujo libre hacia el este creando en la zona un efecto “de batea” en los eventos de grandes lluvias y crecidas.
• El río Marapa, antes de su paso por La Madrid, recibe los aportes de diversos afluentes: el río San Ignacio, los arroyos La Posta y El Sueño y el río San Francisco (últimamente e indebidamente, como se verá). (ver Figura 1).
• El dique de Escaba recién entró en operaciones en el año 1948. Su funcionamiento y manejo de las crecidas solo se da sobre las del río Marapa. Es decir: no brinda protección total contra crecidas provenientes de toda la cuenca.
• Inundaciones en La Madrid ocurrieron antes de 1992, en que fue un primer episodio de gran magnitud que produjo un perdurable impacto en la memoria histórica de la sociedad actual

          1940s: desbordes violentos antes de Escaba.
          1950s–1960s: anegamientos recurrentes en el casco urbano.
          1970s: evacuaciones por crecidas prolongadas.
          1980s: episodios graves en 1984 y 1987.

• Entre 1948 y 1992 Escaba produjo supuestamente beneficios de atenuación de inundaciones, imposibles de cuantificar al no existir registros que lo permitan.
• En la década de los 60s entró en funcionamiento el dique de embalse de Río Hondo, alimentado por el río Salí, gran colector de todos los ríos de la red hidrográfica de la provincia de Tucumán. Además, ingresan directamente al embalse los ríos del sur de Tucumán Gastona, Chico y Marapa. Se presume que Río Hondo tiene alguna influencia en la ocurrencia de inundaciones de La Madrid, lo cual se explica más adelante.
• A partir de 1992, año de la primera gran inundación catastrófica, se produjeron otras de gran magnitud en 2000, 2017 y 2026. Entre 2000 y 2005, hubo inundaciones, pero fueron de menor escala y más localizadas, sin llegar a la magnitud de las grandes crecidas históricas.

FIGURA 1.- Mapa de las cuencas hidrológicas del río Marapa que drenan desde el Oeste y Sur hacia el embalse de Río Hondo. (Fuente: Informe Técnico de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica de la Legislatura de Tucumán)

LA INUNDACIÓN DE FEBRERO DE 1992

Esta primera inundación catastrófica se produjo, además de por causa de precipitaciones abundantes en la alta cuenca del río Marapa, por una operación inadecuada de las compuertas de descarga del dique de Escaba. En ese entonces, operado por la empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica, no se contaba con protocolos de operación ante ingresos de crecidas estivales y se actuó improvisadamente en modo erróneo. Tampoco existía el ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas), creado en los años 90, que establecería posteriormente protocolos de seguridad para la operación de los embalses.

A pesar de haber transcurrido más de 40 años de la existencia del dique de Escaba, el hecho traumático generó en muchos pobladores la convicción mítica de que todas las inundaciones eran imputables a Escaba.

LA INUNDACIÓN DE ABRIL DE 2017 FUE DETERMINADA POR UN NUEVO ESCENARIO

• Hasta el 2013 aproximadamente, el río San Francisco descargaba sus aguas de crecientes en los “Bañados de Taco Ralo”, una gran extensión llana con monte natural donde se amortiguaba, atravesaba la Ruta Nacional 157 y continuaba como un arroyo menor hasta unirse al Marapa pero lejos agua abajo de La Madrid. ES DECIR QUE SUS CRECIDAS NO AFECTABAN AL PUEBLO. (ver Figura 2).

  Figura 2.- Imagen Google Earth en la que se ilustra la zona de los Antiguos Bañados de Taco Ralo y la canalización     de desvío del río San Francisco hacia el río Marapa aguas arriba de La Madrid.

FIGURA 3 – Imagen Landsat58 TM -Tucumán del 05/05/2000 que muestra los bañados remanentes después de las crecidas del 08 de marzo de ese año. Allí descargaba el río San Francisco atenuándose sus caudales y sumándose al Marapa pero agua abajo de La Madrid. No se había ejecutado aún el desvío al Marapa (Fuente: EEAOC, Sección Sensores Remotos y SIG).

• En los períodos en que el área de los Bañados no recibía crecidas, agricultores comenzaron a desmontar y cultivar las tierras. No obstante, algunas irrupciones esporádicas de agua más la acumulación por las lluvias en esa área afectaban los cultivos.
• En el año 2013, un productor de la zona de Bañados, a fin de proteger sus cultivos, ejecutó una canalización que desvió los caudales del río San Francisco directamente hacia el cauce del Marapa, descargando agua arriba de La Madrid. Agregó, en un solo episodio, una enorme cuenca de aporte sobre La Madrid (1778 a los 2078 km2 originales, es decir 85% de incremento).
• A partir de ese entonces el río San Francisco desviado por ese canal fue erosionando y agrandándolo rápidamente hasta que se produjo la llegada de la gran crecida del 2 de abril de 2017 que lo ensanchó y profundizó enormemente, movilizando gran cantidad de sedimentos que fueron llevados hacia el cauce del Marapa, elevando el nivel de su cauce.
• Seis días después de ese episodio, irrumpió una importante crecida que vino por el río Marapa desde Escaba (por operación según protocolos) que encontró el nivel del río elevado, lo que produjo desbordes que produjeron la inundación de La Madrid.
• Lo descripto fue la causa principal de la inundación 2017 de La Madrid. Para una descripción más detallada ir al artículo “Inundaciones de La Madrid (Tucumán, Argentina) Abril de 2017”, en este blog.

LA INUNDACIÓN DEL 10 DE MARZO DE 2026

• Lo ocurrido el 10/3/2026 fue una reiteración del enorme impacto negativo que tuvo la desviación del río San Francisco hacia el Marapa entregando aguas arriba de La Madrid.
• En efecto, ocurrieron importantes lluvias en la cuenca superior del San Francisco. Los registros de lluvias en Rumi Punco, Los Altos, Manantiales, La Cañada y Bañados de Obanta los días 9 y 10 oscilaron entre 80 y 140 mm/día. Fue una concurrencia «perfecta» de caudales sobre el San Francisco, ya que crecieron fuertemente todos los afluentes (Huacra principalmente, El Abra y del Bañado). La descarga final al Marapa por el canal de desvío fue entonces la causa principal de la inundación de La Madrid.
• El aporte del Marapa desde el dique de Escaba en este evento fue comparativamente moderado (caudal máximo 350 m3/s, el que por sí solo no determina inundaciones en La Madrid. El Marapa comenzó a inundar La Madrid el día 10 llegando a su máximo el 11. La onda proveniente de Escaba llegó ese día “montándose” sobre la gran crecida aportada por el San Francisco.
  Sobre el aporte del río San Ignacio los informes disponibles no lo destacan, lo que sugiere que fue secundario o no diferenciado frente al resto de los afluentes.
• De haberse conservado la entrega histórica de caudales del San Francisco a los “Bañados de Taco Ralo”, donde se atenuaban, los caudales sobre La Madrid habrían sido sustancialmente menores y asimismo sus efectos.

OTROS FACTORES CONCURRENTES A LA VULNERABILIDAD DE LA MADRID

• El embalse de Río Hondo agua abajo de La Madrid acumula agua hasta una cota máxima 274 msnm, nivel que se alcanza hacia el final del verano y suele mantenerse en los meses del otoño. El territorio en la zona de La Madrid tiene cotas entre 288 y 291 msnm y está a unos 17 km en línea recta de la cola del embalse lleno. Es decir que desde el pueblo hasta el embalse la pendiente del territorio es muy exigua (en el orden de 0,5 m/km) y determina un escurrimiento muy lento y necesidad de niveles altos para escurrir hacia el embalse.
• La instalación de diques de embalse en territorios llanos de baja pendiente determina que la deposición de los sedimentos que transporta el río produzca una progresiva acumulación no solo dentro del embalse sino también hacia agua arriba en el cauce de llegada, elevando entonces su nivel bastantes kilómetros en esa dirección de llegada (Figura 4). Ello implica que los niveles de agua en crecida también se elevan y van produciendo más anegamientos laterales. Si ese efecto llega a La Madrid es una cuestión probable pero incierta, que debe analizarse mediante una modelación hidráulica de precisión, para lo cual se debe contar con un relevamiento topográfico también de precisión.
• El proceso de ascenso del cauce viene ocurriendo desde la década de los 60 en que se construyó el dique de Río Hondo. Además, es probable que ese fenómeno se esté dando como un lento proceso histórico en la mayoría de los ríos de Tucumán que bajan de las montañas cargados de sedimentos y al llegar a la planicie del este, por la baja pendiente y baja velocidad del agua, depositan esos sedimentos elevando progresiva y lentamente los niveles de los cauces y las aguas.

     Figura 4.- Acumulación de sedimentos en embalses de llanura. Efectos sobre el cauce del río afluente (ascenso progresivo)

• Por lo expuesto, según la velocidad del proceso de ascenso de los cauces, los problemas de las inundaciones en el este de la provincia, en la denominada “llanura deprimida” se irá agravando con mayor o menor rapidez, acorde también a la riqueza de los ciclos hidrológicos a largo plazo (si habrá más o menos agua en los ríos). Lamentablemente, ningún organismo del Estado provincial realiza un seguimiento de esos procesos en los ríos de la llanura de Tucumán.
• La presunción de la influencia del nivel máximo de operación de Río Hondo descripto llevó hace algunos años a propuestas informales de operar ese embalse a cotas menores de 274 msnm. Debe señalarse que una  determinación de esa naturaleza tiene implicancias muy serias. Bajar el nivel máximo operativo de Río Hondo significa renunciar a guardar agua para abastecer el riego y el agua para poblaciones en los meses de invierno, primavera y verano siguientes en Santiago del Estero, es decir no se podrán garantizar los abastecimientos, con el daño económico que ello significa para esa provincia.
• Finalmente, un factor también concurrente a la vulnerabilidad de La Madrid es el hecho de estar encerrada entre dos terraplenes, el de la Ruta Nacional 157 y el del ferrocarril, que configuran como una batea cuyo desagote está determinado por los niveles externos (río) y por la cantidad y dimensiones de las alcantarillas que atraviesan los terraplenes, en especial de la RN157. Sobre esto último, en todas las inundaciones catastróficas quedó en evidencia su insuficiencia, lo que obligó a la rotura del terraplén para acelerar el desagote del recinto urbano.

¿QUÉ SE HIZO PARA EVITAR O MITIGAR LAS INUNDACIONES?

Si bien la situación de La Madrid fue desfavorable y compleja desde hace más de cuatro décadas, recién después de 2017 se formularon lineamientos de acciones para mitigar las inundaciones (Comisión Especial de Emergencia Hídrica, CEEH, de la Legislatura de Tucumán en convenio con la Universidad Nacional de Tucumán. De ellas, poco se hizo hasta el 2026.

Las principales acciones propuestas y su grado de cumplimiento se exponen en la Parte 2. Fueron propuestas por la CEEH y llevadas a nivel de proyecto por la firma ITEC SAS, consultora de Colombia, contratada en el marco del programa de APOYO A LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ARGENTINA RESILIENTE ANTE RIESGOS DE DESASTRES (AR-L1286) del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

SÍNTESIS
La inundación de La Madrid del 10 de marzo de 2026 se debió a la sumatoria de caudales de crecidas de los ríos de la cuenca del San Francisco (principalmente el Huacra, y El Abra). Los caudales de Escaba se agregaron posteriormente, pero defasados cerca de un día. Ello ratifica el grave impacto que produjo el desvío del río San Francisco en su tramo final hacia el río Marapa agua arriba de La Madrid. Esa nueva situación planteada desde la crecida e inundación de abril de 2017, es un factor dominante sobre el que es necesario actuar prioritariamente para morigerar la vulnerabilidad de La Madrid.

A juicio de quién escribe, el incremento de caudales sobre La Madrid provocado por el desvío del río San Francisco a través del denominado “canal de Sánchez” (por su reconocido autor) es un factor de alta incidencia en el riesgo de inundación de esa localidad, por lo que su anulación debe ser priorizada dentro de las acciones mitigatorias.

Las restantes obras planteadas desde el informe de la CEEH, que apuntan a una defensa localizada de La Madrid deben ser retomadas, pero con un gerenciamiento ejecutivo riguroso y con algunas mejoras en la ingeniería de ellas. Ello debería implicar la configuración de una unidad ejecutiva específica de dirección y supervisión.

Los restantes factores expuestos en este trabajo implican incertidumbres sobre el futuro que requieren evaluaciones más detalladas. Por ejemplo, el grado de influencia real de los altos niveles del embalse de Río Hondo en su nivel más alto (275 msnm). Ello se presume actualmente porque tiene una lógica comprobada en casos similares, pero debe verificarse mediante modelaciones más rigurosas para evaluar su incidencia real en el problema y por un monitoreo periódico de los niveles del cauce. De comprobarse una influencia decisiva, esa información podrá ser tomada como base decisoria para las acciones definitivas.

Las soluciones para las inundaciones de La Madrid deben ser evaluadas no sólo en sus aspectos técnicos sino en el marco de la situación objetiva de la economía provincial seriamente limitada por su propia estructura productiva, la enorme acumulación de carencias de infraestructuras y/o su deterioro, su baja expectativa de crecimiento económico y desarrollo, la actual política económica del Gobierno Nacional y la fuerte tensión en el conjunto social producida por los fenómenos naturales que, por esas razones, se hace difícil afrontar.

AGRADECIMIENTO
Al Prof. David A. Montenegro
Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH- CONICET)
Departamento de Geografía – Facultad de Filosofía y Letras – Universidad Nacional de Tucumán.
Por sus aportes de procesamiento e interpretación de imágenes radar Sentinel-1 (Satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) dentro del programa Copernicus.

PARTE 2 – ¿DEFENSAS HIDRÁULICAS? ¿TRASLADO?

En la Parte 1 se expuso un breve historial y la situación de La Madrid hasta marzo de 2026 explicando los procesos y fenómenos de inundaciones periódicas que aquejan a esa ciudad desde el siglo pasado, pero de carácter catastrófico en 1992, 2000, 2017 y 2026, que produjeron graves daños materiales y traumas a la población y costos de reconstrucción a la infraestructura.

En esta Parte 2 se expone una visión personal sobre lo que es posible hacer a fin de mitigar esos eventos o evitar definitivamente sus efectos. A partir de las medidas estructurales propuestas luego del episodio de abril de 2017 y lo efectivamente ejecutado en el área de La Madrid, pero teniendo en consideración aspectos institucionales y económicos de la provincia de Tucumán, se procura introducir algunas ideas sobre caminos a seguir.

Ante las recurrentes inundaciones catastróficas en La Madrid, surgen los interrogantes:

• ¿Es posible dar a La Madrid seguridad a largo plazo mediante obras hidráulicas de protección?
• ¿Hay certeza sobre el grado de mitigación que puede lograrse? Es sabido que las obras hidráulicas contra inundaciones no son diseñadas para evitarlas totalmente sino para reducir su frecuencia y su magnitud. Eliminarlas totalmente suele requerir inversiones inviables.
• ¿Está el Estado Provincial estructurado y capacitado para un proceso complejo que lleve a lograr esos objetivos con eficiencia y calidad de modo que inspire confianza en la sociedad?
• Siendo un plan que puede tomar más de un período de gobierno ¿hay garantías de que no se cambiará o abandonará el rumbo a mitad de camino?

CÓMO SE HA LLEGADO A LA SITUACIÓN ACTUAL

• Por las escasas acciones ejecutadas por sucesivos gobiernos provinciales o nacionales para prevenir la repitencia de inundaciones o el escaso o nulo resultado de las que se llevaron a cabo.

•  Gracias al avance desordenado de los usos del suelo en el territorio de la cuenca, especialmente como producto de la expansión de la frontera agrícola, que contribuyó al agravamiento de las situaciones naturales.
• Por la falta de efectividad del Estado Provincial para evitar o mitigar los procesos descriptos que agravaron los riesgos ambientales. Ello se dio frecuentemente con tolerancia pasiva u omisión deliberada por parte de los organismos públicos que son autoridades de aplicación de diversas leyes vigentes como la Ley N° 8304/10 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, la ley 6292/91 de Preservación de la flora silvestre, los recursos biológicos acuáticos y la fauna silvestre, la ley 6253/93 de Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente, la ley Nº 6290/91 de Conservación del Suelo Agrícola, y de decretos y resoluciones varias.
• Por la carencia de Planes de Ordenamiento Territorial tanto en Tucumán como en Catamarca, en cuyos ámbitos se extiende la cuenca de aporte a La Madrid. Ello tuvo como con secuencia el crecimiento caótico del uso del territorio, sólo regido por el accionar de los particulares y la pasividad e ineficacia de los Estados Provinciales.
• Merced a la carencia o insuficiencia de obras hidráulicas para control de las aguas fluviales y pluviales que acompañaran el crecimiento demográfico y del sistema productivo de la provincia y en particular en la cuenca del río Marapa.
• Por el accionar irresponsable de un productor al desviar hacia el río Marapa el río San Francisco, sacándolo de su cauce natural que descargaba en los Bañados de Taco Ralo, planicie donde ancestralmente se atenuaba para descargar atenuado al Marapa, pero ya agua abajo de La Madrid. La irrupción en el Marapa de todo el caudal de la gran crecida del río San Francisco, en abril de 2017, fue la causa principal de la catástrofe allí ocurrida. ¿Hubo tolerancia pasiva u omisión deliberada desde los organismos del gobierno responsables?

• La inundación de marzo de 2026, originada principalmente por la importante crecida del río Huacra, sumada a la del río El Abra confluyentes ambos al río San Francisco y de allí al Marapa, más aportes de arroyos menores desbordados y caudales de vertimiento del dique de Escaba ratificó el diagnóstico del grave impacto ambiental producido por aquella transferencia de cuenca.

SOLUCIONES PARA LA MADRID

Las propuestas de regulaciones y acciones tendientes a lograr usos del suelo más conservadores por parte de los productores, que lleven a reducir las escorrentías pluviales de los campos agrícolas son de muy dudoso éxito tanto en el corto como mediano plazo. Ello a la luz de experiencias pasadas y la dificultad de imponerlas en un territorio ya explotado (deforestado, cultivado y en producción). Los resultados, en la hipótesis de que las propuestas tuvieren buena respuesta por parte de los productores, son de largo plazo en cuanto a la reducción de las escorrentías pluviales.

En consecuencia, en este análisis partimos de la base de propuestas estructurales, ejecutables en plazos  relativamente menores, compatibles con la presión social de una población atribulada por los periódicos infortunios. Se analizan acá dos opciones de obras para afrontar las inundaciones de La Madrid:

A. El plan de obras hidráulicas de protección propuesto por la Comisión de Especial de Emergencias Hídricas de la Legislatura de Tucumán (CEEH) en el año 2018 y la realidad de su grado de cumplimiento hasta el año 2026, cuando se produjo la última inundación catastrófica de La Madrid.

B. La opción del traslado de La Madrid a otra ubicación donde esté totalmente fuera del riesgo de inundaciones por crecidas fluviales.

A. OPCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS PROPUESTAS POR LA CEEH (2018)
(Fuente: Informe ITEC SAS, consultora de Colombia, contratada en el marco del programa de APOYO A LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ARGENTINA RESILIENTE ANTE RIESGOS DE DESASTRES (AR-L1286) del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)

Como se aprecia del cuadro, de todas las obras propuestas, en los nueve años transcurridos hasta la siguiente inundación catastrófica de marzo de 2026 sólo se ejecutaron algunas de las mejoras del cauce del Marapa y del arroyo El Chileno. Algunas alcantarillas que debieron agrandarse no se completaron. Evidentemente lo ejecutado no sirvió para morigerar la inundación del 2026.

La escasa ejecución de las obras propuestas reconoce diversas causas. Parte de las obras se hicieron por administración y parte por contrato. Parte de lo licitado y contratado fue finalmente anulado por causas legales, pero no se retomó. La falta de concreción tuvo como trasfondo la no priorización de las obras dentro del accionar del gobierno provincial. Algunas posibilidades de financiamiento por parte del BID se perdieron y luego, con el cambio de gobierno nacional en 2023, se frenaron todos los aportes para obras públicas y la factibilidad de ejecución de las obras necesarias entró en la inviabilidad. No sólo las hidráulicas para La Madrid.

Más allá de las dificultades económicas de los gobiernos provinciales desde el siglo pasado, ha sido una constante objetiva la falta de priorización de las obras necesarias para mitigar las inundaciones en esta zona, pero, en rigor, eso ocurrió en todo el territorio provincial. La escasez de obras hídricas en los últimos cuarenta años ha sido un rasgo característico de los sucesivos gobiernos de Tucumán, por lo que se fueron acumulando carencias hasta alcanzar necesidades imperiosas enormes en toda la geografía provincial, que plantea dilemas de priorización muy difíciles.

La priorización de obras hídricas confronta también con las viales y edilicias (escuelas, hospitales, etc.), y los mantenimientos de obras públicas destruidas o deterioradas, en particular en una circunstancia económica extremadamente difícil para la provincia y la ausencia de la Nación en el apoyo para obras públicas.

PROS Y CONTRAS DE ESTAS OBRAS HIDRÁULICAS

A favor: El menor costo relativo de las inversiones necesarias. El Informe ITEC las presupuestó en u$s 11.500.000. Ese monto quien escribe lo considera inferior a lo real en razón de las mejoras ingenieriles necesarias a su juicio para algunos componentes del plan de obras cuyo potencial colapso puede implicar el fracaso de la solución (terraplenes de defensa costera vulnerables y desvío del San Francisco a sus Bañados de origen, también con partes vulnerables).

A las inversiones iniciales debe agregarse el costo de mantenimiento anual necesario para obras de defensa de márgenes y canales interceptores (limpieza, reconstrucción de partes erosionadas, etc.).

Dentro del conjunto de obras propuesto, este autor considera prioritario y urgente la ejecución del desvío del río San Francisco a sus Bañados puesto que, concretándolo, se quitará una muy importante cuenca de aporte de caudales de crecidas que inciden actualmente sobre la ciudad. Ello producirá una reducción de la frecuencia de ocurrencia de crecidas y su magnitud (las inundaciones de 2017 y 2026 tuvieron a ese río como responsable principal). Su costo de inversión fue presupuestado por ITEC en U$S 3.150.000, aunque se elevará si se efectúan las mejoras sugeridas por quien escribe en su artículo “Las inundaciones de Lamadrid (Tucumán-Argentina)-Una obra prioritaria:Volver el río San Francisco a sus bañados históricos” subido a este blog  http://problemasdelagua.com.ar.

En contra: Salvo la obra para el retorno del San Francisco a los bañados, considerada imprescindible, cuyos efectos serán beneficiosos sin duda, se estima que la atenuación del riesgo de inundación de La Madrid estará teñida de incertidumbre estadística, por la endeblez hidrológica (escasa red de registros pluviométricos, períodos de registros cortos que enmascaran tendencias y falta de estaciones de medición de caudales en los ríos, excepto Escaba).

También por la esperable tendencia, a mediano y largo plazo, a la elevación del cauce del Marapa por efecto de la acumulación de sedimentos en el embalse de Río Hondo, descripto en la Parte 1.

Es decir que la ejecución completa de las obras hidráulicas de protección de la ciudad propuestas por la CEEH conlleva implícitamente un grado de incertidumbre sobre su real eficacia para brindar la seguridad deseable.

Para mejorar el grado de protección sería necesario:

a. Mejorar los terraplenes de defensa costera del río Marapa dándoles resistencia a la erosión producida por la corriente. Se debería adoptar una tipología que permita un eventual alteo o recrecimiento progresivo.
b. A partir de ahora debería instalarse una red de registros pluviométricos y algunas estaciones de aforos de caudales que inicien un conocimiento más acabado del régimen de lluvias en la cuenca y caudales de los ríos. Asimismo, se debería hacer un seguimiento de la evolución altimétrica del cauce del Marapa en la zona de La Madrid. Esta fase de generación de datos no es menor, ya que no se trata meramente de la instalación de equipamiento instrumental sino de organizar su permanente atención y soporte, lo que requiere personal dedicado. Deberá asegurarse un período de registros suficientemente largo (20-30 años o más).

Otro aspecto que afecta la seguridad de las obras de defensa hidráulicas se refiere al mantenimiento que requieren a lo largo de su vida útil. La erosión de los taludes y terraplenes que no se subsanan a tiempo pueden significar colapsos acelerados en ocasión de grandes crecidas. En el caso particular de La Madrid un colapso por falta de mantenimiento tendría efectos muy graves.

El peso en negativo que implica este aspecto del mantenimiento es la muy poca importancia que se le asigna en Tucumán a esa necesidad inherente a las obras hidráulicas. El panorama de las obras que actualmente adolecen de conservación en la provincia es desolador. El avance de la destrucción de obras por esa causa es enorme. Basta mencionar como ejemplos al Canal Sur, el Canal Norte y el Canal Cainzo-Las Piedras en el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán.

B.- OPCIÓN: TRASLADO DE LA MADRID A UNA UBICACIÓN SEGURA
La propuesta consiste en el traslado del pueblo de La Madrid hacia una nueva ubicación, no ribereña, lo más cercana posible a su actual posición (recordar que todo el sudeste de la provincia es territorio llano de baja pendiente donde los ríos que descienden del Aconquija divagan en meandros hasta encontrar el cuerpo receptor final: el río Salí o el embalse de Río Hondo. Si bien el sitio a elegir deberá surgir de estudios específicos, se puede estimar que hay altas probabilidades de que un sitio seguro se pueda conseguir a menos de 10 km de distancia hacia el norte.

A favor: Evidentemente esta solución sería traumática para muchos pobladores, quizás menos para los jóvenes, pero es una solución definitiva y segura que después del trauma inicial brinda la tranquilidad de un futuro con certidumbre. La generación actual de pobladores ya ha vivido cuatro inundaciones traumáticas con grandes pérdidas materiales. Tucumán en su historia tiene un antecedente importante: el traslado de la Capital desde su emplazamiento fundacional en Ibatín hasta su localización definitiva actual.

Esta solución obviamente implica las tareas de estudiar los sitios más adecuados, proyectar la urbanización, los accesos, las viviendas, las redes de servicios, los equipamientos (policía, escuelas, hospitales, etc.). Efectuar también una evaluación del impacto ambiental y social.

En contra: El costo del traslado sería mayor que el de las obras hidráulicas. Fue evaluado en U$S 60.000.000, sin considerar las infraestructuras de servicios, al tenor de expresiones en medios de comunicación por parte de algunos funcionarios y expertos.

Desde hace varios años, ante la recurrencia de las inundaciones traumáticas, y ante la evidente incapacidad de los sucesivos gobiernos provinciales de afrontar las soluciones necesarias, o la falta de voluntad política para ello, se planteó el traslado como una solución. Fue un tema tabú cuyo tratamiento público se supuso que suscitaría rechazos
contundentes en los pobladores de La Madrid. Convendría en la actualidad, ante el desaliento que se observa en numerosos habitantes del lugar, en particular los jóvenes, realizar una encuesta lo más inclusiva posible, a fin de relevar la opinión mayoritaria.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS DECISIONES NECESARIAS
La decisión sobre la opción a adoptar es dilemática. La definitivamente segura requiere inversiones mucho mayores que la más económica, que tiene incertidumbres sobre el grado de seguridad que brinda, y que a priori se sabe que no es total.

Saber con más precisión cual será la probable frecuencia de inundación de La Madrid con las protecciones hidráulicas ya realizadas requiere la instalación de una red de mediciones de lluvias y caudales de ríos y un período de registros extendido, no compatible con la imperiosidad de actuar que el problema demanda. A ello se agregan la elevación del nivel del cauce del río Marapa por causa del embalse de Río Hondo y la incertidumbre sobre el futuro comportamiento del clima ante el denominado “cambio climático global”. Un sano criterio de ingeniería sería adoptar amplios márgenes de seguridad en el diseño de las obras, lo que obviamente incrementa su costo de inversión. (al “coeficiente de seguridad” se le suele llamar figuradamente “coeficiente de ignorancia o de incertidumbre”).

Todas esas incertidumbres son imposibles de despejar en corto tiempo si se quiere actuar prestamente.

La circunstancia encuentra al Estado Provincial con muy baja confiabilidad para llevar a cabo un plan sostenido de obras, a la luz de las experiencias de las tres últimas décadas. Organismos del Poder Ejecutivo debilitados, desjerarquizados y con escasa capacidad de planificación y ejecución. Hay falta de priorización dentro del gran conjunto de carencias de obras hídricas de la provincia que demandan acciones en plazos cortos.

La ejecución de obras por administración por parte de organismos públicos en lugar de por contratos presume reducción de costos, pero la realidad es que terminan frecuentemente siendo de baja calidad y a veces inútiles o contraproducentes, ya que habitualmente no cuentan con un proyecto, una eficaz conducción y supervisión técnica. Ha sido un recurso usual de respuesta del Poder Ejecutivo ante la presión social en la coyuntura, para apaciguar reclamos caldeados de la población aparentando “que se hace algo ante el problema”. Así algunos quedaron evidentes a raíz de la inundación del 10/11 de marzo de 2026.

En cuanto a la opción traslado, ejecutar planes masivos de viviendas está entre las obras públicas más realizadas por el Gobierno Provincial en las últimas décadas. Aunque puede haber cuestionamientos de variada naturaleza, hay tradición en esos emprendimientos en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán (IPVDU).

El dilema está planteado. Los altos costos de inversión involucrados implican, en las condiciones actuales de la economía provincial, la falta de soporte nacional a las obras públicas y la imposibilidad de financiamiento a gran escala, limitantes fuertes que inhiben siquiera intenciones mínimas en una dirección totalmente segura.

Por otra parte, los esfuerzos económicos necesarios para La Madrid entran en competencia con numerosas inversiones necesarias para afrontar problemas hídricos en diversos puntos de la geografía de Tucumán, tanto para mitigar inundaciones como para abastecer de agua a la población, la agricultura y las industrias. Cuestión también dilemática ni siquiera planteada como política de Estado por ningún gobierno ni partido político. La solución traslado (viviendas) no compite, salvo en la asignación de fondos, con las obras hidráulicas contra inundaciones en otras partes de la geografía provincial (p.e. Área Metropolitana). En cambio, las defensas hidráulicas de La Madrid sí.

La idea propuesta de traslado, de ser aceptada, requiere un trabajo social preliminar sostenido a fin de evaluar la aceptabilidad por parte de los pobladores de La Madrid. Tarea que deberá incluir la inducción de consensos a través de acciones pedagógicas a cargo de personal profesional altamente preparado a ese fin. El Gobierno deberá entender que debe ganar la confianza de la población, actualmente muy resentida por la falta de soluciones después de décadas de incumplimientos de promesas y desventuras. Los equipos de asistentes sociales deberán ser de excelencia, con cargos cubiertos por concurso y con remuneraciones dignas.

Si se optare por la solución traslado ¿significa que no se harían las defensas hidráulicas? NO. Decididamente, de las planteadas por la CEEH hay que rescatar urgentemente la obra de retorno del río San Francisco a sus Bañados de Taco Ralo, que reducirá la frecuencia y caudales que asuelan La Madrid. Ello es necesario y prioritario.

Adicionalmente, deberán completarse algunos trabajos inconclusos en La Madrid, como los canales de cintura, alcantarillas y el terraplén de protección de la margen izquierda.

Para dar ejecutividad al objetivo propuesto estimo conveniente la creación de una unidad operativa de dependencia directa con la Gobernación. Su duración, de optarse por la solución traslado, sería limitada a la consecución de tal objetivo. De optarse por la solución obras hidráulicas, esa unidad podría constituirse en la semilla de una Autoridad Única del Agua de Tucumán, institución que este autor viene promoviendo desde largo tiempo atrás y que nació de los “Principios Rectores de Políticas Hídricas” promovidos desde la Nación desde principios de este siglo.

CAMINO SUGERIDO

1.- Encarar a la mayor brevedad la obra prevista por la CEEH que cuenta con proyecto de ingeniería (mejorable a juicio de quien escribe) para retornar el río San Francisco a sus Bañados históricos de modo que no se sume una cuenca de aporte tan grande (1.778 km2) gravitando sobre La Madrid. Deberán el Poder Ejecutivo y la Legislatura evitar recargar las inversiones con las indemnizaciones pretendidas por el/los propietario/s de tierras de los Bañados en razón de que fueron los causantes de los daños y perjuicios a La Madrid por haber desviado el río indebidamente.
2.-Ejecutar, de las obras de protección de La Madrid recomendadas por la CEEH, la del terraplén de defensa de margen izquierda, pero mejorando decididamente su resistencia a la erosión hidráulica. Mejorar las alcantarillas de cruce de la RN157 con válvulas antirretorno. Completar alcantarillas en arroyo El Chileno y canales de cintura.
3.- Encarar la evaluación de la opción traslado

3.1. Encarar la búsqueda de terrenos para una nueva ubicación de La Madrid.
3.2.- Efectuar encuesta de aceptabilidad al traslado.
3.3.- En caso de encontrar mayoría de población que acepte la opción
    3.3.A.- Hacer un censo de población y viviendas de La Madrid.
    3.3.B.- Elaborar un anteproyecto del Nuevo La Madrid, incluyendo servicios. Elaborar Presupuesto.
    3.3.C.- Explorar vías de financiamiento.
    3.3.D.- Elaborar Proyecto Ejecutivo y Pliegos Licitatorios con paquetes de obras a definir
3.4.- En caso de rechazo mayoritario al traslado o imposibilidad de financiar la inversión
    3.4.1.- Completar obras restantes del Plan de Obras de la CEEH.
    3.4.2.- Encarar un plan de monitoreo de la evolución del cauce del río Marapa en el tramo entre La Madrid y la entrega al embalse de Río Hondo cuya planificación deberá prever medición bianual de perfiles transversales en varios puntos del río y la modelización 2D basada en un relevamiento topográfico de precisión. Este monitoreo permitirá evaluar el ascenso previsible del cauce a mediano/largo plazo y su incidencia en el riesgo de inundación de La Madrid. Eventualmente, si se evidencia un ascenso sostenido que aumente el riesgo de inundación, comenzar a implementar la solución traslado.

FINAL

La problemática de las inundaciones de La Madrid es altamente compleja y de una magnitud tal que afecta a prácticamente la totalidad de su población. Las causas son concurrentes y muy difíciles de manejar. La ocurrencia de más de cuatro episodios catastróficos con enormes daños a la población en los últimos 34 años plantea exigencias perentorias de actuar para el Estado Provincial.

Las soluciones estudiadas involucran importantes inversiones y acciones coordinadas por parte del Gobierno Provincial. A pesar de la fuerte demanda de soluciones por parte de la sociedad, el Estado no reacciona más que activando la Defensa Civil e improvisando tareas post inundaciones que más que nada simulan que se está afrontando el problema, pero que no resultan eficaces.

Si no se opta por la solución traslado, debe asegurarse que las obras de protección de La Madrid se ajusten a una mayor calidad y durabilidad para afrontar los años venideros, hasta que el mayor conocimiento de los procesos hídricos permita ratificar o corregir los objetivos.

La ejecución de las obras debe ser acometida por empresas privadas por estricto proceso de licitación pública y supervisadas por un equipo dedicado totalmente. De no poder asegurar el Estado tal requerimiento, puede optarse por la contratación de inspección privada por firmas consultoras.

La situación económica actual, la falta de apoyo nacional para obras públicas y la dificultad de obtener financiamiento para obras públicas restringe el margen de acción del Estado. Pero fuera de ese marco limitante objetivo, es una realidad histórica la falta de interés y consecuente decisión política de los sucesivos gobiernos en afrontar los problemas vinculados al agua en base a una planificación racional y con organismos ejecutivos eficaces.
Mientras el Estado continúe con la fragmentación, descoordinación y sin planes ni políticas hídricas como es su tradición, no habrá soluciones efectivas y duraderas. La improvisación y el fracaso seguirán reinando.

Una genuina voluntad política de afrontar la cuestión hídrica de la provincia se mostraría dando pasos concretos hacia la Autoridad Única del Agua mencionada. Está deberá ser necesariamente de naturaleza permanente, de nivel ministerial por ejemplo, y no encarar la problemática a través de comisiones temporales convocadas por alguno de los Poderes del Estado, cuya labor, aun siendo destacable, suele tener un destino de pasar al “cajón de los olvidos” ya que fueron sólo producto de coyunturas políticas.

Los temas permanentes de la sociedad y la provincia tienen su correlato institucional a nivel ministerial. Salud, Educación, Economía, Producción tienen sus ministerios. El agua debería tener su Autoridad Única a ese nivel.

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Quedó expuesta la ineficacia tanto de la Provincia como de la Nación, incapaces de coordinarse para afrontar problemas graves e imperiosos, subsumidos en argumentos burocráticos, sin capacidad organizativa ni vocación política de resolver los problemas. Apenas organizar la reconstrucción, pero no resolver los problemas en definitiva.

Artículo que trata la situación de la problemática de Lamadrid y el sur de Tucumán a siete meses del episodio más grave y complejo que hubo en muchas décadas. Destaca la incapacidad de los poderes públicos y las instituciones provinciales y nacionales para afrontar los problemas graves de las inundaciones.

Propone un plan de obras y acciones concretas de corto y mediano plazo, prioritarias a su juicio, tanto para proteger a Lamadrid como para evitar la seria alteración de la dinámica del río Marapa que agrava progresivamente a esa localidad así como al embalse de Río Hondo y el abanico aluvial que lo rodea . Otras acciones a nivel de las cuencas, en especial la del río San Francisco, vinculadas a usos de los suelos para agricultura, las considera necesarias pero, por su complejidad, augura que demorarán décadas en desarrollarse, implementarse y producir los resultados pretendidos (control de la erosión de los suelos y los escurrimientos de aguas pluviales).

Descargar archivo pdf: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2017/12/INUNDACIONES-EN-LAMADRID-SOLUCIONES.pdf

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La población tiene una percepción de que su drama se origina exclusivamente en las descargas del dique de embalse de Escaba, sobre el río Marapa. Si bien lo ocurrido en 1992, 2000 y 2015 tiene alguna componente cuestionable de operación de las compuertas de descarga de esa obra, lo ocurrido en 2017 fue diferente, ya que se trató de la suma de dos circunstancias extraordinarias: una de ellas manejada adecuadamente (el embalse) y otra inmanejable, producto de la acción indebida de productores agrícolas: la irrupción del río San Francisco como actor nuevo y peligroso para el futuro.

A pocos días del episodio, se conformó una “Comisión de Emergencia para el tratamiento de la problemática de inundaciones en el sur de la provincia de Tucumán, este de Catamarca y Río Hondo” para tratar y evaluar el problema y las acciones necesarias para el futuro. A ella fueron convocados los organismos con jurisdicción en temas hídricos y viales, nacionales y provinciales, diversas Secretarías de Estado de la provincia, Unidad Plan Belgrano, tres facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, Ejército Argentino y ORSEP (Organismo Regional de Seguridad de Presas).

Luego de cinco sesiones de análisis de la temática, en las que diversos especialistas efectuaron sus aportes conceptuales y propuestas de acción, la Comisión emitió un Informe de Síntesis que fue presentado a distintos niveles de gobierno. El mencionado informe y sus anexos pueden accederse a través del enlace que se indica.

Luego de finalizada la labor de la Comisión, el 12/junio/2017, la Secretaría de Estado Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en la persona de su titular, el Dr. Sisto B. Terán Nougués, me invitó a emitir opinión sobre el problema. El tema lo tenía bajo estudio desde el mismo día 2 de abril en que se produjeron los hechos. El día 21 de junio presenté mi «informe de opinión», el cual puede accederse en el enlace abajo indicado.

Espero que la naturaleza compleja del problema y las acciones necesarias para afrontarlo sean entendidas por las autoridades responsables y se instrumenten los pasos sugeridos en esa dirección. No hay lugar ya para improvisaciones.

Ing. Franklin J. Adler

Junio de 2017

Foto de portada: Lamadrid inundada el 04/04/2017. Vista hacia el SW.(Cortesía de Ing. David Aguirre)

Acceso al Informe de Síntesis de la Comisión de Emergencia (web de la Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán):  http://www.recursoshidricos.gov.ar/webdrh/_docs/CIST-Informe%20Completo.pdf

Acceso a Informe de Opinión de Ing. F. Adler: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-F.ADLER-COMISION-EMERGENCIA-INUNDACIONES-2017.pdf

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Argumentos tales como «las lluvias fueron extraordinarias», «los responsables son los emprendedores inmobiliarios», «La cuestión no es hidráulica ni de falta de obras solamente-debe priorizarse la cuestión social», «Son necesarios sistemas de alerta temprana», «Se deben priorizar medidas no estructurales» y «Por más que se construyan las obras no se resolverán los problemas», son analizados con elementos objetivos y criterio realista mostrando que aquellos no conducen a la solución eficaz de los problemas de inundaciones, constituyendo argumentos a veces escapistas, frecuentemente irreales y otras producto de una resignación intencional para no afrontar los graves problemas.

Descargar Inundaciones La Plata y Buenos Aires en abril 2013

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El verano 2015-2016 trajo a la Argentina numerosas inundaciones en diversas regiones y provincias. Según los meteorólogos, por causa del fenómeno El Niño, particularmente intenso en esta ocasión.

En lo que respecta a la provincia de Tucumán, las alertas emitidas antes del inicio del verano pronosticaban uno con efectos catastróficos sobre la población y sobre la infraestructura y las propiedades, por causa de abundantes e intensas precipitaciones pluviales. La realidad mostró un verano con una pluviometría que no alcanzó el promedio histórico del período rico (octubre a marzo), o sea lejos de registros record o extraordinarios (en El Colmenar, la EEAOC registró 821 mm contra un promedio histórico de 839 mm). No sólo en los totales de lluvia mensuales sino también en las intensidades de las precipitaciones, que determinan la acumulación de fuertes caudales urbanos y de los ríos que crecen y desbordan sus cauces inundando las planicies y riberas donde la población se empeña en afincarse.

No obstante no tratarse de lluvias extraordinarias, los efectos sobre la población fueron graves, extendidos y desalentadores. La población afectada siente frustración y sensación de impotencia. Hasta las ayudas que los gobiernos brindan en la emergencia a los sectores más pobres, ayudando con las evacuaciones y proveyendo elementos básicos como colchones, chapas para techar, comida, etc., ya no conforman. La mayoría pide soluciones “de fondo”, que visualiza como obras que eviten las inundaciones de modo de poder vivir tranquilos sin la aflicción de la próxima, que a veces ocurre todos los años y hasta varias veces en un mismo año.

Foto Diario La Gaceta

Voy a tratar de mostrar que, a pesar de lo justo y respetable que puedan ser los anhelos de la población, satisfacerlos es una utopía o al menos harto difícil de cumplir para los responsables de los gobiernos, por bastantes años hacia adelante. ¿Cuántos? Me animo a decir que del orden de varias décadas. Ello es una realidad palmaria, pero lo peor es que es “políticamente incorrecto” verbalizarlo. Reconocer la impotencia para solucionar muchos de los problemas es algo que ningún gobernante argentino, nacional, provincial o municipal, puede hacerlo sin que se lo califique como un suicidio político.

La impotencia para resolver los problemas no proviene de su naturaleza, generalmente compleja. Deriva más bien de la incapacidad de los diversos niveles del Estado, desde municipal a provincial por la inoperancia y mediocridad a que los llevaron diversas etapas de gobierno en el último siglo, tanto civiles como militares, democráticos como no tanto, peronistas variopintos o radicales.

Veamos cómo se distribuyen las responsabilidades. Los problemas de inundaciones urbanas deben ser manejados por los respectivos municipios, que deben regular los usos del suelo, establecer normas de construcción, manejar las aguas pluviales por las calzadas y brindar cuerpos receptores, como canales y entubamientos para llevar ordenadamente las aguas hacia cuerpos receptores naturales como ríos, lagos, depresiones naturales o el mar. Manejar los escurrimientos, captarlos y conducirlos implica importantes obras con inversiones enormes que aumentan más y más a medida que se postergan puesto que requieren amplios espacios públicos que compiten con otras instalaciones y servicios, como agua, cloacas, gas, telefonía, electricidad. Primeramente no se las construye puesto que se priorizan otras necesidades (los desagües no lucen); luego, no se hace nada para evitar la acumulación de aguas pluviales superficiales y, finalmente, no se encaran porque no se cuenta con proyecto de ingeniería. Así, el resultado es que se las posterga ad infinitum porque su costo es tan alto que el municipio no tiene capacidad económica para afrontarlas. En síntesis nunca se hacen ni se harán, en la medida que no cambien ciertas cosas en el sistema político, económico y social de la Argentina.

Dada la imposibilidad económica de los municipios de encarar las obras necesarias con ingresos propios, su viabilidad depende de la ayuda que el gobierno provincial, o nacional, les brinde. Cuanto más grande sea el ámbito urbano en cuestión, mayores serán las obras necesarias y mayores las inversiones. También significan esfuerzos económicos importantes para los gobiernos provinciales, que deben afrontar problemas de toda índole en diversos ámbitos de su jurisdicción y están sometidos a múltiples presiones sectoriales.  Acá entonces tenemos que la ayuda provincial a los municipios está supeditada a la discrecionalidad derivada de la buena o mala relación municipio-provincia, dependiente de si se trata de gobiernos de igual o distinto signo político, lo que se replicará idénticamente en la relación Provincia-Nación. El Pacto Social Provincia-Municipios aherroja esa relación al ceder estos últimos sus ingresos a cambio de garantía en el pago de salarios a sus plantas de empleados. Las autonomías municipales resultan entonces totalmente ilusorias.

Foto Diario La Gaceta

Resulta entonces que la viabilidad de encarar obras públicas para controlar o mitigar inundaciones está fuertemente determinada por la economía provincial, por su capacidad de generar ingresos desde su actividad productiva (léase impuestos) y afrontar inversiones. El endeudamiento para planes de obras públicas es también hoy por hoy ilusorio y entonces la provincia también debe recurrir a la ayuda discrecional del gobierno nacional, repitiendo el esquema de dependencia genuflexo, esta vez ante el Poder Central.

Inexorablemente, debemos admitir que Tucumán es una provincia pobre, al igual que muchas otras de la Argentina, en especial de la región norte. Pobre a pesar de sus industrias, de su agricultura, de sus universidades, de su mundo artístico y cultural de falso brillo, de su hiperdimensionado sector servicios, de sus countrys y edificios de lujo. No tiene un ingreso económico suficiente para poder alimentar el crecimiento de su población y la ocupación de su territorio con la infraestructura que ello requiere. La agricultura extensiva de la soja genera ingreso pero no empleo. La caña de azúcar genera empleo pero de muy bajo ingreso. La construcción de la obra pública genera también empleo pero de bajo nivel salarial. La permanente incertidumbre económica inhibe las inversiones en nuevas fuentes de trabajo. El Estado es el principal empleador y distribuidor de ingreso sin genuino incremento del ingreso económico provincial.

Numerosos casos de inundaciones rurales y urbanas se producen por los desbordes de ríos que, en ocasión de crecidas, se expanden y ocupan la planicie aluvial ribereña, donde se asentaron en las últimas décadas numerosos núcleos de población. No sólo se instala población de muy bajos recursos en esos sitios bajos y peligrosos por ser terrenos de bajo valor, no explotables por la agricultura, sino que el Estado mismo construye en esos lugares barrios de viviendas y legaliza la posesión de esas tierras. Hay zonas rurales también expuestas a inundaciones por desmadres de los ríos, que afectan no sólo a la producción agrícola sino también a población dispersa en núcleos pequeños. Hay zonas en Tucumán que están prácticamente condenadas a inundaciones frecuentes por migraciones de los cauces de los ríos en territorio muy llano, es decir de muy baja pendiente. Es el caso de la llanura deprimida del este, en el abanico de confluencia de los ríos al embalse de Río Hondo. Allí es prácticamente imposible atenuar los procesos de movilidad de los cauces por los fenómenos complejos que ocurren. Cuando decimos imposible no nos referimos a lo técnico sino al costo económico de las eventuales soluciones, que insumirían enormes inversiones para proteger a una población decididamente reducida, en desmedro seguramente de otros sectores más numerosos de población también con problemas graves y perentorios.

¿Qué es lo que se puede hacer desde el Estado para prevenir, evitar o mitigar los efectos de las inundaciones? Las causas de éstas son complejas y reconocen diverso origen. Son temas ya analizado por este autor en diversos trabajos, de los cuales se señala en particular “Cuando el agua sobra” (revista El Pulso Argentino, Número 8, año 2011), el que puede consultarse en este mismo blog. Las soluciones son obras de evacuación pluvial o desagüe, de protección contra irrupción fluvial y otras diversas, pero también hay medidas que tienden a prevenir los problemas con anticipación, evitando crear situaciones de vulnerabilidad y agudización de los problemas de acumulación de aguas. Ambas tienen fuertes dificultades, aunque de muy distinta naturaleza.

Antes que nada, cabe aclarar que la responsabilidad primaria en la resolución de problemas de inundaciones es de los municipios y las provincias, según el ámbito espacial y jurisdiccional en que se producen. Desde la reforma constitucional de 1994, en la que el agua fue declarada como recurso natural propiedad de las provincias, todos los aspectos vinculados (y las inundaciones lo son) también caen dentro de esa categorización, a excepción de los ríos limítrofes o de curso internacional, casos en los que las materias del agua pasan a jurisdicción de la Nación.

Volviendo al tema,  en primer lugar, las obras hidráulicas de desagüe y protección contra inundaciones, omitidas durante largas décadas, que no acompañaron el crecimiento urbano ni los desarrollos agrícolas, son numerosas y, por lo general, de gran envergadura y costo. Los montos de inversión necesarios superan toda capacidad de los municipios para concretarlas y requerirían planes de mediano y largo plazo con financiamientos especiales. Son tan grandes las necesidades y las carencias después de muchos años de falta de planificación y de desinversión, que obviamente el Estado se ve en la necesidad de fijar prioridades, las que no deberían establecerse según la perversa relación entre poderes locales y poderes superiores, como ya se expuso, sino sobre la base de planes directores globales y zonales.

Las otras acciones mencionadas, denominadas “no estructurales”, es decir que no son obras, son de naturaleza normativa que apuntan a prevenir los problemas mediante planificación, regulaciones y normativa. Implican, por ejemplo: límites a los usos del suelo tanto urbano como rural, normas de edificación para hacer construcciones menos vulnerables, delimitación de áreas inundables para inhibir su urbanización y/o explotación económica, etc. Como se puede ver, estos tipos de acciones no requieren de inversiones en obras sino la organización de los estados municipales y provinciales, dotándolos de capacidad humana y técnica para generarlas, implementarlas e imponer su cumplimiento por parte de la sociedad y los factores económicos y productivos.  Este autor estima que esta fase de las soluciones es la más difícil en la Argentina, mucho más que la asignación de partidas presupuestarias para concretar las obras requeridas, con lo difícil que ello es en sí. Determinan esa dificultad la naturaleza anómica de la sociedad, la falta de respeto y sujección a la ley, la dificultad o escasa convicción de los gobiernos y de la Justicia en hacer cumplir las leyes y la hegemonía de intereses espurios.

Foto Diario La Gaceta

Un ejemplo de la inoperancia del estado provincial en Tucumán sobre los problemas de las inundaciones, por no mencionar la referida a las demás cuestiones del agua, es la Ley provincial Nº 7696 de “Bienes en Zonas Inundables” del año 2005. Esta pretende establecer un régimen de uso de bienes (propiedades) en áreas inundables. Es decir imponer reglamentaciones con restricciones al dominio en diversas áreas que estén expuestas al riesgo de inundación. Para ello, el Estado dispone la realización de una cartografía con las áreas con grado variado de riesgo, a cargo de la Dirección General de Catastro y los diversos municipios y comunas.  También establece la creación de la “Comisión Provincial de Zonas Inundables”, la que se materializó por el Decreto 525/3(MDP) de 2007, en el ámbito de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente.

Tan importante objetivo aún no logró siquiera tener inicio en firme en el año 2016, es decir a más de diez año de dictada la ley. Varias razones pueden señalarse como causales. La primera, es que la ejecución de la cartografía de áreas inundables y la determinación de frecuencias de ocurrencia de ellas son tareas de gran envergadura y largo aliento, por la escasez de información disponible, la extensión del territorio a analizar y multiplicidad de situaciones a considerar. Todo ello requiere importantes esfuerzos económicos, tiempo y equipos humanos especializados para su ejecución. El Estado provincial nunca pensó en esos requerimientos. Por otra parte, una vez con la cartografía disponible, surgirán numerosas restricciones al dominio de los particulares que llevarán a múltiples controversias que pueden llevar a conflictos y demandas al Estado. Quizás, ante esas dos situaciones objetivas y potenciales, el Estado mismo desalentó la puesta en vigencia de la ley.

En síntesis, las soluciones a los problemas de inundaciones en Tucumán, al igual que en numerosas partes de la Argentina, no vendrán pronto, ni aun cuando ocurriere una sustancial inyección de inversiones destinadas a ello.  La naturaleza altamente compleja, la carencia de planificación racional y, por sobre todas las cosas, la situación de estados provinciales paquidérmicos, ineficientes e inútiles, incapaces de liderar procesos en esa dirección, ralentiza inevitablemente los procesos de por sí largos y abona la desesperanza. Las decisiones sobre las prioridades deberían surgir de medulosos análisis y serios estudios de diagnóstico, seguidos por proyectos de ingeniería de calidad y las acciones institucionales que las acompañen. Por ello, sin una profunda transformación política del Estado, que mejore su calidad como organizador de la sociedad y sus problemas, los plazos para la esperanza de la población se dilatarán permanentemente.

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INUNDACIONES URBANAS – PLANES DIRECTORES EN LA ARGENTINA

Franklin J. Adler

RESUMEN
El desarrollo de infraestructura de drenaje pluvial urbano se está produciendo en la Argentina por la fuerte presión de los problemas de inundaciones y al amparo de una mayor disponibilidad de fondos para obras públicas por la particular situación económica del país.

Paralelamente, los organismos de crédito, especialmente internacionales, imponen a los municipios criterios de elegibilidad basados en planes directores.

La tradición de los municipios en la Argentina ha sido ignorar los problemas de drenaje pluvial asociados a la urbanización. Las ciudades crecieron caoticamente y en general se encuentran hoy atenazadas por problemas de resolución compleja y costosa. Un plan director tiene como objetivo introducir pautas de racionalidad y eficacia para el logro de un objetivo importante para la sociedad urbana.

Criterios hoy aplicados o dominantes en países avanzados son de escasa y lejana aplicabilidad bajo las condiciones locales, por diversas razones, no sólo económicas. Las denominadas “acciones no estructurales” suelen ser de más difícil implementación que las “estructurales” (obras), en tanto que implican necesarias transformaciones de las instituciones vigentes.

MASTERPLANS FOR STORMWATER MANAGEMENT IN ARGENTINA

ABSTRACT

The development of urban pluvial drainage infrastructure is taking place in Argentina stressed by the strong pressure of flood problems and because of a greater allocation of funds for public works by the particular economic situation of the country.

At the same time, credit institutions, mainly international, impose their selection criteria based on specific masterplans on municipalities.

Municipalities in Argentina have traditionally ignored problems of pluvial drainage associated to urbanization. Cities grew chaotically and in general they are tied down by problems of complex and expensive resolution. A masterplan intends to introduce guidelines of rationality and effectiveness for the achievement of important goals for the urban society such as stormwater management and flood protection.

Dominant criteria applied in advanced countries nowadays are of little and remote applicability under the local conditions, for various reasons, not only economic. The so called “nonstructural actions” are usually of more difficult implementation than “structural actions” (works), as they imply necessary transformations of the existing institutions.

I.- INTRODUCCIÓN

El desarrollo de infraestructura de drenaje pluvial urbano se está produciendo en la Argentina por la fuerte presión de los problemas de inundaciones y al amparo de una mayor asignación de fondos para obras públicas por la particular situación económica del país. En la mayoría de las ciudades y aglomerados urbanos el crecimiento del espacio ocupado se produjo en forma caótica sin atención a los efectos del mismo. La falta de planificación y de regulaciones, o la incapacidad de las instituciones y organismos para su aplicación cuando existen, han contribuido a que la mayoría de las ciudades presenten un cuadro ambiental altamente problemático, en el cual las inundaciones y daños originados en la falta de adecuado drenaje pluvial conforman una componente sustancial y de difícil resolución.

Si bien motivadas en fenómenos de muy diversa naturaleza, inundaciones en áreas urbanas como Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Resistencia, Santa Fe, Mar del Plata y muchas otras, han elevado el clamor por soluciones que la población presume o pretende factibles a corto plazo.

La necesidad de afrontar problemas de gran complejidad y solución progresiva y costosa lleva al requerimiento de planes directores que brinden principios de racionalidad en la toma de decisiones.

Un plan director de manejo de aguas pluviales (o de “drenaje pluvial”) comprende un conjunto de acciones que se encaran para remediar problemas existentes provocados por aguas pluviales y prevenir la ocurrencia de nuevos problemas. Incluye el desarrollo y puesta en funcionamiento de medidas estructurales (obras) y no estructurales a fin de conciliar la función de acumulación y conducción que tienen los sistemas de drenaje pluvial dentro del espacio y las necesidades del crecimiento poblacional y urbano.

Un plan director de drenaje pluvial es, en esencia, un componente de la planificación. En el caso particular que aquí tratamos, para un ámbito urbano. Por tanto debe estar vinculado a un proceso de planificación integral de ese espacio geográfico en cuestión. Debe admitirse que la planificación no ha sido una disciplina cultivada y practicada en los ámbitos públicos de la Argentina y, en consecuencia, el crecimiento urbano siempre se produjo en modo espontáneo y caótico. Si bien hay ciudades argentinas que cuentan con “códigos urbanos” (Buenos Aires, Rosario, Rafaela, Bariloche y otras menores) o “planes urbanos ambientales“ por lo general se concentran en regular aspectos de usos de suelo que no prevén siempre los problemas de inundaciones, ni generan adecuada capacidad de gestión al respecto, quedando, por añadidura, expuestas las ciudades a los efectos de frecuentes “ordenanzas de excepción” que devalúan los resultados de la planificación. La expansión de las ciudades continúa entonces con escasa o nula atención a los impactos ambientales consecuentes. Entre los más importantes, objeto de tratamiento en este trabajo, están las inundaciones y los daños y afectaciones resultantes.

Las ciudades con trama urbana consolidada (en trazado y densificación edilicia) presentan dificultades serías de resolución de sus problemas de drenaje pluvial en cuanto no han previsto espacios físicos para obras de drenaje pluvial y tampoco tienen regulaciones para un manejo progresivo hacia el futuro. La expansión hacia nuevas áreas que se produce principalmente a raíz de las urbanizaciones masivas de los planes oficiales escasamente va acompañada de medidas de previsión y de mitigación de los conocidos impactos ambientales en materia hídrica.

La gran mayoría de las ciudades argentinas se ubican en regiones de clima subtropical, con regímenes de estación húmeda con lluvias intensas. Ello provoca problemas de drenaje pluvial que frecuentemente adquieren caracteres graves (afectación de propiedades e infraestructuras) o van en detrimento de la calidad ambiental (inundaciones, insalubridad, incomunicación, etc.). Con ese marco de deterioro el crecimiento urbano continúa produciéndose y plantea la imperiosa necesidad de introducir pautas de racionalidad para revertir aquel deterioro o al menos mitigarlo. De allí surge la necesidad de elaboración de “planes directores de drenaje pluvial”. Paralelamente, los organismos de crédito, especialmente internacionales, imponen a los municipios criterios de elegibilidad basados en esos tipos de instrumentos.

Los planes directores de drenaje pluvial urbano son específicos para cada ambiente urbano y determinados por las características y restricciones que cada ciudad impone, con su multiplicidad de factores físicos, normativos e institucionales. El presente trabajo trata de mostrar que los criterios modernos hoy aplicados o dominantes en países avanzados son de escasa y lejana aplicabilidad bajo las condiciones locales, por diversas razones, no sólo económicas, que se analizan más adelante.

Afrontar la realización de un plan director de drenaje pluvial urbano implica en la Argentina la consideración de las características especiales de nuestro país, que determinarán ciertamente la viabilidad de aquel.

II.- ASPECTOS BASICOS DE LA PROBLEMÁTICA DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO

II.1.-La problemática del drenaje pluvial urbano en los países en desarrollo

Se considera útil, al analizar los condicionantes y restricciones para elaborar un plan director como el propuesto para aplicar en la Argentina, tener en cuenta aspectos comunes y frecuentes en los países llamados “en desarrollo”. En efecto, tales aspectos determinan largamente el carácter, alcance y viabilidad de los planes. La diferenciación con los países “desarrollados” no solo deriva de una frecuente diferencia en la problemática en sí, sino que el nivel de éstos hace que los objetivos planteados sean diferentes.

Al evaluar los impactos que los procesos de urbanización tienen en el drenaje urbano, es posible concluir que en los países en desarrollo la cuestión principal es el crecimiento de las ciudades sin planificación en general y, cuando ella existe en algún grado, el drenaje o manejo de aguas pluviales no es tenido en cuenta como factor significativo. Las consecuencias de ello son:

a) Asentamientos de población en planicies fluviales inundables (p.e., en la capital de Tucumán, en las riberas del río Salí, en Concepción las del río Gastona, las ciudades ribereñas del río Paraná como Resistencia, Reconquista, Santa Fé, en Bariloche las riberas del Ñireco, etc).
b) Avances de la urbanización hacia zonas de riesgo en general, como bajos inundables, piedemontes y conos aluviales, etc. (Yerba Buena y Rinconada en Tucumán, torrentes aluvionales en la ciudad de Mendoza, torrentes del Cerro Otto en Bariloche, son algunos ejemplos).
c) Incremento de la frecuencia de inundación por la urbanización creciente de las cuencas urbanas. La expansión urbana hacia las zonas altas agrava crecientemente los problemas. (estos casos son los más frecuentes, como consecuencia de la urbanización, pero más agudos en territorios de baja pendiente como las ciudades del Litoral y la Pampa Húmeda Argentina).
d) Degradación de áreas urbanas por erosión, sedimentación de sólidos y permanencia de aguas estancadas (áreas urbanas sin pavimentos, en los extremos de fuertes y bajas pendientes respectivamente).
e) Impactos en la calidad de las aguas de cuerpos receptores (arroyos, ríos, lagos) por arrastre de sólidos y residuos de la superficie urbana.

Para los países en desarrollo se impone un análisis de los factores sociales, económicos y legales asociados a los problemas señalados (IHP, 2001 constituye un valioso análisis). Con matices variados, son un lugar común en la geografía del sub-desarrollo y caracterizan en muchos aspectos las diferencias con los países desarrollados que no pueden soslayarse a la hora de buscar caminos de solución a los problemas locales. Así es posible señalar las siguientes cuestiones:

1. Un grave problema existente en los procesos de urbanización en los países en desarrollo es la ocupación ilegal de espacios urbanos o peri-urbanos por población de escasos recursos, consecuencia de fenómenos complejos que no son de analizar aquí, pero que incluyen problemas migratorios internos, desequilibrios y transformaciones de las economías con consecuencias en la ocupación y el empleo, etc.
2. Las tierras fiscales cercanas a las ciudades son propicias para la invasión por parte de sectores de bajos recursos, dado el débil o ningún control o ejercicio de posesión que los gobiernos tienen sobre esas tierras. Cuando las tierras son de particulares, en zonas de escaso valor por sus desfavorables condiciones ambientales, suele ocurrir que sus propietarios favorecen o inducen procesos ilegales de ocupación para forzar posteriores acciones expropiatorias por parte del Estado. Espacios que son desocupados por alguna acción de relocalización realizada por el Estado son nuevamente ocupados por otras generaciones de invasores en tanto que no se les da destino inmediatamente o no se protegen (los caminos de sirga de canales urbanos son claro ejemplo de ello, como el canal de Desagüe Norte de S.M. de Tucumán).
3. Los estados municipales o provinciales suelen tener escasa o nula vocación de imponer la racionalidad en el uso del territorio, ni aún frente a los hechos de las ocupaciones ilegales en zonas de riesgo o ambientalmente desaconsejables. Con frecuencia se actúa en sentido contrario, consolidando esas radicaciones mediante la provisión de redes de servicios básicos como agua potable y electricidad.
4. Son escasas las ciudades que cuentan con Planes Directores Urbanos, Planes Reguladores o Códigos Urbanos que establezcan, al menos en sus propósitos, normativas para el ordenamiento del territorio y el crecimiento urbano. Tales carencias se deben a diversas causas cuyo análisis excede el alcance de este trabajo.
5. La existencia de planes urbanos o normativas para el crecimiento no constituye en sí garantía de un desarrollo urbano equilibrado y racional. Los municipios son en general débiles en cuanto a su capacidad de imponer la normativa y ejercer el control de su cumplimiento. Con frecuencia también son superados por decisiones provenientes de niveles administrativos superiores (provinciales y federales). En la actualidad, la supeditación de los municipios a los gobiernos provinciales es marcada y prácticamente institucionalizada por legislaciones de “emergencia” que devinieron permanentes. Tal debilidad suele extenderse a la capacidad para controlar los factores que incidirán en el desarrollo urbano, no solo en materia de drenaje pluvial sino en los otros aspectos relacionados (vías de comunicación, usos del suelo, acumulación de residuos,…., etc.).
6. Mención especial en materia de debilidad estructural de los municipios merece la insuficiente capacidad técnica de generar propuestas, tomar decisiones, elaborar proyectos, ejecutar o supervisar obras y ejercer un permanente y eficiente mantenimiento de los sistemas. Con frecuencia se realizan obras de drenaje pluvial de importancia y alto costo al amparo de una ayuda ocasional o de oportunidad del gobierno provincial o nacional, las que después de habilitadas no cuentan con un mínimo servicio de conservación, lo que provoca acelerado deterioro, pérdida de funcionalidad y, con frecuencia, colapsos y pérdidas físicas de envergadura (importantes obras de drenaje pluvial ejecutadas en la década de los 70 en S.M de Tucumán bajo el gobierno militar, no cuentan con mantenimiento sistemático y sufrieron fuerte deterioro y hasta destrucción total en su primera década de operación).
7. Las expansiones urbanas en las últimas décadas en la Argentina se produjeron en gran parte por los programas de viviendas de interés social, sustentados exclusivamente en la inversión pública. Su importancia ha sido tal que se puede considerar que determinaron en importante grado las características de los impactos ambientales derivados de la urbanización. Tales programas, como es bien conocido, se basan en pautas económico-sociales y políticas con escasos puntos de contacto con el planeamiento territorial. Sus características más generalizadas son:

* Las urbanizaciones con frecuencia no se sujetan a las regulaciones de planes urbanos (si existen) y rara vez tienen en cuenta sanos principios de planificación urbana que constituirían aportes de interés al crecimiento de la ciudad.
*Se urbaniza generalmente en terrenos de bajo costo, que frecuentemente son los menos favorables por ser zonas de riesgo (zonas bajas, planicies de inundación de ríos, zonas con napas freáticas altas, faldeos de montaña, etc.). Muchas operatorias de urbanización se realizaron con sistemas en los que los terrenos fueron propuestos por las empresas constructoras oferentes sin sujección a mapas de riesgo o exclusión (si los hubieron).
* Las urbanizaciones no contemplan los impactos que generan en los escurrimientos pluviales sobre las áreas agua abajo de las mismas.
* Los objetivos de solucionar problemas habitacionales a la mayor cantidad de población posible llevan a la adopción de viviendas de bajo costo, lo que suele significar subdivisión en grado sumo del suelo (lotes pequeños) y construcción de baja calidad. Estos rasgos inhiben cualquier intento ulterior de proveer algún control de caudales pluviales “en origen” (concepto que se desarrolla más adelante).
* En tren de asignar la mayor parte de los presupuestos a generar espacios habitables (“techo”), las vías públicas (calzadas y veredas) no son ejecutadas o apenas se ejecutan en forma incipiente (cordón-cuneta en el mejor de los casos). Se pierde con ello un importante recurso de manejo de los flujos de agua superficiales. Ello afecta fuertemente la calidad ambiental de mu-chas urbanizaciones masivas, con calles de tierra en pésimo estado, áreas encharcadas, frecuentemente intransitables para los peatones.
* Las tramas urbanas adoptadas no suelen adecuarse a la morfología del territorio, generando serios trastornos para la circulación libre de las aguas pluviales y a los propietarios para evacuarlas hacia la vía pública o la red natural de drenaje, usualmente obstruida por la urbanización (la ciudad de Bariloche es un claro ejemplo, lo que origina innumerables conflictos y demandas al Municipio, que autoriza los loteos).
* A pesar del impacto zonal que significan las urbanizaciones masivas, la inversión en infraestructura suele limitarse a la de vinculación o “enlace” con redes básicas de servicios (agua potable, cloaca, electricidad y gas). En general no se contempla la necesaria infraestructura de drenaje pluvial y menos aún cuando los problemas preexistentes en esa materia son de envergadura.

• El bajo ingreso promedio de las sociedades de los países en desarrollo no permite acompañar el crecimiento demográfico y la expansión urbana con las necesarias obras de infraestructura que son inherentes al bienestar del habitat (pavimentos, redes cloacales, drenaje pluvial, telefonía, gas, etc.). Usualmente los fondos públicos de los planes de vivienda se asignan a las redes de servicios más esenciales (agua potable y electricidad), postergándose las más costosas (cloacas y pluviales). La telefonía y gas, siendo servicios mayormente privatizados en la Argentina, están supeditados a criterios de rentabilidad de las empresas prestatarias o a la existencia de subsidios estatales.

Foto: Diario La Nación

II.2.-Criterios modernos de drenaje pluvial urbano

La forma de tratamiento del manejo de las aguas pluviales establece también líneas bien diferenciadas a lo largo de la evolución de los ambientes urbanos en las últimas décadas.

El modo tradicional de manejo de las aguas pluviales que se originan en un ambiente urbano está basado en una rápida evacuación de las aguas pluviales a través de la pronta captación de caudales superficiales concentrados en las vías primarias de escurrimiento (cunetas de calzadas) por medio de estructuras ad-hoc (sumideros, fosas, alcantarillas, etc.), su introducción en conductos cerrados o abiertos y su conducción hacia “cuerpos receptores” que pueden ser otros canales principales, ríos, arroyos, lagos o el mar.

Ese criterio de manejo no intenta controlar la cantidad de agua (caudales) que se genera por la precipitación en el conocido proceso “precipitación = infiltración + evaporación + retención + escurrimiento”. Así, la acumulación de caudales en el escurrimiento hacia agua abajo de una cuenca requiere conductos de tamaño creciente que en muchos casos alcanzan envergaduras muy importantes y costos elevados. Estos sistemas reducen el tiempo de concentración de las cuencas urbanas ya que aceleran los escurrimientos por las conducciones, que son más veloces que por superficie y se traducen en intensidades de las lluvias de diseño más altas.

Es sabido que los caudales de escurrimiento superficial en un ambiente urbano son decididamente más elevados que en las condiciones ambientales naturales, donde la cobertura vegetal natural favorece la retención, infiltración y evaporación. La presencia de superficies impermeables (techos, patios, playas, pavimentos, etc.) incrementa el porcentaje de agua que escurre libremente y se acumula en un proceso de concentración acelerado por la misma urbanización y las características del terreno (esencialmente la pendiente). Los hidrogramas de caudales van incrementando tanto en su valor máximo (caudal “pico”) como en los volúmenes totales escurridos. Las conducciones deben ser diseñadas para esos caudales pico, Manejar esos caudales puede requerir obras de gran envergadura que usualmente exceden la capacidad económica municipal de afrontarlas.

La tendencia moderna introduce el concepto de “control en origen” de los caudales superficiales de escurrimiento. Ello significa el empleo y aplicación de diversos criterios y/o dispositivos que tienden a reducir la cantidad de agua que escurrirá (reduciendo así los volúmenes) y a demorar el proceso de concentración (reduciendo así los caudales pico). Con ello se logra reducir la magnitud de las obras de conducción y sus altos costos asociados lográndose también efectos ambientales beneficiosos vinculados a la calidad de las aguas efluentes, recarga de acuíferos, etc. También se verán más adelante las restricciones y dificultades en la aplicación de tales criterios en ambientes urbanos consolidados y en marcos institucionales débiles.

Los recursos aplicables para lograr los efectos mencionados cubren un amplio espectro que se pueden subdividir globalmente en acciones estructurales (obras) y no estructurales (regulaciones).

Acciones estructurales
* Dispositivos de detención a nivel de predio (en propiedades privadas como centros comerciales, plantas industriales, countrys, playas de estacionamiento, etc.). La detención demora los caudales y en consecuencia los reduce.
* Dispositivos de detención a nivel zonal (lagunas de amortiguación en propiedad pública, como plazas, parques, barrios de viviendas masivas oficiales, etc.)
* Dispositivos de retención a nivel de predio (las retenciones, además de demorar los caudales, favorecen la reducción de volúmenes por infiltración)
* Dispositivos de retención zonal
* Pavimentos permeables

Acciones no estructurales
* Regulaciones sobre uso del suelo a nivel de predio (limitación de factores de ocupación)
* Planificación del uso del espacio público (previsión de espacios verdes, zonas de detención de aguas, etc.)
* Detección y definición de las áreas de riesgo y establecimiento de restricciones en ellas (por ejemplo: zonas bajas, depresiones topográficas, planicies de inundación de ríos que atraviesan el ámbito urbano, etc).
* Planificación del crecimiento de las ciudades y consideración del manejo de las aguas pluviales desde el comienzo de los nuevos emprendimientos.
* Normativa vinculada a los aspectos anteriores

Los recursos señalados suelen aplicarse combinados en un adecuado manejo ambiental para preservación del habitat, lo que implica un firme manejo del territorio y los factores ambientales (suelo, agua, aire).

Hay asimismo otras importantes acciones “no estructurales” que tienen importancia sustantiva en el manejo de la problemática pluvial y que se refieren a cuestiones institucionales e instrumentales que constituyen factores necesarios para el éxito de cualquier plan director en la materia. Por ejemplo:

Institucionales

• Creación de instituciones municipales que constituyan autoridad de aplicación del plan director, con poder de policía para garantizar el cumplimiento de la normativa.
• Dilucidación de jurisdicciones municipales, metropolitanas y provinciales para los casos de complejidad territorial (el Área Metropolitana del Gran Tucumán abarca siete municipios interligados).
• Asignación de responsabilidades operativas a los municipios y otras formas modernas de organización (delegación en consorcios, creación de empresas municipales, etc.).

Instrumentales

• Elaboración e imposición de códigos técnicos para asegurar la calidad técnica y funcional de las obras y las acciones (por ejemplo: Manual de Drenaje Urbano).
• Establecimiento de un régimen tributario para soporte del sistema.
• Programas de registro del régimen de lluvias (estaciones de medición).
• Programas educativos para lograr adhesión de la población a los objetivos del plan.

Foto: Diario La Gaceta de Tucumán

III.- PLANES DIRECTORES EN LA ARGENTINA

Al analizar la factibilidad de implementación y puesta en vigencia de planes directores de drenaje pluvial urbano en la Argentina, deben tenerse en consideración realidades y restricciones de significativa importancia que determinan aquel objetivo.

1. En primer lugar, se debe asumir que un plan director de drenaje pluvial urbano en la Argentina no puede adoptar, trasladar o apoyarse en modelos de países desarrollados (mayormente del hemisferio norte). Esos países ya han desarrollado en gran parte las acciones estructurales (obras) necesarias para el manejo de las aguas pluviales (captación y conducción) y sus acciones principales actuales apuntan a objetivos de preservación de la calidad del agua de los cursos naturales receptores del drenaje, como forma de preservar el habitat con un grado controlado de contaminación, problema que ha alcanzado niveles elevados en las sociedades de alto desarrollo económico. Ese objetivo, si bien deseable en nuestro país, parece todavía utópico cuando se observa que escasamente se hace algo por los problemas de drenaje pluvial como para aspirar a que se actúe sobre la contaminación de las aguas pluviales. Aún en una ciudad como S.C. Bariloche, implantada en un ambiente altamente sensible, los temas de contaminación de las aguas reciben insuficiente consideración efectiva (Adler et al, 2005).
2. En segundo lugar, los factores que llevan a la determinación de encarar la elaboración del plan director. Se ha mencionado ya que actualmente los organismos financieros condicionan sus préstamos para obras específicas propuestas por municipios o provincias a su justificación en el marco de planes directores. Si bien las obras hidráulicas (acciones estructurales) conforman un conjunto importante dentro del plan, no son las únicas y están muy relacionadas y supeditadas a otros tipos de acciones, en particular “no estructurales” cuya concreción no demanda necesariamente financiamiento y no suelen incluirse en el paquete de gestión. Frecuentemente, la idea de realización de un plan surge de alguna gestión moderna y visionaria, que no necesariamente tiene continuidad con la renovación periódica de autoridades. Es bastante común en la Argentina el abandono de planes al cambiar las autoridades. La condición ideal para un plan es que sea asumido por la comunidad y los diferentes representantes políticos de la misma, de modo de que no se afecte la continuidad con los cambios políticos.
3. Usualmente la visión generalizada, tanto en autoridades como en la población, sobre lo que debe ser una acción de gobierno se expresa en realizaciones concretas: obras (en especial bien visibles y “exhibibles”). Los planes, por más estudiados, elaborados y de calidad que fueren, no son reconocidos como una acción de gobierno destacable, en especial en la actualidad, cuando los municipios logran fondos para obras públicas que superan largamente su capacidad histórica de inversión en obras públicas. Debe reconocerse que la carencia de obras de infraestructura urbana acumulada durante largos años ha generado una expectativa y ansiedad en la población que los gobernantes buscan satisfacer a toda costa puesto que ello también brinda lógicos beneficios políticos frente al electorado. Más aún, los pavimentos, la iluminación y las redes cloacales y de gas son obras que son consideradas como de mayor impacto sobre el interés de la población. Las obras de drenaje pluvial, con su alto costo y fuerte impacto sobre las restantes infraestructuras, son proclives a ser despriorizadas, salvo que un organismo financiador de otras obras las imponga como precondición.
4. Una vez aceptada la idea del plan director, elaborado y disponible éste, se debe ponerlo en vigencia. Ello implica un numeroso conjunto de medidas consecuentes que requieren una decidida política por parte del Ejecutivo Municipal, que se traduce básicamente en normativa (ordenanzas, códigos, etc.) Ello involucra un volumen de trabajo de elaboración y discusión interna que demanda bastante tiempo y dedicación por parte de los responsables. Por lo general los municipios (su personal técnico y profesional) están acosados por los innumerables problemas cotidianos que ocupan prácticamente todo su tiempo y no permiten la dedicación que la seriedad del tema exige. El éxito posterior del plan director reside en gran parte en la continuidad del esfuerzo que se puso en su elaboración medido en la posterior dedicación de todos los responsables de las tareas subsecuentes del plan. Hay una arraigada tendencia a considerar que el plan director es meramente un “listado de obras necesarias”, en el mejor de los casos con una secuencia lógica de ejecución y un anteproyecto de las mismas que permita la gestión de su financiamiento y, en casos de mayor audacia, encarar procesos licitatorios arriesgando imprevisibles ulterioridades.
5. Es frecuente qué, existiendo voluntad política para encarar un plan director, se tropiece con dificultades serias por la escasez o falta de información básica (la más común es la topográfica y la geotécnica). Ello no debe ser excusa o impedimento para encarar un plan director, puesto que no necesariamente se debe llegar al resultado integral en una sola etapa. La formulación por pasos o etapas sucesivas acumulativas, cada una de las cuales permite definir adecuadamente la siguiente, es un modo no sólo aceptable sino frecuentemente deseable, en particular cuando se recurre al apoyo de consultoría profesional privada, puesto que se evitan contratos gigantes con incertidumbres en los planes de tareas, que terminan afectando la calidad del producto buscado.
6. En las ciudades más desarrolladas, con el espacio totalmente urbanizado y edificación densa no es posible ya, en general, la aplicación de medidas de “control en origen”. No caben en esos casos otras soluciones que la captación y conducción de aguas por conductos subterráneos y/o a cielo abierto, los que pueden alcanzar tamaños significativos y entrar en conflicto con otras redes de servicios preexistentes, todo lo cual encarece las obras. El control “en origen” es sólo aplicable en áreas nuevas de expansión urbana y grandes emprendimientos donde hay espacio disponible (urbanizaciones masivas de los planes oficiales, centros comerciales e industriales, etc.). La imposición de algunas de las medidas de “detención” a nivel de parcela se vislumbra como sólo aplicable en urbanizaciones masivas (siempre que su costo sea reducido) ya que en la construcción individual privada es muy difícil la imposición y control por los organismos municipales.
7. En áreas urbanas consolidadas que no cuentan con redes de colectores pluviales, al evaluar a nivel preliminar sus características básicas (trazados, pendientes y dimensiones) suelen resultar obras de gran envergadura por la acumulación de cuencas de aporte y grandes caudales. Para evitar las acumulaciones de caudales es conveniente entregarlos a cuerpos receptores que pueden ser otros canales troncales, cursos de agua naturales (cauces de ríos o arroyos), lagos, mar, etc. Cuando el cuerpo receptor es un canal puede resultar de importantes dimensiones y por ello requiere suficiente espacio para alojar la sección hidráulica y el camino de sirga para mantenimiento. Tales espacios no siempre están disponibles en las ciudades. De todos modos, habilitar cuerpos receptores en un ambiente urbano es clave para un plan de drenaje pluvial ya que crea los cuerpos de entrega de las aguas colectadas en zonas parciales de la ciudad.
8. Un plan director de drenaje pluvial urbano es un entramado técnico, jurídico y económico complejo. Su eficacia depen-derá no sólo de su calidad como plan sino también de la disponibilidad de una estructura funcional dentro del municipio que sirva de instrumento para su aplicación. Usualmente los municipios no cuentan dentro de su estructura orgánica con departamentos o divisiones para la atención de los problemas de drenaje pluvial. Menos aún cuentan con tributos destinados a tal fin (en cuanto usualmente no se considera que los desagües pluviales constituyan un servicio y por tanto pasible de una tasa específica). Por tal razón, uno de los aspectos básicos que debe contener un plan director en esta materia, es el planteo de las reformas institucionales (estructura orgánica) que permitan crear esas componentes internas del municipio para encargarse de ser Autoridad de Aplicación. Deberá fortalecer las actividades y sectores vinculados a Estudios y Proyectos, Obras, Operación y Mantenimiento, Control de usos del suelo, Planificación Urbana). En el plan director elaborado para la ciudad de S.C. de Bariloche, prov. de Río Negro, se puso particular énfasis sobre esos aspectos como condicionantes del éxito del plan (Adler et al, 2005).
9. La factibilidad de aplicación de los criterios modernos de drenaje urbano expuestos en II.2 debe evaluarse con criterio realísta en cada situación urbana. No siempre la topografía permite la fácil inserción de lagunas de detención o retención zonales. Los dispositivos de detención en predio son posibles de aplicar en nuevas urbanizaciones masivas siempre que la topografía lo permita y el organismo emprendedor (Institutos de la Vivienda locales) acepte el sobrecosto. Los dispositivos de detención de agua a nivel de cada predio privado suelen ser aceptados por los concejos municipales en tanto no implican costo económico para el municipio pero su efectividad puede ser dudosa. Experiencias elocuentes al respecto en Australia se pueden encontrar en el trabajo (Bewsher, 1995). En el caso de las lagunas zonales o barriales se plantea un problema ambiental serio dado que terminan constituyendo puntos de acumulación de basura (arrastrada por el agua hacia esas depresiones) y donde generalmente no hay organismo responsable del mantenimiento, transformándose en focos infecciosos en el propio ambiente urbano. Esos dispositivos tienen un claro efecto benéfico en reducir la envergadura de las obras de conducción, reduciendo las inversiones necesarias en obras de drenaje pluvial, pero los problemas subsecuentes deben ser tratados en las medidas “no estructurales” que deben acompañarlos para asegurar la obtención de los resultados buscados..

IV.- CONCLUSIONES

La preparación de planes directores para afrontar los problemas de inundaciones urbanas en la Argentina, si bien toma características específicas para cada ciudad y su medio físico, tiene rasgos diferenciados de los que se presentan en ciudades del mundo desarrollado. Al caótico crecimiento histórico se suman las fuertes inequidades socioeconómicas y la falta de planificación del crecimiento urbano y su infraestructura. La mayoría de los problemas de inundaciones son producto final de todo ello y por tanto los planes directores deben afrontar la grave situación actual con muy altos costos de corrección y/o mitigación, asumiendo que en una gran mayoría de áreas urbanas consolidadas no hay otra alternativa que la realización de costosas obras, en su mayoría hidráulicas. La aplicación de criterios más modernos es factible en áreas de expansión, pero requiere la implementación de códigos urbanos que contemplen la problemática del drenaje.

Las inevitables inversiones en obras obligan a que todo plan director incorpore la definición de gestión de fuentes de financiamiento, que requerirán soportes legales novedosos en materia municipal.

El fortalecimiento institucional de las autoridades de aplicación (en muchos casos hoy ni siquiera existentes) es parte clave del éxito de cualquier plan director, en cuanto se requiere el disciplinamiento de los múltiples factores que generan el desarrollo urbano (tanto públicos como privados). Por tratarse de ámbitos urbanos la autoridad debe estar en los municipios, pero debe reconocerse que el debilitamiento de las autonomías municipales frente a los gobiernos provinciales, réplica de la relación Provincia-Nación, es un factor que hoy pesa negativamente en la dirección deseable.

No obstante, la promisoria situación económica del país brinda una condición favorable para la planificación del crecimiento urbano y en particular para encarar la problemática asociada de las inundaciones urbanas.

Finalmente, un requisito obvio de un plan director es la continuidad a través de sucesivas administraciones de gobierno. Ello es producto del nivel de maduración de una sociedad y de la calidad de su dirigencia política, algo que los técnicos y planificadores no deben dejar de considerar. No se conoce antídoto contra la carencia de tales atributos.

REFERENCIAS

Adler, F.J., Lazarte R.R, Paz, H.R. (2005) “Plan Director de drenaje pluvial urbano de S.C. Bariloche”, prov. Río Negro, Argentina”. Consejo Federal de Inversiones y Depto. Prov. de Aguas de Río Negro. Se puede consultar una versión sintética en el sitio https://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/pluvial/desagues_bariloche.pdf

Bewsher, D.(1995). “OSD-¿Panacea or problem?” (OSD=On site detention). 34th Annual Conference of Institute of Municipal Engineering, Australia, Sidney

IHP(2001). C. Maksimovic (Chief Editor) “Urban drainage in specific climates”. International Hydrological Programme. Technical Documents in Hydrology. Nº 40- Vol. I, II and III. Unesco, París.

La entrada Inundaciones urbanas – Planes Directores en la Argentina se publicó primero en Problemas del agua.

El concierto de voces ambientalistas no tardó en expresarse con un dictamen como siempre repetitivo, lapidario y genérico: «todo fue por culpa de la deforestación y la siembra de soja, más la devastación de las petroleras». La mayor parte de los medios gráficos, radiales y televisivos difundieron hasta el cansancio tales argumentos, sin recabar opinión en ambientes menos dogmáticos y más objetivos. Es que importaba más actuar «a tono» con el discurso de moda que buscar la verdad de los hechos, lo que hubiera permitido actuar en firme para evitar repetición de errores y daños.

Informes elaborados por calificados técnicos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y la interpretación por este autor de información recopilada de diversas fuentes, como por ejemplo del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), permitieron tener una visión realista de lo ocurrido, lo que se tradujo en la conclusión de que se trató de un fenómeno natural extremo (lluvia muy intensa) en un ambiente natural extremadamente débil, preexistente al fenómeno, en el cual las acciones del hombre tuvieron muy poco que ver, desmintiendo así la interpretación maniquea de muchas ONGs ambientalistas.

En el artículo titulado » El desastre natural de Tartagal», publicado en la revista CET, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, Número 18, octubre/2009, el autor vuelca sus análisis y conclusiones sobre aquel episodio que conmovió a la región y el país. El fuerte impacto que el fenómeno tuvo sobre la sociedad llama a definiciones estratégicas para asegurar la ciudad hacia el futuro. ¿Actuar sobre la cuenca o sobre la ciudad?. Se propone actuar sobre el ámbito urbano, reduciendo su vulnerabilidad a los extremos naturales, por ser más eficaz, cierto y de menor costo global.

On February 9, 2009, an extraordinary flood happened in Tartagal River, which flows through the
eponymous city. The natural phenomenon carried a large amount of sediment and unusual amount of
tree trunks and branches. The collapse of a railway bridge caused a blockage of the channel and a large
flooding of the town resulting in heavy damage to the population, three deaths and hundreds of
evacuated people.
The basin is characterized by a geology of deep soils lying on weak sedimentary rocks, steep slopes and
dense forest vegetation. The serious environmental incident was a combination of a strong saturation of
soils by preceding rains and a final high-intensity rainfall that caused numerous landslides into riverbeds,
providing large amount of solid material and trunks transported in downstream direction by the flood.
Despite immediate environmental interpretations attributing the phenomenon to human action (deforestation
and oil activities in the basin) was quite obvious the natural causes of the phenomenon and
the high vulnerability of the city. Both facts caused a natural disaster which severely affected a human
environment.
There was a history of such processes in basins of the surroundding region, but in inhabited areas and
not the magnitude of which happened in Tartagal river.
The consequences of what happened require the adoption of strategic definitions for the town towards its
future. ¿Should the local government act on the basin or on the urban risk? It is proposed to act on urban
areas, reducing their vulnerability to natural extremes, being this more efficient, and certainly of less
overall cost.

Descargar El desastre natural de Tartagal(provincia de Salta-Argentina)

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Descargar PDF: F.Adler-CUANDO EL AGUA SOBRA

Foto: Ciudad de Santa Fe, inundación del año 2003 (Diario El Litoral)

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