El verano 2021-2022 en Tucumán venía bastante escaso en volumen de lluvias y tuvo escasas tormentas importantes hasta febrero. No obstante, la ocurrida el 5 de marzo, de relevante magnitud pero «no tan extraordinaria», desencadenó la temporada anual de conciertos de críticas, lamentaciones y exigencias al gobierno por una situación de inundaciones recurrente y sin visos de solucionarse. Se expone aquí un enfoque descarnado sobre las verdaderas posibilidades de solucionar los problemas de inundaciones en Tucumán, en especial en su Área Metropolitana. Lo sombrío de las expectativas plantea el desafío de encarar acciones tendientes, al menos, a no agravar los problemas para los próximos tiempos, que se medirán en décadas por la complejidad acumulada históricamente y por las dificultades que se avecinan para el país.

5 de marzo de 2022. Fuente Diario El Tribuno

La importante tormenta del 5 de marzo de 2022 en el área Metropolitana suscitó, por enésima vez, repetidos comentarios, críticas y quejas sobre la falta de obras de infraestructura para controlar y mitigar las inundaciones que las lluvias estivales provocan en nuestra geografía. Descartemos desde ya el pretexto útil esgrimido por gobernantes y sobre el que asienten diversos académicos, políticos, comunicadores y opinadores de diversa fuente: «es el cambio climático» (que también va siendo asumido como fatalidad por la sociedad). No hay pruebas que respalden que los fenómenos meteorológicos extremos que se presentan en Tucumán muestren una tendencia distinta a las históricas variaciones climáticas que caracterizan a la región, tanto en los extremos de sequías como en el de excesos pluviales.

Desde este espacio Problemas del Agua hemos señalado reiteradamente que, mucho más relevante que de un discutible «cambio climático», los problemas de inundaciones son producto del crecimiento urbano y de la ocupación del territorio desordenados sin consideración a los efectos ambientales, concurrente con la desorganización e incapacidad de las estructuras del Estado para planificar y acompañar el crecimiento con las obras de infraestructura necesarias y una situación crónica de estancamiento económico y social en la base de una provincia decididamente pobre.

Cada verano con lluvias intensas y sus correspondientes crecidas de ríos, canales de desagüe, calles y rutas culmina con serios daños a la infraestructura y propiedades privadas. Caídas o daños en puentes, roturas de canales, pavimentos, postes de electricidad y telefonía, ingreso a edificios y viviendas, inundación y/o erosión de campos agrícolas, etc. implican pérdidas enormes que se deben lamentar recurrentemente y constituyen un estigma para la sociedad. Los años pasan, la población crece, las ciudades se expanden, la agricultura avanza ocupando más territorio y los problemas no se resuelven ni hay atisbos de esperanza de que ello se revierta. Hay una mezcla de resignación y paroxismo en la sociedad, dependiendo el grado de afectación que a cada ciudadano le toque.

¿Qué es dable esperar para el futuro a partir de la situación actual, producto de la acumulación de problemas no encarados ni resueltos desde hace muchas décadas por muchos gobiernos?

5 de marzo de 2022 – Rotura del Canal Sur en cruce de ingreso a Yerba Buena.

Las últimas obras de protección contra inundaciones en el Área Metropolitana de S.M. de Tucumán datan de la década del 70 y del 80, es decir como mínimo de 40 años. De ese entonces, las obras fueron descuidadas, abandonadas o sometidas a un mantenimiento insuficiente. Para peor, errores de planificación, de diseño de ingeniería y defectos de construcción produjeron enormes grados de deterioro (caso Canal Sur) y hasta de destrucción total (caso canal Cainzo) que no fueron nunca corregidos ni reconstruidos. Obras concebidas en la década de los 60 cuando el área Metropolitana era mucho más reducida y estaba rodeada de áreas agrícolas cañeras que fueron mutando a citrícolas y luego arrasadas por la expansión urbana, produjo la obsolescencia e insuficiencia de los canales construidos, lo que agudizó los procesos de destrucción.

5 de marzo de 2022. Rotura del Canal Yerba Buena frente al Colegio del Pucará – Vista hacia agua arriba.

Estamos hoy entonces con obras insuficientes en cantidad y en capacidad para constituir verdaderas defensas contra las inundaciones, con el agregado de avanzados grados de destrucción y/o deterioro que avanzan como efecto dominó. Varios sistemas funcionan mal puesto que no se ejecutaron con una lógica racional. Todos estos aspectos ya fueron expuestos en el libro «El futuro del agua en Tucumán» y en diversos análisis en este blog.

5 de marzo de 2022. Rotura del Canal Yerba Buena frente al Colegio del Pucará. Vista hacia agua abajo.

Ante este panorama actual, empeorando crecientemente, cabe el interrogante sobre que espera al Área Metropolitana en lo sucesivo. Lamentablemente, el futuro es insoslayablemente sombrío. Veamos una síntesis de razones para prever una perspectiva objetivamente negativa.

1. Las obras necesarias de protección contra inundaciones son de gran envergadura y por lo tanto requieren de elevadas inversiones (tanto las nuevas como las reconstrucciones de lo destruido o deteriorado). No solo superan la capacidad económica de los municipios sino también de la provincia. Ninguno de estos niveles administrativos reúne la capacidad de contraer empréstitos para financiar planes de obras de alta inversión. De allí que la única posibilidad de afrontarlas es mediante apoyo económico de la Nación.

2. La situación económica del país, con su alto endeudamiento y con las dificultades para acceder al crédito internacional, presenta un panorama nada alentador para los próximos años en lo relativo a la posibilidad de la Nación de financiar planes de obras públicas. En el mejor de los casos, se conseguirá ayuda nacional para obras puntuales pero no para lograr revertir la situación de tantos años de inacción, dejadez y deterioro tan extendidos.

3. Los gobernantes y políticos no ven las obras de control de inundaciones como electoralmente interesantes. Priorizan otros campos de inversión que también son fuente de necesidades sociales insatisfechas o también urgentes (viviendas, caminos, hospitales, escuelas, redes de saneamiento, etc.). Para esas obras públicas hay obviamente mayor predisposición de la Nación para colaborar con las provincias.

4. No cabe esperar que haya inversiones de origen externo ni del ámbito privado en las obras necesarias. No son obras para producir retornos económicos directos (como por ejemplo la generación de energía) que pudieren atraer a inversionistas. Sus beneficios residen mayormente en los daños evitados y en brindar seguridad y protección a la población y la propiedad privada, abriendo nuevas áreas de desarrollo urbano y periurbano al abrigo de problemas de inundaciones. Las posibilidades de financiamiento internacional estarán muy supeditadas a la evolución de la economía argentina, lo que hoy por hoy es muy incierta.

5. La falta de planificación sobre las obras necesarias, de su secuencia ejecutiva y la reserva de los espacios territoriales requeridos hace que el avance de las actividades humanas, tanto urbanas como rurales vaya ocupando esos espacios, con lo que se requerirán futuras expropiaciones muy costosas que elevarán adicionalmente el alto costo de las obras.

6. En relación con el punto anterior, los organismos responsables no tienen definiciones sobre prioridades a adoptar. Más aún, es frecuente que, cuando a veces existen Planes Directores, estos no incluyan condicionantes de orden de prioridad en la ejecución de las múltiples obras que se proponen. Un ejemplo reciente fue la ejecución, en el área del Municipio de Yerba Buena, del Colector del Bulevar 9 de Julio, el que no cumple con su función eficazmente por no ser una obra de primera prioridad dentro del conjunto de obras planteadas en ese plan.

Como conclusión prospectiva puede aseverarse que la inacción actual en la materia tiene fuertes razones para permanecer en el tiempo, lo que obviamente seguirá agudizando los problemas para la población ya que todas las consecuencias de ese estado de cosas y de actitudes gubernamentales se irán sumando e inhibiendo todo intento de afrontar los problemas dado el costo en espiral ascendente que significará.

En la medida que el país y la provincia no vuelvan a un estado de crecimiento económico sostenido la expectativa de salir de este estado de situación se hace más improbable. Sólo en el marco de un retorno al crecimiento con estabilidad será posible abrigar esperanzas. Si se añade la incompetencia actual del Estado tucumano y la falta de capacidad estratégica de la clase política y gobernante, la improbabilidad pasa a un plano de utopía.

Lamentablemente es necesario plantear esta visión negativa pero realista para no sembrar falsas expectativas. El ciudadano común, no conocedor de la naturaleza compleja de los fenómenos que padece, sólo atina a plantear requerimientos y exigencias de soluciones urgentes pero recibe del gobernante respuestas dilatorias, falsas promesas y todo tipo de gambeta dialéctica. Quienes pretenden acceder al poder tampoco tienen mejores actitudes.

¿Hay entonces posibilidades de hacer algo a la espera de ese horizonte? Hay algunas acciones que apuntan, al menos, a mantener los costos de las obras sin incremento en el tiempo provocado por la trabazón creciente expuesta por el avance urbano y la ocupación del territorio. Ya que no se construirán las obras necesarias, al menos debe evitarse que su costo se incremente hasta niveles que las hagan totalmente inviables para siempre. La idea comprende los siguientes pasos:

A. Formular un plan básico tentativo de obras de desagüe pluvial basado en los planes parciales ya formulados en el pasado (aunque requieran actualizaciones), en las obras ya existentes y en las que se cuente con proyectos pero aún no ejecutadas.

B. Elaborar Planes Directores de manejo de aguas pluviales y control de inundaciones en las jurisdicciones que no cuenten aún con ellos.

C. Elaborar los proyectos de ingeniería de las obras surgidas de los planes directores como prioritarias a un nivel mínimo de anteproyecto, a fin de definir los espacios necesarios para las reservas de espacio.

D. Establecer un orden tentativo de prioridades de ejecución, que obedezca a razones fundadas en la lógica de los fenómenos de precipitaciones-escurrimientos.

E. Definir los espacios públicos y privados sobre los que se deberá establecer una reserva de uso, impidiendo la ocupación por otras obras de infraestructura y por emprendimientos privados. Sobre los espacios públicos los organismos municipales deberán administrarlo asignando los espacios para otras redes de servicios y usos. Sobre los espacios privados deberá declararse de utilidad pública y sujetos a expropiación, más el establecimiento de restricciones al dominio, dando el sustento legal correspondiente. Dado que el conjunto de obras necesarias tomará varias décadas en concretarse, la reserva de espacios a largo plazo seguramente requerirá un plan plurianual aprobado en la Legislatura que habilite las restricciones al dominio. Aun así, el panorama es todavía complejo, dado que hay amplias zonas del Área Metropolitana donde estas medidas propuestas llegarían tarde, por el grado de consolidación de la trama urbana con sus redes de infraestructura ya existentes.

F. Elaborar un Mapa de Áreas Inundables por causas pluviales y fluviales sobre las que se podrá establecer restricciones al dominio, prevenciones y/o requerimientos de edificación obligatorios tanto para la edificación pública como privada. Se deberá extender a zonas rurales circundantes de probable expansión urbana. En esta etapa se deberán determinar las zonas que deberán ser evacuadas y relocalizadas por su vulnerabilidad y alto riesgo, no afrontable mediante obras de protección.

G. Elaborar un Código de Edificación que establezca exigencias que apunten a dar mayor seguridad a los espacios a edificar, de modo que se reduzcan o minimicen los daños de las inundaciones.

Se muestra a continuación un listado adicional no exhaustivo de acciones imprescindibles a incluir, que no implican inversiones en obras y por tanto de baja carga presupuestaria. Son factibles de realizar en los próximos años y que contribuirán no sólo a mitigar en algún grado los problemas de inundaciones sino también a evitar la espiralización creciente a futuro de los problemas hasta ahora acumulados.

Se muestra a continuación un listado adicional no exhaustivo de acciones imprescindibles a incluir, que no implican inversiones en obras y por tanto de baja carga presupuestaria. Son factibles de realizar en los próximos años y que contribuirán no sólo a mitigar en algún grado los problemas de inundaciones sino también a evitar la espiralización creciente a futuro de los problemas hasta ahora acumulados.

* Detección de líneas de concentración de escurrimientos de agua en ámbitos urbanos (calles) y periurbanos.
* Determinación de zonas ribereñas urbanas y periurbanas.
* Determinación de áreas de evacuación y relocalización de población (casos de asentamientos en zonas de alto riesgo).
* Establecimiento de zonas de restricción total de construcción, salvo que incluyan las necesarias obras de evacuación pluvial sin transferir problemas a otras zonas.
* Evaluación de riesgo hidráulico de obras de infraestructura (puentes). Exigencia a organismos prestadores de servicios la formulación de planes de contingencia.
* Realización de inventario de estado de conservación de obras y necesidades perentorias de mantenimiento preventivo.
* Fijación de niveles topográficos mínimos de implantación de las construcciones nuevas.
* Fijación de normas de diseño de instalaciones y redes pluviales en urbanizaciones y grandes emprendimientos. Revisión y/o introducción de principios de manejo de aguas pluviales en códigos de planeamiento urbano municipal vigentes o a elaborar.
* Elaboración de plexo normativo de soporte a las restricciones y reglamentaciones y su tratamiento a nivel legislativo.
* Conformación de departamentos específicos en municipios para encargarse de operación y mantenimiento de obras pluviales de su jurisdicción y de aplicación de normativas.

Probablemente estas recomendaciones «de mínima», cuyo costo es ínfimo comparado con las inversiones en las obras necesarias, pero que requieren una firme decisión política y una reorganización de estructuras del Estado en esa dirección, sean también algo ilusorias en el estado actual de cosas al que ha llegado la provincia, con un Estado totalmente ineficaz, con gobernantes y clase política sin visión de futuro, atenta solo a motivaciones de preservación de poder, administrando la pobreza general con esa lógica de corto alcance.

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Consideraciones sobre su adopción en el Plan Belgrano

“Gobernar significa rectificar” (Confucio)

     Interesarse por los intereses de todos es propio de un gobierno ordinario; preverlos es digno de un gran gobierno (Napoleón)

Un hombre de estado debe tener el corazón en la cabeza (Napoleón)

Pretendo, en breve extensión, sustentar mi opinión sobre la discutible decisión, dentro del Plan Belgrano, de construir el complejo hidroeléctrico Potrero del Clavillo en la provincia de Tucumán.

En mi libro “El futuro del agua en Tucumán” (2014), en su capítulo 9 (http://problemasdelagua.com.ar), volqué las mismas ideas que planteo ahora, de modo que mis opiniones son ajenas a toda circunstancia política y responden a una visión estratégica sobre la temática del recurso hídrico de Tucumán, previas a la decisión comentada.

Para quienes no conocen el proyecto, hago una extremada síntesis sobre sus rasgos esenciales, que son los que tendré en consideración para exponer mis observaciones y propuestas. En un artículo próximo, desarrollaré algo más en detalle, y suficientemente ilustrados, aspectos que describan mejor el proyecto, para una adecuada comprensión por parte del lector que requiera más profundidad. Los datos que sobre éste aquí se vuelcan fueron extraídos del powerpoint institucional expuesto en el acto de presentación realizado en la Universidad Nacional de Tucumán el día 01 de junio de 2016. La documentación del proyecto no tiene estado público aún, lo que es deseable que ocurra a la mayor brevedad posible, con suficiente antelación a cualquier acto licitatorio, de modo que pueda ser sometido al debate de sectores sociales que puedan emitir juicios que merezcan ser tenidos en consideración.

El proyecto, denominado “Complejo Hídrico Multipropósito de los Ríos Las Cañas-Gastona-Medina”, supone el aprovechamiento de las cuencas altas de los ríos Gastona y Medina para fines varios, como ser hidroelectricidad, agua para industrias, regadío y agua potable para población. Sería la obra hídrica de mayor envergadura ejecutable en la provincia de Tucumán, concebida hace ya más de sesenta años.

Las obras se desarrollarían en dos ámbitos: la cuenca alta y la cuenca baja (ver Fases 1 y 2, figura A, en el encabezado de esta página).

En la Fase 1, en la cuenca alta se captan afluentes superiores del río Medina, se los conduce al embalse formado por el dique Potrero del Clavillo y desde allí hacia la usina generadora de energía eléctrica. No se captan afluentes superiores del río Gastona puesto que las obras estarían dentro del Parque Nacional Campo de los Alisos, lo que la ley constitutiva de éste lo inhibe. Esa restricción produjo una fuerte merma en el volumen de agua aprovechada, en contraste con las concepciones anteriores de Agua y Energía, Empresa del Estado ya desaparecida.

En la Fase 2, las aguas del río Medina, embalsadas y turbinadas en la usina hidroeléctrica, ubicada sobre el río de las Cañas, llegan a la cuenca baja, donde serían enviadas a un nuevo embalse, El Naranjal, donde se acumularían, para entregarlas reguladas de acuerdo a las necesidades de regadío, industrias y agua potable, en el área de los departamentos de Chicligasta y Río Chico de Tucumán.

De acuerdo a la información hecha pública en el powerpoint mencionado, el proyecto entregado por la UNT, que el gobierno Nacional se propone licitar, se refiere a las obras de la cuenca alta (Fase 1) y darían como beneficio: 310 millones de kWh de electricidad por año; regadío para nuevas has; agua para industrias y para la población. Además se arguye que traerá protección contra inundaciones en el área de Concepción y Aguilares. Para ello se prevé una inversión de 617 millones de dólares. Para la Fase 2, presa El Naranjal, se firmó en junio último, con la Universidad Nacional de Tucumán, un contrato para la elaboración del proyecto de ingeniería, en continuación del anterior. Actualmente, es sólo un esbozo básico sujeto a investigaciones y estudios.

Antes de analizar los beneficios de la obra, merece señalarse que funcionarios del Plan Belgrano expresaron que se pretende con éste contribuir a la realización de obras de infraestructura que promuevan la producción y que tengan beneficios de alcance regional. Es decir que excluirían obras de interés sólo provincial. Al respecto, cabe comentar que, en el NOA, las únicas obras hídricas significativas que pueden tener beneficios de alcance regional, o al menos para más de una provincia, son las factibles en la Alta Cuenca del río Bermejo (provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa). En todo el resto, en general, los beneficios de regadío y abastecimiento a industrias y población se concentran en las provincias donde se ejecutarán las obras.

Bajo ese marco, veamos los alcances de los beneficios mencionados.

La generación de electricidad es el beneficio más rápidamente recuperable, comparado con el correspondiente al incremento del área regable. Apenas concluida la obra se establece el beneficio. Los 310 millones de kWh (310 Gwh) anuales, constituyen un magro beneficio frente a inversiones de tanta magnitud, cuando se compara con el consumo total de 5110 Gwh que tienen actualmente (2015) en conjunto Tucumán (3108 Gwh) y Catamarca (2002 Gwh). Es decir que, una vez concluidas las obra en el plazo previsto de 5 años, ante el crecimiento constante de la demanda de electricidad, la obra aportará un ínfimo porcentaje de las necesidades de ambas provincias (menos del 5%). Si bien desconozco las evaluaciones realizadas por la Secretaría de Energía, la naturaleza del aprovechamiento, con largos túneles y pozos en roca, diques y caminos de acceso en montaña, la caracteriza como de alta inversión y se puede asegurar que al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) le resulta más económico abastecer a ambas provincias a partir de otras fuentes de generación hidroeléctrica más económicas (por ejemplo, de Cuyo, el Comahue y la Patagonia). El SADI puede transferir por las redes de líneas de alta tensión energía generada en cualquier parte del país.

Es decir que, para abastecer de energía eléctrica, en porcentajes ínfimos con relación al consumo actual de Tucumán y Catamarca, el SADI puede hacerlo a costos mucho menores que el resultante de Potrero del Clavillo. Ambas provincias suman, en conjunto, una ínfima porción del mercado eléctrico nacional (menos del 4%).

En lo que se refiere al beneficio del regadío, se agregarían, con El Naranjal (no con las obras que se licitarían), 6000 hectáreas a la extensión actual regada (aproximadamente 5000 ha). La red actual de riego y abastecimiento a industrias (ingenios) es rudimentaria, con muy escasos tramos de canales públicos con revestimiento, por lo que las pérdidas por infiltración son enormes. Si se suman las muy bajas eficiencias en el riego y en el uso de las industrias, se infiere que carece de sentido aumentar la oferta de agua mediante embalses para luego perder la mitad por filtraciones en los canales de conducción y que el agua sea desperdiciada por la industria. Efectuando inversiones públicas en revestimientos de los canales y exigiendo reutilización a las industrias se contaría con excedentes de agua que quedarían disponibles para aumentar el área regable y/o para nuevas industrias.

Las demandas de agua potable para la población son muy reducidas en comparación con los restantes usos y son fáciles de abastecer con otras fuentes de agua, sin requerirse un embalse como el propuesto, al menos para la población actual del área de influencia.

Finalmente, la protección contra inundaciones será muy limitada, a pesar de que muchos funcionarios la publicitan como un beneficio sustancial del proyecto, dado que el embalse de Potrero del Clavillo sólo detendrá las crecidas de los ríos que concurren a él. Las crecidas originadas en la cuenca baja del río de las Cañas, en todo el río Cochuna y todos los tributarios del Gastona, no serán detenidas ni amortiguadas, simplemente porque no se prevén obras para ello.

Dique El Naranjal

El agua para regadío, industrias y uso doméstico será abastecida desde el dique El Naranjal, ubicado en la cuenca baja, al oeste de Alpachiri. Éste puede acumular aguas de los afluentes superiores del río Medina y también recibir aguas de los afluentes del río Gastona (Conventillo, Membrillo, Las Raíces y Solco), sin afectar prácticamente al Parque Nacional Campo de los Alisos. Para ello, ese embalse debe contar con un volumen suficientemente grande, lo que no fue previsto en el proyecto entregado por la Universidad. El aprovechamiento hidroeléctrico tiene un conflicto de niveles con el embalse El Naranjal al que se debe llevar el agua luego de turbinada, mediante un canal ad-hoc, ver figura B (para que embalse acumule más agua debe tener un nivel máximo alto; el canal que va desde la usina al embalse requiere un desnivel suficiente para conducir el agua; si no se dispone de ese desnivel, será necesario retirar la usina más río arriba, perdiendo salto o desnivel topográfico para turbinar). En síntesis es: a mayor salto para la usina-menor volumen de embalse El Naranjal y menor utilidad de éste. ¿Tiene entonces sentido sacrificar la utilidad del recurso hídrico para el desarrollo productivo agroindustrial por una producción de energía escasísima que no resuelve ni atenúa los problemas de electricidad de Tucumán, Catamarca y el NOA?.

FIGURA B – INTERRELACIÓN ENTRE LAS OBRAS POTRERO DEL CLAVILLO Y EL NARANJAL. Muestra cómo el nivel más alto para éste último (760 msnm) está condicionado por el nivel de la descarga de la usina de la Fase 1 (785 msnm). Con el esquema adoptado, se limita el nivel de El Naranjal y el volumen de agua que allí se puede embalsar, reduciendo el aprovechamiento para riego e industrias. Elevar el nivel de El Naranjal sólo puede hacerse a costa de elevar la descarga de la usina más arriba de cota 785, con lo que se reduce el salto aprovechado y la cantidad de energía generable. 

En rigor, aprovechar al máximo las aguas del Medina y el Gastona con el dique El Naranjal no requiere del embalse Potrero del Clavillo. Más aún, se contraponen, como se sintetizó en el párrafo anterior. A la provincia de Tucumán, lo vengo sosteniendo desde mi libro, le interesa El Naranjal y debe bregar por hacerlo prioritariamente a Potrero del Clavillo. Aunque sin urgencia. Para sacar provecho a obras de aprovechamiento hídrico de gran magnitud, como lo es El Naranjal, debe también pasarse por las etapas previas de mejora y racionalización de los sistemas de riego e industrias existentes, con acciones e inversiones bien planificadas. Para ello, debería crearse un organismo de “desarrollo agroindustrial del sur”, con cabecera en el área Concepción-Aguilares-Río Chico, sobre cuya naturaleza debería debatirse desde ya. La instalación de nuevas áreas de regadío suele ser un proceso de lento desarrollo ya que requiere contraponer a la inversión del Estado las inversiones privadas para aprovechar el agua disponible. Esa respuesta no es ni fácil ni inmediata.

Otros beneficios secundarios, como la conexión vial con el oeste de Catamarca (Nueva Ruta Nacional 65,camino a Las Es
tancias) y el turismo, si bien existen, requieren inversiones adicionales tan importantes como las requeridas sin que se construya Potrero del Clavillo. Esta obra serviría tan sólo de disparador, pero sería absurdo invertir centenares de millones de dólares sólo con ese justificativo.

Hay un beneficio temporario que merece ser tenido en consideración y es el incremento de la actividad económica local por las empresas constructoras y los servicios de apoyo que se requieren durante la construcción. Potrero del Clavillo, tal como fue concebida, implica una erogación muy importante en equipos y sistemas de importación y la experticia de empresas internacionales, por contener mucha obra subterránea (túneles, pozos, cavernas). Todo ello implica componentes en moneda extranjera que no activan el mercado local. Contrariamente a obras de menor envergadura, como ser la ejecución de revestimientos impermeabilizantes de canales, ejecutables por empresas locales de mediano porte, abundantes en nuestro medio.

En síntesis

A Tucumán escasamente pueda interesarle el aprovechamiento con fines energéticos del río Medina. Sus necesidades de electricidad (apenas el 2,4% del total del país) pueden ser abastecidas desde el SADI sin mayores dificultades. Por otra parte, crear una oferta de agua para riego e industrias en un área donde actualmente hay un gran desperdicio, carece de sentido si antes no se utiliza “a fondo” el agua disponible. En ello le cabe al Estado provincial invertir en la impermeabilización de los canales, a los agricultores mejorar sus técnicas de riego y a los industriales invertir en la recuperación y reuso del agua tomada de la red pública.

A juicio de quién escribe, debe avanzarse con el proyecto de ingeniería del dique El Naranjal, de modo de contar con la herramienta clave para planificar su construcción. Si la obra es tomada como un objetivo prioritario para el sur de la provincia, se debería avanzar paralelamente en la conformación de un organismo de promoción del desarrollo, cuya naturaleza conviene ir delineando y debatiendo entre el sector público y el privado.

La decisión de ejecutar la fase hidroeléctrica del Sistema Potrero del Clavillo es, a juicio de quien escribe, apresurada y producto de improvisación de gobierno nuevo, ansioso por mostrar iniciativa, acompañada por gobiernos provinciales carentes de visión estratégica sobre sus recursos hídricos y de planes para su mejor aprovechamiento. Tucumán ya se embarcó en aventurerismo hídrico en la década de los 90 con el proyecto Canal Federal. Parece no aprender de sus errores históricos.

En una provincia acosada por serios problemas con el agua, que oscila entre inundaciones y sequías, que requiere un serio empuje productivo, no es aceptable dilapidar recursos económicos en opciones que dan brillo a gobernantes pero no dan los beneficios que la sociedad requiere. Si el gobierno Nacional quiere contribuir al desarrollo provincial con fuertes inversiones en obras hídricas, mejor opción es fomentar la ejecución de revestimientos impermeabilizantes en los canales de riego, con lo que se evitarán las grandes pérdidas de agua, habrá más agua disponible para el regadío y las industrias, y, paralelamente, se ocupará mucho mayor cantidad de mano de obra local que la compleja y costosa tunelería del proyecto propuesto, dejando en la provincia mayor parte de la inversión a realizar.

Por tanto, la propuesta que someto a consideración es de no ejecutar la componente hidroeléctrica (dique Potrero del Clavillo, túneles y usina en el río Las Cañas) y priorizar el dique de embalse El Naranjal, con la transferencia desde el río mencionado y la de los ríos Conventillo y Solco (tributarios del Gastona).

Rectificar una decisión apresurada e improvisada por parte del nuevo gobierno hablará más a favor de éste que embarcarse en efímeras glorias poco conducentes, que excluyen mejores destinos para las acciones e inversiones públicas.

Ing. Franklin J. Adler
Setiembre de 2016

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El verano 2015-2016 trajo a la Argentina numerosas inundaciones en diversas regiones y provincias. Según los meteorólogos, por causa del fenómeno El Niño, particularmente intenso en esta ocasión.

En lo que respecta a la provincia de Tucumán, las alertas emitidas antes del inicio del verano pronosticaban uno con efectos catastróficos sobre la población y sobre la infraestructura y las propiedades, por causa de abundantes e intensas precipitaciones pluviales. La realidad mostró un verano con una pluviometría que no alcanzó el promedio histórico del período rico (octubre a marzo), o sea lejos de registros record o extraordinarios (en El Colmenar, la EEAOC registró 821 mm contra un promedio histórico de 839 mm). No sólo en los totales de lluvia mensuales sino también en las intensidades de las precipitaciones, que determinan la acumulación de fuertes caudales urbanos y de los ríos que crecen y desbordan sus cauces inundando las planicies y riberas donde la población se empeña en afincarse.

No obstante no tratarse de lluvias extraordinarias, los efectos sobre la población fueron graves, extendidos y desalentadores. La población afectada siente frustración y sensación de impotencia. Hasta las ayudas que los gobiernos brindan en la emergencia a los sectores más pobres, ayudando con las evacuaciones y proveyendo elementos básicos como colchones, chapas para techar, comida, etc., ya no conforman. La mayoría pide soluciones “de fondo”, que visualiza como obras que eviten las inundaciones de modo de poder vivir tranquilos sin la aflicción de la próxima, que a veces ocurre todos los años y hasta varias veces en un mismo año.

Foto Diario La Gaceta

Voy a tratar de mostrar que, a pesar de lo justo y respetable que puedan ser los anhelos de la población, satisfacerlos es una utopía o al menos harto difícil de cumplir para los responsables de los gobiernos, por bastantes años hacia adelante. ¿Cuántos? Me animo a decir que del orden de varias décadas. Ello es una realidad palmaria, pero lo peor es que es “políticamente incorrecto” verbalizarlo. Reconocer la impotencia para solucionar muchos de los problemas es algo que ningún gobernante argentino, nacional, provincial o municipal, puede hacerlo sin que se lo califique como un suicidio político.

La impotencia para resolver los problemas no proviene de su naturaleza, generalmente compleja. Deriva más bien de la incapacidad de los diversos niveles del Estado, desde municipal a provincial por la inoperancia y mediocridad a que los llevaron diversas etapas de gobierno en el último siglo, tanto civiles como militares, democráticos como no tanto, peronistas variopintos o radicales.

Veamos cómo se distribuyen las responsabilidades. Los problemas de inundaciones urbanas deben ser manejados por los respectivos municipios, que deben regular los usos del suelo, establecer normas de construcción, manejar las aguas pluviales por las calzadas y brindar cuerpos receptores, como canales y entubamientos para llevar ordenadamente las aguas hacia cuerpos receptores naturales como ríos, lagos, depresiones naturales o el mar. Manejar los escurrimientos, captarlos y conducirlos implica importantes obras con inversiones enormes que aumentan más y más a medida que se postergan puesto que requieren amplios espacios públicos que compiten con otras instalaciones y servicios, como agua, cloacas, gas, telefonía, electricidad. Primeramente no se las construye puesto que se priorizan otras necesidades (los desagües no lucen); luego, no se hace nada para evitar la acumulación de aguas pluviales superficiales y, finalmente, no se encaran porque no se cuenta con proyecto de ingeniería. Así, el resultado es que se las posterga ad infinitum porque su costo es tan alto que el municipio no tiene capacidad económica para afrontarlas. En síntesis nunca se hacen ni se harán, en la medida que no cambien ciertas cosas en el sistema político, económico y social de la Argentina.

Dada la imposibilidad económica de los municipios de encarar las obras necesarias con ingresos propios, su viabilidad depende de la ayuda que el gobierno provincial, o nacional, les brinde. Cuanto más grande sea el ámbito urbano en cuestión, mayores serán las obras necesarias y mayores las inversiones. También significan esfuerzos económicos importantes para los gobiernos provinciales, que deben afrontar problemas de toda índole en diversos ámbitos de su jurisdicción y están sometidos a múltiples presiones sectoriales.  Acá entonces tenemos que la ayuda provincial a los municipios está supeditada a la discrecionalidad derivada de la buena o mala relación municipio-provincia, dependiente de si se trata de gobiernos de igual o distinto signo político, lo que se replicará idénticamente en la relación Provincia-Nación. El Pacto Social Provincia-Municipios aherroja esa relación al ceder estos últimos sus ingresos a cambio de garantía en el pago de salarios a sus plantas de empleados. Las autonomías municipales resultan entonces totalmente ilusorias.

Foto Diario La Gaceta

Resulta entonces que la viabilidad de encarar obras públicas para controlar o mitigar inundaciones está fuertemente determinada por la economía provincial, por su capacidad de generar ingresos desde su actividad productiva (léase impuestos) y afrontar inversiones. El endeudamiento para planes de obras públicas es también hoy por hoy ilusorio y entonces la provincia también debe recurrir a la ayuda discrecional del gobierno nacional, repitiendo el esquema de dependencia genuflexo, esta vez ante el Poder Central.

Inexorablemente, debemos admitir que Tucumán es una provincia pobre, al igual que muchas otras de la Argentina, en especial de la región norte. Pobre a pesar de sus industrias, de su agricultura, de sus universidades, de su mundo artístico y cultural de falso brillo, de su hiperdimensionado sector servicios, de sus countrys y edificios de lujo. No tiene un ingreso económico suficiente para poder alimentar el crecimiento de su población y la ocupación de su territorio con la infraestructura que ello requiere. La agricultura extensiva de la soja genera ingreso pero no empleo. La caña de azúcar genera empleo pero de muy bajo ingreso. La construcción de la obra pública genera también empleo pero de bajo nivel salarial. La permanente incertidumbre económica inhibe las inversiones en nuevas fuentes de trabajo. El Estado es el principal empleador y distribuidor de ingreso sin genuino incremento del ingreso económico provincial.

Numerosos casos de inundaciones rurales y urbanas se producen por los desbordes de ríos que, en ocasión de crecidas, se expanden y ocupan la planicie aluvial ribereña, donde se asentaron en las últimas décadas numerosos núcleos de población. No sólo se instala población de muy bajos recursos en esos sitios bajos y peligrosos por ser terrenos de bajo valor, no explotables por la agricultura, sino que el Estado mismo construye en esos lugares barrios de viviendas y legaliza la posesión de esas tierras. Hay zonas rurales también expuestas a inundaciones por desmadres de los ríos, que afectan no sólo a la producción agrícola sino también a población dispersa en núcleos pequeños. Hay zonas en Tucumán que están prácticamente condenadas a inundaciones frecuentes por migraciones de los cauces de los ríos en territorio muy llano, es decir de muy baja pendiente. Es el caso de la llanura deprimida del este, en el abanico de confluencia de los ríos al embalse de Río Hondo. Allí es prácticamente imposible atenuar los procesos de movilidad de los cauces por los fenómenos complejos que ocurren. Cuando decimos imposible no nos referimos a lo técnico sino al costo económico de las eventuales soluciones, que insumirían enormes inversiones para proteger a una población decididamente reducida, en desmedro seguramente de otros sectores más numerosos de población también con problemas graves y perentorios.

¿Qué es lo que se puede hacer desde el Estado para prevenir, evitar o mitigar los efectos de las inundaciones? Las causas de éstas son complejas y reconocen diverso origen. Son temas ya analizado por este autor en diversos trabajos, de los cuales se señala en particular “Cuando el agua sobra” (revista El Pulso Argentino, Número 8, año 2011), el que puede consultarse en este mismo blog. Las soluciones son obras de evacuación pluvial o desagüe, de protección contra irrupción fluvial y otras diversas, pero también hay medidas que tienden a prevenir los problemas con anticipación, evitando crear situaciones de vulnerabilidad y agudización de los problemas de acumulación de aguas. Ambas tienen fuertes dificultades, aunque de muy distinta naturaleza.

Antes que nada, cabe aclarar que la responsabilidad primaria en la resolución de problemas de inundaciones es de los municipios y las provincias, según el ámbito espacial y jurisdiccional en que se producen. Desde la reforma constitucional de 1994, en la que el agua fue declarada como recurso natural propiedad de las provincias, todos los aspectos vinculados (y las inundaciones lo son) también caen dentro de esa categorización, a excepción de los ríos limítrofes o de curso internacional, casos en los que las materias del agua pasan a jurisdicción de la Nación.

Volviendo al tema,  en primer lugar, las obras hidráulicas de desagüe y protección contra inundaciones, omitidas durante largas décadas, que no acompañaron el crecimiento urbano ni los desarrollos agrícolas, son numerosas y, por lo general, de gran envergadura y costo. Los montos de inversión necesarios superan toda capacidad de los municipios para concretarlas y requerirían planes de mediano y largo plazo con financiamientos especiales. Son tan grandes las necesidades y las carencias después de muchos años de falta de planificación y de desinversión, que obviamente el Estado se ve en la necesidad de fijar prioridades, las que no deberían establecerse según la perversa relación entre poderes locales y poderes superiores, como ya se expuso, sino sobre la base de planes directores globales y zonales.

Las otras acciones mencionadas, denominadas “no estructurales”, es decir que no son obras, son de naturaleza normativa que apuntan a prevenir los problemas mediante planificación, regulaciones y normativa. Implican, por ejemplo: límites a los usos del suelo tanto urbano como rural, normas de edificación para hacer construcciones menos vulnerables, delimitación de áreas inundables para inhibir su urbanización y/o explotación económica, etc. Como se puede ver, estos tipos de acciones no requieren de inversiones en obras sino la organización de los estados municipales y provinciales, dotándolos de capacidad humana y técnica para generarlas, implementarlas e imponer su cumplimiento por parte de la sociedad y los factores económicos y productivos.  Este autor estima que esta fase de las soluciones es la más difícil en la Argentina, mucho más que la asignación de partidas presupuestarias para concretar las obras requeridas, con lo difícil que ello es en sí. Determinan esa dificultad la naturaleza anómica de la sociedad, la falta de respeto y sujección a la ley, la dificultad o escasa convicción de los gobiernos y de la Justicia en hacer cumplir las leyes y la hegemonía de intereses espurios.

Foto Diario La Gaceta

Un ejemplo de la inoperancia del estado provincial en Tucumán sobre los problemas de las inundaciones, por no mencionar la referida a las demás cuestiones del agua, es la Ley provincial Nº 7696 de “Bienes en Zonas Inundables” del año 2005. Esta pretende establecer un régimen de uso de bienes (propiedades) en áreas inundables. Es decir imponer reglamentaciones con restricciones al dominio en diversas áreas que estén expuestas al riesgo de inundación. Para ello, el Estado dispone la realización de una cartografía con las áreas con grado variado de riesgo, a cargo de la Dirección General de Catastro y los diversos municipios y comunas.  También establece la creación de la “Comisión Provincial de Zonas Inundables”, la que se materializó por el Decreto 525/3(MDP) de 2007, en el ámbito de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente.

Tan importante objetivo aún no logró siquiera tener inicio en firme en el año 2016, es decir a más de diez año de dictada la ley. Varias razones pueden señalarse como causales. La primera, es que la ejecución de la cartografía de áreas inundables y la determinación de frecuencias de ocurrencia de ellas son tareas de gran envergadura y largo aliento, por la escasez de información disponible, la extensión del territorio a analizar y multiplicidad de situaciones a considerar. Todo ello requiere importantes esfuerzos económicos, tiempo y equipos humanos especializados para su ejecución. El Estado provincial nunca pensó en esos requerimientos. Por otra parte, una vez con la cartografía disponible, surgirán numerosas restricciones al dominio de los particulares que llevarán a múltiples controversias que pueden llevar a conflictos y demandas al Estado. Quizás, ante esas dos situaciones objetivas y potenciales, el Estado mismo desalentó la puesta en vigencia de la ley.

En síntesis, las soluciones a los problemas de inundaciones en Tucumán, al igual que en numerosas partes de la Argentina, no vendrán pronto, ni aun cuando ocurriere una sustancial inyección de inversiones destinadas a ello.  La naturaleza altamente compleja, la carencia de planificación racional y, por sobre todas las cosas, la situación de estados provinciales paquidérmicos, ineficientes e inútiles, incapaces de liderar procesos en esa dirección, ralentiza inevitablemente los procesos de por sí largos y abona la desesperanza. Las decisiones sobre las prioridades deberían surgir de medulosos análisis y serios estudios de diagnóstico, seguidos por proyectos de ingeniería de calidad y las acciones institucionales que las acompañen. Por ello, sin una profunda transformación política del Estado, que mejore su calidad como organizador de la sociedad y sus problemas, los plazos para la esperanza de la población se dilatarán permanentemente.

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En el año 2016, a nueve años de aquella circunstancia, no se registraron avances en las direcciones deseables, estando la provincia en situación de vulnerabilidad grave y creciente frente a las inundaciones.

Descargar Bases para un Plan Director contra Inundaciones en Tucumán-2007

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Los embalses artificiales, producto de la acumulación del agua de los ríos, cumplen un significativo rol en el aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales para riego, bebida, industrias, etc. Su beneficio primario es la transformación de los caudales naturales variables a los demandados por los usos del agua, generalmente no
coincidentes entre sí. Con los embalses se logra mayor disponibilidad y seguridad en la provisión de agua para los
usos. Así un recurso hídrico superficial se mide por los caudales de los ríos y los volúmenes disponibles donde es
posible guardar el agua.
La ejecución de embalses mediante diques tiene no obstante impactos importantes sobre el ambiente que deben ser considerados desde las etapas iniciales.
El Cadillal es el embalse de mayor envergadura e importancia en Tucumán. Sus problemas de pérdida de volumen útil por colmatación con sedimentos y los de captación y calidad del agua para bebida requieren una acción decidida del Estado a fin de evitar restricciones futuras a los usuarios y la pérdida de ese recurso natural.

Reservoirs And Surface Water Resources. El Cadillal (Argentina, Tucumán). Present – Future State
Artificial reservoirs, product of the accumulation of the natural water of rivers by man-made dams have a significant role in the exploitation of surface water resources for irrigation, drinking, industries, etc. Its primary benefit is the transformation of the variable natural discharges to the water use requirements, generally not related with one another.
Dams and reservoirs offer greater availability and security in the water provision for all uses. Thus a surface water resource is evaluated by annual runoff of the rivers and the volumes available where it is possible to keep the water (reservoirs). Despite that, the execution of reservoirs by building dams has important impacts on the environment that must be considered from the initial stages.
«El Cadillal» is the largest dam and reservoir in Tucumán and also the most important. It supplies 56% of the drinking water demand from the urban conglomerate of the capital city of the province and provides irrigation water for 35000 ha and water for industries.
The problems of loss of impounding capacity by progressive filling with sediments and those derived from the water intake affecting water quality require a decided action in order to avoid future restrictions to the users and the loss of that natural resource.
Usual impacts of dams and reservoirs on the environment are described in the paper and comments are made about the discussion opened worldwide on the convenience of such kind of actions on water resources.

Descargar/Download Embalse El Cadillal (Provincia de Tucumán)

Balsa «La Niña», bombeando agua del embalse hacia el tazón del aliviadero para enviarla a la planta potabilizadora, en una operación anómala.

«La Niña» raft pumping water from the reservoir toward the spillway bowl to send it to the water treatment plant in an anomalous operation.

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Este autor fue invitado a efectuar su aporte, el cual se plasmó en el trabajo del epígrafe.

Descargar  Visión actual y prospectiva de la problemática del agua en Tucumán

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La presa de embalse Potrero de las Tablas es una obra que se transformó en las últimas décadas en un ícono ilusorio para muchos políticos de Tucumán, que la emplean como un sueño o fantasía para las promesas electorales. Además de ello, diversos sectores están convencidos de su perentoria necesidad para afrontar problemas de escasez de agua, tanto para regadío de tierras agrícolas como para abastecer de agua potable a la población.

Conviene entonces evaluar en sus justos términos la conveniencia de encarar en firme y a corto plazo una obra de tamaña envergadura y alto costo.

Los embalses son absolutamente necesarios para que una región que cuenta con recursos de agua superficiales (ríos) pueda disponer de la mayor cantidad posible para sus necesidades. ¿Por qué? Porque permiten guardar las abundantes aguas del verano que se emplean poco, ya que a la agricultura le basta con las lluvias y los ingenios azucareros de Tucumán no trabajan, y acumularlas para la primavera siguiente, época de mayor consumo en todas las actividades. Para ello es necesario disponer de grandes volúmenes, que están en los valles de las zonas montañosas u onduladas (vasos) y estrechuras o “cierres” del terreno donde construir, a costos razonables, los diques necesarios para cerrar esos embalses.

Si no se dispone en un río de esos lugares que brinda la naturaleza, la cantidad aprovechable de su agua baja drasticamente, por ejemplo a un 25%, ya que cuando el agua supera las necesidades, al no poder guardarla, se pierde inevitablemente.

Así planteadas las cosas, un recurso hídrico superficial, no solo es representado por los caudales de los ríos sino por el conjunto “río + embalse + cierre”.

Ahora bien, Tucumán no tiene en su geografía, a pesar de la abundancia de agua en sus ríos, suficientes vasos y sus cierres para construir embalses y guardar las aguas del verano para enviarlas al invierno y primavera siguientes. Por ello, debe preservar sus embalses y cuidarlos para que duren el mayor tiempo posible. El principal factor que tiende a reducir la vida útil de un embalse es la colmatación con sedimentos que traen los ríos, producto de la degradación natural de sus cuencas (frecuentemente reforzada por la actividad humana).

Por otra parte, en Tucumán, un embalse sirve para abastecer de agua a las demandas como ser el agua potable para población, regadío e industrias (principalmente la azucarera). Los consumos que esas actividades tienen actualmente son excesivos e ineficientes, habiendo un gran margen de potenciales economías. Construir diques de embalse, obras de alto costo, para abastecer demandas de agua ineficientes o irracionales no solo implica una dilapidación de recursos económicos sino también, en el caso de Potrero de las Tablas, del recurso natural “agua + vaso + cierre” ya que se lo expone prematuramente a la pérdida por colmatación del vaso.

Es mucho más serio y estratégico racionalizar primeramente los usos del agua llevándolos a niveles de eficiencia razonables, antes de plantear la construcción de embalses. En caso contrario comprometemos seriamente la disponibilidad de agua para las generaciones futuras (bastante cercanas) a pesar de tener abundante agua en nuestra red hidrográfica. Ese criterio es recomendado fuertemente por la mayoría de los organismos de planificación y financiamiento internacionales. Se le oponen grupos sectoriales interesados en negocios o que buscan transferir al estado o a la sociedad los costos de su mal uso del agua.

Bajo esta óptica, considero que Potrero de las Tablas se deberá construir inexorablemente, pero no aún, cuando todavía es posible e imperioso racionalizar el consumo de agua para todos los tipos de usuarios, cada uno dentro de sus particularidades. El momento oportuno será cuando no se pueda hacer nada en esa dirección o sea de un costo tal que haga que esa presa sea la alternativa más favorable para dar más agua al sistema productivo y la población.

Procediendo con ese criterio en el uso de nuestro recurso hídrico, prolongaremos lo máximo posible la posibilidad de emplearlo hasta el tope que el tratado Interprovincial del Salí-Dulce, firmado con Santiago del Estero y Córdoba nos lo permite.

El embalse fue siempre pensado para abastecer de agua potable al sur de la ciudad capital San Miguel de Tucumán y las ciudades pedemontanas San Pablo y Lules, además de abastecer de agua para regadío. Allí reside su principal justificación. En el año 2006 una gestión de crédito ante el BID fue rechazada por considerar ese organismo que no financiaría la obra para abastecer de agua potable, ante la situación de mal uso existente. Se intentó cambiar el objetivo para facilitar la gestión, incorporando la protección de la ciudad de Lules y eliminando el embalse como pretendía el banco. En rigor, la justificación de Potrero de las Tablas como protección de la ciudad de Lules contra las crecidas estivales del río homónimo tiene como alternativas de mucho menor costo obras hidráulicas de protección de márgenes, mucho más accesibles a las arcas provinciales.

Este tema se trata en profundidad en el libro “El futuro del agua en Tucumán”, en su capítulo 9, junto a otros grandes proyectos hídricos para la provincia.

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 Artículo publicado en la revista El Pulso Argentino en dos partes (Nos 10, mayo y  11, diciembre de 2012)

La crisis energética argentina se manifiesta fuertemente en los combustibles líquidos. Baja producción, aumento de la importación y precios del petróleo crecientes e inestables. La incorporación del bioetanol a las naftas argentinas y biodiésel al gasoil a partir de la Ley Nacional de Biocombustibles 26093 marcó una decisión estratégica que puede tener impactos significativos en las economías provinciales fuertemente basadas en la agricultura, las que sentirán el impulso de dirigir su producción agrícola en esa dirección. Para las provincias del NOA, en especial Tucumán, productoras de caña de azúcar, materia prima para etanol, la oportunidad de insertarse en la economía nacional con una participación estratégica es altamente interesante, pero conlleva riesgos que pueden determinar fuertemente la calidad ambiental y de vida de sus habitantes. Asimismo, los recursos hídricos pueden coadyuvar al crecimiento productivo pero también ser fuertemente afectados por la contaminación industrial de las destilerías.

Descargar PDF: F.Adler-Combustible verde -Parte 1
Descargar PDF: F.Adler-Combustible verde -Parte 2

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Días después del episodio que costó la vida a un forastero bajo el puente Central Córdoba en calle 24 de Setiembre al 1200, el 4/12/2015, me llamó alguien de la Municipalidad de S.M. de Tucumán para solicitarme datos sobre las obras de desagüe que se habían ejecutado allí para vaciar el bajo que se llena de agua en ocasión de tormentas intensas y que se transforma en trampa mortal prácticamente todos los veranos. Ejercí la dirección de una Comisión de Desagües Pluviales del ámbito capitalino en la década de los 90 y hacía veinte años que me había alejado de ese organismo.

Realizamos en ese entonces, con un colaborador, relevamientos de las obras preexistentes para abordar el problema, las que mostraron reiteradamente el total fracaso en lograrlo. Esos documentos desaparecieron de las oficinas municipales, lo que ya es un lugar común en la administración pública, donde nada se conserva, ni se respeta ni se valora. La ciudad no tiene historia. En eso y en muchas otras cosas.

La injusta muerte ocurrida generó mucha justificada indignación en la población. ¿Por qué tendría que saber un visitante lo que ocurre todos los veranos en ese lugar? Buscó cobijo bajo un puente y terminó ahogado. Hace casi cuarenta años que ocurre en los veranos; ya forma parte del paisaje urbano y sus peligros no conmueven mayormente a la sociedad; salvo cuando ocurre alguna muerte. Días después de la tragedia, todo se olvida.

Hace más de treinta años se pretendió dar una solución ingenieril al problema y se fracasó. ¿Mala ingeniería? ¿Problema inmanejable? Yo diría “mediocridad general”.

La realidad es que toda la concepción del sistema de desagües del eje Av. Mitre/Suipacha-Av. Alem/San Luis fracasó. El Plan Decio Costanzi de los años 60 planteó el conjunto de obras necesarias, las que, para funcionar adecuadamente, debían ser ejecutadas en una secuencia lógica atendiendo a la naturaleza de los escurrimientos del agua a través de la ciudad. No se respetó la lógica física de los problemas. Las obras se ejecutaron haciendo caso omiso de ellas y con pésima ingeniería, y el resultado fue que nunca se logró el objetivo propuesto. En todas las lluvias intensas, la cantidad de agua que escurre por Avenidas Mitre y Alem y por las calles paralelas Suipacha y San Luis es tan descomunal que pone en evidencia el fracaso de los desagües construidos en estas últimas. Parte de esas aguas, en cantidades imposibles de mensurar, escapa y se mete hacia el bajo del puente Central Córdoba, ocasionando el lago mortal.

Lo descripto no sólo ocurre en la ciudad con el colector Suipacha-San Luis sino también con el que va por calles Uruguay y Álvarez Condarco con idénticos resultados: Sirvieron poco y nada para mitigar inundaciones. Grandes obras, de alto costo, escaso a nulo resultado. En Yerba Buena está ocurriendo lo mismo con el colector del Bulevar 9 de Julio, actualmente en construcción.

Es decir, en síntesis, que la acumulación de aguas bajo el puente de calle 24 de Setiembre, es producto de la mediocridad general de numerosas administraciones municipales, de la mala calidad de la ingeniería tucumana y del acostumbramiento de la ciudadanía a ser cocinada lentamente como la rana en el caldero, sin capacidad ya de reaccionar. No se da a los problemas urbanos la importancia real que tienen, no se encomiendan las soluciones a los mejores cuadros humanos y las obras se abandonan apenas habilitadas.

Habiendo ya fracasado en solucionar el problema, lo necesario por hacer requiere una inversión tan importante para enmendar errores que pasa a integrar el conjunto de utopías que no caben en la cabeza de nuestros gobernantes ni de los ciudadanos. Sólo cabe pensar en un sistema de alerta y corte de tránsito en momento de tormentas, lo que también es de naturaleza delicada, lo que dudosamente una Municipalidad mediocre pueda manejar confiablemente.

La mediocre idiosincracia dominante en una sociedad se termina pagando finalmente. Hoy la pagó un inocente foráneo visitante. Una víctima más. Debería pesar sobre la conciencia de todos los que habitan y los que rigen los destinos de esta ciudad.

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