De marzo a octubre de 2023 se realizaron trabajos de consolidación de la presa, con muchos imprevistos que dificultaron, demoraron los avances y consumieron el presupuesto sin que se completara lo proyectado. En octubre se paralizaron totalmente. El Gobierno provincial no quiere destinar más fondos y pretende que la empresa concesionaria Hidroeléctrica de Tucumán S.A o la Nación se hagan cargo.

Así la situación vuelve prácticamente a fojas cero, ya que el riesgo inicial subsiste, puesto que no se conocen los resultados logrados como para verificar que la PL-3 es segura y sin riesgo de colapso. Además de ello, los recaudos obligados mientras no se restituya la seguridad al colapso incidirán sobre los servicios que El Cadillal brinda a los diversos usos del agua (agua potable, industrias y regadío agrícola).

Fuente: Google Earth

Durante el año 2023, desde marzo a noviembre, se efectuaron tareas de reparaciones en uno de los diques que conforman el complejo El Cadillal. Específicamente en la presa lateral 3 (PL-3). Tales trabajos estuvieron motivados por una situación de riesgo de colapso de esa presa ante fenómenos de larga data y lenta evolución (filtraciones y asentamientos del cuerpo de tierra) que se habían acelerado peligrosamente desde el año 2022 y que requerían ser tratados para evitar llegar a aquel extremo, que habría tenido efectos catastróficos sobre población y bienes agua abajo.

El trabajo encarado tenía, anticipadamente, alto grado de incertidumbre, por la escasa información disponible sobre el estado del cuerpo del dique y de la roca de fundación que se proponía inyectar con cemento a fin de sellar fisuras y grietas producidas por lentos procesos de dilución de yesos contenidos en ella. Las complejas situaciones  encontradas y la necesidad de modificar y adaptar los trabajos de reparación a esas condiciones, más los avatares económicos ocurridos en el país (fuerte inflación y mayores costos) llevaron al agotamiento de las partidas presupuestarias sin que se pudieran completar los trabajos. Estos fueron paralizados en noviembre y las reparaciones quedaron inconclusas.

Desde el momento de paralización hasta marzo de 2024 la PL-3 está en un estado de incertidumbre ya que no se conoce a ciencia cierta el resultado de los trabajos ya realizados mientras el nivel de agua del embalse no suba lo suficiente y se establezca la entrada en carga hidráulica del dique.

En su informe final de diciembre de 2023, a obra ya paralizada, el Experto Consultor Independiente Dr. Roger Bremen decía:

“En definitiva, a pesar de haber realizado la gran mayoría de las actividades necesarias, la falta de un sellado completo implica probablemente solamente un cambio en los recorridos de filtración en la presa y su fundación. Las consecuencias de estos cambios sobre el comportamiento hidráulico y estructural de la presa son difíciles o imposibles de ser evaluados a priori. La situación actual, conlleva por lo tanto un nivel de incertidumbre muy elevado sobre el comportamiento de la presa, lo cual podría también ser más problemático en comparación con el comportamiento antes de la intervención” (las inyecciones, nota personal).
…………
“Debido a esta situación las condiciones de seguridad y de operación de la presa se mantienen precarias, sin una mejora substancial con respecto a la situación anterior de las intervenciones”.

En síntesis, ante el cúmulo de situaciones inesperadas encontradas durante los trabajos de reparación, y al no haberse completado éstos, no hay certidumbre sobre la seguridad que pueden haber brindado a la presa bajo tratamiento. Los riesgos considerados al inicio y que motivaron las tareas de inyecciones, siguen vigentes y se debe operar el embalse con las precauciones recomendadas.

Debe entenderse que la reparación no fue concluida y se requieren mayores cantidades de los trabajos previstos, lo que era de esperar y es muy frecuente en tratamientos para mejorar macizos rocosos, y era muy difícil de prever de antemano para contratar los trabajos. Por cuestiones legales (ley de Obras Públicas), no era posible ampliar los trabajos fácilmente. Se considera proseguir con un nuevo contrato, lo que implica demoras licitatorias. Pero lo real es que no se trata de una nueva obra; es un nuevo contrato para proseguir y terminar la obra no terminada.

QUÉ OCURRIRÁ SI NO SE COMPLETAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN

1.- Modo de operar el embalse en la nueva situación.

De acuerdo a la indicación del Dr. Bremen, por precaución no se admitirá que el embalse acumule agua más allá de la cota 604 msnm (la máxima posible es 607,50 msnm), nivel del labio del vertedero de excedentes (aliviadero). Permitirlo seguramente podrá determinarse después de embalsar con mucha cautela (lenta, controlando la evolución de filtraciones y asentamientos), descargando aguas excedentarias del verano sin aprovecharlas. Ello será un proceso largo durante el cual el embalse operará con las restricciones y consecuencias que analizamos.

El máximo embalsado de agua permite contar actualmente con 144 Hm3 aprovechables a cota del vertedero (607,50). Debe tenerse en cuenta que en los casi 60 años de vida el embalse ya perdió casi el 50% de su volumen útil inicial. A la cota 604 permitida, hoy se contaría con 118 Hm3. Se perderían de aprovechar valiosos 26 Hm3 (18% del actualmente disponible).

Es decir que se tendría un embalse con una situación análoga a la de una mayor colmatación con sedimentos, proceso natural en todo embalse, anticipando el futuro o simulando una aceleración de su agonía.

Lo descripto es en el supuesto que, en el proceso actual de llenado del embalse por escalones de 1 m (602-603 y 604) y manteniendo el nivel 20 días en cada uno de ellos, no se manifiesten incrementos de caudales de filtraciones, presiones internas o asentamientos peligrosos que obliguen a interrumpir la acumulación de agua.

En síntesis, la situación actual es de achicamiento del embalse, el que, con menor volumen de agua acumulable, no permitirá eventualmente garantizar en los próximos años los abastecimientos a todos los usuarios.

2.- La seguridad de la obra y de población y bienes agua abajo

Mientras no se lleve el embalse a niveles de llenado normales y se verifique un comportamiento aceptable de la PL-3, subsistirá el estado de elevada incertidumbre inicial que llevó a encarar las inyecciones de recomposición del macizo rocos y de la presa. Al tenor de las aseveraciones del Dr. Bremen, referidas a la elevada incertidumbre sobre el comportamiento esperable de la presa como resultado de lo ejecutado, no se ha superado hasta ahora el estado de riesgo declarado a fines de 2022. Por lo tanto, debería mantenerse vigente el Plan de Contingencia previsto originalmente, a pesar de la aflicción que ello significa para la población del área bajo riesgo. Tal situación debería ser un factor determinante en la toma de decisiones respecto de encarar en modo urgente el completamiento de los trabajos de reparación inconclusos. Las cuestiones presupuestarias y la determinación de responsabilidades institucionales deberían supeditarse a la perentoriedad del problema, que deriva de una real emergencia demandante de una acción decidida y urgente, de la cual algunos estamentos gubernamentales no parecen haber tomado debida conciencia.

3.- ¿Qué ocurrirá con los abastecimientos de agua desde El Cadillal?

Mientras se deba operar el embalse limitando el volumen de agua acumulable, se producirán efectos sobre las actividades que se nutren del agua provista desde esa fuente.

Los usos de agua que abastece el embalse son, en orden de prioridad para satisfacerlos:

1. Agua potable para el Área Metropolitana del Gran S.M. de Tucumán.
2. Agua para industrias, principalmente a tres ingenios azucareros con sus destilerías de bioetanol.
3. Agua para riego en el este de la provincia por medio de redes públicas de canales

Veamos cómo incidirá la modalidad de operación del embalse establecida por razones de seguridad, para cada uno de los usos del agua.

3.1.- Agua potable para el Área Metropolitana del Gran S.M. de Tucumán.

Por ser un uso legalmente prioritario el aporte de El Cadillal está garantizado y no sufrirá mermas. Aun cuando el embalse se vaciare, los caudales mínimos históricos del río Salí son suficientes para enviar a la capital los 9.700 m3/hora comprometidos desde el origen de la obra. Los graves problemas de abastecimiento allí existentes se motivan en otros problemas serios, como ser las pérdidas en las redes de distribución, la obsolescencia de muchos tramos, los numerosos pozos de extracción aguas subterráneas con problemas de funcionamiento y/o por escaso mantenimiento y los excesivos consumos de la población, muy superiores a los valores internacionalmente conside-
rados razonables. Los temores frecuentemente expuestos por gobernantes, legisladores, comunicadores, etc. sobre la capacidad de El Cadillal para asegurar el abastecimiento futuro al Área Metropolitana carecen de fundamento en cuanto a cantidades de agua que éste puede asegurar.

El problema que presenta el abastecimiento desde El Cadillal no es de cantidad sino de calidad del agua en ciertas épocas del año (noviembre, diciembre y enero), cuando el embalse baja hasta su mínimo nivel por haber abastecido a ingenios y destilerías desde junio y a los regantes desde agosto. La calidad del agua en los niveles profundos del embalse se deteriora (muy bajo oxígeno disuelto, dilución del manganeso de los sedimentos del fondo, etc.). La presencia extendida de manganeso en el agua ha sido este verano de 2024 un tema de fuertes reclamos de los usuarios a la SAT.

Las razones técnicas que explican ese fenómeno exceden el alcance del presente análisis, pero es un tema que se presenta por un probablemente insuficiente o imperfecto tratamiento en la Planta Potabilizadora para eliminarlo o reducirlo a niveles tolerables. El fuerte color marrón turbio que la presencia de manganeso otorga al agua hace a ésta inaceptable para los consumidores, aunque esté demostrado que no es tóxica para el ser humano.

3.2.- Agua para ingenios azucareros y destilerías

La disminución en la capacidad del embalse producirá una menor garantía en el suministro, es decir que se deberán reducir los caudales entregados desde la red pública. Esas industrias deberán prever abastecimiento propio (mediante pozos de extracción de agua subterránea) y morigerar fuertemente sus consumos mediante sistemas de recuperación y reutilización de sus aguas residuales.

Debe tenerse en consideración que, para entregar los caudales concesionados a los ingenios, la Dirección de Recursos Hídricos debe extraer de El Cadillal caudales bastante mayores, para compensar las pérdidas por infiltración en los canales de conducción, los cuales cuentan con revestimiento impermeabilizante en proporciones muy bajas, por lo que las pérdidas son significativas.

Obviamente, las medidas que deberán tomar las industrias implican inversiones importantes, que ahora se verán obligadas a apresurar si no se resuelve el problema de la PL-3. De todos modos, el proceso de racionalización del uso del agua será progresivamente forzoso puesto que la inexorable pérdida de volumen útil del embalse asegurará cada vez menos agua a los usuarios.

3.3.- Agua para regadío

Los regantes, mayormente de caña de azúcar y citrus, que cuenten con menores posibilidades de riego, se verán afectados y su productividad disminuida, por lo que el daño económico se manifestará sin lugar a dudas. Para mitigarlo a mediano y largo plazo deberán efectuar inversiones en pozos de extracción de aguas subterráneas, y consecuentemente, a la adopción de riego tecnificado (aspersión, microaspersión o goteo) para el aprovechamiento eficaz de un recurso más costoso. Obviamente, ello requerirá de inversiones importantes, que no todos los agricultores estarán en condiciones de afrontar. Son de esperar impactos sociales en la zona.

En resumen, los impactos en las actividades de los usuarios del agua, provocados por la no resolución de los problemas de la PL-3, descriptos aquí muy sintéticamente, significan una anticipación acelerada de los escenarios que se avecinan lentamente. Si históricamente hasta ahora no hubo crisis graves de abastecimiento, es porque El Cadillal fue proyectado en su origen para abastecer a 45.000 ha de riego, nunca se regaron más de 30.000 y hoy apenas se estarían regando bastante menos de 20.000 ha (la Dirección de Recursos Hídricos, organismo operador del sistema, increíblemente, no tiene información precisa al respecto). Una muestra del deterioro de la infraestructura hídrica de la provincia y de la decadencia institucional referida al uso del recurso hídrico.

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La entrada Dique El Cadillal de Tucumán: Qué puede ocurrir si no se completan las reparaciones de la presa lateral 3 se publicó primero en Problemas del agua.

Las concesiones hidroeléctricas por treinta años, originadas por las privatizaciones durante la presidencia Menem en los años 90, comienzan a caducar este año por las más importantes: las del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro. En la provincia de Tucumán ocurrirá con sus tres obras hídricas más importantes: El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en el año 2026.

El embalse El Cadillal ha estado instalado en la discusión pública en este año 2023 a raíz de los problemas suscitados en uno de sus componentes, la presa lateral 3, que plantearon el riesgo de un eventual colapso con consecuencias catastróficas y la inhibición precautoria de acumular agua para la producción agroindustrial en el área servida. Por otra parte, ya se ha analizado en este blog la expectativa hacia el futuro en cuanto a su menguante rol de abastecedor de agua potable para el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, para la industria azucarera y el regadío agrícola (ver “La lenta y triste agonía del embalse El Cadillal”), debido a la pérdida de cerca de un 50% de su volumen útil para guardar agua, por la acumulación de sedimentos en su vaso.

En este artículo se analiza un aspecto que interpela a la provincia y se trata de la situación de esta obra, actualmente concesionada para generar hidroelectricidad (HE) a una empresa privada por un contrato que data del año 1996 y que vence en julio de 2026. ¿Qué se hará al vencimiento de la concesión?

La concesión, y el desafío, comprende también las obras del dique de embalse Escaba y la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, construidas ambas por la Nación, la que es propietaria de éstas. Se puede presumir que es altamente probable que la Provincia deberá hacerse cargo de todas ellas.

Siglas más relevantes que se emplean en este texto
CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, S.A., ente conformado por el Estado argentino (20%) y las asociaciones de generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios de electricidad el 80% restante. Opera el Despacho Nacional de Cargas que administra todo el SADI y el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).
ENARSA (Ex IEASA): Energía Argentina, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Es una empresa pública del sector petrolero y energético. Creada en 2004. 
ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación.
ORSEP: Organismo Regulador de la Seguridad de Presas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Su rol es velar por la seguridad de la mayoría de las presas concesionadas.
AyEE SE: (Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado). Empresa del Estado Nacional. Liquidada luego de las privatizaciones de los 90.
HIDRONOR S.A. (Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.). Empresa del Estado Nacional. Liquidada luego de las privatizaciones de los 90.
SADI: Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica. Red de líneas de transmisión eléctrica desde 132 KV hasta 500 KV que abarca la mayor parte del país.
HT. (Hidroeléctrica Tucumán S.A.). Empresa privada concesionaria de los aprovechamientos hidroeléctricos de la provincia de Tucumán.

El complejo El Cadillal es la principal obra hídrica de Tucumán y a ella dedicaremos la mayor atención, aunque el tema que en este artículo se plantea abarca los tres aprovechamientos. Es un dique de embalse sobre el río Salí, ubicado a 22 km al norte de la ciudad capital de la provincia. Fue concebido como multipropósito: para proveer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, para regadío de 45.000 ha de cultivos, abastecer necesidades de industrias (mayormente ingenios azucareros), generar energía eléctrica y brindar protección contra inundaciones. Tiene una Central Hidroeléctrica operada actualmente por concesión por una empresa privada, Hidroeléctrica de Tucumán S.A.

UBICACIÓN DE APROVECHAMIENTOS EL CADILLAL, ESCABA Y PUEBLO VIEJO

BREVE HISTORIAL DE LA OBRA, SU EXPLOTACIÓN Y EL CONTEXTO NACIONAL

EL CADILLAL (Fuente: dique_el_cadillal_tucuman_-_landsat-8_oli_-_8_de_febrero_de_2015_-_fusion_infrarrojoswir)

Construido este aprovechamiento en los 60 del siglo pasado por la Provincia (Gobernación Gelsi), entró en servicio en agosto 1966. Ésta entregó a AyEE SE la explotación de la energía eléctrica hasta el año 1996. La propiedad de las obras fue siempre de la provincia. AyEE SE sólo hacía el mantenimiento de los componentes hidro-electromecánicos de la Central Hidroeléctrica y el control del instrumental de auscultación de las obras. El mantenimiento de las obras civiles estuvo a cargo de la Provincia (DPA), lo que ocurrió esporádicamente durante esos 30 años (p.e. la reparación de blindaje del túnel del Descargador de Fondo). Por convenio entre la Provincia y AyEE SE ésta podía extraer agua del embalse y se estableció una servidumbre de acueducto para las obras del circuito que llevan el agua desde el embalse hacia la usina (torre de toma, compuertas, túnel de conducción, etc.).

En los años 90 (presidencia Menem) se produjo el proceso de transformación del Estado con las privatizaciones de empresas públicas, que incluyeron las obras de energía eléctrica (generación, transmisión y distribución) (Leyes 23696/1989 de Reforma del Estado) y 24.065/1991 de Régimen de la Energía Eléctrica). Se privatizaron las obras construidas y operadas por las dos más grandes empresas públicas del sector AyEE S.E. e Hidronor S.A. De AyEE SE se privatizó o se transfirió a las provincias también la distribución.

Se trata de 13 concesiones que aportan hoy aproximadamente el 20% de la generación total en el ámbito del MEM, con una potencia instalada superior a los 10,8 GW, que entregan su energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). A partir de ese entonces se inició un proceso de reducción de la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética nacional que había llegado casi al 50% gracias a la construcción de importantes obras a partir de los años 60.

El proceso de privatización consistió en la creación previa de sociedades anónimas cuyo paquete accionario era vendido en licitación pública internacional y a las cuales se les adjudicaba una concesión para uso de las obras para generar hidroelectricidad por un lapso de, por lo general, treinta años. En una gran mayoría, las obras de AyEE SE e Hidronor fueron construidas y solventadas por el Estado Nacional, el que retuvo la propiedad de ellas en titularidad de la Secretaría de Energía de la Nación. Los contratos de concesión establecieron que, a la finalización de los períodos de vigencia, las obras debían ser reintegradas al Concedente (el propietario, es decir a la Secretaría
de Energía).

Las obras concesionadas a privados que totalizan 22 represas en 8 provincias del país, fueron las siguientes (agrupadas por contrato de concesión):

OBRAS DE AGUA Y ENERGÍA S.E

Nihuil I, II y III (Mendoza), río Atuel.
Agua del Toro – Los Reyunos – El Tigre (Mendoza), río Diamante.
Futaleufú (Chubut), río Futaleufú.
Florentino Ameghino (Chubut), río Chubut.
Cabra Corral – El Tunal (Salta), río Juramento.
Ullum (San Juan), río San Juan.
Río Hondo – Los Quiroga (Santiago del Estero), río Salí/Dulce.
El Cadillal – Escaba – Pueblo Viejo (Tucumán), ríos Salí, Marapa y Pueblo Viejo respectivamente.

OBRAS DE HIDRONOR S.A (Región Comahue, provincias de Neuquén y Río Negro). 

El Chocón-Arroyito, río Limay.
Planicie Banderita, río Neuquén.
Alicurá, río Limay.
Piedra del Águila, río Limay.
Pichi Picún Leufú, río Limay.

Algunas empresas concesionarias incluyen en su paquete accionario a gobiernos provinciales. Por ejemplo: Los Nihuiles (Mendoza 47%), Diamante (Mendoza 39%), Chocón (Neuquén 29,9%), Piedra del Águila (Neuquén 13%, Estado Nacional 26%), Futaleufú (Chubut 33,51%). En varios casos un 2% para la Propiedad Participada (trabajadores) establecidas en los contratos de concesión.

PRESA EL CHOCÓN (Fuente: el-chocon1.argentina.gob_.ar_.orsep_.jpg)

PRESA PIEDRA DEL ÁGUILA (Fuente:PiedradelAguila.Argentina.gob.ar)

LA PARTICULAR SITUACIÓN DE LAS OBRAS EN TUCUMÁN

Las obras hidroeléctricas concesionadas en Tucumán son:

• Presa de Escaba, con su Central Hidroeléctrica y su dique compensador Batiruana. Sobre el río Marapa. Terminada en 1948. Construida por la Nación (AyEE SE).
• Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, con sus diques derivadores sobre los ríos afluentes Los Reales y La Horqueta. Aprovechamiento denominado “de pasada” (sin embalse de acumulación). Construida por la Nación (AyEE SE). Habilitada en 1968.
• Central Hidroeléctrica El Cadillal, sobre el río Salí. Construida por la Provincia pero operada por AyEE SE desde el año 1966 de su puesta en servicio hasta el 1996 de inicio de la concesión. El hecho de haber sido construida por la provincia configura una situación particular, como veremos más adelante.

La concesión otorgada por la Nación en el año 1995 para las obras de AyEE SE en la provincia de Tucumán abarcó las tres mencionadas. Como acto previo se firmó un acta-acuerdo entre la Provincia y la Nación para conformar la Sociedad Anónima Hidroeléctrica de Tucumán con el fin de su privatización posterior, operación por la cual en licitación pública se adjudicó a un consorcio privado la concesión de explotación por treinta años que caduca el 26 de julio de 2026.

EL CONTEXTO NACIONAL – CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS

A fin de entender la situación, conviene analizar previamente el contexto nacional actual de las concesiones a priva-dos realizadas en los años 90.

En el corriente año 2023 se producen las primeras caducidades de contratos de concesión, que incluyen varias del Comahue (ex Hidronor SA). Ese primer conjunto representa el 67 % de la energía eléctrica producida por todas las centrales hidroeléctricas del país bajo concesión, a excepción de las binacionales Yaciretá (con Paraguay) y Salto Grande (con Uruguay). Obviamente es el conjunto más importante de centrales de generación hidroeléctrica concesionadas, lo que determinará probablemente los caminos que se terminen adoptando. Ello ha generado la necesidad de que el Estado Nacional defina el destino de esas obras. En principio, al haber sido inversiones realizadas por la Nación, son obras de su patrimonio y todo el país contribuyó a su realización. Las provincias en las que se radican recibieron regalías por el uso de sus aguas, recurso natural declarado de propiedad provincial desde la Reforma Constitucional de 1994, posterior a las Leyes 23696/1989 y 24.065/1991 ya mencionadas, que fueron el sustento jurídico de las privatizaciones, con varias modificaciones y derogaciones posteriores.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, conformó en marzo de 2022 el ETAHC (“Equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados”) que tiene como objetivo primario el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional (Resolución 130/2022 del 08/03/2022). El ETAHC se constituyó en mayo de 2022 conformando para ello un importante equipo de trabajo de profesionales de CAMMESA, ENARSA, el ENRE y el ORSEP y encargando específicamente una auditoría de las condiciones técnicas de los equipos de generación a ENARSA. Contaba con un plazo de un año para expedirse sobre las concesiones que vencen en 2023 y de dos años para las restantes (excepto las que vencen en 2029 y 2044). Para las que vencen este año 2023 (Chocón-Arroyito, Planicie Banderita y Alicura caducan el 11/08/2023 y Piedra del Águila el 29/12/2023), a la fecha de elaboración de esta nota (mayo/2023) se estaba casi al vencimiento y urgía la toma de decisiones. La tarea toma bastante tiempo ya que cada caso debe ser estudiado exhaustivamente mediante las auditorías referidas.

Además de la evaluación del ETAHC, es altamente conveniente hacer el balance global y particular de la experiencia que finaliza, evaluar los beneficios logrados y los aspectos fallidos o que no resultaron en un beneficio para el país. Ello es vital para evitar la reiteración de errores y tomar decisiones beneficiosas en materia de hidroenergía. El panorama del pasado es controversial. La inestabilidad del país a corto andar de las privatizaciones, llevó a distorsiones en la marcha de los contratos. Inestabilidad monetaria, caída de la convertibilidad, congelamiento de tarifas, sostenimiento en base a subsidios, etc. marcaron parte importante de los períodos de las concesiones. Tanto concesionarios como provincias reclaman por modificaciones sustanciales en los marcos regulatorios, deudas acumuladas, pérdidas de rentabilidad y de previsibilidad a causa de las políticas macroeconómicas del gobierno Nacional y de la inestabilidad institucional.

¿Cuáles son, en principio, las opciones posibles en juego al finalizar las concesiones? Los caminos a seguir pueden variar según la provincia donde se ubiquen los aprovechamientos concesionados. 

A.- Prórroga de contratos por 1 año. Para dar tiempo a que un nuevo gobierno y bajo mejores escenarios económicos e institucionales éste pueda tomar decisiones más adecuadas y convenientes para el país. Es la más lógica en virtud de la grave situación económica e institucional en que se encuentra la Argentina. La que se esperaba en virtud de la complicada situación del gobierno actual y el altamente probable cambio producto de las elecciones de octubre.

B.- Reversión total al Estado Nacional o a entes estatales mixtos Nación-Provincia. Explotación a cargo del Estado ya sea recreando empresas públicas según los modelos históricos anteriores a los 90 o contratando la operación y mantenimiento con empresas privadas.

Esta opción plantea la dificultad de tener que afrontar las inversiones iniciales necesarias en cada aprovechamiento para prolongar su vida útil, las que pueden ascender a montos muy elevados por renovación de equipos de generación y operación. El Estado está en situación muy desfavorable ante el escaso acceso al crédito internacional.

C.- Prórrogas de las concesiones actuales por períodos largos, bajo los contratos actuales o renegociados.

Es una opción a la que aspiran algunas concesionarias que obtuvieron buena rentabilidad a pesar de los vaivenes, modificaciones e incumplimientos del contrato por parte del Estado concedente. Algunas la consideran como resarcimiento ante las pérdidas producidas por esas contingencias perturbadoras de los contratos.

D.- Convocatorias para nuevas concesiones a empresas privadas bajo un nuevo régimen contractual de concesiones y exigencia de inversiones importantes para prolongar la vida útil de las obras.

OPINIONES DIVERSAS SOBRE EL CAMINO A SEGUIR

Ante la cercanía de las caducidades, las que llevan a la necesidad de definiciones importantes sobre política energética, se han suscitado diversas opiniones y posiciones sobre el tema. La polarización política existente en el país (la denominada “grieta”) también ya se manifiesta en el problema. Veamos algunos enfoques y aspectos que entran en juego y que son esgrimidos desde diversos ángulos, según los intereses en juego y las doctrinas ideológicas:

• Las provincias de Neuquén y Río Negro pretenden, al amparo de la reforma constitucional de 1994 que dio a las provincias la propiedad sobre sus recursos naturales, que al final de las concesiones en sus territorios las obras sean transferidas a sus jurisdicciones, para lo cual conformarían un ente interprovincial para continuar con la explotación de las obras. Obviamente, esa pretensión sólo puede ser avalada por ley del Congreso Nacional en la cual las restantes provincias acepten la transferencia en donación o con algún cargo y establezcan los condicionantes. Como mínimo, pretenden tener participación activa en el negocio y en las facultades de manejo de las aguas de los ríos Neuquén y Limay.

Transcribimos algunas opiniones relevantes divulgadas en medios de comunicación:

Según el portal +Energía
“El gobierno de la provincia de Neuquén elaboró un informe que contiene un análisis político y jurídico de las concesiones de las represas, cuyos contratos vencen. El informe indica que es necesario discutir el esquema normativo de generación de energía eléctrica, así como su interpretación, que genera controversias sobre el alcance de las atribuciones federales y provinciales. Así es que se propone repensar un marco regulatorio superador que contemple un mayor protagonismo a los estados provinciales en la gestión, administración y explotación de sus recursos naturales”.

Además, “Otro punto el conflicto con Nación es el cobro de las regalías, un impuesto equivalente al 12% del valor de la energía producida las concesionarias de las centrales hidroeléctricas en el mercado spot, que perciben las provincias a modo de compensación por los perjuicios que produce la utilización del agua. En los últimos años, con el precio de la energía eléctrica congelado por el Estado nacional, las condiciones del efectivo cobro de las regalías hidroeléctricas cambiaron, lo cual originó reclamos por parte de las provincias”.

Por otra parte, diversos medios de comunicación informaron que el senador neuquino Oscar Parrilli, del partido oficialista del gobierno nacional, presentó un proyecto que implica dar la operación y el mantenimiento de las centrales a ENARSA en forma directa, otorgándole el 51% del dominio de cada central. En su articulado señala que «ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través de acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan», aunque en otro apartado se señala la posibilidad de «incorporar la participación del capital privado».

• Una propuesta fundamentada la formuló el Ing. Jorge Lapeña, exSecretario de Energía (1986-1988), del gobierno de Raúl Alfonsín y presidente del Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi» (IAE). Sugirió en su trabajo de enero de 2021 “Propuesta de una Política Pública – Finalización de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas nacionales” los siguientes pasos, de los cuales sólo transcribimos los más significativos para nuestro análisis:

PASO 1: DIVIDIR EL CONJUNTO DE CENTRALES EN GRUPOS HOMOGÉNEOS
GRUPO 1: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL COMAHUE (aprox.4300 MW) integrado por las Centrales Hidroeléctricas: Chocón; Arroyito; Planicie Banderita; Alicurá y Piedra del Águila. 
GRUPO 2: CENTRAL HIDROELECTRICA FUTALEUFU 
GRUPO 3: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CUYO PODER CONCEDENTE ES PROVINCIAL.
GRUPO 4: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DADAS EN CONCESIÓN POR EL ESTADO NACIONAL en las
provincias argentinas que no pertenezcan a los Grupos 1 y 2.

PASO 3: REVERTIR AL CONCEDENTE LA CONCESIÓN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO RESPECTIVO DE  CADA CONTRATO.

PASO 5: DISEÑAR UN CONTRATO TIPO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LAS CENTRALES CON DURACIÓN DE 10 AÑOS. Los contratos serán remunerados con precios que surgirán de procesos licitatorios públicos y quienes sean elegidos deberán acreditar experiencia en la operación y mantenimiento de instalaciones similares a las del contrato respectivo.

PASO 6: CREACIÓN DE UNA AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLOS HIDROELÉCTRICOS. Su función será:
a) Administrar los Contratos de Servicios de cada central; b) Determinar el Costo total de Generación de cada central hidroeléctricas por períodos quinquenales; c) determinar las inversiones para cada central hidroeléctrica incluyendo las correspondiente a reemplazos de equipos para extensión de vida útil; d) gestionar créditos internacionales para financiar las obras del inciso c); e) realizar procesos licitatorios y adjudicación de dichas obras; f) Realizar estudios y proyectos de nuevas centrales hidroeléctricas. g) estar a cargo de la creación y administración del fondo fiduciario de desarrollo hidroeléctrico, integrado por las rentas provenientes de las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional y cuyo destino es la financiación de nuevas centrales hidroeléctricas.

Complementa su propuesta con el siguiente criterio:

“Si bien el universo de centrales hidroeléctricas a revertir puede ser numeroso, se sugiere concentrarse en realizar una “reversión inteligente” de solo aquellos casos de interés. Los casos de interés se concentran en solo una decena como máximo de las centrales existentes: esto es un conjunto de no más de 10 grandes centrales con una potencia total de unos 6500 MW correspondientes a las centrales pertenecientes a la Ex Empresa nacional Hidronor ubicados en la Región del Comahue y un conjunto de centrales de la ex empresa nacional Agua y Energía Eléctrica”. (Este criterio es de suponer que dejaría de lado las obras hidroeléctricas de AyEE SE en Tucumán, como veremos más adelante).

Por otra parte, en una entrevista concedida a el portal Energiaonline.com.ar el 29/07/21, manifestó que “Las represas tienen que volver al Estado Nacional, no a las provincias. Las provincias pueden tener participación, pero el dueño es el Estado Nacional como dice el contrato vigente. Es el Estado Nacional el único comitente que puede acometer las importantes obras que puedan ser necesarias para ampliar capacidad. Ninguna provincia ni ninguna empresa privada están en condiciones de acometer esa tarea”.

“Lapeña también distingue el ejemplo de Hidronor como faro a seguir y agrega el modelo de la central binacional de Salto Grande ubicada sobre el río Uruguay a la altura de la ciudad de Concordia. “Estamos en contra de la burocratización de las empresas del Estado, pero la experiencia nos muestra que la central de Salto Grande es sumamente eficiente y no tiene ningún vicio. Hay que repetir esas experiencias exitosas”.

“Para Lapeña, el principal beneficio de una gestión pública sería reducir los costos del sistema y conocer con mayor precisión cuánta energía hidroeléctrica se podría agregar en el país para revertir el sendero decreciente de las últimas tres décadas donde la participación hidráulica sobre la generación eléctrica bajo del 50% al 22%”.

Una posición en línea con lo anterior fue expuesta recientemente por el IAE en un documento aportado a la coalición “Juntos por el Cambio” con propuestas para el sector energético para el período 2023-2027 en caso de acceder al gobierno nacional (“IAE: Programa de Política Energética para el período 2023-2027”), del cual extraemos párrafos específicos que acometen el tema que tratamos.

4.5. Vencimiento de las concesiones de explotación de centrales hidroeléctricas otorgadas en 1993. A tal efecto se propone:
§ Prorrogar por un año la vigencia de los contratos de acuerdo a lo previsto en los contratos de concesión.
§ A partir de 2024 al término del plazo contractual prorrogado las centrales pertenecientes a la ex empresa Hidronor SA revertirán al estado nacional tal lo previsto en los contratos firmados en 1993.
§ Se fijarán con criterios técnicos un nuevo sistema de tarifario para la retribución de la energía generada por las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional, el nuevo sistema tarifario retribuirá la totalidad de los costos operativos y los costos de operación y mantenimiento de las centrales. Asimismo, deberá proveer los fondos para financiar la extensión de la vida útil de las instalaciones.
§ Luego el Estado Nacional podrá firmar contratos del tipo COM (operación y mantenimiento) con el sector
privado para cada una de las centrales.

• Según el portal Energiaonline.com.ar del 29/07/21, en el mismo sentido que Lapeña se expresó un grupo de profesionales de la ex Hidronor, quienes redactaron un documento con un análisis técnico con las mejores soluciones posibles para el futuro de la administración hidroeléctrica.

“No hay un sesgo político ni ideológico si es mejor la concesión privada o la concesión pública. Lo importante es el rol del Estado regulando las mismas adecuadamente y asegurando su correcta operación y recuperar la capacidad de volver a hacer aprovechamientos hidroeléctricos multipropósito, que se ha perdido desde los años noventa”.

Respecto al rol de las provincias, los ex Hidronor sostienen que “los activos se encuentran registrados bajo titularidad de la Nación y las obras fueron costeadas mediante recursos aportados por la totalidad de la Nación”. Por lo tanto, “que las provincias se hagan cargo significaría una verdadera donación que solo podría ser viable mediante la sanción de una ley nacional”.

“En lugar de ello, los expertos sugieren la creación de una empresa pública nacional que siga el ejemplo de lo que fue Hidronor -que siempre fue reconocida por su buena administración-, admitiéndose en calidad de socias a aquellas provincias que demostrasen interés y aportasen capital”.

“Debería ajustarse a determinadas premisas que garanticen su eficiente funcionamiento como un directorio calificado e independiente, una estructura empresarial inicialmente pequeña y que esté dotada de exenciones tributarias”, dicen.

“En tanto, los ex Hidronor son todavía más optimistas y consideran que el país podría construir nuevos embalses sin pedir fondos al Estado ni subsidios, sino usando adecuadamente la renta que producen las propias centrales actuales y, al mismo tiempo, comercializar la energía a precios asequibles para los sectores de menores ingresos cubriendo el porcentaje de consumo de la tarifa social”.

“El Estado Nacional podría obtener fondos propios genuinos, asignando con destino específico una porción porcentual de las ventas de energía de las centrales hidroeléctricas bajo una nueva concesión, a través de la creación de un nuevo canon. Los fondos deberían ser constituidos como un Patrimonio de Afectación y cuya correcta administración sería asegurada mediante un Fideicomiso”, proponen.

Para mejor información sobre esta propuesta se puede acceder al video de una exposición en panel realizada en el CAI (Centro Argentino de Ingenieros) el 08/09/2021 (ver enlace al final).

• Opinión de sector concesionario

(De artículo de Sofía Diamante, diario La Nación 15/03/22)
(En el sector concesionario)….. “indican que el Estado es el que no cumplió con el contrato de concesión, ya que en los últimos 30 años hubo momentos en los cuales se congelaron las tarifas que cobran estas empresas. Los privados hicieron una inversión importante para quedarse con la concesión, que se dio bajo un marco regulatorio que se modificó por completo y eso generó un pasivo regulatorio. Creemos que este pasivo regulatorio puede ser cancelado con una extensión de la concesión. Operar estas plantas requiere de capacitación técnica y de muchas inversiones para mantener las plantas disponibles, explicaron en una de las compañías”.
“Los contratos de concesión no tienen prórroga, pero tampoco está prohibido que con mutuo acuerdo se extienda la concesión”.

(Según el portal IProfesional de fecha 23/05/2022)
“…….. Las empresas hasta ahora no han dicho demasiado sobre la continuar con el negocio. La rentabilidad de los últimos años año ha sido prácticamente nula y con costos siempre en ascenso. Para continuar deberán ofrecerles algún incentivo muy atractivo, comentó a este medio un experto al tanto del proceso”.

• Opinión de sectores estatistas

Si bien hay matices entre diversas fuentes, son globalmente coincidentes con la idea de los sectores kirchneristas/La Cámpora del oficialismo, es decir en un retorno total al Estado y su posterior explotación a cargo de éste. Hay opiniones similares desde otros ángulos sectoriales (por ejemplo la del Ing. Lapeña del IAE, antes referida y la del grupo de profesionales ex Hidronor), pero la diferencia reside básicamente en que en estos últimos no se descarta la participación privada, aunque limitada a contratos de operación y mantenimiento, manteniendo la potestad de explotación y las inversiones en manos del Estado basadas en la creación de fideicomiso con la renta de la venta de energía.

Diversas fuentes consultadas por medios periodísticos indicaron que también se evalúa que el Estado quede con el control de las hidroeléctricas, pero la operación siga en manos de las compañías privadas.

Fuera de la predilección doctrinaria de preeminencia de lo estatal sobre la privado, se esgrimen algunos argumentos debatibles:

* En todos estos años, la renta hidroeléctrica no redundó en inversiones de peso en torno a fuentes energéticas que posibilitaran diversificar la matriz nacional, tampoco en el crecimiento de nuevas centrales hidroeléctricas. (En realidad esos objetivos no fueron planteados en las motivaciones ni los fundamentos de las concesiones noventistas y, además, las perturbaciones ocurridas en el devenir de ellas inhibieron toda posibilidad en esa dirección).
* El Estado invirtió importantes montos en la construcción de las centrales, cuya concesión los privados se hicieron por montos mucho menores, pagando parte del canon con bonos devaluados de la deuda argentina y explotaron apropiándose de la renta.
* Las infraestructuras hidráulicas se hallan en territorios provinciales, los recursos hídricos son interprovinciales y las obras fueron inversiones de la Nación. Ello implica que un eventual retorno al Estado impone una gestión que contemple las necesidades y derechos de cada nivel de gobierno.
* La estatización se presenta como un modo de retomar una necesidad estratégica de planificación energética abordada por el Estado y el sector público social, hecho que en la Argentina es de por sí débil.

En la resolución del destino de las concesiones hay diversos aspectos que determinan los caminos posibles. En primer lugar, la Reforma Constitucional de 1994 estableció en el Artículo 124 el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales situados en sus territorios. No obstante, la Ley 15.336/60 (de Energía eléctrica), en su artículo 5º establece que “La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes…….”. Ello habilitaría, a juicio de algunos juristas, la discusión sobre quien debe tomar las decisiones al caducar las concesiones de explotación de la energía”.

Desde fines del año 2022 y en el actual 2023, diversos sectores manifestaron ya sus propuestas, que van desde la reestatización total o la continuación de concesiones privadas hasta, como mínimo, una prórroga de un año para dar mayor tiempo para la resolución de las concesiones, dando tiempo suficiente para su evaluación. La probabilidad de cambio de rumbo a partir del nuevo gobierno para el período 2023-2027 llevará a debates fuertes hoy de hecho postergados en el ámbito político por las turbulencias del año electoral, teñido por los graves problemas económicos y sociales que sacuden al país.

A fines de mayo un grupo de exsecretarios de Energía, compuesto por los exfuncionarios Emilio Apud, Julio C. Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco, se manifestaron en el sentido de recomendar que se prorrogue la concesión por un año, para darle tiempo a la próxima administración para analizar la situación. Asimismo, cuestionaron la intención de incorporar las centrales del Comahue que vencen a los activos de Enarsa y con participación de los gobiernos provinciales, puesto que “…esta decisión es inconducente e inconsistente, ya que Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas. Tampoco reúne la experiencia para operar ni para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita” (diario La Nación del 23/05/2023).

La circunstancia en que se presenta esta necesaria toma de decisiones es particularmente desfavorable para optar por un camino que priorice el interés nacional. La debilidad del gobierno actual frente a la crisis económica a la que se llegó y del próximo que la heredará, establece fuertes condicionantes. 

La estructura del sector energético posterior al proceso de privatización concretado en la década de los 90, según algunos analistas en algunos casos ha conducido a ciertos oligopolios, con tolerancia del Estado, en determinadas etapas desde la privatización. Ello genera presiones importantes para la toma de decisiones direccionadas a la preservación de esas situaciones de privilegio e inequidades.

La continuidad de la explotación en la mayoría de los aprovechamientos concesionados plantea requerimientos de fuertes inversiones en la renovación de equipamientos e instalaciones, para asegurar la prolongación de la vida útil de las obras. Ellas deben ser informadas por el ETAHC a fin de contar con una base diagnóstica para las decisiones. Tanto el Estado Nacional como los provinciales están fuertemente limitados en su capacidad de gestionar financiamiento internacional a esos fines. La deuda externa argentina, su permanente renegociación, la falta de cumplimiento de los contratos, la inestabilidad monetaria, la escasez de divisas, etc. limitan fuertemente la capacidad del Estado Argentino para planificar la expansión del sistema energético con obras hidráulicas, que requieren altas inversiones y amortizaciones largas, lo contrario de las obras termoeléctricas a combustibles fósiles, de menores inversiones aunque de mayores costos operativos (por el costo de los combustibles).

En varios casos las provincias no cuentan con organismos técnicamente capaces de afrontar a corto plazo los desafíos de hacerse cargo de la operación y mantenimiento de las obras.

La expansión de la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética argentina, deseable desde el punto de vista del incremento de las energías renovables, se topa también con eventuales conflictos ambientales, los que en el país pueden llegar a inhibir o menoscabar nuevos aprovechamientos, judicializables por sectores ambientalistas. Sirva como caso ilustrativo el de las represas sobre el río Santa Cruz, actualmente en construcción (Néstor Kirchner-ex Condor Cliff y Jorge Cepernic-ex La Barrancosa). Estos emprendimientos sufrieron demoras y modificaciones por causa de fuertes presiones ambientalistas (aunque también por causas económicas).

En el conjunto de recursos hídricos de la Argentina, en todas las cuencas desde su extremo norte al sur, las cuencas patagónicas y del Comahue son las que tendrían un menor impacto ambiental, comparadas con las cuencas cuyanas, del Centro y del norte del país. Ello es debido al carácter árido o semiárido del territorio, con lo que el uso compartido del agua está limitado a zonas restringidas de regadío como el Alto Valle del Río Negro, el Valle del Río Chubut, etc. Los impactos más significativos pueden darse en las cuencas altas occidentales precordilleranas, con ambientes boscosos de gran valor paisajístico. En las provincias cuyanas, centrales y norte del país, los usos competitivos del agua, la alta densidad de áreas urbanas, la extensión de los suelos aptos para la agricultura y las potenciales radicaciones industriales imponen condicionantes de mayor significación. Los grandes ríos mesopotámicos (Paraná y Uruguay) son los de mayor riqueza hídrica, pero de mayor susceptibilidad ambiental.

El tema está abierto y la discusión alrededor de él se da un momento poco oportuno de la realidad nacional, en un año con muy fuertes condicionantes producto de la grave situación económica que introduce agudas incertidumbres sobre el futuro y la contienda por el poder en un año electoral. De allí qué, en los primeros meses del año 2023, se consideraba como muy probable que las decisiones se postergarían para una circunstancia con mayor claridad al menos en el plano político de gobierno, mediante prórrogas cortas de contratos.

No obstante, sorpresivamente, se produjo un hecho impactante informado por los medios nacionales y locales. Reproducimos la extraída del Diario Río Negro del 20/04/23.

“a menos de cuatro meses de que comiencen a vencer las concesiones de operación de las cinco represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, el gobierno nacional sorprendió casi como un baldazo de agua fría al no solo anunciar que no extenderá los contratos que están en manos privadas, sino que los dejará vencer y será el mismo Estado nacional el que se haga cargo de la operación de hidroeléctricas”. El anuncio fue dado a conocer el 19/04/23 por la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien detalló a la prensa que se creó “una mesa de negociación con las provincias principalmente para tratar el tema de las concesiones hidroeléctricas para que las concesiones vuelvan al Estado nacional pero trabajando con las provincias”.

“Pero además de esto, desde Nación revelaron que la decisión del gobierno es, en estos días, que sea el mismo Estado el que se encargue de la operación de las represas a medida que vayan venciendo”.

“”Consultados sobre a partir de qué empresa del Estado se realizaría la operación de las centrales hidroeléctricas …, las fuentes nacionales indicaron que ese es un tema que aún no está definido y reiteraron que “estamos trabajando muy intensamente para definirlo porque sabemos que vencen en agosto””.

A la sazón aún no había trascendido en los medios de comunicación algún informe del ETAHC expidiéndose al respecto.

Esa decisión fue sorpresiva para los gobiernos de Neuquén y Río Negro que pretenden que los aprovechamientos del Comahue sean transferidos a esas provincias o, cuanto menos, participar directamente en la explotación de ellos en conjunto con la Nación. En un marco de rispideces con la Nación hasta se ha planteado la posibilidad de judicializar el reclamo.

Prácticamente en forma simultánea, en los meses de abril y mayo, el país se vio envuelto en una crisis económica con una aceleración de la inflación, disparada de la cotización del dólar en el mercado cambiario, como producto de las fuertes tensiones inflacionarias y la escasez de divisas. Se plantean serios interrogantes sobre el final de la crisis y sobre la factibilidad de que en ese marco político tan complejo del país aquel objetivo pudiere llegar a concretarse, en particular ante un muy probable cambio de signo político del gobierno nacional y la complejidad de efectivización de una retoma gubernamental de la operación de las obras en cuestión.

El portal Econojournal (https://econojournal.com.ar/), especializado en información sobre minería, energía y economía  en su publicación del 08/05/2023 informó sobre cuál sería el principal punto de conflicto entre Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro. Al respecto, sintetiza que:

“Economía pretende que Enarsa cree una subsidiaria —cuyo capital accionario podría estar integrado también por provincias y empresas privadas— que tomará el control de las centrales hidroeléctricas a medida que empiecen a expirar las concesiones vigentes, a partir de agosto. La discusión entre Nación y las gobernaciones de Neuquén y Río Negro no pasa tanto por quien se quedará con la propiedad de los activos, sino por cuál será la renta futura del negocio hidroeléctrico. Las provincias quieren mejorar el precio de venta de la electricidad, algo inconveniente para el Estado nacional”.

“Las provincias están mucho más interesadas en discutir la distribución de la futura renta de las represas que la participación accionaria de las mismas. Ese el punto nodal de la discusión aún no articulada entre la Nación y las provincias. El punto de partida de esa agenda no es alentador para las provincias: desde la óptica del Estado nacional, la inversión que demandó la construcción de las centrales hidroeléctricas ya fue amortizada. De hecho, la energía que hoy genera el complejo del Comahue está pesificada y se remunera bajo un esquema de ‘costo plus’ que debería cubrir los costos de operación y mantenimiento (O&M) más una pequeña rentabilidad. ‘Debería’ porque, en rigor, lo que viene pasando desde hace tres años es que el monto en pesos que paga Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), queda desactualizado de manera permanente por la inflación y el gobierno se demora meses en aumentar ese valor”.

Hemos sintetizado hasta aquí las diversas opiniones que salen a la luz frente al destino de las concesiones. Quien esto escribe piensa que, a esta altura de un final de mandato de un gobierno en crisis, con alta probabilidad de ser sustituido por otra corriente política, aún con divergencias internas, es muy aventurado suponer que el camino que repentinamente se propuso pueda llegar a concretarse en su integridad y, en la eventualidad de ocurrir eso, no es seguro que tenga continuidad o no sea modificado por el nuevo gobierno.

El proceso que sobrevendrá a la caducidad de las concesiones se desarrollará en un contexto altamente problemático e inestable del país en crisis. Difícilmente se produzca una resolución definitiva en circunstancias de enfrentamientos políticos que vaticinan un probable cambio de gobierno que puede producir posteriores marchas en reversa. A esta altura de los acontecimientos, no amerita especular al respecto para sacar conclusiones aplicables al tema que nos ocupa, que se refiere solamente al destino de las obras concesionadas en la provincia de Tucumán. En la actualidad, las discusiones sólo tienen en cuenta los intereses de las provincias involucradas del Comahue, geografía donde se produce la mayor parte de la energía hidroeléctrica concesionada. Por ello, a tres meses de elecciones, con el país sumergido en incertidumbres sobre su futuro, a pesar de que se conocieron algunas decisiones del Gobierno Nacional, quedamos a la espera de los acontecimientos para evaluarlos.

Este articulista tiene frente al tema de las concesiones nacionales una opinión relativamente formada, no exenta de profundas incertidumbres emergentes de las experiencias de los treinta años transcurridos. Estima que la mejor opción para el país, cualquiera fuere la que se adopte, encontrará muy serias dificultades para lograr éxito en un plazo razonable, en virtud de que la inestabilidad económica e institucional y los niveles de corrupción explícitos o sospechados en la relación entre el Estado y los grupos lobbystas empresariales privados, y los políticos mismos, infestaron todo el sistema económico y social, estableciendo condicionantes atenazadores para cualquier política en la materia. Se suma también la falta de garantías que brinda la Justicia en la resolución equitativa de potenciales disputas que contaminan todas las opciones. Aún en el caso de estatización total, los vicios que se han instaurado en las estructuras estatales desde la restauración de la democracia no aseguran una administración eficiente, luego de varias décadas en que fueron utilizadas como usinas de empleo público sin la menor pretensión de calidad ni eficiencia. En la medida de que no haya a nivel de gobierno nacional una fuerte convicción política con objetivos
claros favorables a un genuino interés nacional, la opción elegida adolecerá de debilidades e inestabilidades que menoscabarán sus probabilidades de éxito.

De todos modos, carece de interés que quien escribe emita acá opinión sobre el destino recomendable para las concesiones. Considera que para el caso de la provincia de Tucumán los caminos serán propios por las singularidades que en ella se dan. Sólo pretende exponer algunos aspectos que, a su juicio, deberían ser tenidos en consideración en lo que respecta a los intereses de la provincia y que se desarrollan a continuación.

LA SITUACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS EN TUCUMÁN DENTRO DE LA CONCESIÓN HIDROELÉCTRICA ACTUAL Y EN PARTICULAR EL CADILLAL

La concesión de Hidroeléctrica de Tucumán SA vence el 30/07/2026. Como ya se dijo, comprende las centrales hidroeléctricas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. La Provincia tiene tres años para evaluar el camino a seguir. La decisión quedará en responsabilidad del próximo gobierno que surgirá de las elecciones de mayo de 2023. Si bien el país se encuentra sumergido en una profunda crisis económica y política, nada hace suponer que en Tucumán pueda darse algún cambio en la estructura del poder político, previéndose la continuidad del peronismo en el Gobierno y dada la falta de estrategias de futuro tanto en el oficialismo como en la oposición. No obstante, hay elementos de juicio que hacen presumir la fuerte influencia que tendrán las decisiones a nivel nacional, las que se seguramente se tomarán determinadas por los contratos de concesión de explotación de obras de gran envergadura y de mucha mayor incidencia en el sistema energético del país que las concesionadas en Tucumán.

Conviene, a fin de contar con una idea de las magnitudes en juego, tener en cuenta la significación de cada uno de los aprovechamientos mencionados de la provincia de Tucumán.

Se aprecia que todas las obras han superado lo que normalmente se considera un período de amortización económica (50 años).

Una cuestión es determinante: la envergadura que tienen los aprovechamientos hidroeléctricos de Tucumán en relación con el mercado que abastecen. Si se tiene en consideración que el total de energía consumida en la provincia de Tucumán es actualmente de alrededor de 3100 Gwh-año y en la región NOA 10.700 Gwh-año, siempre crecientes, resulta que todo el aporte que aquellos efectúan actualmente es el 5% del consumo de la provincia y el 1,5% de la región. Referido al total del consumo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) es apenas un 0,1%, y el 0,9% del total de energía hidroeléctrica del país (sin Yaciretá ni Salto Grande). Es decir, una participación muy reducida, prácticamente insignificante.

Presa de embalse El Cadillal-Conjunto de obras (Fuente: Google Earth)

En síntesis, estamos en una situación en la cual el aporte total de las obras hidroeléctricas de Tucumán es muy bajo frente al consumo de energía eléctrica del país, de la región NOA y de la provincia misma. En esa situación es de suponer que a nivel nacional poco será tenida en cuenta esta provincia para incidir en los rumbos de las concesiones y en la estrategia de política energética nacional. Al respecto, recordar la opinión autorizada del Ing Lapeña al sugerir, razonablemente, “concentrarse en realizar una ‘reversión inteligente’ de solo aquellos casos de interés, los que se concentran en solo una decena como máximo de las centrales existentes” (las mayores).

Por otra parte, dada la antigüedad de todas las obras, para prolongar su vida útil, si se justificare, requerirán inversiones significativas para la renovación de equipamientos hidro-electro-mecánicos (turbinas, alternadores, transformadores, sistemas de maniobras, etc.) las que pueden ser en ciertos casos de escasa rentabilidad. Ello implicaría qué, para amortizarlas, los períodos de extensión de nuevas concesiones no podrían ser muy cortos y probablemente sea escaso el interés del sector privado.

La Provincia deberá tener participación en el ETAHC como autoridad local para el contrato de HT en virtud del artículo 8 de la Resol. 130/2022 ya mencionada (“….. Invítese al ORSEP y a las autoridades de aplicación de cada aprovechamiento hidroeléctrico en materia de Manejo a Aguas y Protección del Ambiente a designar UN (1) representante a los efectos de formar parte del ETAHC”). Hasta fines de mayo tal invitación aún no se había concretado, quizás por contar con amplio margen de tiempo y no ser prioritaria frente a los vencimientos del Comahue.

Presa de Escaba (Fuente: escaba.orsep_.registro-presas)

El tema de generación de energía pasó a ser, en el caso de Tucumán, un tema secundario frente a las necesidades de agua para población, industrias y regadío. Por otra parte, dado que la incidencia de esas tres centrales hidroeléctricas es ínfima, tanto a nivel provincial como regional y nacional (SADI), no sería de extrañar que la Nación esté dispuesta a donar a la provincia las obras de Escaba y Pueblo Viejo, ya amortizadas. Ello pone al Gobierno de Tucumán ante la obligación de afrontar la operación total de las obras cuya concesión caducará.

El eventual interés del capital privado es dudoso ante el panorama descrito. En particular, en el caso de El Cadillal, el decaimiento de la capacidad de regulación del embalse por la acumulación de sedimentos en su vaso, reduce la garantía de generación de energía (así como de los abastecimientos a industrias y regadío).

Aprovechamiento Pueblo Viejo (Fuente: obra_de_toma_los_reales.Registro-Orsep)

Aprovechamiento Pueblo Viejo – Toma sobre el río La Horqueta (Foto Daniel-E.-Juarez.)

¿Cuál es entonces el interés genuino de Tucumán en las obras cuya concesión caduca?

Un aspecto determinante a tener en cuenta es que, del conjunto de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados a HT, el Cadillal muestra una situación diferenciada, como ya se dijo, porque fue ejecutada por la provincia. Escaba y Pueblo Viejo, en cambio fueron inversiones del Estado Nacional.

El complejo El Cadillal fue concebido para abastecer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, abastecer de agua a industrias azucareras y al área de regadío bajo su influencia. La energía eléctrica siempre fue un subproducto: el agua descargada para esos usos pasa previamente por las turbinas de la Central Hidroeléctrica. Sólo se turbina en exceso de las necesidades de los usuarios agua abajo cuando hay excedentes de agua en el embalse. En síntesis, el rol principal de esta obra es para satisfacer los usos consuntivos mencionados.

En cuanto al embalse de Escaba, el interés de Tucumán reside en su utilidad para abastecer agua para regadío e industrias y para protección contra inundaciones. El aprovechamiento Pueblo Viejo sólo brinda energía eléctrica y, como vimos, en una cuantía muy pequeña para el mercado eléctrico, por lo que su continuidad merecerá un análisis sobre su conveniencia.

Otros potenciales aprovechamientos hidroeléctricos en la provincia, como el conocido proyecto Potrero del Clavillo, aun siendo de mucho mayor envergadura que los ya existentes, es de discutible conveniencia, y este articulista ya expuso su opinión en este blog (ver “Potrero del Clavillo: Una decisión improvisada-Consideraciones sobre su adopción en el Plan Belgrano”, 16/09/2016).

Como estrategia de políticas futuras, es opinión de quien escribe que los recursos hídricos de la provincia deben ser aplicados a las necesidades de su desarrollo económico y social (población, agricultura e industrias), más importantes que para desarrollar su potencial energético, que antaño se consideró significativo pero que el crecimiento socioeconómico desde mitad del siglo pasado lo dejó atrás.

Cabe el siguiente interrogante:

¿Es posible y conveniente prorrogar el contrato de concesión actual a su vencimiento o generar
una nueva concesión?

En primer lugar, deberá seguramente resolverse el incumplimiento de HT en reparar la PL-3 a su costo. El Gobierno Provincial está afrontando esa tarea por razones de urgencia y ya expuso su intención de exigir a la Concesionaria el reintegro de los montos erogados en la reparación.

En segundo lugar, de la evaluación técnica que realice el ETAHC surgirán las necesarias inversiones y su cuantía para dar continuidad operativa a la Central Hidroeléctrica por un mediano o largo plazo. Ello será determinante para definir la ecuación económica de una nueva concesión. Tales inversiones y los costos operativos y de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo deberían resultar debidamente justificables.

En tercer lugar, importa el eventual interés de la Concesionaria actual en una prórroga de corto, mediano o largo plazo. El rol asignado por CAMMESA a Escaba y El Cadillal ya es meramente de reserva. Luego de la experiencia de la presa PL-3 en El Cadillal, no cabe dudas que el riesgo de que aparezcan futuros fenómenos que obliguen a reparaciones costosas, a cargo de la Concesionaria según el contrato vigente, desalentaría a ésta de afrontar el riesgo en un nuevo período de operación, salvo que el Concedente estableciere un nuevo criterio contractual para encarar equitativamente esas eventuales situaciones.

Es poco probable, por lo hasta aquí dicho, que la Secretaría de Energía tenga interés en continuar la explotación de los aprovechamientos en Tucumán. Ello también dependerá de la estrategia que el gobierno Nacional adopte a partir del año 2023, seguramente determinada más por las grandes concesiones del Comahue y Cuyo que por las restantes pequeñas. Para el caso de una estatización por retorno al Concedente, la S.A. Hidroeléctrica de Tucumán integrada por Secretaría de Energía y la Provincia, que tiene una duración de 99 años (hasta el 2094), debería hacerse cargo de la explotación de las obras, pero no tiene una estructura para ese fin y tendría que adecuarse previamente a ese fin, además de afrontar las inversiones que surjan como necesarias.

En caso de no concretarse las intenciones de prorrogar la concesión o de generar una nueva, la Provincia deberá hacerse cargo de la operación de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo en su integralidad. La Nación reconoció la propiedad de El Cadillal al constituirse la S. A. Hidroeléctrica de Tucumán, con la firma de un Acta-acuerdo el 28/03/1995 entre la Nación y la Provincia (Gobernación Ortega) ratificada por la Ley provincial 6741 del 07/03/96 (gobernación Bussi) y el Decreto Nacional 463/95 (presidencia Menem).

Cabe entonces preguntarse si la Provincia está en condiciones para afrontar ese objetivo con los organismos del agua actuales. Quién esto escribe evalúa que no lo está, pero podría estarlo. Hay tres años para que se encare un necesario proceso de reorganización de esas herramientas del Estado provincial para la gestión de los recursos hídricos que involucren su fortalecimiento y unidad de planificación. Si bien la Dirección Provincial del Agua afrontó en la década de los 80 (antes de la concesión) algunas reparaciones importantes por contrato en El Cadillal, hoy no cuenta con un departamento de presas con capacidades actualizadas para afrontar todos los aspectos inherentes a la operación y mantenimiento de ese tipo de obra. El tema adquiere mayor envergadura si a El Cadillal se le agregan la presa de Escaba y la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo.

En efecto, la presa de Escaba fue construida hace más de 70 años para generar energía, brindar agua para riego y para proteger contra las inundaciones agua abajo de ella, en la llanura tucumana. Actualmente su rol de generadora de energía se ha empequeñecido en grado sumo, no sólo porque su aporte al SADI se ha tornado insignificante sino porque ni siquiera funciona a su plena potencia, ya que un equipo turbo-alternador de los tres originales no opera desde el año 1994 por una falla grave (hoy cumple una función complementaria en el sistema eléctrico). Finalmente, Pueblo Viejo sólo genera energía, no acumula agua y no presta otro servicio. El costo de su mantenimiento es elevado por la permanente destrucción que las crecidas de los ríos de montaña captados (Los Reales y La Horquetas) ocasionan a los azudes derivadores. Es altamente probable que, al final de la concesión el Estado nacional (Secretaría de Energía) no esté interesado en ambos aprovechamientos y se los ceda a la Provincia en donación.

Entonces, a partir del 27/julio/2026 la Provincia deberá hacerse cargo de estos tres aprovechamientos y definir qué hacer con sus componentes hidroeléctricos.

Es importante que, además de las evaluaciones técnicas que realice el ETAHC, dentro del cual la Provincia debe involucrarse y participar, se encare a corto plazo la evaluación de los caminos a seguir, con todas sus implicancias.

El tema está planteado. No sólo para el próximo Gobierno provincial sino también para todos los sectores que deben involucrarse en una política pública clave para el futuro de la provincia: el uso de sus recursos hídricos. A juicio de quien escribe es tiempo ya de debatir una visión estratégica sobre el aprovechamiento de ese capital clave de su naturaleza para el crecimiento y desarrollo.

ES IMPORTANTE ADOPTAR UNA NUEVA VISIÓN ESTRATÉGICA

La Provincia de Tucumán debería dejar de interesarse en proyectos hidro-energéticos concebidos en el siglo pasado, como, por ejemplo, Potrero del Clavillo, el mayor de todos, que fueron promovidos ilusoriamente hasta el año 2017. Estos ya perdieron su oportunidad histórica y quedaron fuera de escala para la demanda del mercado eléctrico tanto provincial como regional y el SADI (hoy Potrero del Clavillo aportaría menos de un 10% del consumo actual de la provincia).

El crecimiento eléctrico futuro de Tucumán se sustentará en los aportes del Sistema Nacional y no en su propio potencial hidroeléctrico, que ya quedó rezagado totalmente por el crecimiento histórico de la población y el sistema productivo. Las obras hidráulicas para aprovechamiento de los ríos de la provincia deben ser destinadas al crecimiento y desarrollo basado en la industria, el regadío agrícola y el abastecimiento a la población. Toda obra nueva debería apuntar en esa dirección. La Nación no priorizará en su planificación (de haberla) obras hidroenergéticas en Tucumán, por su irrelevancia en magnitud y por lo poco competitivas en relación a las de otras regiones del país.

El hecho de que las obras hidráulicas más importantes de Tucumán, como Escaba y Pueblo Viejo, las ejecutara, operara y mantuviera la Nación (por medio de AyE SE y luego por HT), le permitió a la Provincia la cómoda situación de solamente administrar la distribución del agua para los usuarios sin hacerse cargo de los costos de operación y mantenimiento, solventados por la energía generada y a cargo de la Nación o el Concesionario. Esa administración se hace a través de la “Comisión de Embalse y Desembalse de los diques Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo” (CED). Si la Nación cede a Tucumán las obras de su propiedad, la Provincia deberá hacerse cargo de las inversiones necesarias y del costo total de operación y mantenimiento de ellas.

De la evaluación técnica y económica que realice el ETAHC surgirá el estado de las instalaciones y las obras y las necesidades de inversiones para prolongar su vida útil. Si de la evaluación económica de la explotación de la energía hidroeléctrica surgiere una rentabilidad razonable, a la provincia se le presentaría una oportunidad para afrontar una política de crecimiento productivo y social a partir de la explotación de sus recursos hídricos. Obviamente ello estaría ligado a la política energética del Estado Nacional por el régimen tarifario del SADI, tan distorsionado durante el régimen de las privatizaciones y a la espera de correcciones inevitables para la economía del país.

La posibilidad de que la provincia pudiere aprovechar la renta hidroeléctrica requiere una decisión política firme y la creación de instrumentos institucionales acordes, para evitar desvíos y vicios frecuentes en la administración del Estado. Debería pensarse en la creación de una empresa provincial con el fin específico de explotación de esas obras y la constitución de un fideicomiso que asegure el destino de los ingresos generados por la hidroenergía. La empresa debería tener un régimen laboral y administrativo específico por ley. Sus ingresos, además de aplicarse a los costos de operación y mantenimiento y las inversiones necesarias, deberían ser destinados a afrontar inversiones en diversas obras de mejoramiento de las redes públicas de distribución de agua para riego e industrias y, eventualmente, a nuevos aprovechamientos hídricos.

La rentabilidad de la explotación de las obras, además de lo dependiente de la comercialización de la energía en el SADI, debe asegurarse con una eficiente gestión empresarial y organizativa, evitando que la empresa provincial sea utilizada como mera fuente de empleo público y con fines político-clientelares, como los que caracterizan hoy al Estado provincial.

De no resultar rentable o autosustentable la explotación de la hidroelectricidad de las obras, debe tenerse en cuanta que solamente Pueblo Viejo es un aprovechamiento que puede clausurarse, ya que su único fin es la generación de energía. Tanto Escaba como El Cadillal, con sus embalses, deberán seguir prestando servicio como reguladores de los ríos, protectores contra inundaciones y abastecedores de agua para población, riego e industrias. Por lo tanto, la Provincia deberá asumir el costo total de su operación y mantenimiento.

Tucumán, mayo de 2023

ENLACES SUGERIDOS

Tema: “Concesiones Hidroeléctricas- Desafíos, oportunidades y propuestas ante su finalización”
Video de conferencia por Zoom de Panel de Grupo de profesionales Ex Hidronor SA. CAI (CentroArgentino de Ingenieros). Especial interés desde tiempo 1:05.
https://econojournal.com.ar/2023/05/crearan-una-nueva-empresa-para-gestionar-las-represas-del-comahue-cual-es-el-principal-punto-de-conflicto-entre-nacion-y-las-provincias/?noamp=available

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Lapeña, Jorge (2021). Publicación IAE Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi.“Finalización de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas nacionales – Propuesta de una Política Pública”. Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi (21/03/2023): “Programa de Política Energética para el período 2023-2027”
https://www.iae.org.ar/2023/03/21/un-programa-de-politica-energetica-para-el-periodo-2023-2027/

Para descargar una versión en pdf ingrear a esta url: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/EL-CADILLAL-ESCABA-Y-PUEBLO-VIEJO-DESTINO-INCIERTO.pdf

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(Artículo de divulgación general)

El Cadillal es un embalse construido en los años 60 sobre el río Salí, el más importante de la provincia de Tucumán, destinado a abastecer de agua al Área Metropolitana de su ciudad capital, proveer de agua a ingenios azucareros, regar tierras agrícolas del este provincial y atenuar inundaciones causadas por las crecidas estivales del río. Es la mayor obra hidráulica construida para aprovechar el recurso hídrico con que cuenta la provincia. Hoy, sin que se le sacara el provecho previsto, languidece en su vejez de casi sesenta años y evidencia su inexorable destino de pantano inútil, favorecido por sequías que adelantan frecuentes crisis para las que nunca Tucumán se preparó para mitigar.

El tema es de naturaleza compleja y en este artículo se trata de simplificar la exposición, en aras de la brevedad y evitando agobiar al lector con abundancia de datos. Se pretende llegar a la mayor cantidad de lectores, por lo que hace hincapié en cuestiones conceptuales. Para profundizar en el tema se puede ingresar en el blog del autor https://problemasdelagua.com.ar.

¿Por qué agonía?

Todo embalse de agua se construye para aprovechar el agua de un río y destinarla a las necesidades humanas ya sea para bebida o para sus actividades económicas (riego agrícola, industrias, ganadería, minería, generación de electricidad, etc.). Acumula agua en períodos del año en que abunda para entregarla en los que escasea y más se la necesita. Para ello se crea un volumen de acumulación suficiente para esos fines.

Pero los ríos transportan sedimentos producto de la erosión natural de los suelos en su discurrir desde la alta cuenca hasta ser interceptados por el cuerpo de aguas quietas donde se depositarán y acumularán. Así, el volumen de agua acumulado se va reduciendo año a año. Como consecuencia, el volumen útil del embalse va progresivamente siendo insuficiente para asegurar todos los servicios comprometidos.

Vista aérea del embalse El Cadillal desde su cola hacia el dique de cierre. En la mitad inferior se aprecian, gracias a la bajante del nivel de llenado del embalse, los depósitos de sedimentos sobre los cuales el río Salí discurre antes de ingresar al cuerpo de agua. Esa acumulación va avanzando hacia el cuerpo del dique hasta ocupar finalmente todo el volumen del embalse (Fuente: Diario Contexto, Tucumán)

En los embalses, previendo que ingresarán sedimentos que le quitarán volumen útil, suele preverse un cierto volumen destinado a alojarlos. Definir cuánto es necesario es una tarea de resultados inciertos ya que se trata de fenómenos de la naturaleza de difícil pronóstico, en particular porque no suele contarse con datos históricos precisos ni suficientemente fiables. Con frecuencia ocurre que tal volumen para sedimentos suele llenarse antes de lo esperado.

En síntesis, todo embalse que retiene agua de ríos está destinado a terminar su vida útil repleto de sedimentos, es decir muerto e inútil. El tiempo para que ello ocurra puede ser más largo o más corto, dependiendo de diversos factores, algunos provenientes del diseño de la obra, otros antrópicos (como el uso y cuidado de los suelos en la cuenca para reducir la erosión) y otros naturales (como las variaciones en el régimen de lluvias, susceptibilidad de los suelos de la cuenca a la erosión por agua, etc.).

¿Por qué lenta?

Una vez que los sedimentos comienzan a invadir el volumen útil del embalse, es decir a mermarlo, la capacidad de éste para satisfacer los usos del agua para los que se construyó irá reduciéndose simultáneamente, es decir perderá progresivamente su utilidad, comenzará su declinación y agonía. Su muerte no tiene fecha definida. A medida que menos agua pueda guardar servirá para abastecer menos usos del agua y las actividades o población que dependan de ella para subsistir irán sufriendo progresivamente las consecuencias. Se verán obligadas a recurrir a otras fuentes de abastecimiento para sobrevivir.

Hay embalses que perdieron todo su volumen útil en brevísimo tiempo, como el del río Itiyuro, provincia de Salta, cercano a la ciudad de Tartagal, producto de fenomenales procesos de erosión en la cuenca, por una geología con predominio de rocas extremadamente débiles.

El embalse El Cadillal tiene ya casi 60 años (terminado en 1965) y su volumen total inicial ya fue ocupado en un 44% por sedimentos.

¿Por qué triste?

El embalse El Cadillal fue concebido en su origen para abastecer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, brindar agua para industrias (ingenios azucareros), regar 45.000 hectáreas de cultivos y generar energía eléctrica.

Ha transcurrido más de medio siglo y la situación actual es:

• No se regó nunca más de 30.000 has. Hoy se sabe que se riegan mucho menos, aunque fue imposible precisar esa cifra ya que el organismo gubernamental responsable, la Dirección de Recursos Hídricos, mantiene esa información sin divulgar (¿quizás para no exponer propias falencias?). Entre los años 1972 y 1981 se construyó el Canal del Este, muy buena obra de ingeniería de 54 km de longitud, equipado con modernos sistemas de manejo y control, pero nunca fue habilitado, por no poder garantizar el abastecimiento de agua a las áreas a beneficiar. Fue totalmente vandalizado y hoy está destruido en su mayor parte.
• Los ingenios azucareros beneficiarios del agua hacen un uso de ella con muy baja eficiencia. No hacen suficiente recuperación y reuso del agua. Puede considerarse que dilapidan el agua.
• Gran parte del agua enviada desde El Cadillal hacia los ingenios y los campos agrícolas se pierde por infiltración en los suelos. Tan solo 12 km de canales, de un total de 147 km son revestidos e impermeables. Para abastecer los ingenios se debe enviar caudales mucho mayores a los que estos tienen concesionados para compensar las pérdidas por infiltración hasta que llegan a destino.
• La mayor parte de los cultivos agrícolas que se riegan lo hacen por el antiguo método de inundación, es decir con bajísima eficiencia. Son pocos los que aplican métodos tecnificados de alta eficiencia, como aspersión, microaspersión o goteo. Es decir que el agua del embalse es, en gran parte, desaprovechada.
• El abastecimiento de agua potable al Gran San Miguel de Tucumán, si bien se cumple, tiene dificultades serias en los calurosos últimos meses del año, cuando el embalse baja mucho y pueden aparecer altas concentraciones de manganeso que llevan a costos extra de potabilización.

En síntesis, lamentablemente, esta gran obra para aprovechar el recurso hídrico del río Salí, que significó una muy importante inversión pública, no fue aprovechada íntegramente a lo largo de su vida transcurrida y si no se plantearon hasta la actualidad graves crisis de abastecimiento fue porque nunca se llegó a regar el área prevista originalmente, por la baja cultura de riego en los cultivos de caña de azúcar predominantes.

Difícilmente pueda aprovecharse en el futuro, tal como se presenta actualmente su situación y cómo se avizora el comportamiento de los actores involucrados: Gobierno, industriales, agricultores. Sólo aumentando drásticamente la eficiencia en los usos industriales y en el regadío se podrá esperar que el volumen residual del embalse abastezca con cierta garantía los requerimientos de agua. Pero la capacidad e interés de la industria azucarera y de los agricultores cañeros de realizar las inversiones necesarias para ello no permite abrigar esperanza firme de que ello ocurra. Es lamentable que Tucumán no supo aprovechar eficazmente su recurso hídrico. Perder un embalse es perder parte del recurso hídrico ya que el agua que no se puede guardar, se pierde (ver apostilla 1).

Quizás si prospera en el futuro la producción de caña de azúcar para bioetanol combustible pudieren darse las condiciones de rentabilidad que sustenten inversiones privadas en la eficientización del uso del agua que se traduzcan en el mejor y más racional aprovechamiento del recurso hídrico que el volumen residual del embalse pueda garantizar. Ello requerirá una política de Estado que promueva tal proceso y una respuesta positiva del sector privado. Por ahora, no hay signos que permitan abrigar tal expectativa.

¿Se pudo hacer algo durante su vida?

Para contrarrestar o atenuar los procesos de colmatación de un embalse con sedimentos sólo es posible por tres vías:
A. Reducir la cantidad de sedimentos que se generan en la cuenca e ingresarán al embalse. Si la erosión por agua se produce naturalmente en los suelos y rocas, la tarea será viable en la medida que esos fenómenos no tengan un alcance muy extendido en la cuenca, por el alto costo que ella implica. Esas acciones de protección de cuencas se han dado en casos muy concretos donde el agua de los embalses ha sido vital para la supervivencia de la población beneficiada y constituyeron comportamientos arraigados en la tradición ancestral de agricultores y dueños de la tierra.
B. Operando sobre los sedimentos que ingresan al embalse en ocasión de las crecidas de los ríos, tratando de captarlos mediante órganos de descarga antes que lleguen a sedimentar y depositarse en el fondo.
C. Mediante dragado y extracción de los sedimentos del vaso del embalse.

Ninguna de estas opciones fue llevada a cabo en el embalse El Cadillal.
En alguna ocasión estuvo sobre el tapete una propuesta sobre dragado de los sedimentos. Esa opción era (y es) absolutamente ilusoria porque

• Es de un costo elevadísimo y no hay actividad productiva beneficiaria que la pueda solventar.
• No hay sitio donde depositar los sedimentos extraídos. El embalse está rodeado de zonas montañosas y las zonas relativamente llanas más cercanas son tierras agrícolas de muy alto valor, que se perderían.

¿Se puede hacer algo de aquí en más?

Se puede aún ralentizar la colmatación del volumen de embalse residual mediante operaciones de descarga de agua oportunas cuando ingresan las crecidas cargadas de sedimentos (opción B). Ello requiere un estudio serio de la dinámica de éstos en el volumen de embalse que queda disponible y ensayos controlados que pueden tomar varios años. En la actualidad no se está trabajando en esa dirección.

¿Qué depara el futuro?

El embalse ya no podrá ser aprovechado para sustentar un desarrollo significativo de la economía agroindustrial de la provincia. La economía azucarera no ha generado incentivos para promover una activa cultura del regadío, por diversas razones que exceden el alcance de este texto.

El embalse será totalmente inútil cuando los sedimentos hayan llenado todo su volumen, es decir su nivel haya alcanzado el del labio de vertimiento del aliviadero de crecidas. Pero desde mucho antes de ello se irá perdiendo la capacidad de garantizar el abastecimiento de las demandas. Los primeros perjudicados serán los agricultores ya que tendrán última prioridad frente a la entrega de agua para población y luego para los ingenios azucareros. Estos últimos se verán obligados a autoabastecerse mediante extracciones de aguas subterráneas, a un costo sustancialmente mayor a lo que actualmente pagan como canon por uso del agua de la red pública de El Cadillal.

Conseguir nuevos vasos de embalse para acumular agua del río Salí es un tema complejo y requiere de altos montos de inversiones. La topografía de la cuenca del río Salí no ofrece sitios favorables (vasos de embalse en valles amplios con sitios de cierre para construir diques económicamente factibles).

Finalmente, cabe mencionar que la utilidad que presta El Cadillal para la atenuación de inundaciones por crecidas del río Salí terminará desapareciendo una vez que el lago desaparezca y las crecientes escurran sobre la superficie superior de los sedimentos acumulados hasta el tope. Las crecidas que afluyan al embalse pasaran por el vertedero sin ninguna atenuación y el cauce agua abajo del dique se verá sometido a niveles de agua mayores y más dañinos. Desde hace más de veinte años se han construido irresponsablemente instalaciones y barrios de vivienda ribereños que no soportan crecidas normales del río y constituyen serios problemas para la operación del dique. Tal irresponsabilidad es achacable en su mayor parte a los organismos provinciales que autorizaron, toleraron o hicieron la vista gorda sobre tales emprendimientos.

CRISIS ES OPORTUNIDAD

Ya quedó demostrado que el concepto de que “en Tucumán, el agua sobra” es un mito del pasado. No sólo las recurrentes sequías lo van demostrando, sino que las demandas de agua crecientes van generando conflictos puesto que la que hay no alcanza para satisfacer a todos.

Mientras tanto, quienes tienen acceso y derechos de agua hacen un uso muy deficiente de ella, frecuentemente hasta el derroche. Ello es ya un fenómeno a escala global y también en muchas partes de la Argentina. Lo que ocurre actualmente en las provincias cuyanas es una muestra elocuente de la gravedad del problema.

La necesidad de preservar los recursos hídricos disponibles para la subsistencia de las comunidades humanas, tanto para sus necesidades de bebida como para la producción de alimentos, es hoy un objetivo primordial para los países con crecimiento demográfico y con aspiraciones de mayor bienestar general.

Cuidar los ríos y los acuíferos subterráneos, haciendo un uso racional de ellos, evitando las pérdidas inútiles de agua y usándola con eficiencia y racionalidad es clave para aquel objetivo y para permitir que lo que el ciclo hidrológico brinda sirva para abastecer todas las necesidades actuales y futuras de la sociedad (ver apostilla 2).

Es una oportunidad para ello. Tucumán ¿la aprovechará o se hundirá con la crisis?

Tucumán, enero de 2023

APOSTILLAS

1.- El embalse de Río Hondo, en el límite entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, que recibe todas las aguas de la cuenca del Salí, fue concebido en la década de los 60 para regar 120.000 ha en lo que se denomina “área de riego del río Dulce”, que se desarrolla aguas abajo de la ciudad capital santiagueña. Hoy riega apenas unas 50.000 ha.

Cuando se planifica y construye un dique para embalsar agua y ponerla a disposición de agricultores para regadío, debe tenerse en consideración que la respuesta de los productores suele ser lenta, en particular cuando la tierra está fragmentada en parcelas menores, con frecuentes dificultades económicas y baja rentabilidad, lo que les dificulta afrontar las inversiones privadas necesarias para aprovechar eficientemente el agua. Hasta planes de desarrollo focalizados en eso pueden fracasar. Un ejemplo fue precisamente la experiencia de la “Corporación del Río Dulce”, creada en los años 60 para sustentar el desarrollo del área beneficiada por el embalse de Río Hondo.

Durante el desarrollo del área de regadío los años pasan y los sedimentos se acumulan en el embalse, reduciendo su volumen útil. El Cadillal es un caso claro donde ya se perdió casi la mitad de la capacidad y se desarrolló apenas la mitad del área prevista de beneficiar con riego.

2.- Lograr esos objetivos es un desafío enorme para una provincia en crisis y con estructuras de gobierno desjerarquizadas e inoperantes por causa de la mediocridad de la clase política. En diversos artículos volcados en el blog citado al comienzo de este artículo, este autor aboga por reformas estructurales profundas en el Estado provincial como requisito básico insoslayable para afrontar esos desafíos. Tales reformas no figuran actualmente en las plataformas de ningún sector político, ni siquiera en sus visiones estratégicas básicas para la provincia.

La entrada La lenta y triste agonía del embalse El Cadillal (Tucumán, Argentina) se publicó primero en Problemas del agua.

Consideraciones sobre su adopción en el Plan Belgrano

“Gobernar significa rectificar” (Confucio)

     Interesarse por los intereses de todos es propio de un gobierno ordinario; preverlos es digno de un gran gobierno (Napoleón)

Un hombre de estado debe tener el corazón en la cabeza (Napoleón)

Pretendo, en breve extensión, sustentar mi opinión sobre la discutible decisión, dentro del Plan Belgrano, de construir el complejo hidroeléctrico Potrero del Clavillo en la provincia de Tucumán.

En mi libro “El futuro del agua en Tucumán” (2014), en su capítulo 9 (http://problemasdelagua.com.ar), volqué las mismas ideas que planteo ahora, de modo que mis opiniones son ajenas a toda circunstancia política y responden a una visión estratégica sobre la temática del recurso hídrico de Tucumán, previas a la decisión comentada.

Para quienes no conocen el proyecto, hago una extremada síntesis sobre sus rasgos esenciales, que son los que tendré en consideración para exponer mis observaciones y propuestas. En un artículo próximo, desarrollaré algo más en detalle, y suficientemente ilustrados, aspectos que describan mejor el proyecto, para una adecuada comprensión por parte del lector que requiera más profundidad. Los datos que sobre éste aquí se vuelcan fueron extraídos del powerpoint institucional expuesto en el acto de presentación realizado en la Universidad Nacional de Tucumán el día 01 de junio de 2016. La documentación del proyecto no tiene estado público aún, lo que es deseable que ocurra a la mayor brevedad posible, con suficiente antelación a cualquier acto licitatorio, de modo que pueda ser sometido al debate de sectores sociales que puedan emitir juicios que merezcan ser tenidos en consideración.

El proyecto, denominado “Complejo Hídrico Multipropósito de los Ríos Las Cañas-Gastona-Medina”, supone el aprovechamiento de las cuencas altas de los ríos Gastona y Medina para fines varios, como ser hidroelectricidad, agua para industrias, regadío y agua potable para población. Sería la obra hídrica de mayor envergadura ejecutable en la provincia de Tucumán, concebida hace ya más de sesenta años.

Las obras se desarrollarían en dos ámbitos: la cuenca alta y la cuenca baja (ver Fases 1 y 2, figura A, en el encabezado de esta página).

En la Fase 1, en la cuenca alta se captan afluentes superiores del río Medina, se los conduce al embalse formado por el dique Potrero del Clavillo y desde allí hacia la usina generadora de energía eléctrica. No se captan afluentes superiores del río Gastona puesto que las obras estarían dentro del Parque Nacional Campo de los Alisos, lo que la ley constitutiva de éste lo inhibe. Esa restricción produjo una fuerte merma en el volumen de agua aprovechada, en contraste con las concepciones anteriores de Agua y Energía, Empresa del Estado ya desaparecida.

En la Fase 2, las aguas del río Medina, embalsadas y turbinadas en la usina hidroeléctrica, ubicada sobre el río de las Cañas, llegan a la cuenca baja, donde serían enviadas a un nuevo embalse, El Naranjal, donde se acumularían, para entregarlas reguladas de acuerdo a las necesidades de regadío, industrias y agua potable, en el área de los departamentos de Chicligasta y Río Chico de Tucumán.

De acuerdo a la información hecha pública en el powerpoint mencionado, el proyecto entregado por la UNT, que el gobierno Nacional se propone licitar, se refiere a las obras de la cuenca alta (Fase 1) y darían como beneficio: 310 millones de kWh de electricidad por año; regadío para nuevas has; agua para industrias y para la población. Además se arguye que traerá protección contra inundaciones en el área de Concepción y Aguilares. Para ello se prevé una inversión de 617 millones de dólares. Para la Fase 2, presa El Naranjal, se firmó en junio último, con la Universidad Nacional de Tucumán, un contrato para la elaboración del proyecto de ingeniería, en continuación del anterior. Actualmente, es sólo un esbozo básico sujeto a investigaciones y estudios.

Antes de analizar los beneficios de la obra, merece señalarse que funcionarios del Plan Belgrano expresaron que se pretende con éste contribuir a la realización de obras de infraestructura que promuevan la producción y que tengan beneficios de alcance regional. Es decir que excluirían obras de interés sólo provincial. Al respecto, cabe comentar que, en el NOA, las únicas obras hídricas significativas que pueden tener beneficios de alcance regional, o al menos para más de una provincia, son las factibles en la Alta Cuenca del río Bermejo (provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa). En todo el resto, en general, los beneficios de regadío y abastecimiento a industrias y población se concentran en las provincias donde se ejecutarán las obras.

Bajo ese marco, veamos los alcances de los beneficios mencionados.

La generación de electricidad es el beneficio más rápidamente recuperable, comparado con el correspondiente al incremento del área regable. Apenas concluida la obra se establece el beneficio. Los 310 millones de kWh (310 Gwh) anuales, constituyen un magro beneficio frente a inversiones de tanta magnitud, cuando se compara con el consumo total de 5110 Gwh que tienen actualmente (2015) en conjunto Tucumán (3108 Gwh) y Catamarca (2002 Gwh). Es decir que, una vez concluidas las obra en el plazo previsto de 5 años, ante el crecimiento constante de la demanda de electricidad, la obra aportará un ínfimo porcentaje de las necesidades de ambas provincias (menos del 5%). Si bien desconozco las evaluaciones realizadas por la Secretaría de Energía, la naturaleza del aprovechamiento, con largos túneles y pozos en roca, diques y caminos de acceso en montaña, la caracteriza como de alta inversión y se puede asegurar que al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) le resulta más económico abastecer a ambas provincias a partir de otras fuentes de generación hidroeléctrica más económicas (por ejemplo, de Cuyo, el Comahue y la Patagonia). El SADI puede transferir por las redes de líneas de alta tensión energía generada en cualquier parte del país.

Es decir que, para abastecer de energía eléctrica, en porcentajes ínfimos con relación al consumo actual de Tucumán y Catamarca, el SADI puede hacerlo a costos mucho menores que el resultante de Potrero del Clavillo. Ambas provincias suman, en conjunto, una ínfima porción del mercado eléctrico nacional (menos del 4%).

En lo que se refiere al beneficio del regadío, se agregarían, con El Naranjal (no con las obras que se licitarían), 6000 hectáreas a la extensión actual regada (aproximadamente 5000 ha). La red actual de riego y abastecimiento a industrias (ingenios) es rudimentaria, con muy escasos tramos de canales públicos con revestimiento, por lo que las pérdidas por infiltración son enormes. Si se suman las muy bajas eficiencias en el riego y en el uso de las industrias, se infiere que carece de sentido aumentar la oferta de agua mediante embalses para luego perder la mitad por filtraciones en los canales de conducción y que el agua sea desperdiciada por la industria. Efectuando inversiones públicas en revestimientos de los canales y exigiendo reutilización a las industrias se contaría con excedentes de agua que quedarían disponibles para aumentar el área regable y/o para nuevas industrias.

Las demandas de agua potable para la población son muy reducidas en comparación con los restantes usos y son fáciles de abastecer con otras fuentes de agua, sin requerirse un embalse como el propuesto, al menos para la población actual del área de influencia.

Finalmente, la protección contra inundaciones será muy limitada, a pesar de que muchos funcionarios la publicitan como un beneficio sustancial del proyecto, dado que el embalse de Potrero del Clavillo sólo detendrá las crecidas de los ríos que concurren a él. Las crecidas originadas en la cuenca baja del río de las Cañas, en todo el río Cochuna y todos los tributarios del Gastona, no serán detenidas ni amortiguadas, simplemente porque no se prevén obras para ello.

Dique El Naranjal

El agua para regadío, industrias y uso doméstico será abastecida desde el dique El Naranjal, ubicado en la cuenca baja, al oeste de Alpachiri. Éste puede acumular aguas de los afluentes superiores del río Medina y también recibir aguas de los afluentes del río Gastona (Conventillo, Membrillo, Las Raíces y Solco), sin afectar prácticamente al Parque Nacional Campo de los Alisos. Para ello, ese embalse debe contar con un volumen suficientemente grande, lo que no fue previsto en el proyecto entregado por la Universidad. El aprovechamiento hidroeléctrico tiene un conflicto de niveles con el embalse El Naranjal al que se debe llevar el agua luego de turbinada, mediante un canal ad-hoc, ver figura B (para que embalse acumule más agua debe tener un nivel máximo alto; el canal que va desde la usina al embalse requiere un desnivel suficiente para conducir el agua; si no se dispone de ese desnivel, será necesario retirar la usina más río arriba, perdiendo salto o desnivel topográfico para turbinar). En síntesis es: a mayor salto para la usina-menor volumen de embalse El Naranjal y menor utilidad de éste. ¿Tiene entonces sentido sacrificar la utilidad del recurso hídrico para el desarrollo productivo agroindustrial por una producción de energía escasísima que no resuelve ni atenúa los problemas de electricidad de Tucumán, Catamarca y el NOA?.

FIGURA B – INTERRELACIÓN ENTRE LAS OBRAS POTRERO DEL CLAVILLO Y EL NARANJAL. Muestra cómo el nivel más alto para éste último (760 msnm) está condicionado por el nivel de la descarga de la usina de la Fase 1 (785 msnm). Con el esquema adoptado, se limita el nivel de El Naranjal y el volumen de agua que allí se puede embalsar, reduciendo el aprovechamiento para riego e industrias. Elevar el nivel de El Naranjal sólo puede hacerse a costa de elevar la descarga de la usina más arriba de cota 785, con lo que se reduce el salto aprovechado y la cantidad de energía generable. 

En rigor, aprovechar al máximo las aguas del Medina y el Gastona con el dique El Naranjal no requiere del embalse Potrero del Clavillo. Más aún, se contraponen, como se sintetizó en el párrafo anterior. A la provincia de Tucumán, lo vengo sosteniendo desde mi libro, le interesa El Naranjal y debe bregar por hacerlo prioritariamente a Potrero del Clavillo. Aunque sin urgencia. Para sacar provecho a obras de aprovechamiento hídrico de gran magnitud, como lo es El Naranjal, debe también pasarse por las etapas previas de mejora y racionalización de los sistemas de riego e industrias existentes, con acciones e inversiones bien planificadas. Para ello, debería crearse un organismo de “desarrollo agroindustrial del sur”, con cabecera en el área Concepción-Aguilares-Río Chico, sobre cuya naturaleza debería debatirse desde ya. La instalación de nuevas áreas de regadío suele ser un proceso de lento desarrollo ya que requiere contraponer a la inversión del Estado las inversiones privadas para aprovechar el agua disponible. Esa respuesta no es ni fácil ni inmediata.

Otros beneficios secundarios, como la conexión vial con el oeste de Catamarca (Nueva Ruta Nacional 65,camino a Las Es
tancias) y el turismo, si bien existen, requieren inversiones adicionales tan importantes como las requeridas sin que se construya Potrero del Clavillo. Esta obra serviría tan sólo de disparador, pero sería absurdo invertir centenares de millones de dólares sólo con ese justificativo.

Hay un beneficio temporario que merece ser tenido en consideración y es el incremento de la actividad económica local por las empresas constructoras y los servicios de apoyo que se requieren durante la construcción. Potrero del Clavillo, tal como fue concebida, implica una erogación muy importante en equipos y sistemas de importación y la experticia de empresas internacionales, por contener mucha obra subterránea (túneles, pozos, cavernas). Todo ello implica componentes en moneda extranjera que no activan el mercado local. Contrariamente a obras de menor envergadura, como ser la ejecución de revestimientos impermeabilizantes de canales, ejecutables por empresas locales de mediano porte, abundantes en nuestro medio.

En síntesis

A Tucumán escasamente pueda interesarle el aprovechamiento con fines energéticos del río Medina. Sus necesidades de electricidad (apenas el 2,4% del total del país) pueden ser abastecidas desde el SADI sin mayores dificultades. Por otra parte, crear una oferta de agua para riego e industrias en un área donde actualmente hay un gran desperdicio, carece de sentido si antes no se utiliza “a fondo” el agua disponible. En ello le cabe al Estado provincial invertir en la impermeabilización de los canales, a los agricultores mejorar sus técnicas de riego y a los industriales invertir en la recuperación y reuso del agua tomada de la red pública.

A juicio de quién escribe, debe avanzarse con el proyecto de ingeniería del dique El Naranjal, de modo de contar con la herramienta clave para planificar su construcción. Si la obra es tomada como un objetivo prioritario para el sur de la provincia, se debería avanzar paralelamente en la conformación de un organismo de promoción del desarrollo, cuya naturaleza conviene ir delineando y debatiendo entre el sector público y el privado.

La decisión de ejecutar la fase hidroeléctrica del Sistema Potrero del Clavillo es, a juicio de quien escribe, apresurada y producto de improvisación de gobierno nuevo, ansioso por mostrar iniciativa, acompañada por gobiernos provinciales carentes de visión estratégica sobre sus recursos hídricos y de planes para su mejor aprovechamiento. Tucumán ya se embarcó en aventurerismo hídrico en la década de los 90 con el proyecto Canal Federal. Parece no aprender de sus errores históricos.

En una provincia acosada por serios problemas con el agua, que oscila entre inundaciones y sequías, que requiere un serio empuje productivo, no es aceptable dilapidar recursos económicos en opciones que dan brillo a gobernantes pero no dan los beneficios que la sociedad requiere. Si el gobierno Nacional quiere contribuir al desarrollo provincial con fuertes inversiones en obras hídricas, mejor opción es fomentar la ejecución de revestimientos impermeabilizantes en los canales de riego, con lo que se evitarán las grandes pérdidas de agua, habrá más agua disponible para el regadío y las industrias, y, paralelamente, se ocupará mucho mayor cantidad de mano de obra local que la compleja y costosa tunelería del proyecto propuesto, dejando en la provincia mayor parte de la inversión a realizar.

Por tanto, la propuesta que someto a consideración es de no ejecutar la componente hidroeléctrica (dique Potrero del Clavillo, túneles y usina en el río Las Cañas) y priorizar el dique de embalse El Naranjal, con la transferencia desde el río mencionado y la de los ríos Conventillo y Solco (tributarios del Gastona).

Rectificar una decisión apresurada e improvisada por parte del nuevo gobierno hablará más a favor de éste que embarcarse en efímeras glorias poco conducentes, que excluyen mejores destinos para las acciones e inversiones públicas.

Ing. Franklin J. Adler
Setiembre de 2016

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Los embalses artificiales, producto de la acumulación del agua de los ríos, cumplen un significativo rol en el aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales para riego, bebida, industrias, etc. Su beneficio primario es la transformación de los caudales naturales variables a los demandados por los usos del agua, generalmente no
coincidentes entre sí. Con los embalses se logra mayor disponibilidad y seguridad en la provisión de agua para los
usos. Así un recurso hídrico superficial se mide por los caudales de los ríos y los volúmenes disponibles donde es
posible guardar el agua.
La ejecución de embalses mediante diques tiene no obstante impactos importantes sobre el ambiente que deben ser considerados desde las etapas iniciales.
El Cadillal es el embalse de mayor envergadura e importancia en Tucumán. Sus problemas de pérdida de volumen útil por colmatación con sedimentos y los de captación y calidad del agua para bebida requieren una acción decidida del Estado a fin de evitar restricciones futuras a los usuarios y la pérdida de ese recurso natural.

Reservoirs And Surface Water Resources. El Cadillal (Argentina, Tucumán). Present – Future State
Artificial reservoirs, product of the accumulation of the natural water of rivers by man-made dams have a significant role in the exploitation of surface water resources for irrigation, drinking, industries, etc. Its primary benefit is the transformation of the variable natural discharges to the water use requirements, generally not related with one another.
Dams and reservoirs offer greater availability and security in the water provision for all uses. Thus a surface water resource is evaluated by annual runoff of the rivers and the volumes available where it is possible to keep the water (reservoirs). Despite that, the execution of reservoirs by building dams has important impacts on the environment that must be considered from the initial stages.
«El Cadillal» is the largest dam and reservoir in Tucumán and also the most important. It supplies 56% of the drinking water demand from the urban conglomerate of the capital city of the province and provides irrigation water for 35000 ha and water for industries.
The problems of loss of impounding capacity by progressive filling with sediments and those derived from the water intake affecting water quality require a decided action in order to avoid future restrictions to the users and the loss of that natural resource.
Usual impacts of dams and reservoirs on the environment are described in the paper and comments are made about the discussion opened worldwide on the convenience of such kind of actions on water resources.

Descargar/Download Embalse El Cadillal (Provincia de Tucumán)

Balsa «La Niña», bombeando agua del embalse hacia el tazón del aliviadero para enviarla a la planta potabilizadora, en una operación anómala.

«La Niña» raft pumping water from the reservoir toward the spillway bowl to send it to the water treatment plant in an anomalous operation.

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Un embalse es una acumulación artificial de agua en un ambiente natural. Es producto de una
acción humana ejecutada para acopiar agua para fines de su uso y/o consumo. Se diferencia así
de las acumulaciones naturales (lagos, lagunas y pantanos). Un embalse por lo general se genera
construyendo un cierre interceptando un curso de agua (presa o dique), aunque los hay “laterales”,
es decir fuera de cauce, aprovechando depresiones naturales del terreno, hacia las cuales se
conduce el agua por canales, tuberías o túneles.

En este trabajo se analiza el rol de los embalses en el aprovechamiento de los recursos
hídricos superficiales (ríos), tema sujeto en la actualidad a fuerte discusión. Luego se enfoca el
tema para la provincia de Tucumán (Argentina), su importancia actual y futura y la necesidad de
acciones para preservar su capacidad y utilidad para la economía de la provincia.

En la provincia de Tucumán hay tres embalses (El Cadillal, Escaba y La Angostura).

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REFLEXIONES ALREDEDOR DEL HECHO DE SU VACIADO

LOS HECHOS TÉCNICOS

Supongo que la decisión de encarar la reparación de órganos de cierre y control de la descarga de margen derecha (riego) se debe a que el episodio del verano anterior, en el que el embalse ”escapó de control” y alcanzó un nivel cercano al del vertimiento, provocó alarma en las autoridades puesto que la situación de emergencia grave para la obra estuvo muy cercana.

Aunque sea a treinta y tres años de construido y motivado por un “susto” resulta positivo que se haga algo sobre esta obra totalmente abandonada.

Lo que está ocurriendo llama a reflexionar sobre diversos aspectos referidos al agua en Tucumán, las instituciones existentes, la actitud del Estado y la conciencia social sobre ese recurso vital.

La Angostura es probablemente el único o uno de los pocos diques de embalse construidos que presta solamente una utilidad para deportes náuticos y turismo. En particular, ni siquiera puede considerarse que su sola presencia genera recursos económicos significativos para el Valle de Tafí.

Una presa de embalse del tamaño de La Angostura cuesta mucho dinero y nunca se habría construido solamente para las actividades que hoy favorece (salvo en una situación económica con muchos excedentes presupuestarios por parte del Estado).

.hora bien, cuando se construye un dique en un curso de agua se crean riesgos y afectaciones. Ello requiere, además de tratar de preverlos con anticipación para tomar las medidas de mitigación, el permanente monitoreo y control del embalse y la presa.

Diversos son los riesgos y las posibles afectaciones, que no detallamos por brevedad. Para el caso de La Angostura, toma particular relevancia el riesgo hidrológico y el estructural.

Por riesgo hidrológico entendemos el riesgo de ingreso al embalse de una crecida extraordinaria del río que produzca su llenado en corto tiempo (un episodio o crecientes sucesivas a corto tiempo entre ellas). Tal llenado termina con el vertimiento de los excedentes por la estructura del aliviadero de margen derecha, llegando el embalse a un nivel que para la “crecida de diseño” es de 2,55 m sobre la cresta o labio del vertedero.

La primera consecuencia grave de ello sería la inundación de todas las construcciones de perilago que se autorizaron o instalaron en el área que el lago inunda en esa circunstancia.

.Otra situación de riesgo hidrológico que se exige a las presas de embalse de cumplir es la situación de “Creciente Máxima Probable”. Esta es una situación extraordinaria frente a la cual el nivel que alcance el agua del embalse no debe superar el coronamiento o máxima altura de la presa, es decir no la debe sobrepasar. Ello es particularmente importante en presas de tierra ( o materiales sueltos) puesto que el sobrepasaje del agua las destruye totalmente, como es fácil prever. La Angostura es una presa de ese tipo y por ende está expuesta a ese riesgo. En la década de los 70, cuando se proyectó y construyó esta obra, no se conocían métodos para evaluar la “Creciente Máxima Probable” y por tanto se desconoce si la presa tiene algún margen de seguridad frente a esa posibilidad hidrológica y eventualmente cómo se debe actuar preventivamente. Cabe señalar que las consecuencias de una rotura instantánea de la presa tendría como efecto la propagación de una onda de crecida por el río Los Sosa, con gran capacidad destructiva y que afectaría la ruta, sus puentes, los vehículos circulantes y saldría a la llanura pedemontana devastando grandes extensiones de cultivos y población rural.

Aún cuando se produjere un vertimiento por el aliviadero de crecidas no tan importantes como la de diseño o la “Creciente Máxima Probable”, fuera de las inundaciones ya mencionadas en las instalaciones de perilago se presentan riesgos de fuertes daños en la estructura de aliviación misma, dado su estado de deterioro por falta de mantenimiento.

Por riesgo estructural entendemos el de fundaciones y de la presa misma. Los problemas de grandes filtraciones producidos en la margen derecha cuando el nivel del embalse se acerca al de llenado, es un problema no resuelto que motivó que desde el inicio (primer llenado) se evitara el ascenso del embalse (descargando por las tuberías de riego y/o descarga de fondo). Obviamente un ascenso descontrolado del embalse en una crecida podría poner en riesgo la fundación de la presa por potenciales sifonajes o tubificaciones del suelo de cimentación de la margen derecha..

Todos los aspectos vinculados al estado y riesgos de la presa La Angostura están debidamente señalados en el informe técnico realizado por el ORSEP en el año 2006.

Foto Diario La Gaceta (Tucumán)

LAS REFLEXIONES

• No cabe esperar razonablemente que en un futuro cercano se concreten las obras de generación hidroeléctrica previstas en la idea original del aprovechamiento del río Angostura (tres saltos). La escasa cantidad de energía que se puede extraer de tal aprovechamiento y su alto costo hacen del mismo una idea no prioritaria y de escaso interés en el planeamiento energético nacional.
• La presa no genera un ingreso a la economía provincial significativo.
• La presa requiere ser recuperada de su grave deterioro para brindar la seguridad requerida y ser mantenida, controlada y operada por un organismo ad-hoc.
• La provincia debe tomar una decisión clave: Afrontar la gran responsabilidad de conservar la obra en estado seguro, con los costos obviamente elevados que ello implica, o eliminar la obra y su costo. De ninguna manera es admisible continuar con el estado actual de cosas, con obra abandonada y graves riesgos sin afrontar.
• La provincia de Tucumán tiene actualmente tres presas de embalse: Cadillal, Escaba y Angostura. Las dos primeras son operadas por una concesionaria privada (Hidroeléctrica de Tucumán SA) y supervisadas en materia de seguridad por el ORSEP. Si bien la provincia es dueña del agua (recurso hídrico) no actúa en ninguna circunstancia para preservar los embalses de los cuales depende su economía y población. No obstante, la seguridad de las obras y por tanto de la población aguas abajo, está razonablemente tutelada por la Concesionaria bajo supervisión del ORSEP. El dique La Angostura, bajo operación de la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y mantenimiento de la Dirección Provincial del Agua (DPA) se encuentra en total estado de abandono y de mantenimiento, tal como es descrito en el informe mencionado del ORSEP de 2006.
• La provincia no cuenta, ni ha asumido como necesario, con organización y personal capacitado y dedicado a la operación y mantenimiento de presas. De allí que La Angostura no cuenta con sector ni personal técnico ni presupuesto para ello.
• Se está así en una situación singular: Una obra de enorme inversión, que no presta utilidad efectiva al sistema económico provincial, es tan sólo un “juguete” para ciertos sectores de la sociedad y una decoración del paisaje para la actividad turística, pero de un potencial riesgo grave. Nadie se hace cargo de ella y tampoco hay requerimientos para que sea una obra segura. Si bien es entendible que el común de los ciudadanos ignore las implicancias de la situación, los funcionarios gubernamentales con responsabilidad han preferido históricamente (33 años) ignorar el tema, ya que afrontarlo implica asignar importantes recursos económicos, sin que la obra contribuya (a través de sus servicios) minimamente a su autosostenimiento.
• El dique La Angostura pone en evidencia la inexistencia histórica en la provincia de estrategias de manejo de su principal recurso natural, el agua. Las instituciones naturales ignoran el tema o no tienen capacidad de lograr que los diversos gobiernos adopten una determinación sobre este tan complejo y embarazoso tema. El riesgo sigue latente. El verano del 2009 dio un preaviso.

El gobierno que se decida a actuar o se vea compelido a ello deberá tener en consideración tres opciones:

1. Afrontar los costos de rehabilitación de la obra hasta darle el grado de seguridad necesario, creando el organismo o sector dentro del Estado Provincial especializado en presas que se encargue de ello y luego de su operación y mantenimiento. Para ello deberá asignar los montos presupuestarios correspondientes.

2. Crear mecanismos de soporte económico que contribuyan al funcionamiento del organismo y personal técnico necesario, a través de impuestos a habitantes y actividades locales beneficiadas por la existencia del embalse. Esto es de eficacia dudosa dada la “evasión empedernida” de la sociedad tucumana y la escasa seriedad de los gobiernos en respetar los fondos recaudados.

3. Vaciar definitivamente el embalse y mantenerlo en esa condición, reparando los órganos de descarga para su funcionamiento automático en caso de crecidas, de modo que el embalse se vacíe solo después de ella. Desaparecería el lago como elemento del paisaje, pero se tendría las condiciones de seguridad requeridas.

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La presa de embalse Potrero de las Tablas es una obra que se transformó en las últimas décadas en un ícono ilusorio para muchos políticos de Tucumán, que la emplean como un sueño o fantasía para las promesas electorales. Además de ello, diversos sectores están convencidos de su perentoria necesidad para afrontar problemas de escasez de agua, tanto para regadío de tierras agrícolas como para abastecer de agua potable a la población.

Conviene entonces evaluar en sus justos términos la conveniencia de encarar en firme y a corto plazo una obra de tamaña envergadura y alto costo.

Los embalses son absolutamente necesarios para que una región que cuenta con recursos de agua superficiales (ríos) pueda disponer de la mayor cantidad posible para sus necesidades. ¿Por qué? Porque permiten guardar las abundantes aguas del verano que se emplean poco, ya que a la agricultura le basta con las lluvias y los ingenios azucareros de Tucumán no trabajan, y acumularlas para la primavera siguiente, época de mayor consumo en todas las actividades. Para ello es necesario disponer de grandes volúmenes, que están en los valles de las zonas montañosas u onduladas (vasos) y estrechuras o “cierres” del terreno donde construir, a costos razonables, los diques necesarios para cerrar esos embalses.

Si no se dispone en un río de esos lugares que brinda la naturaleza, la cantidad aprovechable de su agua baja drasticamente, por ejemplo a un 25%, ya que cuando el agua supera las necesidades, al no poder guardarla, se pierde inevitablemente.

Así planteadas las cosas, un recurso hídrico superficial, no solo es representado por los caudales de los ríos sino por el conjunto “río + embalse + cierre”.

Ahora bien, Tucumán no tiene en su geografía, a pesar de la abundancia de agua en sus ríos, suficientes vasos y sus cierres para construir embalses y guardar las aguas del verano para enviarlas al invierno y primavera siguientes. Por ello, debe preservar sus embalses y cuidarlos para que duren el mayor tiempo posible. El principal factor que tiende a reducir la vida útil de un embalse es la colmatación con sedimentos que traen los ríos, producto de la degradación natural de sus cuencas (frecuentemente reforzada por la actividad humana).

Por otra parte, en Tucumán, un embalse sirve para abastecer de agua a las demandas como ser el agua potable para población, regadío e industrias (principalmente la azucarera). Los consumos que esas actividades tienen actualmente son excesivos e ineficientes, habiendo un gran margen de potenciales economías. Construir diques de embalse, obras de alto costo, para abastecer demandas de agua ineficientes o irracionales no solo implica una dilapidación de recursos económicos sino también, en el caso de Potrero de las Tablas, del recurso natural “agua + vaso + cierre” ya que se lo expone prematuramente a la pérdida por colmatación del vaso.

Es mucho más serio y estratégico racionalizar primeramente los usos del agua llevándolos a niveles de eficiencia razonables, antes de plantear la construcción de embalses. En caso contrario comprometemos seriamente la disponibilidad de agua para las generaciones futuras (bastante cercanas) a pesar de tener abundante agua en nuestra red hidrográfica. Ese criterio es recomendado fuertemente por la mayoría de los organismos de planificación y financiamiento internacionales. Se le oponen grupos sectoriales interesados en negocios o que buscan transferir al estado o a la sociedad los costos de su mal uso del agua.

Bajo esta óptica, considero que Potrero de las Tablas se deberá construir inexorablemente, pero no aún, cuando todavía es posible e imperioso racionalizar el consumo de agua para todos los tipos de usuarios, cada uno dentro de sus particularidades. El momento oportuno será cuando no se pueda hacer nada en esa dirección o sea de un costo tal que haga que esa presa sea la alternativa más favorable para dar más agua al sistema productivo y la población.

Procediendo con ese criterio en el uso de nuestro recurso hídrico, prolongaremos lo máximo posible la posibilidad de emplearlo hasta el tope que el tratado Interprovincial del Salí-Dulce, firmado con Santiago del Estero y Córdoba nos lo permite.

El embalse fue siempre pensado para abastecer de agua potable al sur de la ciudad capital San Miguel de Tucumán y las ciudades pedemontanas San Pablo y Lules, además de abastecer de agua para regadío. Allí reside su principal justificación. En el año 2006 una gestión de crédito ante el BID fue rechazada por considerar ese organismo que no financiaría la obra para abastecer de agua potable, ante la situación de mal uso existente. Se intentó cambiar el objetivo para facilitar la gestión, incorporando la protección de la ciudad de Lules y eliminando el embalse como pretendía el banco. En rigor, la justificación de Potrero de las Tablas como protección de la ciudad de Lules contra las crecidas estivales del río homónimo tiene como alternativas de mucho menor costo obras hidráulicas de protección de márgenes, mucho más accesibles a las arcas provinciales.

Este tema se trata en profundidad en el libro “El futuro del agua en Tucumán”, en su capítulo 9, junto a otros grandes proyectos hídricos para la provincia.

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