El verano 2021-2022 en Tucumán venía bastante escaso en volumen de lluvias y tuvo escasas tormentas importantes hasta febrero. No obstante, la ocurrida el 5 de marzo, de relevante magnitud pero «no tan extraordinaria», desencadenó la temporada anual de conciertos de críticas, lamentaciones y exigencias al gobierno por una situación de inundaciones recurrente y sin visos de solucionarse. Se expone aquí un enfoque descarnado sobre las verdaderas posibilidades de solucionar los problemas de inundaciones en Tucumán, en especial en su Área Metropolitana. Lo sombrío de las expectativas plantea el desafío de encarar acciones tendientes, al menos, a no agravar los problemas para los próximos tiempos, que se medirán en décadas por la complejidad acumulada históricamente y por las dificultades que se avecinan para el país.

5 de marzo de 2022. Fuente Diario El Tribuno

La importante tormenta del 5 de marzo de 2022 en el área Metropolitana suscitó, por enésima vez, repetidos comentarios, críticas y quejas sobre la falta de obras de infraestructura para controlar y mitigar las inundaciones que las lluvias estivales provocan en nuestra geografía. Descartemos desde ya el pretexto útil esgrimido por gobernantes y sobre el que asienten diversos académicos, políticos, comunicadores y opinadores de diversa fuente: «es el cambio climático» (que también va siendo asumido como fatalidad por la sociedad). No hay pruebas que respalden que los fenómenos meteorológicos extremos que se presentan en Tucumán muestren una tendencia distinta a las históricas variaciones climáticas que caracterizan a la región, tanto en los extremos de sequías como en el de excesos pluviales.

Desde este espacio Problemas del Agua hemos señalado reiteradamente que, mucho más relevante que de un discutible «cambio climático», los problemas de inundaciones son producto del crecimiento urbano y de la ocupación del territorio desordenados sin consideración a los efectos ambientales, concurrente con la desorganización e incapacidad de las estructuras del Estado para planificar y acompañar el crecimiento con las obras de infraestructura necesarias y una situación crónica de estancamiento económico y social en la base de una provincia decididamente pobre.

Cada verano con lluvias intensas y sus correspondientes crecidas de ríos, canales de desagüe, calles y rutas culmina con serios daños a la infraestructura y propiedades privadas. Caídas o daños en puentes, roturas de canales, pavimentos, postes de electricidad y telefonía, ingreso a edificios y viviendas, inundación y/o erosión de campos agrícolas, etc. implican pérdidas enormes que se deben lamentar recurrentemente y constituyen un estigma para la sociedad. Los años pasan, la población crece, las ciudades se expanden, la agricultura avanza ocupando más territorio y los problemas no se resuelven ni hay atisbos de esperanza de que ello se revierta. Hay una mezcla de resignación y paroxismo en la sociedad, dependiendo el grado de afectación que a cada ciudadano le toque.

¿Qué es dable esperar para el futuro a partir de la situación actual, producto de la acumulación de problemas no encarados ni resueltos desde hace muchas décadas por muchos gobiernos?

5 de marzo de 2022 – Rotura del Canal Sur en cruce de ingreso a Yerba Buena.

Las últimas obras de protección contra inundaciones en el Área Metropolitana de S.M. de Tucumán datan de la década del 70 y del 80, es decir como mínimo de 40 años. De ese entonces, las obras fueron descuidadas, abandonadas o sometidas a un mantenimiento insuficiente. Para peor, errores de planificación, de diseño de ingeniería y defectos de construcción produjeron enormes grados de deterioro (caso Canal Sur) y hasta de destrucción total (caso canal Cainzo) que no fueron nunca corregidos ni reconstruidos. Obras concebidas en la década de los 60 cuando el área Metropolitana era mucho más reducida y estaba rodeada de áreas agrícolas cañeras que fueron mutando a citrícolas y luego arrasadas por la expansión urbana, produjo la obsolescencia e insuficiencia de los canales construidos, lo que agudizó los procesos de destrucción.

5 de marzo de 2022. Rotura del Canal Yerba Buena frente al Colegio del Pucará – Vista hacia agua arriba.

Estamos hoy entonces con obras insuficientes en cantidad y en capacidad para constituir verdaderas defensas contra las inundaciones, con el agregado de avanzados grados de destrucción y/o deterioro que avanzan como efecto dominó. Varios sistemas funcionan mal puesto que no se ejecutaron con una lógica racional. Todos estos aspectos ya fueron expuestos en el libro «El futuro del agua en Tucumán» y en diversos análisis en este blog.

5 de marzo de 2022. Rotura del Canal Yerba Buena frente al Colegio del Pucará. Vista hacia agua abajo.

Ante este panorama actual, empeorando crecientemente, cabe el interrogante sobre que espera al Área Metropolitana en lo sucesivo. Lamentablemente, el futuro es insoslayablemente sombrío. Veamos una síntesis de razones para prever una perspectiva objetivamente negativa.

1. Las obras necesarias de protección contra inundaciones son de gran envergadura y por lo tanto requieren de elevadas inversiones (tanto las nuevas como las reconstrucciones de lo destruido o deteriorado). No solo superan la capacidad económica de los municipios sino también de la provincia. Ninguno de estos niveles administrativos reúne la capacidad de contraer empréstitos para financiar planes de obras de alta inversión. De allí que la única posibilidad de afrontarlas es mediante apoyo económico de la Nación.

2. La situación económica del país, con su alto endeudamiento y con las dificultades para acceder al crédito internacional, presenta un panorama nada alentador para los próximos años en lo relativo a la posibilidad de la Nación de financiar planes de obras públicas. En el mejor de los casos, se conseguirá ayuda nacional para obras puntuales pero no para lograr revertir la situación de tantos años de inacción, dejadez y deterioro tan extendidos.

3. Los gobernantes y políticos no ven las obras de control de inundaciones como electoralmente interesantes. Priorizan otros campos de inversión que también son fuente de necesidades sociales insatisfechas o también urgentes (viviendas, caminos, hospitales, escuelas, redes de saneamiento, etc.). Para esas obras públicas hay obviamente mayor predisposición de la Nación para colaborar con las provincias.

4. No cabe esperar que haya inversiones de origen externo ni del ámbito privado en las obras necesarias. No son obras para producir retornos económicos directos (como por ejemplo la generación de energía) que pudieren atraer a inversionistas. Sus beneficios residen mayormente en los daños evitados y en brindar seguridad y protección a la población y la propiedad privada, abriendo nuevas áreas de desarrollo urbano y periurbano al abrigo de problemas de inundaciones. Las posibilidades de financiamiento internacional estarán muy supeditadas a la evolución de la economía argentina, lo que hoy por hoy es muy incierta.

5. La falta de planificación sobre las obras necesarias, de su secuencia ejecutiva y la reserva de los espacios territoriales requeridos hace que el avance de las actividades humanas, tanto urbanas como rurales vaya ocupando esos espacios, con lo que se requerirán futuras expropiaciones muy costosas que elevarán adicionalmente el alto costo de las obras.

6. En relación con el punto anterior, los organismos responsables no tienen definiciones sobre prioridades a adoptar. Más aún, es frecuente que, cuando a veces existen Planes Directores, estos no incluyan condicionantes de orden de prioridad en la ejecución de las múltiples obras que se proponen. Un ejemplo reciente fue la ejecución, en el área del Municipio de Yerba Buena, del Colector del Bulevar 9 de Julio, el que no cumple con su función eficazmente por no ser una obra de primera prioridad dentro del conjunto de obras planteadas en ese plan.

Como conclusión prospectiva puede aseverarse que la inacción actual en la materia tiene fuertes razones para permanecer en el tiempo, lo que obviamente seguirá agudizando los problemas para la población ya que todas las consecuencias de ese estado de cosas y de actitudes gubernamentales se irán sumando e inhibiendo todo intento de afrontar los problemas dado el costo en espiral ascendente que significará.

En la medida que el país y la provincia no vuelvan a un estado de crecimiento económico sostenido la expectativa de salir de este estado de situación se hace más improbable. Sólo en el marco de un retorno al crecimiento con estabilidad será posible abrigar esperanzas. Si se añade la incompetencia actual del Estado tucumano y la falta de capacidad estratégica de la clase política y gobernante, la improbabilidad pasa a un plano de utopía.

Lamentablemente es necesario plantear esta visión negativa pero realista para no sembrar falsas expectativas. El ciudadano común, no conocedor de la naturaleza compleja de los fenómenos que padece, sólo atina a plantear requerimientos y exigencias de soluciones urgentes pero recibe del gobernante respuestas dilatorias, falsas promesas y todo tipo de gambeta dialéctica. Quienes pretenden acceder al poder tampoco tienen mejores actitudes.

¿Hay entonces posibilidades de hacer algo a la espera de ese horizonte? Hay algunas acciones que apuntan, al menos, a mantener los costos de las obras sin incremento en el tiempo provocado por la trabazón creciente expuesta por el avance urbano y la ocupación del territorio. Ya que no se construirán las obras necesarias, al menos debe evitarse que su costo se incremente hasta niveles que las hagan totalmente inviables para siempre. La idea comprende los siguientes pasos:

A. Formular un plan básico tentativo de obras de desagüe pluvial basado en los planes parciales ya formulados en el pasado (aunque requieran actualizaciones), en las obras ya existentes y en las que se cuente con proyectos pero aún no ejecutadas.

B. Elaborar Planes Directores de manejo de aguas pluviales y control de inundaciones en las jurisdicciones que no cuenten aún con ellos.

C. Elaborar los proyectos de ingeniería de las obras surgidas de los planes directores como prioritarias a un nivel mínimo de anteproyecto, a fin de definir los espacios necesarios para las reservas de espacio.

D. Establecer un orden tentativo de prioridades de ejecución, que obedezca a razones fundadas en la lógica de los fenómenos de precipitaciones-escurrimientos.

E. Definir los espacios públicos y privados sobre los que se deberá establecer una reserva de uso, impidiendo la ocupación por otras obras de infraestructura y por emprendimientos privados. Sobre los espacios públicos los organismos municipales deberán administrarlo asignando los espacios para otras redes de servicios y usos. Sobre los espacios privados deberá declararse de utilidad pública y sujetos a expropiación, más el establecimiento de restricciones al dominio, dando el sustento legal correspondiente. Dado que el conjunto de obras necesarias tomará varias décadas en concretarse, la reserva de espacios a largo plazo seguramente requerirá un plan plurianual aprobado en la Legislatura que habilite las restricciones al dominio. Aun así, el panorama es todavía complejo, dado que hay amplias zonas del Área Metropolitana donde estas medidas propuestas llegarían tarde, por el grado de consolidación de la trama urbana con sus redes de infraestructura ya existentes.

F. Elaborar un Mapa de Áreas Inundables por causas pluviales y fluviales sobre las que se podrá establecer restricciones al dominio, prevenciones y/o requerimientos de edificación obligatorios tanto para la edificación pública como privada. Se deberá extender a zonas rurales circundantes de probable expansión urbana. En esta etapa se deberán determinar las zonas que deberán ser evacuadas y relocalizadas por su vulnerabilidad y alto riesgo, no afrontable mediante obras de protección.

G. Elaborar un Código de Edificación que establezca exigencias que apunten a dar mayor seguridad a los espacios a edificar, de modo que se reduzcan o minimicen los daños de las inundaciones.

Se muestra a continuación un listado adicional no exhaustivo de acciones imprescindibles a incluir, que no implican inversiones en obras y por tanto de baja carga presupuestaria. Son factibles de realizar en los próximos años y que contribuirán no sólo a mitigar en algún grado los problemas de inundaciones sino también a evitar la espiralización creciente a futuro de los problemas hasta ahora acumulados.

Se muestra a continuación un listado adicional no exhaustivo de acciones imprescindibles a incluir, que no implican inversiones en obras y por tanto de baja carga presupuestaria. Son factibles de realizar en los próximos años y que contribuirán no sólo a mitigar en algún grado los problemas de inundaciones sino también a evitar la espiralización creciente a futuro de los problemas hasta ahora acumulados.

* Detección de líneas de concentración de escurrimientos de agua en ámbitos urbanos (calles) y periurbanos.
* Determinación de zonas ribereñas urbanas y periurbanas.
* Determinación de áreas de evacuación y relocalización de población (casos de asentamientos en zonas de alto riesgo).
* Establecimiento de zonas de restricción total de construcción, salvo que incluyan las necesarias obras de evacuación pluvial sin transferir problemas a otras zonas.
* Evaluación de riesgo hidráulico de obras de infraestructura (puentes). Exigencia a organismos prestadores de servicios la formulación de planes de contingencia.
* Realización de inventario de estado de conservación de obras y necesidades perentorias de mantenimiento preventivo.
* Fijación de niveles topográficos mínimos de implantación de las construcciones nuevas.
* Fijación de normas de diseño de instalaciones y redes pluviales en urbanizaciones y grandes emprendimientos. Revisión y/o introducción de principios de manejo de aguas pluviales en códigos de planeamiento urbano municipal vigentes o a elaborar.
* Elaboración de plexo normativo de soporte a las restricciones y reglamentaciones y su tratamiento a nivel legislativo.
* Conformación de departamentos específicos en municipios para encargarse de operación y mantenimiento de obras pluviales de su jurisdicción y de aplicación de normativas.

Probablemente estas recomendaciones «de mínima», cuyo costo es ínfimo comparado con las inversiones en las obras necesarias, pero que requieren una firme decisión política y una reorganización de estructuras del Estado en esa dirección, sean también algo ilusorias en el estado actual de cosas al que ha llegado la provincia, con un Estado totalmente ineficaz, con gobernantes y clase política sin visión de futuro, atenta solo a motivaciones de preservación de poder, administrando la pobreza general con esa lógica de corto alcance.

La entrada Inundaciones en Tucumán – realismo -¿Resignación? ¿Qué es posible hacer? se publicó primero en Problemas del agua.

Cuando se habla de los problemas de inundaciones que ocurren en gran parte de la provincia de Tucumán (en realidad también de muchas otras regiones de la Argentina), tanto en áreas urbanas como rurales, muchos las imputan al controvertido tema del cambio climático. A ese enfoque adhieren fervientemente organizaciones ambientalistas en búsqueda de “nobles causas” por las cuales luchar, diversos científicos interesados en obtener fondos disponibles para sus programas de investigación, algunos medios de comunicación ansiosos de “estar en la onda” y, en general, gente ansiosa por recitar libretos de moda.

No es propósito de este trabajo discutir la incidencia de un cambio climático en las inundaciones que se registran en la provincia, en la región o en el país. Este autor ya manifestó en otros trabajos que hasta el momento no existe información fehaciente que el clima (al menos las lluvias) muestre alguna tendencia sostenida que explique los problemas de inundaciones ocurridos en las últimas décadas. Más aún, recientemente hemos soportado alternancias de sequías importantes con importantes episodios de inundaciones que hicieron temblar (no mucho) a gobernantes y enfurecer a la población afectada.

Es bastante sabido que cuando cae la lluvia sobre un territorio en estado natural, la cantidad de agua que se absorbe en el suelo, se evapora hacia el aire o escurre sobre la superficie depende de la cantidad de vegetación, del tipo de suelo (más o menos permeable) y de la pendiente o inclinación del terreno. Cuando la actividad humana altera lo natural, deforestando, cultivando o edificando, se produce incremento de la parte que escurre y se va acumulando en su camino hacia zonas más bajas. Cuando ello adquiere suficiente envergadura se producen las inundaciones, las que pueden ser en campos cultivados o en zonas urbanizadas. Cuando las aguas acumuladas llegan a los arroyos y luego a los ríos se generan las crecidas que elevan los niveles del agua y pueden provocar desbordes y erosión de márgenes y fondo, afectando a poblaciones e instalaciones ribereñas y obras de infraestructura como puentes, ductos diversos, etc.

El crecimiento demográfico producido en los territorios donde hay población desde la época de la colonización de la Argentina, se vio fuertemente incrementado en el siglo XX, por el desarrollo agrícola y ganadero que significó la inserción de la Argentina en la economía mundial y por los procesos de migración campo-ciudad que provocaron enormes expansiones urbanas. Hoy, la población urbana es alrededor del 90% de la población total del país.

Como es ya conocido, en la gran mayoría de las ciudades argentinas su crecimiento ha sido caótico, sin planificación ni respeto a reglas básicas de urbanización, aun cuando existieran. Según los niveles socioeconómicos, diversos fueron los aportes a ese desorden. Los niveles más bajos produjeron urbanizaciones espontáneas, usualmente basadas en la usurpación de tierras de bajo valor por su situación de vulnerabilidad, como riberas de ríos, zonas de vías férreas y caminos, terrenos deprimidos, tierras fiscales, etc. En los más altos, la agresividad de los negocios inmobiliarios creó formas nuevas de irracionalidad urbana, como los countries y barrios cerrados, ajenos a todo interés por un desarrollo racional, al amparo de lábiles legislaciones y venalidad o desinterés de políticos y gobernantes. En zonas con bellezas naturales o de valor turístico, se ocuparon espacios fluviales irresponsablemente. En el medio, la política de viviendas del Estado, motorizada por los “institutos provinciales de la vivienda” contribuyó con la falta total de planificación del crecimiento, la elección de espacios de bajo costo y situación desfavorable y la omisión total de infraestructura troncal de drenaje pluvial. Los municipios y estados provinciales tampoco se ocuparon en crear infraestructura de evacuación pluvial que facilitara el manejo de los crecientes caudales que la urbanización generaba. Apenas si impusieron el trazado de las expansiones. En particular durante este siglo, la preocupación del Estado fue “dar vivienda”, sin importar la calidad del hábitat ni las condiciones ambientales.

Así, el acompañamiento del crecimiento urbano con obras de infraestructura de evacuación pluvial en la Argentina fue escaso a nulo. Contribuyeron a ello las altas inversiones necesarias y la baja “rentabilidad política” de obras que “no se ven”. El crecimiento de los problemas de inundaciones es, en general, progresivo, y la población misma no suele tomar conciencia de ello hasta no sufrirlos de modo impactante. En La Plata, en ocasión de la elaboración de un presupuesto participativo con la opinión de la población (se encuestó nada menos que a 51000 vecinos) antes de las trágicas inundaciones de abril de 2013, nadie propuso asignar partidas a obras hidráulicas (Diario Perfil, 7 de abril de 2013). El costo fue luego más de cincuenta muertos, 58.582 propiedades afectadas (el 25 por ciento del acervo inmobiliario del partido), 135.037 habitantes en situación crítica y otros 210.463 afectados indirectamente por pérdida de bienes como rodados, inmuebles, afectación de su lugar de trabajo y comercio.

Es así entonces que, como dijo Antonio E. Brailovsky (diario La Nación 03-04-2013), se trata de una “lenta construcción social de un desastre”. Las inundaciones son mayormente el resultado de esa construcción cultural de una sociedad carente de sentido de la previsión, caracterizada por la desorganización y la anomia. Los extremos climáticos más allá de los registros históricos rara vez son los responsables. Simplemente, la sociedad se vuelve inexorablemente vulnerable y en algún momento llega la eclosión de los problemas acumulados lentamente.

El caso Yerba Buena, Tucumán

La provincia de Tucumán no escapa a la caracterización realizada en lo hasta aquí expuesto. Más bien es un ejemplo elocuente de todo ello.

En su columna “Esperando la tormenta” del diario La Gaceta (Tucumán) del 17/10/2015, el periodista Roberto Delgado expone sobre el desordenado crecimiento de las urbanizaciones en Yerba Buena, en el piedemonte de la Sierra de San Javier y su grave impacto sobre las inundaciones en ese municipio, que se trasladan también hacia el ámbito capitalino al colapsar el Canal Sur, obra destinada originalmente a crear un cinturón protector de la gran ciudad. Señala el trabajo sobre la gran cantidad de emprendimientos privados bajo los formatos de barrios cerrados y countries, productos de una imparable carrera lanzada por inversores inmobiliarios. El área más buscada para las urbanizaciones es el piedemonte, desde Tafí Viejo al norte hasta San Pablo al sur.

Sin tomar en cuenta las razones que sustentan la fiebre de los barrios cerrados (nada que ver con la hidráulica, como es de imaginar), es fácil avizorar progresivas complicaciones en materia de evacuación de las aguas pluviales de las zonas urbanas, las que aumentan drásticamente por impermeabilización de los suelos y por aumento de la velocidad de concentración y circulación por las calles que se abren y pavimentan. Los cuerpos receptores finales: Canales Cainzo-Las Piedras, Yerba Buena y Sur han sido desbordados en forma repetida en este siglo y resultaron destruidos por las correntadas y por errores de concepción, construcción y falta de mantenimiento.

Existe en Yerba Buena un Código de Ordenamiento Urbano desde 1994 (Ordenanza 613/94). En él se establecieron tres zonas: roja, amarilla y verde (teoría del semáforo), en las cuales se regulan construcciones que implican una carga ambiental según la peligrosidad. En la zona roja, el piedemonte, por su fuerte pendiente, susceptibilidad a la erosión de los suelos y la existencia de mayor cobertura vegetal, se restringe fuertemente la construcción y el uso del suelo. En el otro extremo, la zona verde, hay mayor libertad para las construcciones.

Si bien el código mencionado es oscuro y ambiguo en ciertas definiciones (además de su pésimo tipografiado y pobre redacción, lo menos grave), establece algunos principios básicos a respetar en materia de urbanización. Muy poco de ello se cumplió. Mediante diversas ordenanzas, fue objeto de ampliaciones, modificaciones y de distintos actos de excepción.

Ante diversas falencias y críticas que se realizaron al Código de Ordenamiento de 1994 (se adujo que “carecía de la unidad y coherencia necesaria”), en el año 2005 (gestión Martinez Zavalía) se planteó la elaboración de un Plan Regulador con una visión general en cuanto a la planificación. El propósito no llegó a concretarse.

En el año 2007 el intendente municipal Daniel Toledo hizo aprobar por un Concejo Deliberante, totalmente afín y obediente, la ordenanza 1600 por la que se derogó la 1374 que establecía que las urbanizaciones especiales debían ser aprobadas por el HCD. Con ello la facultad de aprobación quedó en manos exclusivas del intendente. Esto se revirtió recién en 2016, con el cambio de gobierno municipal.

La presión inmobiliaria, en búsqueda de crecimiento con la modalidad de countries y barrios cerrados para sectores sociales con niveles económicos medios a altos, sensibilizados por la creciente e imparable inseguridad, buscó urbanizar zonas agrícolas de atractiva ubicación, sin importar los riesgos para el conjunto urbano. Así se produjo la expansión hacia el piedemonte, a pesar de que el Código de 1994 lo restringía o prohibía. El auge sojero de la primera década del siglo favoreció las inversiones inmobiliarias en esas tierras con la mejor ubicación dentro del conglomerado del Gran San Miguel de Tucumán, además de los nuevos ricos que surgieron de la abundancia económica y la corrupción política de la época.

Yerba Buena es un caso singular también porque no puede afirmarse taxativamente que no hubo intento de planificación en materia de infraestructura pluvial urbana. En el año 2002, un grupo profesional externo a la Universidad Nacional de Tucumán, pero arropado por ésta, fue contratado por la Secretaría de Obras Públicas de la provincia y financiado por el Consejo Federal de Inversiones para elaborar el “Plan director para la sistematización de las quebradas del flanco oriental de la Sierra de San Javier y actualización del sistema de desagües”. En este trabajo se efectuaron estudios sobre las cuencas que descargan hacia el Este de la Sierra, en el área de Tafí Viejo, Yerba Buena y S.M. de Tucumán. Su informe final se entregó en el año 2006 y sirvió para dar pautas para el diseño de algunas obras que se proyectaron a posteriori, como el Canal La Rinconada y el Canal Tafí. En realidad, el Plan Director mencionado configuró un balance de situación después de la planificación de la consultora Decio Costanzi en la década de los 60, luego de cuarenta años transcurridos, con las obras realizadas, la nueva realidad urbana y periurbana y los serios problemas de funcionamiento ocurridos en los sistemas de desagüe pluvial, de los cuales se derivaron líneas directrices para el futuro. No trató específicamente la situación interna de Yerba Buena sino las obras protectoras y colectoras pluviales, como los canales Yerba Buena, Cainzo-Las Piedras, San José y Canal Sur.

Luego, en 2006, se llevó a cabo un Plan Director de Desagües Pluviales específico para Yerba Buena, financiado por el Ministerio de Economía de la Nación. En este plan, que decía apoyarse en las recomendaciones del elaborado por la Universidad, se plantearon diversos colectores pluviales, pero no respetó una recomendación importante cual era de no enviar más caudales pluviales al Canal Sur, ya superado reiteradamente en su capacidad de conducirlos, en diversos episodios que lo transformaron en un grave peligro urbano en ocasión de tormentas intensas. De ese plan surgieron las obras del “Colector del Bulevar 9 de Julio”, actualmente en construcción, y del colector “Solano Vera-San Luis”, recientemente licitado y en proceso de adjudicación.

Este autor formuló diversas objeciones al mencionado plan director de Yerba Buena, tanto en lo que se refería a la concepción estratégica de conjunto como al diseño ingenieril de las obras. Tales objeciones fueron elevadas a la Intendencia como al HCD pero no recibieron consideración. Sobre la base de esas objeciones se planteó que las mencionadas obras no producirían el resultado esperado, corriéndose el riesgo de ser muy elevadas inversiones con muy pobres beneficios.

El plan fue producto de la elaboración de unos pocos profesionales. Tratándose de obras estratégicas, cuyos efectos se prevén para muchas décadas y determinan el futuro urbano, debió ser de sana visión política del gobernante someter el plan y los proyectos a la opinión de otros expertos e instituciones, que podrían haber enriquecido el plan y haber detectado omisiones, debilidades o falencias, corregibles desde temprano. Nada de ello se hizo y, con gran soberbia, el intendente Toledo se embarcó en implementar las obras que le parecieron de mayor rédito político (el Colector del Bulevar 9 de Julio). El mal asesoramiento del plan, omitió indicar que era fundamental respetar un orden de ejecución para lograr los resultados perseguidos. Tal colector es uno de los últimos que se deben ejecutar, no el primero.

En conclusión

El caso de Yerba Buena, desarrollado como ejemplo, pone en evidencia la aseveración de que “las  inundaciones son una consecuencia cultural” de la incapacidad de previsión del conjunto social para afrontar el desarrollo hacia el futuro. Esta ciudad, habitada por sectores sociales sumamente diferenciados en lo económico, muestra, a pesar de contar con una parte importante de población con alto nivel de ingreso y educativo, una histórica indiferencia hacia el espacio común y hacia la conformación de una ciudad basada en principios originales de cercanía a la vida integrada a la naturaleza. Su crecimiento caótico y anómico, sustentado en el principio de la voracidad inmobiliaria, fue el resultado lógico de tal indiferencia, sumada a los intereses políticos totalmente miopes y mezquinos. El espacio urbano ya fue casi totalmente copado y cualquier introducción de pautas de racionalidad en el uso de ese espacio choca ya con inamovibles derechos adquiridos, muchos de ellos fruto de violaciones toleradas de las reglamentaciones urbanas. La mediocridad de la clase política local, más ocupada en manejos de muy bajo vuelo y con fines electoralistas, nunca tuvo, entendió ni se interesó en una visión estratégica de la ciudad futura.

Es posible aseverar así que Yerba Buena es una hermosa oportunidad perdida por las propias falencias de sus habitantes y sus representantes.

La entrada Las inundaciones son un problema cultural – El caso Yerba Buena, Tucumán. Argentina se publicó primero en Problemas del agua.

El presente texto traduce las opiniones personales del autor, transformadas en recomendaciones para una política aplicable al municipio de Yerba Buena para afrontar los problemas de manejo de aguas pluviales urbanas, considerados de fuerte incidencia en la vida y las posibilidades de desarrollo de la ciudad. Fue redactado entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, aunque no fue presentado a las nuevas autoridades municipales. La síntesis se apoya en las experiencias del autor desarrolladas en el ámbito del municipio de Yerba Buena y como Jefe dela Comisión de Desagües Pluviales en la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de S.M. de Tucumán (1990-1996).

UBICACIÓN

El Municipio de Yerba Buena se ubica al oeste del municipio de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia homónima. Tiene una extensión de 10 km2 y una población de 70.000 habitantes. Se extiende en el espacio entre la Capital y el pie de la Sierra de San Javier. Constituye un área históricamente considerada como “ciudad jardín”, por su naturaleza esencialmente residencial con alta presencia de espacios verdes, pero sometida a un fuerte crecimiento urbano acompañado por la eliminación de esos pulmones de vegetación y un desarrollo inmobiliario caótico y sin acompañamiento de infraestructura de drenaje pluvial.

PUNTOS DE PARTIDA

Lamentablemente, es inevitable aplicar, para cualquier gestión de gobierno que se inicia, el justificativo de “la pesada herencia recibida”. No se trata de endilgar al gobierno saliente la culpabilidad de todos los problemas actuales. En realidad la situación presente es el resultado de muchas décadas y gobiernos en los que Yerba Buena creció en modo caótico, sin planificación, a pulsos de iniciativas y pretensiones de los particulares, con gobiernos desinteresados en el ordenamiento de la urbanización, incapaces de aplicar normativas e ignorantes de las consecuencias acumulativas de todos esos procederes. El resultado, desde el problema de las aguas pluviales, es la acumulación de grandes caudales en las calzadas, la irrupción en las propiedades privadas, la inhibición de la circulación vehicular y peatonal, las inundaciones de zonas bajas habitadas, el deterioro de la infraestructura (pavimentos, puentes, alcantarillas, redes de agua y cloacas), el alto costo de reconstrucción y mantenimiento, etc.

Desandar tan irracional camino es lógicamente inviable, puesto que la ciudad conformada hasta aquí ya se consolidó en configuraciones irreversibles (por ejemplo, su amanzanamiento y los anchos de calles). Cabe entonces analizar cuáles son las políticas aplicables hacia el futuro para corregir o mitigar los aspectos negativos de la ciudad en materia de drenaje, por una parte, y ordenar el crecimiento futuro sobre pautas y normas que eviten la repetición y/o agravamiento de los problemas ya generados históricamente.

Con su crecimiento caótico en las últimas décadas, Yerba Buena desaprovechó la oportunidad de contar con una situación favorable, al tratarse de un espacio originalmente virgen para la planificación urbana.

Existe un Código de Planeamiento que, si bien dista de ser óptimo, fue sistemáticamente ignorado o violado con anuencia u omisión de las autoridades.

El crecimiento urbano fue presidido por inversiones en grandes emprendimientos tipo shopping, countries, barrios privados y barrios masivos del IPVDU que establecieron una realidad corsé sobre el crecimiento y desarrollo futuro de YB, condicionando además fuertemente la resolución de muchos problemas, como accesibilidad, enlaces viales, redes de desagües pluviales, etc.

En el verano de 2015 hizo eclosión la suma acumulada de problemas de imprevisión, crecimiento desordenado, falta de obras de infraestructura de drenaje pluvial y deterioro de la existente. La resultante, además de los daños a la población fue un enorme grado de destrucción de la infraestructura colectora principal. El Canal Sur, el Canal Cainzo y el Canal Yerba Buena fueron superados en su capacidad de conducir aguas y, en partes muy importantes, destruidos.

La infraestructura de drenaje pluvial en el municipio es casi inexistente y las vías de salida de las aguas pluviales son antiguos zanjones que datan de las épocas de una Yerba Buena rural. Una obra nueva como el Colector del Bulevar 9 de Julio (actualmente en construcción), muy importante en su costo, es altamente cuestionable en su concepción y su utilidad será relativa a escasa y hasta contraproducente, como se verá más adelante.

El grado de complejidad de la situación del municipio conduce a la necesidad de tener bien en claro su naturaleza para poder formular una política al respecto.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA SITUACIÓN DE YERBA BUENA

La ciudad de Yerba Buena es un conglomerado urbano con una población actual de más de 70.000 habitantes (censo 2010). Es un rectángulo de aproximadamente 5 km de longitud este – oeste y 4 km de ancho norte –sur, que fue creciendo las últimas décadas hacia el norte y el sur por sucesivas anexiones.

El territorio es una planicie inclinada de dirección NO-SE que se recuesta sobre el pedemonte de la Sierra de San Javier. Así, la zona edificada tiene fuertes pendientes en esa zona oeste que se suaviza hacia el este. Ello determina la naturaleza de los escurrimientos pluviales (velocidad de concentración, problemas de erosión, etc.)

Luego de la construcción de los canales de desagüe planteados por el plan de Decio Costanzi en los 60, es decir el Cainzo-Las Piedras, el Canal Sur y el Yerba Buena (ver figura 1), el espacio territorial de Yerba Buena quedaba en principio aislado de aportes que bajaban de la Sierra de San Javier y restaba diseñar un sistema de desagüe interno que evacuara las aguas entregándolas a esos cuerpos receptores. Tal sistema de desagüe pluvial se fue armando irregularmente en base a canalizaciones precarias y zanjones que conducen las aguas con muy fuertes limitaciones, escurriendo la mayor parte de las aguas por las calzadas y concentrándose progresivamente hasta descargar en los zanjones y los canales Sur y Yerba Buena.

El principal problema generado por las precipitaciones pluviales en Yerba Buena reside en la falta de manejo de los escurrimientos superficiales que se generan por su acumulación en su recorrido de dirección dominante norte-sur y noroeste-sudeste.

Figura 1.- Área Metropolitana del Gran S.M. de Tucumán. Principales desagües.

No hubo nunca un sistema de desagües pluviales planificado y la red existente fue evolucionando anarquicamente a medida que se producía la expansión urbana. Salvo el pequeño canal de desagüe que va bajo la platabanda central de la Avda. Aconquija, el canal de la calle Saavedra Lamas, ambos revestidos, y el entubamiento en la vereda norte de la Av. Perón, todos los demás son zanjones precarios incluyendo las dos principales vías de salida de desagüe que son el del Boulevar 9 de Julio y el de calle San Luis (figura 2).

Hay varias calles de concentración de aguas como Perú, Salas y Valdez, Uruguay, Aragón, Roca, Reconquista, etc. y las vías colectoras importantes como las Av. Aconquija y Solano Vera terminan recibiendo y conduciendo grandes caudales hacia aquellos cuerpos receptores finales (zanjón del Bulevar 9 de Julio y zanjón San Luis-Canal Yerba Buena respectivamente). Esas dos avenidas son vías principales de acceso a Yerba Buena y nexo con la Capital y el Sur provincial, por lo que en ocasiones de tormentas intensas, además de los trastornos circulatorios urbanos generales por gran cantidad de calles transformadas en canales pluviales, los accesos y salidas de Yerba Buena quedan prácticamente paralizados. La intensa campaña de pavimentación desde el año 2007 aumentó drásticamente la escorrentía superficial a un punto tal que no son necesarias lluvias muy intensas para que se pongan de manifiesto los anegamientos de las calzadas y las serias dificultades de circulación interna.

Figura 2 – Vías actuales de desagüe pluvial de Yerba Buena.

Son canales revestidos solamente el Yerba Buena, Horco Molle, Saavedra Lamas y Sur. Los demás son zanjones naturales o remanentes de obras destruidas. Por Av. Aconquija va, bajo platabanda, un pequeño canal de muy escasa capacidad de conducción.

Históricamente, el drenaje urbano no fue considerado entre las obras de infraestructura prioritarias para este municipio. Escasas obras de infraestructura se hicieron para desaguar barrios específicos con situaciones críticas (caso barrios Portal del Cerro, Horco Molle, etc.) y la más significativa es el desagüe en el flanco norte de la Av. Perón, construido en ocasión de la construcción de esa arteria, como medio para desaguar la misma y sectores aledaños de futura urbanización. Por diversos problemas de diseño y construcción tales obras son en general deficientes en solucionar los problemas, presentándose frecuentemente acumulaciones de caudales y anegamientos que ponen en evidencia esas fallas. Demás está decir que los zanjones de drenaje en general tienen muy escasa conservación y se encuentran enmalezados o con acumulaciones de basuras y escombros, a lo que se suman obras de acceso a propiedades que estrechan u obstruyen el flujo, reduciéndose drasticamente su capacidad de evacuación de caudales.

PLAN DIRECTOR DE DRENAJE PLUVIAL DE YERBA BUENA

En el año 2006 se elaboró el Plan Director de Drenaje Pluvial de Yerba Buena. En él se planteó un conjunto de colectores de desagüe pluvial con descarga, en su gran mayoría, al Canal Sur. Sólo uno descargaría al canal Yerba Buena, que también entrega finalmente al Canal Sur.

Quien esto escribe formuló diversas advertencias sobre errores estratégicos en el citado plan. Ellas fueron planteadas en diversas ocasiones y en particular en ocasión de decidirse la construcción del Colector del Bulevar 9 de Julio. Si bien no es conducente detallar aquí las ocasiones en que se dieron las objeciones, merece señalarse cuales fueron éstas. Puede accederse a copia de la presentación en el link “Yerba Buena-Presentación por el Colector Pluvial del Bulevar 9 de Julio”. Brevemente las exponemos:

1. Objeción de enviar la mayor parte de los colectores de desagüe hacia el Canal Sur. Este gran colector, concebido para protección de la capital frente a los aportes que bajan de la Sierra de San Javier y que atraviesan el área pedemontana urbanizada desde Tafí Viejo hasta San Pablo, ha evidenciado no sólo que es insuficiente en su capacidad sino que ha sufrido un enorme grado de destrucción, casi imposible ya de detener con las tareas de reparación que se realizan como trabajos de emergencia. Sobrecargar una obra insuficiente es evidentemente una mala decisión estratégica, a menos que se reformule totalmente la ingeniería del Canal Sur, aumentando drásticamente su capacidad de conducción de caudales. Sin dudas, ello conlleva la necesidad de importantes inversiones, pero antes de ello, un meduloso estudio sobre las mejores opciones estratégicas.
2. Descargas al Canal Sur. No se tuvo en cuenta que este cuerpo receptor principal, al escurrir frecuentemente con plena capacidad (máximo nivel del agua), provocará remansos en todos los colectores que entregan a él, en particular al del Bulevar 9 de Julio actualmente en construcción, impidiendo su descarga y provocando desbordes dentro del ámbito de Yerba Buena.
3. Orden de prioridad de las obras. En el Plan Director se plantearon diversas obras de desagüe que colectarán aguas que se van acumulando en su escurrimiento general norte-sur y noroeste-sudeste, desde Av. Perón hasta el canal Yerba Buena. Se definieron las cuencas de aporte para cada una de ellas y se dimensionaron las obras para captar y conducir los caudales correspondientes a cada cuenca (ver en link citado anteriormente croquis gráfico al respecto).
Para que ello funcione, se deben construir las obras en un cierto orden; de lo contrario, ellas reciben caudales superiores a los que se tomaron para diseño y por tanto colapsan sin prestar el servicio o utilidad esperada. Tal orden racional de prioridades de ejecución no existió en el Plan Director. Como resultado, se decidió iniciar por el colector del Bulevar 9 de Julio, siendo esa obra la de último lugar en la secuencia lógica. Se cometieron los mismos errores ocurridos en el ejido de la capital, que constituyen fracasos históricos que, lamentablemente, no se aquilataron.
4. Efectos en la primera obra encarada.- Como resultado de lo antedicho, la primera obra encarada, el colector del Bulevar 9 de Julio, constituye una mala decisión en materia de planeamiento de manejo de aguas pluviales en el ámbito urbano de Yerba Buena. Recibirá mucha más agua que la que tiene prevista, no podrá descargar adecuadamente en el canal Sur, y por tanto no resolverá los problemas de inundaciones que se pretende afrontar.

Como corolario de lo expuesto, la principal crítica de la que es pasible la administración Toledo (2007-2015), que tomó la decisión de su construcción, no deriva esencialmente de los errores de planeamiento e ingeniería (un intendente no tiene porqué dominar esas materias), sino de haberse embarcado en obras de gran impacto urbano, de alcance estratégico, sin otro asesoramiento que el de sólo un profesional, sin haber sometido las propuestas de largo plazo al análisis y evaluación de instituciones que podían haber oficiado como organismos de control y aval para tan importantes decisiones, que pautarán la vida urbana de Yerba Buena por muchas décadas hacia el futuro. Puede agregarse como grave la falta de previsión de la Administración en organizarse para hacerse cargo de una obra muy importante que requerirá un servicio de operación y mantenimiento, capacidad de la que se carece actualmente.

Finalmente, cabe tener en cuenta la falencia puesta en evidencia por los organismos gestores de la financiación de la obra (Norte Grande Hídrico y BID), quienes auditan técnicamente los proyectos a financiar y a los cuales, aparentemente, pasaron desapercibidos los importantes aspectos comentados.

PROPUESTA DE ACCIONES PARA LA NUEVA GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2019

En breves párrafos se sintetizan sugerencias de lineamientos estratégicos que, a juicio de quién escribe, convendría tener en cuenta para encarar una acción municipal eficaz sobre un tema complejo y dificultoso para la ciudad.

Es bien sabido que la ciudad de Yerba Buena, al igual que todas las ciudades de la provincia, carece de capacidad económica para afrontar las obras públicas necesarias para el manejo de los problemas de las aguas pluviales del ejido. Sin soporte del gobierno Provincial y de planes nacionales no será factible lograr la construcción de las obras. Sólo le cabe entonces al Municipio estudiar a fondo las obras necesarias para solucionar los problemas, prever las necesidades futuras, planificar las soluciones y establecer las normativas requeridas para regular el crecimiento de la ciudad, desencadenante de los agravamientos acumulativos de los problemas de escurrimientos de las aguas de lluvias.

A.- Revisión del Plan Director de Desagües Pluviales del Gran S.M. de Tucumán

Objetivos: Revisar los principios de planeamiento de las redes, el crecimiento real de las ciudades, la real hidrología para diseño, los proyectos de ingeniería de las obras a la luz de la destrucción ocurrida, el orden de ejecución de las obras planteadas y las acciones no estructurales necesarias.
Revisión de la calidad técnica de los proyectos ya elaborados.

Esta tarea, imperiosa a todas luces, debe consistir en requerir del Gobierno Provincial que se encare la revisión del sistema general de desagüe del conglomerado Gran San Miguel de Tucumán, compuesto por los canales Norte, Sur, Cainzo-Las Piedras, San José y Yerba Buena. Como ya se dijo, ese sistema ya evidenció reiteradas veces su insuficiencia y, a su vez, sufrió un grado de destrucción tal que amerita evaluar lo que es necesario corregir y mejorar antes de la reconstrucción.
Esta revisión es altamente necesaria ya que la problemática afecta a varios municipios (Capital, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena).

En lo que al sistema de colectores pluviales internos de Yerba Buena compete, los cambios que se planteen en los cuerpos receptores principales mencionados incidirán en su reformulación.

Se deberá gestionar ante las autoridades provinciales con jurisdicción en el sistema general de desagües (Secretaría de Obras Públicas y Dirección Provincial del Agua) la realización de los estu-
dios y proyectos de reformulación de ese sistema general, procurando preservar el derecho de participación de la Municipalidad de Yerba Buena en las decisiones que surgieren.

B.- Obras dentro del área del municipio

El municipio debe resolver en primera instancia los aspectos cuestionables del Plan Director y encarar las obras que resulten del mismo con un ritmo sostenido de inversiones, por lo que deberá inexorablemente recurrir al apoyo del gobierno provincial y gestionar fondos nacionales y/o internacionales. Resolver la red interna de la ciudad está atado a resolver la capacidad de los cuerpos receptores troncales, de jurisdicción provincial (canales Sud, Cainzo-Las Piedras y Yerba Buena).

Las escasas obras de desagüe existentes en la actualidad dentro de la ciudad son casi irrelevantes en su desempeño frente al gran crecimiento que se dio en las últimas décadas. Algunas pequeñas mejoras en la captación de agua de calzadas puede acometerse en el colector por avenida Perón, que resultaron muy ineficientes por su mala ingeniería. En diversos canales o zanjones, mejorar las captaciones y su capacidad implica trasladar los problemas a otras partes de la ciudad, ya que en realidad no tienen cuerpos de agua a dónde entregar los caudales (ejemplo Saavedra Lamas).

C.- Obra Colector del Bulevar 9 de Julio

Principio: Involucrar al Municipio en la supervisión de la calidad de la obra y evaluar posibilidades correctivas dentro del marco del contrato. El Municipio deberá hacerse cargo del mantenimiento y la operación de la obra una vez concluida. Ello debería ser razón suficiente para plantear su derecho a involucrarse, de modo de evitar a tiempo los eventuales problemas futuros que se originen en defectos de proyecto y de construcción.

Esta obra, si bien prevista en el Plan Director, como ya se dijo, debería haber sido encarada en último término dentro del conjunto de obras previsto en el plan. A raíz de ello, una vez concluida y entrada en servicio, no prestará la utilidad esperada puesto que recibirá aguas pluviales de una cuenca de aporte mucho mayor a la que se definió para el proyecto. Asimismo, tiene el error de concepción de entregar sus aguas al Canal Sur, el que frecuentemente se colma en su capacidad e impedirá la descarga del Colector del Bulevar. La consecuencia de ello será que, por efecto remanso, este colector entrará en presión varios cientos de metros a lo largo del bulevar y no tendrá capacidad de conducción de caudales, ocasionando emergencia de aguas hacia la calzada y falta de captación de la que vendrá por ellas.

• Evaluar las atribuciones del Municipio según las estipulaciones del préstamo BID y del Contrato de Obra.
• Solicitar a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad y de la Provincia, la Inspección de Obras, etc., copia del proyecto y del contrato. También de los libros de Órdenes de
  Servicio y de Notas de Pedido.
• Sobre la base de la información obtenida, evaluar la posibilidad de adoptar medidas correctivas para mitigar al menos las insuficiencias de la obra.

D.- Obra Colector Solano Vera-San Luis

Principio: Tratar de asegurar la participación de la Municipalidad en el control de calidad y planificación de las obras y en lo referente a la ocupación del espacio público, interferencia con otras redes, reorganización del tránsito. Evaluar el proyecto licitado para detectar eventuales aspectos que pudieren ser mejorados o corregidos.

• Pedir Pliego Licitatorio a la SEOP, municipal y provincial, NOA Hídrico, etc.
• Analizar calidad del proyecto y modelo de contrato.
• Buscar de tomar conocimiento del proceso de evaluación de propuestas licitatorias y evaluar la marcha probable del contrato. Tener presente de que todo hecho inconveniente que incida en la calidad operativa de la obra y en su eficaz desempeño deberá ser afrontado por el Municipio.

E.- Formulación de un Código de Drenaje Pluvial Urbano.

Principio: Establecer normativa para iniciar un proceso de ordenamiento urbano que tienda a controlar y limitar los aspectos negativos de la acumulación de aguas pluviales en el ambiente urbano de Yerba Buena, haciendo confluir acciones públicas y privadas que permitan manejar el problema a futuro.

• Elaboración del Código de Drenaje Pluvial Urbano.
• Tratamiento y puesta en vigencia por el H. Concejo Deliberante.

F.- Creación del Departamento de Drenaje Pluvial Urbano

Tendrá como misiones:

• Elaborar los planes y proyectos de drenaje pluvial en el área urbana actual y sus futuras expansiones.
• Planificar y establecer pautas para el manejo de las aguas pluviales dentro del ámbito municipal.
• Aprobar los proyectos de manejo de aguas pluviales de los emprendimientos privados y de los planes de vivienda oficiales.
• Operar las redes de desagües pluviales y hacerse cargo de su conservación y mantenimiento.
• Velar por el cumplimiento del Código de Drenaje Pluvial Urbano.
• Asesorar al ejecutivo Municipal en todo lo referente a la temática de drenaje pluvial en el ámbito municipal. En particular sobre normativas sobre aspectos urbanos y edilicios que puedan formar parte de la mitigación de los fenómenos de las aguas pluviales (usos del suelo, retenciones en parcelas, etc.).

Ing. Franklin J. Adler

La entrada Drenaje pluvial de Yerba Buena (Tucumán, Argentina). Análisis febrero de 2016 (ante una nueva gestión municipal) se publicó primero en Problemas del agua.

El verano 2015-2016 trajo a la Argentina numerosas inundaciones en diversas regiones y provincias. Según los meteorólogos, por causa del fenómeno El Niño, particularmente intenso en esta ocasión.

En lo que respecta a la provincia de Tucumán, las alertas emitidas antes del inicio del verano pronosticaban uno con efectos catastróficos sobre la población y sobre la infraestructura y las propiedades, por causa de abundantes e intensas precipitaciones pluviales. La realidad mostró un verano con una pluviometría que no alcanzó el promedio histórico del período rico (octubre a marzo), o sea lejos de registros record o extraordinarios (en El Colmenar, la EEAOC registró 821 mm contra un promedio histórico de 839 mm). No sólo en los totales de lluvia mensuales sino también en las intensidades de las precipitaciones, que determinan la acumulación de fuertes caudales urbanos y de los ríos que crecen y desbordan sus cauces inundando las planicies y riberas donde la población se empeña en afincarse.

No obstante no tratarse de lluvias extraordinarias, los efectos sobre la población fueron graves, extendidos y desalentadores. La población afectada siente frustración y sensación de impotencia. Hasta las ayudas que los gobiernos brindan en la emergencia a los sectores más pobres, ayudando con las evacuaciones y proveyendo elementos básicos como colchones, chapas para techar, comida, etc., ya no conforman. La mayoría pide soluciones “de fondo”, que visualiza como obras que eviten las inundaciones de modo de poder vivir tranquilos sin la aflicción de la próxima, que a veces ocurre todos los años y hasta varias veces en un mismo año.

Foto Diario La Gaceta

Voy a tratar de mostrar que, a pesar de lo justo y respetable que puedan ser los anhelos de la población, satisfacerlos es una utopía o al menos harto difícil de cumplir para los responsables de los gobiernos, por bastantes años hacia adelante. ¿Cuántos? Me animo a decir que del orden de varias décadas. Ello es una realidad palmaria, pero lo peor es que es “políticamente incorrecto” verbalizarlo. Reconocer la impotencia para solucionar muchos de los problemas es algo que ningún gobernante argentino, nacional, provincial o municipal, puede hacerlo sin que se lo califique como un suicidio político.

La impotencia para resolver los problemas no proviene de su naturaleza, generalmente compleja. Deriva más bien de la incapacidad de los diversos niveles del Estado, desde municipal a provincial por la inoperancia y mediocridad a que los llevaron diversas etapas de gobierno en el último siglo, tanto civiles como militares, democráticos como no tanto, peronistas variopintos o radicales.

Veamos cómo se distribuyen las responsabilidades. Los problemas de inundaciones urbanas deben ser manejados por los respectivos municipios, que deben regular los usos del suelo, establecer normas de construcción, manejar las aguas pluviales por las calzadas y brindar cuerpos receptores, como canales y entubamientos para llevar ordenadamente las aguas hacia cuerpos receptores naturales como ríos, lagos, depresiones naturales o el mar. Manejar los escurrimientos, captarlos y conducirlos implica importantes obras con inversiones enormes que aumentan más y más a medida que se postergan puesto que requieren amplios espacios públicos que compiten con otras instalaciones y servicios, como agua, cloacas, gas, telefonía, electricidad. Primeramente no se las construye puesto que se priorizan otras necesidades (los desagües no lucen); luego, no se hace nada para evitar la acumulación de aguas pluviales superficiales y, finalmente, no se encaran porque no se cuenta con proyecto de ingeniería. Así, el resultado es que se las posterga ad infinitum porque su costo es tan alto que el municipio no tiene capacidad económica para afrontarlas. En síntesis nunca se hacen ni se harán, en la medida que no cambien ciertas cosas en el sistema político, económico y social de la Argentina.

Dada la imposibilidad económica de los municipios de encarar las obras necesarias con ingresos propios, su viabilidad depende de la ayuda que el gobierno provincial, o nacional, les brinde. Cuanto más grande sea el ámbito urbano en cuestión, mayores serán las obras necesarias y mayores las inversiones. También significan esfuerzos económicos importantes para los gobiernos provinciales, que deben afrontar problemas de toda índole en diversos ámbitos de su jurisdicción y están sometidos a múltiples presiones sectoriales.  Acá entonces tenemos que la ayuda provincial a los municipios está supeditada a la discrecionalidad derivada de la buena o mala relación municipio-provincia, dependiente de si se trata de gobiernos de igual o distinto signo político, lo que se replicará idénticamente en la relación Provincia-Nación. El Pacto Social Provincia-Municipios aherroja esa relación al ceder estos últimos sus ingresos a cambio de garantía en el pago de salarios a sus plantas de empleados. Las autonomías municipales resultan entonces totalmente ilusorias.

Foto Diario La Gaceta

Resulta entonces que la viabilidad de encarar obras públicas para controlar o mitigar inundaciones está fuertemente determinada por la economía provincial, por su capacidad de generar ingresos desde su actividad productiva (léase impuestos) y afrontar inversiones. El endeudamiento para planes de obras públicas es también hoy por hoy ilusorio y entonces la provincia también debe recurrir a la ayuda discrecional del gobierno nacional, repitiendo el esquema de dependencia genuflexo, esta vez ante el Poder Central.

Inexorablemente, debemos admitir que Tucumán es una provincia pobre, al igual que muchas otras de la Argentina, en especial de la región norte. Pobre a pesar de sus industrias, de su agricultura, de sus universidades, de su mundo artístico y cultural de falso brillo, de su hiperdimensionado sector servicios, de sus countrys y edificios de lujo. No tiene un ingreso económico suficiente para poder alimentar el crecimiento de su población y la ocupación de su territorio con la infraestructura que ello requiere. La agricultura extensiva de la soja genera ingreso pero no empleo. La caña de azúcar genera empleo pero de muy bajo ingreso. La construcción de la obra pública genera también empleo pero de bajo nivel salarial. La permanente incertidumbre económica inhibe las inversiones en nuevas fuentes de trabajo. El Estado es el principal empleador y distribuidor de ingreso sin genuino incremento del ingreso económico provincial.

Numerosos casos de inundaciones rurales y urbanas se producen por los desbordes de ríos que, en ocasión de crecidas, se expanden y ocupan la planicie aluvial ribereña, donde se asentaron en las últimas décadas numerosos núcleos de población. No sólo se instala población de muy bajos recursos en esos sitios bajos y peligrosos por ser terrenos de bajo valor, no explotables por la agricultura, sino que el Estado mismo construye en esos lugares barrios de viviendas y legaliza la posesión de esas tierras. Hay zonas rurales también expuestas a inundaciones por desmadres de los ríos, que afectan no sólo a la producción agrícola sino también a población dispersa en núcleos pequeños. Hay zonas en Tucumán que están prácticamente condenadas a inundaciones frecuentes por migraciones de los cauces de los ríos en territorio muy llano, es decir de muy baja pendiente. Es el caso de la llanura deprimida del este, en el abanico de confluencia de los ríos al embalse de Río Hondo. Allí es prácticamente imposible atenuar los procesos de movilidad de los cauces por los fenómenos complejos que ocurren. Cuando decimos imposible no nos referimos a lo técnico sino al costo económico de las eventuales soluciones, que insumirían enormes inversiones para proteger a una población decididamente reducida, en desmedro seguramente de otros sectores más numerosos de población también con problemas graves y perentorios.

¿Qué es lo que se puede hacer desde el Estado para prevenir, evitar o mitigar los efectos de las inundaciones? Las causas de éstas son complejas y reconocen diverso origen. Son temas ya analizado por este autor en diversos trabajos, de los cuales se señala en particular “Cuando el agua sobra” (revista El Pulso Argentino, Número 8, año 2011), el que puede consultarse en este mismo blog. Las soluciones son obras de evacuación pluvial o desagüe, de protección contra irrupción fluvial y otras diversas, pero también hay medidas que tienden a prevenir los problemas con anticipación, evitando crear situaciones de vulnerabilidad y agudización de los problemas de acumulación de aguas. Ambas tienen fuertes dificultades, aunque de muy distinta naturaleza.

Antes que nada, cabe aclarar que la responsabilidad primaria en la resolución de problemas de inundaciones es de los municipios y las provincias, según el ámbito espacial y jurisdiccional en que se producen. Desde la reforma constitucional de 1994, en la que el agua fue declarada como recurso natural propiedad de las provincias, todos los aspectos vinculados (y las inundaciones lo son) también caen dentro de esa categorización, a excepción de los ríos limítrofes o de curso internacional, casos en los que las materias del agua pasan a jurisdicción de la Nación.

Volviendo al tema,  en primer lugar, las obras hidráulicas de desagüe y protección contra inundaciones, omitidas durante largas décadas, que no acompañaron el crecimiento urbano ni los desarrollos agrícolas, son numerosas y, por lo general, de gran envergadura y costo. Los montos de inversión necesarios superan toda capacidad de los municipios para concretarlas y requerirían planes de mediano y largo plazo con financiamientos especiales. Son tan grandes las necesidades y las carencias después de muchos años de falta de planificación y de desinversión, que obviamente el Estado se ve en la necesidad de fijar prioridades, las que no deberían establecerse según la perversa relación entre poderes locales y poderes superiores, como ya se expuso, sino sobre la base de planes directores globales y zonales.

Las otras acciones mencionadas, denominadas “no estructurales”, es decir que no son obras, son de naturaleza normativa que apuntan a prevenir los problemas mediante planificación, regulaciones y normativa. Implican, por ejemplo: límites a los usos del suelo tanto urbano como rural, normas de edificación para hacer construcciones menos vulnerables, delimitación de áreas inundables para inhibir su urbanización y/o explotación económica, etc. Como se puede ver, estos tipos de acciones no requieren de inversiones en obras sino la organización de los estados municipales y provinciales, dotándolos de capacidad humana y técnica para generarlas, implementarlas e imponer su cumplimiento por parte de la sociedad y los factores económicos y productivos.  Este autor estima que esta fase de las soluciones es la más difícil en la Argentina, mucho más que la asignación de partidas presupuestarias para concretar las obras requeridas, con lo difícil que ello es en sí. Determinan esa dificultad la naturaleza anómica de la sociedad, la falta de respeto y sujección a la ley, la dificultad o escasa convicción de los gobiernos y de la Justicia en hacer cumplir las leyes y la hegemonía de intereses espurios.

Foto Diario La Gaceta

Un ejemplo de la inoperancia del estado provincial en Tucumán sobre los problemas de las inundaciones, por no mencionar la referida a las demás cuestiones del agua, es la Ley provincial Nº 7696 de “Bienes en Zonas Inundables” del año 2005. Esta pretende establecer un régimen de uso de bienes (propiedades) en áreas inundables. Es decir imponer reglamentaciones con restricciones al dominio en diversas áreas que estén expuestas al riesgo de inundación. Para ello, el Estado dispone la realización de una cartografía con las áreas con grado variado de riesgo, a cargo de la Dirección General de Catastro y los diversos municipios y comunas.  También establece la creación de la “Comisión Provincial de Zonas Inundables”, la que se materializó por el Decreto 525/3(MDP) de 2007, en el ámbito de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente.

Tan importante objetivo aún no logró siquiera tener inicio en firme en el año 2016, es decir a más de diez año de dictada la ley. Varias razones pueden señalarse como causales. La primera, es que la ejecución de la cartografía de áreas inundables y la determinación de frecuencias de ocurrencia de ellas son tareas de gran envergadura y largo aliento, por la escasez de información disponible, la extensión del territorio a analizar y multiplicidad de situaciones a considerar. Todo ello requiere importantes esfuerzos económicos, tiempo y equipos humanos especializados para su ejecución. El Estado provincial nunca pensó en esos requerimientos. Por otra parte, una vez con la cartografía disponible, surgirán numerosas restricciones al dominio de los particulares que llevarán a múltiples controversias que pueden llevar a conflictos y demandas al Estado. Quizás, ante esas dos situaciones objetivas y potenciales, el Estado mismo desalentó la puesta en vigencia de la ley.

En síntesis, las soluciones a los problemas de inundaciones en Tucumán, al igual que en numerosas partes de la Argentina, no vendrán pronto, ni aun cuando ocurriere una sustancial inyección de inversiones destinadas a ello.  La naturaleza altamente compleja, la carencia de planificación racional y, por sobre todas las cosas, la situación de estados provinciales paquidérmicos, ineficientes e inútiles, incapaces de liderar procesos en esa dirección, ralentiza inevitablemente los procesos de por sí largos y abona la desesperanza. Las decisiones sobre las prioridades deberían surgir de medulosos análisis y serios estudios de diagnóstico, seguidos por proyectos de ingeniería de calidad y las acciones institucionales que las acompañen. Por ello, sin una profunda transformación política del Estado, que mejore su calidad como organizador de la sociedad y sus problemas, los plazos para la esperanza de la población se dilatarán permanentemente.

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Descargar PDF: F.Adler-CUANDO EL AGUA SOBRA

Foto: Ciudad de Santa Fe, inundación del año 2003 (Diario El Litoral)

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