De marzo a octubre de 2023 se realizaron trabajos de consolidación de la presa, con muchos imprevistos que dificultaron, demoraron los avances y consumieron el presupuesto sin que se completara lo proyectado. En octubre se paralizaron totalmente. El Gobierno provincial no quiere destinar más fondos y pretende que la empresa concesionaria Hidroeléctrica de Tucumán S.A o la Nación se hagan cargo.

Así la situación vuelve prácticamente a fojas cero, ya que el riesgo inicial subsiste, puesto que no se conocen los resultados logrados como para verificar que la PL-3 es segura y sin riesgo de colapso. Además de ello, los recaudos obligados mientras no se restituya la seguridad al colapso incidirán sobre los servicios que El Cadillal brinda a los diversos usos del agua (agua potable, industrias y regadío agrícola).

Fuente: Google Earth

Durante el año 2023, desde marzo a noviembre, se efectuaron tareas de reparaciones en uno de los diques que conforman el complejo El Cadillal. Específicamente en la presa lateral 3 (PL-3). Tales trabajos estuvieron motivados por una situación de riesgo de colapso de esa presa ante fenómenos de larga data y lenta evolución (filtraciones y asentamientos del cuerpo de tierra) que se habían acelerado peligrosamente desde el año 2022 y que requerían ser tratados para evitar llegar a aquel extremo, que habría tenido efectos catastróficos sobre población y bienes agua abajo.

El trabajo encarado tenía, anticipadamente, alto grado de incertidumbre, por la escasa información disponible sobre el estado del cuerpo del dique y de la roca de fundación que se proponía inyectar con cemento a fin de sellar fisuras y grietas producidas por lentos procesos de dilución de yesos contenidos en ella. Las complejas situaciones  encontradas y la necesidad de modificar y adaptar los trabajos de reparación a esas condiciones, más los avatares económicos ocurridos en el país (fuerte inflación y mayores costos) llevaron al agotamiento de las partidas presupuestarias sin que se pudieran completar los trabajos. Estos fueron paralizados en noviembre y las reparaciones quedaron inconclusas.

Desde el momento de paralización hasta marzo de 2024 la PL-3 está en un estado de incertidumbre ya que no se conoce a ciencia cierta el resultado de los trabajos ya realizados mientras el nivel de agua del embalse no suba lo suficiente y se establezca la entrada en carga hidráulica del dique.

En su informe final de diciembre de 2023, a obra ya paralizada, el Experto Consultor Independiente Dr. Roger Bremen decía:

“En definitiva, a pesar de haber realizado la gran mayoría de las actividades necesarias, la falta de un sellado completo implica probablemente solamente un cambio en los recorridos de filtración en la presa y su fundación. Las consecuencias de estos cambios sobre el comportamiento hidráulico y estructural de la presa son difíciles o imposibles de ser evaluados a priori. La situación actual, conlleva por lo tanto un nivel de incertidumbre muy elevado sobre el comportamiento de la presa, lo cual podría también ser más problemático en comparación con el comportamiento antes de la intervención” (las inyecciones, nota personal).
…………
“Debido a esta situación las condiciones de seguridad y de operación de la presa se mantienen precarias, sin una mejora substancial con respecto a la situación anterior de las intervenciones”.

En síntesis, ante el cúmulo de situaciones inesperadas encontradas durante los trabajos de reparación, y al no haberse completado éstos, no hay certidumbre sobre la seguridad que pueden haber brindado a la presa bajo tratamiento. Los riesgos considerados al inicio y que motivaron las tareas de inyecciones, siguen vigentes y se debe operar el embalse con las precauciones recomendadas.

Debe entenderse que la reparación no fue concluida y se requieren mayores cantidades de los trabajos previstos, lo que era de esperar y es muy frecuente en tratamientos para mejorar macizos rocosos, y era muy difícil de prever de antemano para contratar los trabajos. Por cuestiones legales (ley de Obras Públicas), no era posible ampliar los trabajos fácilmente. Se considera proseguir con un nuevo contrato, lo que implica demoras licitatorias. Pero lo real es que no se trata de una nueva obra; es un nuevo contrato para proseguir y terminar la obra no terminada.

QUÉ OCURRIRÁ SI NO SE COMPLETAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN

1.- Modo de operar el embalse en la nueva situación.

De acuerdo a la indicación del Dr. Bremen, por precaución no se admitirá que el embalse acumule agua más allá de la cota 604 msnm (la máxima posible es 607,50 msnm), nivel del labio del vertedero de excedentes (aliviadero). Permitirlo seguramente podrá determinarse después de embalsar con mucha cautela (lenta, controlando la evolución de filtraciones y asentamientos), descargando aguas excedentarias del verano sin aprovecharlas. Ello será un proceso largo durante el cual el embalse operará con las restricciones y consecuencias que analizamos.

El máximo embalsado de agua permite contar actualmente con 144 Hm3 aprovechables a cota del vertedero (607,50). Debe tenerse en cuenta que en los casi 60 años de vida el embalse ya perdió casi el 50% de su volumen útil inicial. A la cota 604 permitida, hoy se contaría con 118 Hm3. Se perderían de aprovechar valiosos 26 Hm3 (18% del actualmente disponible).

Es decir que se tendría un embalse con una situación análoga a la de una mayor colmatación con sedimentos, proceso natural en todo embalse, anticipando el futuro o simulando una aceleración de su agonía.

Lo descripto es en el supuesto que, en el proceso actual de llenado del embalse por escalones de 1 m (602-603 y 604) y manteniendo el nivel 20 días en cada uno de ellos, no se manifiesten incrementos de caudales de filtraciones, presiones internas o asentamientos peligrosos que obliguen a interrumpir la acumulación de agua.

En síntesis, la situación actual es de achicamiento del embalse, el que, con menor volumen de agua acumulable, no permitirá eventualmente garantizar en los próximos años los abastecimientos a todos los usuarios.

2.- La seguridad de la obra y de población y bienes agua abajo

Mientras no se lleve el embalse a niveles de llenado normales y se verifique un comportamiento aceptable de la PL-3, subsistirá el estado de elevada incertidumbre inicial que llevó a encarar las inyecciones de recomposición del macizo rocos y de la presa. Al tenor de las aseveraciones del Dr. Bremen, referidas a la elevada incertidumbre sobre el comportamiento esperable de la presa como resultado de lo ejecutado, no se ha superado hasta ahora el estado de riesgo declarado a fines de 2022. Por lo tanto, debería mantenerse vigente el Plan de Contingencia previsto originalmente, a pesar de la aflicción que ello significa para la población del área bajo riesgo. Tal situación debería ser un factor determinante en la toma de decisiones respecto de encarar en modo urgente el completamiento de los trabajos de reparación inconclusos. Las cuestiones presupuestarias y la determinación de responsabilidades institucionales deberían supeditarse a la perentoriedad del problema, que deriva de una real emergencia demandante de una acción decidida y urgente, de la cual algunos estamentos gubernamentales no parecen haber tomado debida conciencia.

3.- ¿Qué ocurrirá con los abastecimientos de agua desde El Cadillal?

Mientras se deba operar el embalse limitando el volumen de agua acumulable, se producirán efectos sobre las actividades que se nutren del agua provista desde esa fuente.

Los usos de agua que abastece el embalse son, en orden de prioridad para satisfacerlos:

1. Agua potable para el Área Metropolitana del Gran S.M. de Tucumán.
2. Agua para industrias, principalmente a tres ingenios azucareros con sus destilerías de bioetanol.
3. Agua para riego en el este de la provincia por medio de redes públicas de canales

Veamos cómo incidirá la modalidad de operación del embalse establecida por razones de seguridad, para cada uno de los usos del agua.

3.1.- Agua potable para el Área Metropolitana del Gran S.M. de Tucumán.

Por ser un uso legalmente prioritario el aporte de El Cadillal está garantizado y no sufrirá mermas. Aun cuando el embalse se vaciare, los caudales mínimos históricos del río Salí son suficientes para enviar a la capital los 9.700 m3/hora comprometidos desde el origen de la obra. Los graves problemas de abastecimiento allí existentes se motivan en otros problemas serios, como ser las pérdidas en las redes de distribución, la obsolescencia de muchos tramos, los numerosos pozos de extracción aguas subterráneas con problemas de funcionamiento y/o por escaso mantenimiento y los excesivos consumos de la población, muy superiores a los valores internacionalmente conside-
rados razonables. Los temores frecuentemente expuestos por gobernantes, legisladores, comunicadores, etc. sobre la capacidad de El Cadillal para asegurar el abastecimiento futuro al Área Metropolitana carecen de fundamento en cuanto a cantidades de agua que éste puede asegurar.

El problema que presenta el abastecimiento desde El Cadillal no es de cantidad sino de calidad del agua en ciertas épocas del año (noviembre, diciembre y enero), cuando el embalse baja hasta su mínimo nivel por haber abastecido a ingenios y destilerías desde junio y a los regantes desde agosto. La calidad del agua en los niveles profundos del embalse se deteriora (muy bajo oxígeno disuelto, dilución del manganeso de los sedimentos del fondo, etc.). La presencia extendida de manganeso en el agua ha sido este verano de 2024 un tema de fuertes reclamos de los usuarios a la SAT.

Las razones técnicas que explican ese fenómeno exceden el alcance del presente análisis, pero es un tema que se presenta por un probablemente insuficiente o imperfecto tratamiento en la Planta Potabilizadora para eliminarlo o reducirlo a niveles tolerables. El fuerte color marrón turbio que la presencia de manganeso otorga al agua hace a ésta inaceptable para los consumidores, aunque esté demostrado que no es tóxica para el ser humano.

3.2.- Agua para ingenios azucareros y destilerías

La disminución en la capacidad del embalse producirá una menor garantía en el suministro, es decir que se deberán reducir los caudales entregados desde la red pública. Esas industrias deberán prever abastecimiento propio (mediante pozos de extracción de agua subterránea) y morigerar fuertemente sus consumos mediante sistemas de recuperación y reutilización de sus aguas residuales.

Debe tenerse en consideración que, para entregar los caudales concesionados a los ingenios, la Dirección de Recursos Hídricos debe extraer de El Cadillal caudales bastante mayores, para compensar las pérdidas por infiltración en los canales de conducción, los cuales cuentan con revestimiento impermeabilizante en proporciones muy bajas, por lo que las pérdidas son significativas.

Obviamente, las medidas que deberán tomar las industrias implican inversiones importantes, que ahora se verán obligadas a apresurar si no se resuelve el problema de la PL-3. De todos modos, el proceso de racionalización del uso del agua será progresivamente forzoso puesto que la inexorable pérdida de volumen útil del embalse asegurará cada vez menos agua a los usuarios.

3.3.- Agua para regadío

Los regantes, mayormente de caña de azúcar y citrus, que cuenten con menores posibilidades de riego, se verán afectados y su productividad disminuida, por lo que el daño económico se manifestará sin lugar a dudas. Para mitigarlo a mediano y largo plazo deberán efectuar inversiones en pozos de extracción de aguas subterráneas, y consecuentemente, a la adopción de riego tecnificado (aspersión, microaspersión o goteo) para el aprovechamiento eficaz de un recurso más costoso. Obviamente, ello requerirá de inversiones importantes, que no todos los agricultores estarán en condiciones de afrontar. Son de esperar impactos sociales en la zona.

En resumen, los impactos en las actividades de los usuarios del agua, provocados por la no resolución de los problemas de la PL-3, descriptos aquí muy sintéticamente, significan una anticipación acelerada de los escenarios que se avecinan lentamente. Si históricamente hasta ahora no hubo crisis graves de abastecimiento, es porque El Cadillal fue proyectado en su origen para abastecer a 45.000 ha de riego, nunca se regaron más de 30.000 y hoy apenas se estarían regando bastante menos de 20.000 ha (la Dirección de Recursos Hídricos, organismo operador del sistema, increíblemente, no tiene información precisa al respecto). Una muestra del deterioro de la infraestructura hídrica de la provincia y de la decadencia institucional referida al uso del recurso hídrico.

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La entrada Dique El Cadillal de Tucumán: Qué puede ocurrir si no se completan las reparaciones de la presa lateral 3 se publicó primero en Problemas del agua.

Las concesiones hidroeléctricas por treinta años, originadas por las privatizaciones durante la presidencia Menem en los años 90, comienzan a caducar este año por las más importantes: las del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro. En la provincia de Tucumán ocurrirá con sus tres obras hídricas más importantes: El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en el año 2026.

El embalse El Cadillal ha estado instalado en la discusión pública en este año 2023 a raíz de los problemas suscitados en uno de sus componentes, la presa lateral 3, que plantearon el riesgo de un eventual colapso con consecuencias catastróficas y la inhibición precautoria de acumular agua para la producción agroindustrial en el área servida. Por otra parte, ya se ha analizado en este blog la expectativa hacia el futuro en cuanto a su menguante rol de abastecedor de agua potable para el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, para la industria azucarera y el regadío agrícola (ver “La lenta y triste agonía del embalse El Cadillal”), debido a la pérdida de cerca de un 50% de su volumen útil para guardar agua, por la acumulación de sedimentos en su vaso.

En este artículo se analiza un aspecto que interpela a la provincia y se trata de la situación de esta obra, actualmente concesionada para generar hidroelectricidad (HE) a una empresa privada por un contrato que data del año 1996 y que vence en julio de 2026. ¿Qué se hará al vencimiento de la concesión?

La concesión, y el desafío, comprende también las obras del dique de embalse Escaba y la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, construidas ambas por la Nación, la que es propietaria de éstas. Se puede presumir que es altamente probable que la Provincia deberá hacerse cargo de todas ellas.

Siglas más relevantes que se emplean en este texto
CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, S.A., ente conformado por el Estado argentino (20%) y las asociaciones de generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios de electricidad el 80% restante. Opera el Despacho Nacional de Cargas que administra todo el SADI y el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).
ENARSA (Ex IEASA): Energía Argentina, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Es una empresa pública del sector petrolero y energético. Creada en 2004. 
ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación.
ORSEP: Organismo Regulador de la Seguridad de Presas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Su rol es velar por la seguridad de la mayoría de las presas concesionadas.
AyEE SE: (Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado). Empresa del Estado Nacional. Liquidada luego de las privatizaciones de los 90.
HIDRONOR S.A. (Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.). Empresa del Estado Nacional. Liquidada luego de las privatizaciones de los 90.
SADI: Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica. Red de líneas de transmisión eléctrica desde 132 KV hasta 500 KV que abarca la mayor parte del país.
HT. (Hidroeléctrica Tucumán S.A.). Empresa privada concesionaria de los aprovechamientos hidroeléctricos de la provincia de Tucumán.

El complejo El Cadillal es la principal obra hídrica de Tucumán y a ella dedicaremos la mayor atención, aunque el tema que en este artículo se plantea abarca los tres aprovechamientos. Es un dique de embalse sobre el río Salí, ubicado a 22 km al norte de la ciudad capital de la provincia. Fue concebido como multipropósito: para proveer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, para regadío de 45.000 ha de cultivos, abastecer necesidades de industrias (mayormente ingenios azucareros), generar energía eléctrica y brindar protección contra inundaciones. Tiene una Central Hidroeléctrica operada actualmente por concesión por una empresa privada, Hidroeléctrica de Tucumán S.A.

UBICACIÓN DE APROVECHAMIENTOS EL CADILLAL, ESCABA Y PUEBLO VIEJO

BREVE HISTORIAL DE LA OBRA, SU EXPLOTACIÓN Y EL CONTEXTO NACIONAL

EL CADILLAL (Fuente: dique_el_cadillal_tucuman_-_landsat-8_oli_-_8_de_febrero_de_2015_-_fusion_infrarrojoswir)

Construido este aprovechamiento en los 60 del siglo pasado por la Provincia (Gobernación Gelsi), entró en servicio en agosto 1966. Ésta entregó a AyEE SE la explotación de la energía eléctrica hasta el año 1996. La propiedad de las obras fue siempre de la provincia. AyEE SE sólo hacía el mantenimiento de los componentes hidro-electromecánicos de la Central Hidroeléctrica y el control del instrumental de auscultación de las obras. El mantenimiento de las obras civiles estuvo a cargo de la Provincia (DPA), lo que ocurrió esporádicamente durante esos 30 años (p.e. la reparación de blindaje del túnel del Descargador de Fondo). Por convenio entre la Provincia y AyEE SE ésta podía extraer agua del embalse y se estableció una servidumbre de acueducto para las obras del circuito que llevan el agua desde el embalse hacia la usina (torre de toma, compuertas, túnel de conducción, etc.).

En los años 90 (presidencia Menem) se produjo el proceso de transformación del Estado con las privatizaciones de empresas públicas, que incluyeron las obras de energía eléctrica (generación, transmisión y distribución) (Leyes 23696/1989 de Reforma del Estado) y 24.065/1991 de Régimen de la Energía Eléctrica). Se privatizaron las obras construidas y operadas por las dos más grandes empresas públicas del sector AyEE S.E. e Hidronor S.A. De AyEE SE se privatizó o se transfirió a las provincias también la distribución.

Se trata de 13 concesiones que aportan hoy aproximadamente el 20% de la generación total en el ámbito del MEM, con una potencia instalada superior a los 10,8 GW, que entregan su energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). A partir de ese entonces se inició un proceso de reducción de la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética nacional que había llegado casi al 50% gracias a la construcción de importantes obras a partir de los años 60.

El proceso de privatización consistió en la creación previa de sociedades anónimas cuyo paquete accionario era vendido en licitación pública internacional y a las cuales se les adjudicaba una concesión para uso de las obras para generar hidroelectricidad por un lapso de, por lo general, treinta años. En una gran mayoría, las obras de AyEE SE e Hidronor fueron construidas y solventadas por el Estado Nacional, el que retuvo la propiedad de ellas en titularidad de la Secretaría de Energía de la Nación. Los contratos de concesión establecieron que, a la finalización de los períodos de vigencia, las obras debían ser reintegradas al Concedente (el propietario, es decir a la Secretaría
de Energía).

Las obras concesionadas a privados que totalizan 22 represas en 8 provincias del país, fueron las siguientes (agrupadas por contrato de concesión):

OBRAS DE AGUA Y ENERGÍA S.E

Nihuil I, II y III (Mendoza), río Atuel.
Agua del Toro – Los Reyunos – El Tigre (Mendoza), río Diamante.
Futaleufú (Chubut), río Futaleufú.
Florentino Ameghino (Chubut), río Chubut.
Cabra Corral – El Tunal (Salta), río Juramento.
Ullum (San Juan), río San Juan.
Río Hondo – Los Quiroga (Santiago del Estero), río Salí/Dulce.
El Cadillal – Escaba – Pueblo Viejo (Tucumán), ríos Salí, Marapa y Pueblo Viejo respectivamente.

OBRAS DE HIDRONOR S.A (Región Comahue, provincias de Neuquén y Río Negro). 

El Chocón-Arroyito, río Limay.
Planicie Banderita, río Neuquén.
Alicurá, río Limay.
Piedra del Águila, río Limay.
Pichi Picún Leufú, río Limay.

Algunas empresas concesionarias incluyen en su paquete accionario a gobiernos provinciales. Por ejemplo: Los Nihuiles (Mendoza 47%), Diamante (Mendoza 39%), Chocón (Neuquén 29,9%), Piedra del Águila (Neuquén 13%, Estado Nacional 26%), Futaleufú (Chubut 33,51%). En varios casos un 2% para la Propiedad Participada (trabajadores) establecidas en los contratos de concesión.

PRESA EL CHOCÓN (Fuente: el-chocon1.argentina.gob_.ar_.orsep_.jpg)

PRESA PIEDRA DEL ÁGUILA (Fuente:PiedradelAguila.Argentina.gob.ar)

LA PARTICULAR SITUACIÓN DE LAS OBRAS EN TUCUMÁN

Las obras hidroeléctricas concesionadas en Tucumán son:

• Presa de Escaba, con su Central Hidroeléctrica y su dique compensador Batiruana. Sobre el río Marapa. Terminada en 1948. Construida por la Nación (AyEE SE).
• Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, con sus diques derivadores sobre los ríos afluentes Los Reales y La Horqueta. Aprovechamiento denominado “de pasada” (sin embalse de acumulación). Construida por la Nación (AyEE SE). Habilitada en 1968.
• Central Hidroeléctrica El Cadillal, sobre el río Salí. Construida por la Provincia pero operada por AyEE SE desde el año 1966 de su puesta en servicio hasta el 1996 de inicio de la concesión. El hecho de haber sido construida por la provincia configura una situación particular, como veremos más adelante.

La concesión otorgada por la Nación en el año 1995 para las obras de AyEE SE en la provincia de Tucumán abarcó las tres mencionadas. Como acto previo se firmó un acta-acuerdo entre la Provincia y la Nación para conformar la Sociedad Anónima Hidroeléctrica de Tucumán con el fin de su privatización posterior, operación por la cual en licitación pública se adjudicó a un consorcio privado la concesión de explotación por treinta años que caduca el 26 de julio de 2026.

EL CONTEXTO NACIONAL – CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS

A fin de entender la situación, conviene analizar previamente el contexto nacional actual de las concesiones a priva-dos realizadas en los años 90.

En el corriente año 2023 se producen las primeras caducidades de contratos de concesión, que incluyen varias del Comahue (ex Hidronor SA). Ese primer conjunto representa el 67 % de la energía eléctrica producida por todas las centrales hidroeléctricas del país bajo concesión, a excepción de las binacionales Yaciretá (con Paraguay) y Salto Grande (con Uruguay). Obviamente es el conjunto más importante de centrales de generación hidroeléctrica concesionadas, lo que determinará probablemente los caminos que se terminen adoptando. Ello ha generado la necesidad de que el Estado Nacional defina el destino de esas obras. En principio, al haber sido inversiones realizadas por la Nación, son obras de su patrimonio y todo el país contribuyó a su realización. Las provincias en las que se radican recibieron regalías por el uso de sus aguas, recurso natural declarado de propiedad provincial desde la Reforma Constitucional de 1994, posterior a las Leyes 23696/1989 y 24.065/1991 ya mencionadas, que fueron el sustento jurídico de las privatizaciones, con varias modificaciones y derogaciones posteriores.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, conformó en marzo de 2022 el ETAHC (“Equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados”) que tiene como objetivo primario el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional (Resolución 130/2022 del 08/03/2022). El ETAHC se constituyó en mayo de 2022 conformando para ello un importante equipo de trabajo de profesionales de CAMMESA, ENARSA, el ENRE y el ORSEP y encargando específicamente una auditoría de las condiciones técnicas de los equipos de generación a ENARSA. Contaba con un plazo de un año para expedirse sobre las concesiones que vencen en 2023 y de dos años para las restantes (excepto las que vencen en 2029 y 2044). Para las que vencen este año 2023 (Chocón-Arroyito, Planicie Banderita y Alicura caducan el 11/08/2023 y Piedra del Águila el 29/12/2023), a la fecha de elaboración de esta nota (mayo/2023) se estaba casi al vencimiento y urgía la toma de decisiones. La tarea toma bastante tiempo ya que cada caso debe ser estudiado exhaustivamente mediante las auditorías referidas.

Además de la evaluación del ETAHC, es altamente conveniente hacer el balance global y particular de la experiencia que finaliza, evaluar los beneficios logrados y los aspectos fallidos o que no resultaron en un beneficio para el país. Ello es vital para evitar la reiteración de errores y tomar decisiones beneficiosas en materia de hidroenergía. El panorama del pasado es controversial. La inestabilidad del país a corto andar de las privatizaciones, llevó a distorsiones en la marcha de los contratos. Inestabilidad monetaria, caída de la convertibilidad, congelamiento de tarifas, sostenimiento en base a subsidios, etc. marcaron parte importante de los períodos de las concesiones. Tanto concesionarios como provincias reclaman por modificaciones sustanciales en los marcos regulatorios, deudas acumuladas, pérdidas de rentabilidad y de previsibilidad a causa de las políticas macroeconómicas del gobierno Nacional y de la inestabilidad institucional.

¿Cuáles son, en principio, las opciones posibles en juego al finalizar las concesiones? Los caminos a seguir pueden variar según la provincia donde se ubiquen los aprovechamientos concesionados. 

A.- Prórroga de contratos por 1 año. Para dar tiempo a que un nuevo gobierno y bajo mejores escenarios económicos e institucionales éste pueda tomar decisiones más adecuadas y convenientes para el país. Es la más lógica en virtud de la grave situación económica e institucional en que se encuentra la Argentina. La que se esperaba en virtud de la complicada situación del gobierno actual y el altamente probable cambio producto de las elecciones de octubre.

B.- Reversión total al Estado Nacional o a entes estatales mixtos Nación-Provincia. Explotación a cargo del Estado ya sea recreando empresas públicas según los modelos históricos anteriores a los 90 o contratando la operación y mantenimiento con empresas privadas.

Esta opción plantea la dificultad de tener que afrontar las inversiones iniciales necesarias en cada aprovechamiento para prolongar su vida útil, las que pueden ascender a montos muy elevados por renovación de equipos de generación y operación. El Estado está en situación muy desfavorable ante el escaso acceso al crédito internacional.

C.- Prórrogas de las concesiones actuales por períodos largos, bajo los contratos actuales o renegociados.

Es una opción a la que aspiran algunas concesionarias que obtuvieron buena rentabilidad a pesar de los vaivenes, modificaciones e incumplimientos del contrato por parte del Estado concedente. Algunas la consideran como resarcimiento ante las pérdidas producidas por esas contingencias perturbadoras de los contratos.

D.- Convocatorias para nuevas concesiones a empresas privadas bajo un nuevo régimen contractual de concesiones y exigencia de inversiones importantes para prolongar la vida útil de las obras.

OPINIONES DIVERSAS SOBRE EL CAMINO A SEGUIR

Ante la cercanía de las caducidades, las que llevan a la necesidad de definiciones importantes sobre política energética, se han suscitado diversas opiniones y posiciones sobre el tema. La polarización política existente en el país (la denominada “grieta”) también ya se manifiesta en el problema. Veamos algunos enfoques y aspectos que entran en juego y que son esgrimidos desde diversos ángulos, según los intereses en juego y las doctrinas ideológicas:

• Las provincias de Neuquén y Río Negro pretenden, al amparo de la reforma constitucional de 1994 que dio a las provincias la propiedad sobre sus recursos naturales, que al final de las concesiones en sus territorios las obras sean transferidas a sus jurisdicciones, para lo cual conformarían un ente interprovincial para continuar con la explotación de las obras. Obviamente, esa pretensión sólo puede ser avalada por ley del Congreso Nacional en la cual las restantes provincias acepten la transferencia en donación o con algún cargo y establezcan los condicionantes. Como mínimo, pretenden tener participación activa en el negocio y en las facultades de manejo de las aguas de los ríos Neuquén y Limay.

Transcribimos algunas opiniones relevantes divulgadas en medios de comunicación:

Según el portal +Energía
“El gobierno de la provincia de Neuquén elaboró un informe que contiene un análisis político y jurídico de las concesiones de las represas, cuyos contratos vencen. El informe indica que es necesario discutir el esquema normativo de generación de energía eléctrica, así como su interpretación, que genera controversias sobre el alcance de las atribuciones federales y provinciales. Así es que se propone repensar un marco regulatorio superador que contemple un mayor protagonismo a los estados provinciales en la gestión, administración y explotación de sus recursos naturales”.

Además, “Otro punto el conflicto con Nación es el cobro de las regalías, un impuesto equivalente al 12% del valor de la energía producida las concesionarias de las centrales hidroeléctricas en el mercado spot, que perciben las provincias a modo de compensación por los perjuicios que produce la utilización del agua. En los últimos años, con el precio de la energía eléctrica congelado por el Estado nacional, las condiciones del efectivo cobro de las regalías hidroeléctricas cambiaron, lo cual originó reclamos por parte de las provincias”.

Por otra parte, diversos medios de comunicación informaron que el senador neuquino Oscar Parrilli, del partido oficialista del gobierno nacional, presentó un proyecto que implica dar la operación y el mantenimiento de las centrales a ENARSA en forma directa, otorgándole el 51% del dominio de cada central. En su articulado señala que «ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través de acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan», aunque en otro apartado se señala la posibilidad de «incorporar la participación del capital privado».

• Una propuesta fundamentada la formuló el Ing. Jorge Lapeña, exSecretario de Energía (1986-1988), del gobierno de Raúl Alfonsín y presidente del Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi» (IAE). Sugirió en su trabajo de enero de 2021 “Propuesta de una Política Pública – Finalización de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas nacionales” los siguientes pasos, de los cuales sólo transcribimos los más significativos para nuestro análisis:

PASO 1: DIVIDIR EL CONJUNTO DE CENTRALES EN GRUPOS HOMOGÉNEOS
GRUPO 1: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL COMAHUE (aprox.4300 MW) integrado por las Centrales Hidroeléctricas: Chocón; Arroyito; Planicie Banderita; Alicurá y Piedra del Águila. 
GRUPO 2: CENTRAL HIDROELECTRICA FUTALEUFU 
GRUPO 3: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CUYO PODER CONCEDENTE ES PROVINCIAL.
GRUPO 4: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DADAS EN CONCESIÓN POR EL ESTADO NACIONAL en las
provincias argentinas que no pertenezcan a los Grupos 1 y 2.

PASO 3: REVERTIR AL CONCEDENTE LA CONCESIÓN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO RESPECTIVO DE  CADA CONTRATO.

PASO 5: DISEÑAR UN CONTRATO TIPO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LAS CENTRALES CON DURACIÓN DE 10 AÑOS. Los contratos serán remunerados con precios que surgirán de procesos licitatorios públicos y quienes sean elegidos deberán acreditar experiencia en la operación y mantenimiento de instalaciones similares a las del contrato respectivo.

PASO 6: CREACIÓN DE UNA AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLOS HIDROELÉCTRICOS. Su función será:
a) Administrar los Contratos de Servicios de cada central; b) Determinar el Costo total de Generación de cada central hidroeléctricas por períodos quinquenales; c) determinar las inversiones para cada central hidroeléctrica incluyendo las correspondiente a reemplazos de equipos para extensión de vida útil; d) gestionar créditos internacionales para financiar las obras del inciso c); e) realizar procesos licitatorios y adjudicación de dichas obras; f) Realizar estudios y proyectos de nuevas centrales hidroeléctricas. g) estar a cargo de la creación y administración del fondo fiduciario de desarrollo hidroeléctrico, integrado por las rentas provenientes de las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional y cuyo destino es la financiación de nuevas centrales hidroeléctricas.

Complementa su propuesta con el siguiente criterio:

“Si bien el universo de centrales hidroeléctricas a revertir puede ser numeroso, se sugiere concentrarse en realizar una “reversión inteligente” de solo aquellos casos de interés. Los casos de interés se concentran en solo una decena como máximo de las centrales existentes: esto es un conjunto de no más de 10 grandes centrales con una potencia total de unos 6500 MW correspondientes a las centrales pertenecientes a la Ex Empresa nacional Hidronor ubicados en la Región del Comahue y un conjunto de centrales de la ex empresa nacional Agua y Energía Eléctrica”. (Este criterio es de suponer que dejaría de lado las obras hidroeléctricas de AyEE SE en Tucumán, como veremos más adelante).

Por otra parte, en una entrevista concedida a el portal Energiaonline.com.ar el 29/07/21, manifestó que “Las represas tienen que volver al Estado Nacional, no a las provincias. Las provincias pueden tener participación, pero el dueño es el Estado Nacional como dice el contrato vigente. Es el Estado Nacional el único comitente que puede acometer las importantes obras que puedan ser necesarias para ampliar capacidad. Ninguna provincia ni ninguna empresa privada están en condiciones de acometer esa tarea”.

“Lapeña también distingue el ejemplo de Hidronor como faro a seguir y agrega el modelo de la central binacional de Salto Grande ubicada sobre el río Uruguay a la altura de la ciudad de Concordia. “Estamos en contra de la burocratización de las empresas del Estado, pero la experiencia nos muestra que la central de Salto Grande es sumamente eficiente y no tiene ningún vicio. Hay que repetir esas experiencias exitosas”.

“Para Lapeña, el principal beneficio de una gestión pública sería reducir los costos del sistema y conocer con mayor precisión cuánta energía hidroeléctrica se podría agregar en el país para revertir el sendero decreciente de las últimas tres décadas donde la participación hidráulica sobre la generación eléctrica bajo del 50% al 22%”.

Una posición en línea con lo anterior fue expuesta recientemente por el IAE en un documento aportado a la coalición “Juntos por el Cambio” con propuestas para el sector energético para el período 2023-2027 en caso de acceder al gobierno nacional (“IAE: Programa de Política Energética para el período 2023-2027”), del cual extraemos párrafos específicos que acometen el tema que tratamos.

4.5. Vencimiento de las concesiones de explotación de centrales hidroeléctricas otorgadas en 1993. A tal efecto se propone:
§ Prorrogar por un año la vigencia de los contratos de acuerdo a lo previsto en los contratos de concesión.
§ A partir de 2024 al término del plazo contractual prorrogado las centrales pertenecientes a la ex empresa Hidronor SA revertirán al estado nacional tal lo previsto en los contratos firmados en 1993.
§ Se fijarán con criterios técnicos un nuevo sistema de tarifario para la retribución de la energía generada por las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional, el nuevo sistema tarifario retribuirá la totalidad de los costos operativos y los costos de operación y mantenimiento de las centrales. Asimismo, deberá proveer los fondos para financiar la extensión de la vida útil de las instalaciones.
§ Luego el Estado Nacional podrá firmar contratos del tipo COM (operación y mantenimiento) con el sector
privado para cada una de las centrales.

• Según el portal Energiaonline.com.ar del 29/07/21, en el mismo sentido que Lapeña se expresó un grupo de profesionales de la ex Hidronor, quienes redactaron un documento con un análisis técnico con las mejores soluciones posibles para el futuro de la administración hidroeléctrica.

“No hay un sesgo político ni ideológico si es mejor la concesión privada o la concesión pública. Lo importante es el rol del Estado regulando las mismas adecuadamente y asegurando su correcta operación y recuperar la capacidad de volver a hacer aprovechamientos hidroeléctricos multipropósito, que se ha perdido desde los años noventa”.

Respecto al rol de las provincias, los ex Hidronor sostienen que “los activos se encuentran registrados bajo titularidad de la Nación y las obras fueron costeadas mediante recursos aportados por la totalidad de la Nación”. Por lo tanto, “que las provincias se hagan cargo significaría una verdadera donación que solo podría ser viable mediante la sanción de una ley nacional”.

“En lugar de ello, los expertos sugieren la creación de una empresa pública nacional que siga el ejemplo de lo que fue Hidronor -que siempre fue reconocida por su buena administración-, admitiéndose en calidad de socias a aquellas provincias que demostrasen interés y aportasen capital”.

“Debería ajustarse a determinadas premisas que garanticen su eficiente funcionamiento como un directorio calificado e independiente, una estructura empresarial inicialmente pequeña y que esté dotada de exenciones tributarias”, dicen.

“En tanto, los ex Hidronor son todavía más optimistas y consideran que el país podría construir nuevos embalses sin pedir fondos al Estado ni subsidios, sino usando adecuadamente la renta que producen las propias centrales actuales y, al mismo tiempo, comercializar la energía a precios asequibles para los sectores de menores ingresos cubriendo el porcentaje de consumo de la tarifa social”.

“El Estado Nacional podría obtener fondos propios genuinos, asignando con destino específico una porción porcentual de las ventas de energía de las centrales hidroeléctricas bajo una nueva concesión, a través de la creación de un nuevo canon. Los fondos deberían ser constituidos como un Patrimonio de Afectación y cuya correcta administración sería asegurada mediante un Fideicomiso”, proponen.

Para mejor información sobre esta propuesta se puede acceder al video de una exposición en panel realizada en el CAI (Centro Argentino de Ingenieros) el 08/09/2021 (ver enlace al final).

• Opinión de sector concesionario

(De artículo de Sofía Diamante, diario La Nación 15/03/22)
(En el sector concesionario)….. “indican que el Estado es el que no cumplió con el contrato de concesión, ya que en los últimos 30 años hubo momentos en los cuales se congelaron las tarifas que cobran estas empresas. Los privados hicieron una inversión importante para quedarse con la concesión, que se dio bajo un marco regulatorio que se modificó por completo y eso generó un pasivo regulatorio. Creemos que este pasivo regulatorio puede ser cancelado con una extensión de la concesión. Operar estas plantas requiere de capacitación técnica y de muchas inversiones para mantener las plantas disponibles, explicaron en una de las compañías”.
“Los contratos de concesión no tienen prórroga, pero tampoco está prohibido que con mutuo acuerdo se extienda la concesión”.

(Según el portal IProfesional de fecha 23/05/2022)
“…….. Las empresas hasta ahora no han dicho demasiado sobre la continuar con el negocio. La rentabilidad de los últimos años año ha sido prácticamente nula y con costos siempre en ascenso. Para continuar deberán ofrecerles algún incentivo muy atractivo, comentó a este medio un experto al tanto del proceso”.

• Opinión de sectores estatistas

Si bien hay matices entre diversas fuentes, son globalmente coincidentes con la idea de los sectores kirchneristas/La Cámpora del oficialismo, es decir en un retorno total al Estado y su posterior explotación a cargo de éste. Hay opiniones similares desde otros ángulos sectoriales (por ejemplo la del Ing. Lapeña del IAE, antes referida y la del grupo de profesionales ex Hidronor), pero la diferencia reside básicamente en que en estos últimos no se descarta la participación privada, aunque limitada a contratos de operación y mantenimiento, manteniendo la potestad de explotación y las inversiones en manos del Estado basadas en la creación de fideicomiso con la renta de la venta de energía.

Diversas fuentes consultadas por medios periodísticos indicaron que también se evalúa que el Estado quede con el control de las hidroeléctricas, pero la operación siga en manos de las compañías privadas.

Fuera de la predilección doctrinaria de preeminencia de lo estatal sobre la privado, se esgrimen algunos argumentos debatibles:

* En todos estos años, la renta hidroeléctrica no redundó en inversiones de peso en torno a fuentes energéticas que posibilitaran diversificar la matriz nacional, tampoco en el crecimiento de nuevas centrales hidroeléctricas. (En realidad esos objetivos no fueron planteados en las motivaciones ni los fundamentos de las concesiones noventistas y, además, las perturbaciones ocurridas en el devenir de ellas inhibieron toda posibilidad en esa dirección).
* El Estado invirtió importantes montos en la construcción de las centrales, cuya concesión los privados se hicieron por montos mucho menores, pagando parte del canon con bonos devaluados de la deuda argentina y explotaron apropiándose de la renta.
* Las infraestructuras hidráulicas se hallan en territorios provinciales, los recursos hídricos son interprovinciales y las obras fueron inversiones de la Nación. Ello implica que un eventual retorno al Estado impone una gestión que contemple las necesidades y derechos de cada nivel de gobierno.
* La estatización se presenta como un modo de retomar una necesidad estratégica de planificación energética abordada por el Estado y el sector público social, hecho que en la Argentina es de por sí débil.

En la resolución del destino de las concesiones hay diversos aspectos que determinan los caminos posibles. En primer lugar, la Reforma Constitucional de 1994 estableció en el Artículo 124 el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales situados en sus territorios. No obstante, la Ley 15.336/60 (de Energía eléctrica), en su artículo 5º establece que “La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes…….”. Ello habilitaría, a juicio de algunos juristas, la discusión sobre quien debe tomar las decisiones al caducar las concesiones de explotación de la energía”.

Desde fines del año 2022 y en el actual 2023, diversos sectores manifestaron ya sus propuestas, que van desde la reestatización total o la continuación de concesiones privadas hasta, como mínimo, una prórroga de un año para dar mayor tiempo para la resolución de las concesiones, dando tiempo suficiente para su evaluación. La probabilidad de cambio de rumbo a partir del nuevo gobierno para el período 2023-2027 llevará a debates fuertes hoy de hecho postergados en el ámbito político por las turbulencias del año electoral, teñido por los graves problemas económicos y sociales que sacuden al país.

A fines de mayo un grupo de exsecretarios de Energía, compuesto por los exfuncionarios Emilio Apud, Julio C. Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco, se manifestaron en el sentido de recomendar que se prorrogue la concesión por un año, para darle tiempo a la próxima administración para analizar la situación. Asimismo, cuestionaron la intención de incorporar las centrales del Comahue que vencen a los activos de Enarsa y con participación de los gobiernos provinciales, puesto que “…esta decisión es inconducente e inconsistente, ya que Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas. Tampoco reúne la experiencia para operar ni para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita” (diario La Nación del 23/05/2023).

La circunstancia en que se presenta esta necesaria toma de decisiones es particularmente desfavorable para optar por un camino que priorice el interés nacional. La debilidad del gobierno actual frente a la crisis económica a la que se llegó y del próximo que la heredará, establece fuertes condicionantes. 

La estructura del sector energético posterior al proceso de privatización concretado en la década de los 90, según algunos analistas en algunos casos ha conducido a ciertos oligopolios, con tolerancia del Estado, en determinadas etapas desde la privatización. Ello genera presiones importantes para la toma de decisiones direccionadas a la preservación de esas situaciones de privilegio e inequidades.

La continuidad de la explotación en la mayoría de los aprovechamientos concesionados plantea requerimientos de fuertes inversiones en la renovación de equipamientos e instalaciones, para asegurar la prolongación de la vida útil de las obras. Ellas deben ser informadas por el ETAHC a fin de contar con una base diagnóstica para las decisiones. Tanto el Estado Nacional como los provinciales están fuertemente limitados en su capacidad de gestionar financiamiento internacional a esos fines. La deuda externa argentina, su permanente renegociación, la falta de cumplimiento de los contratos, la inestabilidad monetaria, la escasez de divisas, etc. limitan fuertemente la capacidad del Estado Argentino para planificar la expansión del sistema energético con obras hidráulicas, que requieren altas inversiones y amortizaciones largas, lo contrario de las obras termoeléctricas a combustibles fósiles, de menores inversiones aunque de mayores costos operativos (por el costo de los combustibles).

En varios casos las provincias no cuentan con organismos técnicamente capaces de afrontar a corto plazo los desafíos de hacerse cargo de la operación y mantenimiento de las obras.

La expansión de la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética argentina, deseable desde el punto de vista del incremento de las energías renovables, se topa también con eventuales conflictos ambientales, los que en el país pueden llegar a inhibir o menoscabar nuevos aprovechamientos, judicializables por sectores ambientalistas. Sirva como caso ilustrativo el de las represas sobre el río Santa Cruz, actualmente en construcción (Néstor Kirchner-ex Condor Cliff y Jorge Cepernic-ex La Barrancosa). Estos emprendimientos sufrieron demoras y modificaciones por causa de fuertes presiones ambientalistas (aunque también por causas económicas).

En el conjunto de recursos hídricos de la Argentina, en todas las cuencas desde su extremo norte al sur, las cuencas patagónicas y del Comahue son las que tendrían un menor impacto ambiental, comparadas con las cuencas cuyanas, del Centro y del norte del país. Ello es debido al carácter árido o semiárido del territorio, con lo que el uso compartido del agua está limitado a zonas restringidas de regadío como el Alto Valle del Río Negro, el Valle del Río Chubut, etc. Los impactos más significativos pueden darse en las cuencas altas occidentales precordilleranas, con ambientes boscosos de gran valor paisajístico. En las provincias cuyanas, centrales y norte del país, los usos competitivos del agua, la alta densidad de áreas urbanas, la extensión de los suelos aptos para la agricultura y las potenciales radicaciones industriales imponen condicionantes de mayor significación. Los grandes ríos mesopotámicos (Paraná y Uruguay) son los de mayor riqueza hídrica, pero de mayor susceptibilidad ambiental.

El tema está abierto y la discusión alrededor de él se da un momento poco oportuno de la realidad nacional, en un año con muy fuertes condicionantes producto de la grave situación económica que introduce agudas incertidumbres sobre el futuro y la contienda por el poder en un año electoral. De allí qué, en los primeros meses del año 2023, se consideraba como muy probable que las decisiones se postergarían para una circunstancia con mayor claridad al menos en el plano político de gobierno, mediante prórrogas cortas de contratos.

No obstante, sorpresivamente, se produjo un hecho impactante informado por los medios nacionales y locales. Reproducimos la extraída del Diario Río Negro del 20/04/23.

“a menos de cuatro meses de que comiencen a vencer las concesiones de operación de las cinco represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, el gobierno nacional sorprendió casi como un baldazo de agua fría al no solo anunciar que no extenderá los contratos que están en manos privadas, sino que los dejará vencer y será el mismo Estado nacional el que se haga cargo de la operación de hidroeléctricas”. El anuncio fue dado a conocer el 19/04/23 por la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien detalló a la prensa que se creó “una mesa de negociación con las provincias principalmente para tratar el tema de las concesiones hidroeléctricas para que las concesiones vuelvan al Estado nacional pero trabajando con las provincias”.

“Pero además de esto, desde Nación revelaron que la decisión del gobierno es, en estos días, que sea el mismo Estado el que se encargue de la operación de las represas a medida que vayan venciendo”.

“”Consultados sobre a partir de qué empresa del Estado se realizaría la operación de las centrales hidroeléctricas …, las fuentes nacionales indicaron que ese es un tema que aún no está definido y reiteraron que “estamos trabajando muy intensamente para definirlo porque sabemos que vencen en agosto””.

A la sazón aún no había trascendido en los medios de comunicación algún informe del ETAHC expidiéndose al respecto.

Esa decisión fue sorpresiva para los gobiernos de Neuquén y Río Negro que pretenden que los aprovechamientos del Comahue sean transferidos a esas provincias o, cuanto menos, participar directamente en la explotación de ellos en conjunto con la Nación. En un marco de rispideces con la Nación hasta se ha planteado la posibilidad de judicializar el reclamo.

Prácticamente en forma simultánea, en los meses de abril y mayo, el país se vio envuelto en una crisis económica con una aceleración de la inflación, disparada de la cotización del dólar en el mercado cambiario, como producto de las fuertes tensiones inflacionarias y la escasez de divisas. Se plantean serios interrogantes sobre el final de la crisis y sobre la factibilidad de que en ese marco político tan complejo del país aquel objetivo pudiere llegar a concretarse, en particular ante un muy probable cambio de signo político del gobierno nacional y la complejidad de efectivización de una retoma gubernamental de la operación de las obras en cuestión.

El portal Econojournal (https://econojournal.com.ar/), especializado en información sobre minería, energía y economía  en su publicación del 08/05/2023 informó sobre cuál sería el principal punto de conflicto entre Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro. Al respecto, sintetiza que:

“Economía pretende que Enarsa cree una subsidiaria —cuyo capital accionario podría estar integrado también por provincias y empresas privadas— que tomará el control de las centrales hidroeléctricas a medida que empiecen a expirar las concesiones vigentes, a partir de agosto. La discusión entre Nación y las gobernaciones de Neuquén y Río Negro no pasa tanto por quien se quedará con la propiedad de los activos, sino por cuál será la renta futura del negocio hidroeléctrico. Las provincias quieren mejorar el precio de venta de la electricidad, algo inconveniente para el Estado nacional”.

“Las provincias están mucho más interesadas en discutir la distribución de la futura renta de las represas que la participación accionaria de las mismas. Ese el punto nodal de la discusión aún no articulada entre la Nación y las provincias. El punto de partida de esa agenda no es alentador para las provincias: desde la óptica del Estado nacional, la inversión que demandó la construcción de las centrales hidroeléctricas ya fue amortizada. De hecho, la energía que hoy genera el complejo del Comahue está pesificada y se remunera bajo un esquema de ‘costo plus’ que debería cubrir los costos de operación y mantenimiento (O&M) más una pequeña rentabilidad. ‘Debería’ porque, en rigor, lo que viene pasando desde hace tres años es que el monto en pesos que paga Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), queda desactualizado de manera permanente por la inflación y el gobierno se demora meses en aumentar ese valor”.

Hemos sintetizado hasta aquí las diversas opiniones que salen a la luz frente al destino de las concesiones. Quien esto escribe piensa que, a esta altura de un final de mandato de un gobierno en crisis, con alta probabilidad de ser sustituido por otra corriente política, aún con divergencias internas, es muy aventurado suponer que el camino que repentinamente se propuso pueda llegar a concretarse en su integridad y, en la eventualidad de ocurrir eso, no es seguro que tenga continuidad o no sea modificado por el nuevo gobierno.

El proceso que sobrevendrá a la caducidad de las concesiones se desarrollará en un contexto altamente problemático e inestable del país en crisis. Difícilmente se produzca una resolución definitiva en circunstancias de enfrentamientos políticos que vaticinan un probable cambio de gobierno que puede producir posteriores marchas en reversa. A esta altura de los acontecimientos, no amerita especular al respecto para sacar conclusiones aplicables al tema que nos ocupa, que se refiere solamente al destino de las obras concesionadas en la provincia de Tucumán. En la actualidad, las discusiones sólo tienen en cuenta los intereses de las provincias involucradas del Comahue, geografía donde se produce la mayor parte de la energía hidroeléctrica concesionada. Por ello, a tres meses de elecciones, con el país sumergido en incertidumbres sobre su futuro, a pesar de que se conocieron algunas decisiones del Gobierno Nacional, quedamos a la espera de los acontecimientos para evaluarlos.

Este articulista tiene frente al tema de las concesiones nacionales una opinión relativamente formada, no exenta de profundas incertidumbres emergentes de las experiencias de los treinta años transcurridos. Estima que la mejor opción para el país, cualquiera fuere la que se adopte, encontrará muy serias dificultades para lograr éxito en un plazo razonable, en virtud de que la inestabilidad económica e institucional y los niveles de corrupción explícitos o sospechados en la relación entre el Estado y los grupos lobbystas empresariales privados, y los políticos mismos, infestaron todo el sistema económico y social, estableciendo condicionantes atenazadores para cualquier política en la materia. Se suma también la falta de garantías que brinda la Justicia en la resolución equitativa de potenciales disputas que contaminan todas las opciones. Aún en el caso de estatización total, los vicios que se han instaurado en las estructuras estatales desde la restauración de la democracia no aseguran una administración eficiente, luego de varias décadas en que fueron utilizadas como usinas de empleo público sin la menor pretensión de calidad ni eficiencia. En la medida de que no haya a nivel de gobierno nacional una fuerte convicción política con objetivos
claros favorables a un genuino interés nacional, la opción elegida adolecerá de debilidades e inestabilidades que menoscabarán sus probabilidades de éxito.

De todos modos, carece de interés que quien escribe emita acá opinión sobre el destino recomendable para las concesiones. Considera que para el caso de la provincia de Tucumán los caminos serán propios por las singularidades que en ella se dan. Sólo pretende exponer algunos aspectos que, a su juicio, deberían ser tenidos en consideración en lo que respecta a los intereses de la provincia y que se desarrollan a continuación.

LA SITUACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS EN TUCUMÁN DENTRO DE LA CONCESIÓN HIDROELÉCTRICA ACTUAL Y EN PARTICULAR EL CADILLAL

La concesión de Hidroeléctrica de Tucumán SA vence el 30/07/2026. Como ya se dijo, comprende las centrales hidroeléctricas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. La Provincia tiene tres años para evaluar el camino a seguir. La decisión quedará en responsabilidad del próximo gobierno que surgirá de las elecciones de mayo de 2023. Si bien el país se encuentra sumergido en una profunda crisis económica y política, nada hace suponer que en Tucumán pueda darse algún cambio en la estructura del poder político, previéndose la continuidad del peronismo en el Gobierno y dada la falta de estrategias de futuro tanto en el oficialismo como en la oposición. No obstante, hay elementos de juicio que hacen presumir la fuerte influencia que tendrán las decisiones a nivel nacional, las que se seguramente se tomarán determinadas por los contratos de concesión de explotación de obras de gran envergadura y de mucha mayor incidencia en el sistema energético del país que las concesionadas en Tucumán.

Conviene, a fin de contar con una idea de las magnitudes en juego, tener en cuenta la significación de cada uno de los aprovechamientos mencionados de la provincia de Tucumán.

Se aprecia que todas las obras han superado lo que normalmente se considera un período de amortización económica (50 años).

Una cuestión es determinante: la envergadura que tienen los aprovechamientos hidroeléctricos de Tucumán en relación con el mercado que abastecen. Si se tiene en consideración que el total de energía consumida en la provincia de Tucumán es actualmente de alrededor de 3100 Gwh-año y en la región NOA 10.700 Gwh-año, siempre crecientes, resulta que todo el aporte que aquellos efectúan actualmente es el 5% del consumo de la provincia y el 1,5% de la región. Referido al total del consumo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) es apenas un 0,1%, y el 0,9% del total de energía hidroeléctrica del país (sin Yaciretá ni Salto Grande). Es decir, una participación muy reducida, prácticamente insignificante.

Presa de embalse El Cadillal-Conjunto de obras (Fuente: Google Earth)

En síntesis, estamos en una situación en la cual el aporte total de las obras hidroeléctricas de Tucumán es muy bajo frente al consumo de energía eléctrica del país, de la región NOA y de la provincia misma. En esa situación es de suponer que a nivel nacional poco será tenida en cuenta esta provincia para incidir en los rumbos de las concesiones y en la estrategia de política energética nacional. Al respecto, recordar la opinión autorizada del Ing Lapeña al sugerir, razonablemente, “concentrarse en realizar una ‘reversión inteligente’ de solo aquellos casos de interés, los que se concentran en solo una decena como máximo de las centrales existentes” (las mayores).

Por otra parte, dada la antigüedad de todas las obras, para prolongar su vida útil, si se justificare, requerirán inversiones significativas para la renovación de equipamientos hidro-electro-mecánicos (turbinas, alternadores, transformadores, sistemas de maniobras, etc.) las que pueden ser en ciertos casos de escasa rentabilidad. Ello implicaría qué, para amortizarlas, los períodos de extensión de nuevas concesiones no podrían ser muy cortos y probablemente sea escaso el interés del sector privado.

La Provincia deberá tener participación en el ETAHC como autoridad local para el contrato de HT en virtud del artículo 8 de la Resol. 130/2022 ya mencionada (“….. Invítese al ORSEP y a las autoridades de aplicación de cada aprovechamiento hidroeléctrico en materia de Manejo a Aguas y Protección del Ambiente a designar UN (1) representante a los efectos de formar parte del ETAHC”). Hasta fines de mayo tal invitación aún no se había concretado, quizás por contar con amplio margen de tiempo y no ser prioritaria frente a los vencimientos del Comahue.

Presa de Escaba (Fuente: escaba.orsep_.registro-presas)

El tema de generación de energía pasó a ser, en el caso de Tucumán, un tema secundario frente a las necesidades de agua para población, industrias y regadío. Por otra parte, dado que la incidencia de esas tres centrales hidroeléctricas es ínfima, tanto a nivel provincial como regional y nacional (SADI), no sería de extrañar que la Nación esté dispuesta a donar a la provincia las obras de Escaba y Pueblo Viejo, ya amortizadas. Ello pone al Gobierno de Tucumán ante la obligación de afrontar la operación total de las obras cuya concesión caducará.

El eventual interés del capital privado es dudoso ante el panorama descrito. En particular, en el caso de El Cadillal, el decaimiento de la capacidad de regulación del embalse por la acumulación de sedimentos en su vaso, reduce la garantía de generación de energía (así como de los abastecimientos a industrias y regadío).

Aprovechamiento Pueblo Viejo (Fuente: obra_de_toma_los_reales.Registro-Orsep)

Aprovechamiento Pueblo Viejo – Toma sobre el río La Horqueta (Foto Daniel-E.-Juarez.)

¿Cuál es entonces el interés genuino de Tucumán en las obras cuya concesión caduca?

Un aspecto determinante a tener en cuenta es que, del conjunto de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados a HT, el Cadillal muestra una situación diferenciada, como ya se dijo, porque fue ejecutada por la provincia. Escaba y Pueblo Viejo, en cambio fueron inversiones del Estado Nacional.

El complejo El Cadillal fue concebido para abastecer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, abastecer de agua a industrias azucareras y al área de regadío bajo su influencia. La energía eléctrica siempre fue un subproducto: el agua descargada para esos usos pasa previamente por las turbinas de la Central Hidroeléctrica. Sólo se turbina en exceso de las necesidades de los usuarios agua abajo cuando hay excedentes de agua en el embalse. En síntesis, el rol principal de esta obra es para satisfacer los usos consuntivos mencionados.

En cuanto al embalse de Escaba, el interés de Tucumán reside en su utilidad para abastecer agua para regadío e industrias y para protección contra inundaciones. El aprovechamiento Pueblo Viejo sólo brinda energía eléctrica y, como vimos, en una cuantía muy pequeña para el mercado eléctrico, por lo que su continuidad merecerá un análisis sobre su conveniencia.

Otros potenciales aprovechamientos hidroeléctricos en la provincia, como el conocido proyecto Potrero del Clavillo, aun siendo de mucho mayor envergadura que los ya existentes, es de discutible conveniencia, y este articulista ya expuso su opinión en este blog (ver “Potrero del Clavillo: Una decisión improvisada-Consideraciones sobre su adopción en el Plan Belgrano”, 16/09/2016).

Como estrategia de políticas futuras, es opinión de quien escribe que los recursos hídricos de la provincia deben ser aplicados a las necesidades de su desarrollo económico y social (población, agricultura e industrias), más importantes que para desarrollar su potencial energético, que antaño se consideró significativo pero que el crecimiento socioeconómico desde mitad del siglo pasado lo dejó atrás.

Cabe el siguiente interrogante:

¿Es posible y conveniente prorrogar el contrato de concesión actual a su vencimiento o generar
una nueva concesión?

En primer lugar, deberá seguramente resolverse el incumplimiento de HT en reparar la PL-3 a su costo. El Gobierno Provincial está afrontando esa tarea por razones de urgencia y ya expuso su intención de exigir a la Concesionaria el reintegro de los montos erogados en la reparación.

En segundo lugar, de la evaluación técnica que realice el ETAHC surgirán las necesarias inversiones y su cuantía para dar continuidad operativa a la Central Hidroeléctrica por un mediano o largo plazo. Ello será determinante para definir la ecuación económica de una nueva concesión. Tales inversiones y los costos operativos y de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo deberían resultar debidamente justificables.

En tercer lugar, importa el eventual interés de la Concesionaria actual en una prórroga de corto, mediano o largo plazo. El rol asignado por CAMMESA a Escaba y El Cadillal ya es meramente de reserva. Luego de la experiencia de la presa PL-3 en El Cadillal, no cabe dudas que el riesgo de que aparezcan futuros fenómenos que obliguen a reparaciones costosas, a cargo de la Concesionaria según el contrato vigente, desalentaría a ésta de afrontar el riesgo en un nuevo período de operación, salvo que el Concedente estableciere un nuevo criterio contractual para encarar equitativamente esas eventuales situaciones.

Es poco probable, por lo hasta aquí dicho, que la Secretaría de Energía tenga interés en continuar la explotación de los aprovechamientos en Tucumán. Ello también dependerá de la estrategia que el gobierno Nacional adopte a partir del año 2023, seguramente determinada más por las grandes concesiones del Comahue y Cuyo que por las restantes pequeñas. Para el caso de una estatización por retorno al Concedente, la S.A. Hidroeléctrica de Tucumán integrada por Secretaría de Energía y la Provincia, que tiene una duración de 99 años (hasta el 2094), debería hacerse cargo de la explotación de las obras, pero no tiene una estructura para ese fin y tendría que adecuarse previamente a ese fin, además de afrontar las inversiones que surjan como necesarias.

En caso de no concretarse las intenciones de prorrogar la concesión o de generar una nueva, la Provincia deberá hacerse cargo de la operación de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo en su integralidad. La Nación reconoció la propiedad de El Cadillal al constituirse la S. A. Hidroeléctrica de Tucumán, con la firma de un Acta-acuerdo el 28/03/1995 entre la Nación y la Provincia (Gobernación Ortega) ratificada por la Ley provincial 6741 del 07/03/96 (gobernación Bussi) y el Decreto Nacional 463/95 (presidencia Menem).

Cabe entonces preguntarse si la Provincia está en condiciones para afrontar ese objetivo con los organismos del agua actuales. Quién esto escribe evalúa que no lo está, pero podría estarlo. Hay tres años para que se encare un necesario proceso de reorganización de esas herramientas del Estado provincial para la gestión de los recursos hídricos que involucren su fortalecimiento y unidad de planificación. Si bien la Dirección Provincial del Agua afrontó en la década de los 80 (antes de la concesión) algunas reparaciones importantes por contrato en El Cadillal, hoy no cuenta con un departamento de presas con capacidades actualizadas para afrontar todos los aspectos inherentes a la operación y mantenimiento de ese tipo de obra. El tema adquiere mayor envergadura si a El Cadillal se le agregan la presa de Escaba y la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo.

En efecto, la presa de Escaba fue construida hace más de 70 años para generar energía, brindar agua para riego y para proteger contra las inundaciones agua abajo de ella, en la llanura tucumana. Actualmente su rol de generadora de energía se ha empequeñecido en grado sumo, no sólo porque su aporte al SADI se ha tornado insignificante sino porque ni siquiera funciona a su plena potencia, ya que un equipo turbo-alternador de los tres originales no opera desde el año 1994 por una falla grave (hoy cumple una función complementaria en el sistema eléctrico). Finalmente, Pueblo Viejo sólo genera energía, no acumula agua y no presta otro servicio. El costo de su mantenimiento es elevado por la permanente destrucción que las crecidas de los ríos de montaña captados (Los Reales y La Horquetas) ocasionan a los azudes derivadores. Es altamente probable que, al final de la concesión el Estado nacional (Secretaría de Energía) no esté interesado en ambos aprovechamientos y se los ceda a la Provincia en donación.

Entonces, a partir del 27/julio/2026 la Provincia deberá hacerse cargo de estos tres aprovechamientos y definir qué hacer con sus componentes hidroeléctricos.

Es importante que, además de las evaluaciones técnicas que realice el ETAHC, dentro del cual la Provincia debe involucrarse y participar, se encare a corto plazo la evaluación de los caminos a seguir, con todas sus implicancias.

El tema está planteado. No sólo para el próximo Gobierno provincial sino también para todos los sectores que deben involucrarse en una política pública clave para el futuro de la provincia: el uso de sus recursos hídricos. A juicio de quien escribe es tiempo ya de debatir una visión estratégica sobre el aprovechamiento de ese capital clave de su naturaleza para el crecimiento y desarrollo.

ES IMPORTANTE ADOPTAR UNA NUEVA VISIÓN ESTRATÉGICA

La Provincia de Tucumán debería dejar de interesarse en proyectos hidro-energéticos concebidos en el siglo pasado, como, por ejemplo, Potrero del Clavillo, el mayor de todos, que fueron promovidos ilusoriamente hasta el año 2017. Estos ya perdieron su oportunidad histórica y quedaron fuera de escala para la demanda del mercado eléctrico tanto provincial como regional y el SADI (hoy Potrero del Clavillo aportaría menos de un 10% del consumo actual de la provincia).

El crecimiento eléctrico futuro de Tucumán se sustentará en los aportes del Sistema Nacional y no en su propio potencial hidroeléctrico, que ya quedó rezagado totalmente por el crecimiento histórico de la población y el sistema productivo. Las obras hidráulicas para aprovechamiento de los ríos de la provincia deben ser destinadas al crecimiento y desarrollo basado en la industria, el regadío agrícola y el abastecimiento a la población. Toda obra nueva debería apuntar en esa dirección. La Nación no priorizará en su planificación (de haberla) obras hidroenergéticas en Tucumán, por su irrelevancia en magnitud y por lo poco competitivas en relación a las de otras regiones del país.

El hecho de que las obras hidráulicas más importantes de Tucumán, como Escaba y Pueblo Viejo, las ejecutara, operara y mantuviera la Nación (por medio de AyE SE y luego por HT), le permitió a la Provincia la cómoda situación de solamente administrar la distribución del agua para los usuarios sin hacerse cargo de los costos de operación y mantenimiento, solventados por la energía generada y a cargo de la Nación o el Concesionario. Esa administración se hace a través de la “Comisión de Embalse y Desembalse de los diques Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo” (CED). Si la Nación cede a Tucumán las obras de su propiedad, la Provincia deberá hacerse cargo de las inversiones necesarias y del costo total de operación y mantenimiento de ellas.

De la evaluación técnica y económica que realice el ETAHC surgirá el estado de las instalaciones y las obras y las necesidades de inversiones para prolongar su vida útil. Si de la evaluación económica de la explotación de la energía hidroeléctrica surgiere una rentabilidad razonable, a la provincia se le presentaría una oportunidad para afrontar una política de crecimiento productivo y social a partir de la explotación de sus recursos hídricos. Obviamente ello estaría ligado a la política energética del Estado Nacional por el régimen tarifario del SADI, tan distorsionado durante el régimen de las privatizaciones y a la espera de correcciones inevitables para la economía del país.

La posibilidad de que la provincia pudiere aprovechar la renta hidroeléctrica requiere una decisión política firme y la creación de instrumentos institucionales acordes, para evitar desvíos y vicios frecuentes en la administración del Estado. Debería pensarse en la creación de una empresa provincial con el fin específico de explotación de esas obras y la constitución de un fideicomiso que asegure el destino de los ingresos generados por la hidroenergía. La empresa debería tener un régimen laboral y administrativo específico por ley. Sus ingresos, además de aplicarse a los costos de operación y mantenimiento y las inversiones necesarias, deberían ser destinados a afrontar inversiones en diversas obras de mejoramiento de las redes públicas de distribución de agua para riego e industrias y, eventualmente, a nuevos aprovechamientos hídricos.

La rentabilidad de la explotación de las obras, además de lo dependiente de la comercialización de la energía en el SADI, debe asegurarse con una eficiente gestión empresarial y organizativa, evitando que la empresa provincial sea utilizada como mera fuente de empleo público y con fines político-clientelares, como los que caracterizan hoy al Estado provincial.

De no resultar rentable o autosustentable la explotación de la hidroelectricidad de las obras, debe tenerse en cuanta que solamente Pueblo Viejo es un aprovechamiento que puede clausurarse, ya que su único fin es la generación de energía. Tanto Escaba como El Cadillal, con sus embalses, deberán seguir prestando servicio como reguladores de los ríos, protectores contra inundaciones y abastecedores de agua para población, riego e industrias. Por lo tanto, la Provincia deberá asumir el costo total de su operación y mantenimiento.

Tucumán, mayo de 2023

ENLACES SUGERIDOS

Tema: “Concesiones Hidroeléctricas- Desafíos, oportunidades y propuestas ante su finalización”
Video de conferencia por Zoom de Panel de Grupo de profesionales Ex Hidronor SA. CAI (CentroArgentino de Ingenieros). Especial interés desde tiempo 1:05.
https://econojournal.com.ar/2023/05/crearan-una-nueva-empresa-para-gestionar-las-represas-del-comahue-cual-es-el-principal-punto-de-conflicto-entre-nacion-y-las-provincias/?noamp=available

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Lapeña, Jorge (2021). Publicación IAE Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi.“Finalización de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas nacionales – Propuesta de una Política Pública”. Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi (21/03/2023): “Programa de Política Energética para el período 2023-2027”
https://www.iae.org.ar/2023/03/21/un-programa-de-politica-energetica-para-el-periodo-2023-2027/

Para descargar una versión en pdf ingrear a esta url: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/EL-CADILLAL-ESCABA-Y-PUEBLO-VIEJO-DESTINO-INCIERTO.pdf

La entrada El Cadillal, Escaba y Pueblo viejo (Tucumán, Argentina) destino incierto se publicó primero en Problemas del agua.

Los problemas del agua en la provincia de Tucumán, Argentina, se fueron acumulando en las últimas décadas, como producto del crecimiento demográfico y del sistema productivo, sin acompañamiento de políticas públicas ni obras de infraestructura suficientes y adecuadas. La falta de respuestas por parte de los organismos públicos prestadores de servicios y del gobierno mismo a los graves problemas emergentes ha llevado a la población a un nivel que bien podría reconocerse como de exasperación, ya que no se dan soluciones ni se muestra contar con claras ideas sobre el rumbo a tomar, menos con un esbozo de planificación a corto, mediano y largo plazo.

El reconocimiento reciente por parte de la máxima autoridad de la SAT (Sociedad Aguas del Tucumán, prestadora de los servicios públicos de agua y cloacas en la mayor parte de la provincia), de su estado de incapacidad basado en la falta de recursos económicos para afrontar básicamente el mantenimiento de las redes, menos aún su expansión, desnudó el resultado de muchos años de falta de políticas de Estado sobre aspectos del agua básicos y vitales para la población, como lo son el agua potable, el saneamiento cloacal y la protección contra inundaciones.

La sociedad, globalmente, sobrelleva los problemas en diverso grado, pero más agudamente los sectores más vulnerables. Pero los sectores políticos y gubernamentales con responsabilidad en la formulación de estrategias y de soluciones, sólo atinan a reconocer la existencia de problemas pero carecen de ideas y de decisión de afrontarlos. El tiempo pasa, los problemas aumentan y se manifiestan cada vez con mayor virulencia, y los sectores políticos navegan en la incertidumbre y la indecisión. De allí el interrogante que planteamos: ¿atrapados sin salida?

Veremos en el siguiente análisis que las dificultades para afrontar los problemas van más allá de lo económico. Con la configuración del Estado provincial y sus organismos del agua actuales, un flujo de fondos adecuado no garantiza la solución de los problemas. Para asegurar buenos resultados se requieren transformaciones importantes que ningún sector político, ni del poder ni de la oposición, se proponen siquiera debatir.

Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.
Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés

Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante
es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco.
Jaume Perich: Escritor, dibujante y humorista español popularmente conocido como «el Perich».

Cuando los hombres honrados se van a su casa, los pillos entran en la de gobierno.
Domingo Faustino Sarmiento

PROBLEMAS DEL AGUA EN TUCUMÁN – ¿ATRAPADOS SIN SALIDA?

A la luz de la evolución de los problemas del agua en Tucumán en el último medio siglo, pareciera que nunca tendrán solución o que no se resolverán al ritmo de los que se van generando por el crecimiento demográfico y del sistema productivo. No porque sean técnicamente imposibles de resolver (a veces ello ocurre), sino porque la sociedad, sus instituciones y el sistema productivo han llegado a una situación de total incapacidad para afrontar sus crecientes y agudos problemas, al menos en una perspectiva de tiempo razonable, por ejemplo en las próximas dos a tres décadas. Lo dramático es que la mayor parte de la sociedad y de los tomadores de decisiones no tiene conciencia de sus limitaciones y se debate entre reclamos sociales y promesas de soluciones que no llegarán.

¿Cuáles son los principales problemas del agua en la provincia? Enunciamos los más imperiosos, no todos. Suficiente para exponer el estigma a que se enfrenta la sociedad, ya que exhiben las causas y los resultados de la elocuente incapacidad de quienes desenvolvieron la provincia en su tramo de historia más sustancial: los últimos sesenta, setenta años.

Los más graves y urgentes problemas del agua son los servicios de saneamiento para la población (agua potable y cloacas) y las inundaciones. Dejamos a un lado otros aspectos muy importantes como el abastecimiento para la producción agrícola e industrial y los problemas de contaminación de las aguas, que hacen al desarrollo económico y a la calidad ambiental, si alguna vez se quisiere buscarlos seriamente, como estrategia política.

En la base: Tucumán es una provincia pobre, decididamente pobre. Más allá de las estadísticas económicas, la sola observación de su geografía muestra la abundancia de las carencias y de la miseria. A lo largo de su historia, no se logró que su sistema productivo y sus enormes riquezas naturales sirvieran para asegurar trabajo, ingreso y condiciones mínimas de bienestar al grueso de una población permanentemente creciente en un espacio geográfico reducido. Por el contrario, el hacinamiento en ciudades caoticamente expandidas, con malos servicios de agua y cloacas, con basura esparcida por todos sus rincones, pésimos servicios de transporte, etc., fueron la consecuencia de procesos de empobrecimiento y de degradación social sin pausas desde ya hace muchas décadas. Ello se acumuló y evidenció en la creciente cantidad de asentamientos irregulares y villas miseria periurbanas, donde la pobreza, la marginalidad y el delito componen una sinfonía perfecta de la desolación. Eso sí: con redes de agua potable que pierden más agua de la que entregan y cloacas que desbordan excretas por las calles. Escenario elocuente de los problemas del agua que padece la provincia.

Sería materia para sociólogos y politólogos analizar por qué la provincia llegó a ese cuadro actual. Quizás esas disciplinas sean las más esenciales para ayudar a dilucidar la base de nuestros problemas a fin de esbozar alguna propuesta esperanzadora para generaciones jóvenes. Por de pronto, algunos rasgos del valioso Tucumán histórico han mostrado su insuficiencia o irrelevancia para generar algún liderazgo sectorial en aquella necesaria dirección.

Por ejemplo: Tucumán brilló, dentro de la Argentina, como polo cultural a lo largo del siglo XX. Con cuatro universidades, prolífica actividad cultural y artística y destacados intelectuales, no generó centros de estudios para sus principales problemas y desafíos. Cada institución y sus protagonistas se desenvolvieron en burbujas aisladas, pugnando por prevalecer o sobrevivir atendiendo a sus restringidos o exclusivos intereses y conveniencias en un mercado nacional o provincial también mediocres y pobres de oportunidades. Dentro de ellas, quienes se destacaron sólo pudieron crecer y desarrollarse abandonando Tucumán, y son valorados en otras geografías mucho más que en su propia tierra. En Tucumán abundan los trovadores y artistas que denuncian la pobreza, también los ajenos a la realidad, pero no se forjaron elites políticas ni aristocracias con capacidad de liderazgo transformador.

Como producto del lento proceso de degradación global, la aristocracia, es decir «los destacados» en la escala social, independientemente del mérito para ello, está formada por empresarios prósperos que hicieron buenos negocios, no necesariamente con buenas artes, funcionarios públicos que arriban a esos niveles en busca de apetencias económicas o de poder personal desmedidas, una corona de colgados del poder, oportunistas de empleo bien remunerado y una clase política mediocre, sin ideas estratégicas ni interés por un mejor futuro para el conjunto social.

El sistema político y de gobierno está estructurado por poderes públicos determinados por hombres de leyes con una visión puramente jurídico-legal de la sociedad y del sistema social. No existe una tecnocracia de poder o de gobierno que dé o procure una impronta mínima de eficiencia a la resolución de los problemas del desarrollo económico y social. Las estructuras de gobierno fueron moldeadas atendiendo a formalismos legales sin ninguna preocupación por lograr eficacia en el manejo del Estado ni en el funcionamiento de la sociedad. En las etapas populistas, el «redistribucionismo» sirvió de máscara para estratos de políticos que coparon el poder sin otra pretensión que permanecer allí usufructuando el soporte dado por etapas de cierta bonanza económica.

Como producto institucional consecuente, los organismos de estado en Tucumán a cargo del manejo de los problemas del agua desde hace medio siglo no generan ideas ni propuestas estratégicas. Se limitan a atender la urgencia, limitados por las estrecheces presupuestarias y organizativas, yendo siempre detrás de las circunstancias y emergencias. Las más importantes son la Dirección de Recursos Hídricos (DRRHH), la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).  Sin dudas, a la luz de los problemas existentes y la incapacidad para afrontarlos, la SAT es la más cuestionable de todas ellas.

Los problemas de abastecimiento de agua a la población son vitales y, obviamente, de mayor sensibilidad en la sociedad. Tucumán, por su estructura productiva agroindustrial, se caracterizó históricamente por tener numerosa población dispersa en su geografía, con significativa población rural. No obstante, en las últimas décadas se produjeron acentuados procesos de migración hacia ciudades que provocaron el crecimiento desordenado y caótico de éstas y la necesidad de abastecer con agua potable y servicios sanitarios a una población rápidamente creciente. La demanda de servicios de agua y cloacas fue acompañada con infraestructura en forma desigual, siendo mejor la respuesta en agua potable que en cloacas. Se llegó en 2009 a un 90,2% de población servida con agua y a un 41,2% con cloacas (informe LED 2010, «Lineamientos estratégicos para el desarrollo, 2016-2020», publicado por la Secretaría de Estado de Planeamiento del Gobierno de la provincia de Tucumán).

Pero lo grave de la realidad fue que el aumento de población servida no significó que ello fuera con buena calidad de servicio. Se construyeron numerosas redes de agua, se conectaron gran cantidad de usuarios nuevos que no tenían agua por red pública, pero la pésima calidad de construcción produjo numerosas fallas y pérdidas de agua. Asimismo, las fuentes de abastecimiento tradicionales resultaron insuficientes (ríos Vipos, embalse El Cadillal, etc.) y las extracciones de agua subterránea se multiplicaron enormemente pero también resultaron insuficientes en períodos de sequías. Del total de agua extraída de ríos y acuíferos subterráneos y enviada a las redes una parte muy importante se pierde por roturas y otra por derroche de los consumidores, que no tienen penalidades por ello y por la lenidad del organismo prestador del servicio (SAT principalmente). En materia de obras nuevas se priorizó abastecer a nuevos sectores y no se invirtió en mejoras en áreas antiguas con redes obsoletas y sobreexigidas por la densificación demográfica. Las consecuencias fueron los frecuentes cortes totales de servicio, la baja presión del suministro y la frecuente mala calidad del agua, contaminada en numerosos puntos de roturas a pesar de producirse en las fuentes de origen agua de calidad aceptable.

Desbordes de excretas cloacales frecuentes en todas las áreas urbanas de la provincia pero especialmente en el Área Metropolitana (Fotos diario La Gaceta (Tucumán)

Resulta por lo menos extraño que en la última década, en la que se realizaron las mayores inversiones para abastecer con agua potable a la población, los resultados fueran tan magros. En efecto, si se tiene en cuenta que, aunque el grado de cobertura del servicio aumentó sustancialmente, la mala calidad del servicio fue la característica dominante, producto de la pésima ejecución, el pobre mantenimiento de las redes y la mala gestión del organismo público prestador del servicio, la SAT. En materia de cloacas el resultado fue más grave, puesto que la mala calidad en la construcción de las redes se tradujo en permanentes desbordes y afloramientos a la vía pública, creando graves problemas ambientales que no pueden resolverse fácilmente, puesto que no es posible reparar las fallas sino rehaciendo las obras totalmente. La SAT se ha mostrado como un organismo totalmente ineficaz para prestar un servicio de calidad aceptable y es el más cuestionado por la población ante la falta de respuestas a los graves problemas de insuficiencia de agua y desbordes cloacales. Basta leer los reclamos de la población en los medios de comunicación para tener una percepción clara de ello.

Resulta altamente sugerente que un servicio de tanta sensibilidad para la población no haya sido tratado por los gobiernos justicialistas de las últimas décadas con atención y esmero aunque fuera por mero interés electoralista. Probablemente sea una evidencia de la incapacidad de la elite política y la aristocracia social más ocupada en las luchas inter-facciones por el poder y sin visión sobre los requerimientos de una sociedad verdaderamente desarrollada para prever y manejar los problemas de prestación de servicios básicos para la población y el sistema productivo. El Estado provincial actual, así como los municipios, son cuerpos absolutamente rígidos, mediocres e ineficientes para garantizar tales servicios y acompañar, menos promover, el desarrollo del bienestar y la economía global.

Inundación urbana (S.M.de Tucumán). (Foto diario La Gaceta)

Los daños producidos por las inundaciones configuran otro de los aspectos que evidencian el estigma en que Tucumán se encuentra atrapado. La provincia abarca una superficie reducida de 22.524 km² con una pluviosidad importante (600 a 1200 mm/año) atravesada por una red hidrográfica densa que se entrelaza con un territorio fuertemente ocupado por población y explotado por la agricultura. La ocupación tanto agrícola como urbana significó la eliminación de bosques naturales protectores y las consecuencias fueron las inundaciones, tanto las debidas a las aguas pluviales caídas en campos y ciudades y sin manejo, como las producidas por desbordes de ríos que atraviesan o bordean áreas pobladas en las planicies aluviales (Capital, Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Río Chico).

Las inundaciones constituyen el problema sobre el que se ciernen las más grises predicciones, por diversas razones. En primer lugar, para afrontarlo con eficacia son necesarias planificación, organización y altas inversiones. En segundo lugar, son obras que no atraen a los gobernantes y políticos, por ser de escasa visibilidad y, por ende, de magro rédito electoral. A consecuencia de ello, la evolución de la provincia se dio en el último siglo sin atender los problemas que se iban generando acumulativamente, ni siquiera mediante una planificación preventiva urbana y de los usos del suelo. Las escasas obras de infraestructura surgidas en períodos limitados (por ejemplo de autocracias militares) no fueron mantenidas y sufrieron muy graves deterioros y destrucción, lo que insumirá cuantiosos recursos económicos para evitar su destrucción total y lograr su refuncionalización. Por otra parte, la importancia de la planificación en esa materia no echó raíces en gobernantes ni funcionarios de organismos públicos responsables.

Cuando, en situaciones de excepción, se cuenta con planes directores, estos no se respetan o no se tienen en cuenta. Las instituciones urbanizadoras públicas (IPVDU) y los emprendedores inmobiliarios privados escabullen permanentemente la consideración seria de los problemas de manejo de aguas pluviales. El panorama resultante es una problemática compleja y un Estado con multiplicidad de problemas y limitaciones graves para resolverlos, pero, por sobre todas las cosas, falta de convicción y decisión política para afrontarlos.

Lo usual y frecuente es que, ante situaciones de inundaciones, provincia y municipios actúen con planes de emergencia, sin propósitos de mediano y largo plazo. Los problemas de fondo no se resuelven y nuevos problemas se van generando ante el crecimiento desordenado de las ciudades. Las grandes inversiones necesarias no llegan y deben competir con muchas otras necesidades de la sociedad consideradas más prioritarias (empleo, salud, educación, seguridad, etc.).

Importantes obras de desagüe pluvial urbano fueron destruidas y no se reconstruyeron. Las causas fueron variadas, desde falta de mantenimiento hasta mala ingeniería y construcción defectuosa (Canal Sur, el más importante canal de protección perimetral de la ciudad capital San Miguel de Tucumán).

Estos panoramas críticos descritos para dos de los aspectos más imperiosos del agua en la sociedad llevan inevitablemente a una visión nada optimista sobre el futuro hídrico de la provincia. El ritmo de solución a los problemas es mucho menor que el ritmo de aparición de los naturales problemas del agua que el crecimiento demográfico y productivo implican, sumados a las crisis acumuladas sin resolver que vienen desde el pasado.
El grueso de la población es víctima de los problemas, pero en parte es responsable por los malos hábitos de derroche de agua. Todos ignoran por dónde pasa la solución de los problemas; pero requieren un servicio de calidad razonable (agua potable, buena presión, cloacas eficientes), sin importarles lo complejo que ello significa y negando el costo real que deberían pagar. Los industriales y agricultores reciben agua de redes públicas pero no son exigentes con la calidad del servicio. Están habituados a que éste, por el cual pagan cánones insignificantes, sea tradicionalmente malo. Por ello recurren a diversos recursos para abastecerse, desde pozos de aguas subterráneas, acequias privadas, bombeos directos desde cauces y otros a veces non santos. Así como las destartaladas redes de riego pierden la mayor parte del agua por infiltraciones, los agricultores, en su mayoría, emplean sistemas de riego muy dispendiosos, de muy baja eficiencia, y los industriales apenas reciclan el agua empleada, contribuyendo al derroche generalizado. Cuando ocurren inundaciones, los reclamos van en múltiples direcciones; las respuestas no pasan del asistencialismo de circunstancia y la envergadura de los problemas hace que cundan promesas mil veces repetidas como escapismo sin esperanzas.

¿Quién es entonces responsable de racionalizar y mejorar los servicios de abastecimiento de agua, tanto a la población como a los productores y la protección contra inundaciones? Obviamente los organismos públicos (SAT, DRRHH y DPA fundamentalmente y adicionalmente los municipios en materia de manejo de aguas pluviales urbanas). Pero todas ellas son instituciones envejecidas, ineficientes, sin dinamismo ni capacidad de respuesta. Los sectores políticos no tienen conciencia de su importancia y de la necesidad de recuperarlas y fortalecerlas.

Como ya dijimos, los problemas del agua en Tucumán son complejos y las soluciones frecuentemente escapan a la comprensión del ciudadano común, por tener fuertes componentes técnicas, además de las socioeconómicas más reconocidas. En tal sentido, los organismos responsables deberían tener planteles de técnicos profesionales con nivel adecuado para transmitir hacia la población y hacia los niveles políticos de decisión ideas claras para obrar con racionalidad y con visión estratégica hacia el futuro. También ocurre que los niveles políticos de gobierno están ocupados por funcionarios con bajo nivel de formación para comprender las complejidades de los temas hídricos o, peor aún, con escasa voluntad para ello, ya que sus intereses son meramente de corto plazo y se deben traducir dentro de su período de gobierno (cuatro años). Esa situación crónica en los niveles decisorios de los poderes Ejecutivo y Legislativo ha relegado a los organismos del Estado para el agua a estructuras burocráticas donde los planteles profesionales estables no configuran corrientes de opinión estratégica y la actitud natural es, ante todo, de autopreservación sin contradecir a la conducción jerárquica que viene del Poder Ejecutivo, la cual es, en general también cortoplacista y sin visión estratégica sobre los problemas del agua. A resultas de esa situación, quienes dentro del Estado se presume que están capacitados para pensar y proponer soluciones para los problemas crecientes que se van estableciendo en la sociedad y el sistema productivo, son sectores inhibidos por las reglas de juego de un sistema político de manejo del Estado que no lo requieren ni lo permiten. En los últimos tiempos resultó llamativo el silencio de los organismos públicos del agua frente a diversos hechos de la realidad que requieren al menos un debate de opiniones y no una mera imposición desde arriba. Y las decisiones provenientes de los niveles altos del Poder Ejecutivo carecen por lo general de sustento racional y son producto de negociaciones políticas con el Poder Ejecutivo nacional en una mesa donde se ponen en juego cuestiones ajenas a la racionalidad de los problemas. A título de ejemplo, el gobierno provincial antepone o se interesa en la creación de fuentes de empleo sin hacer hincapié en el beneficio real que la obra pública en cuestión traerá en forma duradera a la provincia. El ejemplo de la anunciada obra del dique Potrero del Clavillo es un caso elocuente de lo expuesto (ver en este mismo blog o acceder en los siguientes enlaces)

Potrero del Clavillo un necesario replanteo: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2017/03/POTRERO-DEL-CLAVILLO-Un-necesario-replanteo.pdf

Potrero del Clavillo una decisión improvisada: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2016/09/POTRERO-DEL-CLAVILLO-Una-decisión-improvisada-1.pdf

Es de temer que en algún momento los problemas acumulados estallen con efectos devastadores sobre la población, lo que pueda generar reacciones imposibles de manejar políticamente y resolver para un gobierno en particular. En especial, la mala calidad de servicio de agua potable provoca estrés en la población en un modo más generalizado que las inundaciones, que afectan por lo general a menor cantidad de personas, aunque con mucho mayores daños económicos, tanto en lo privado como en lo público. Si ocurriere alguna circunstancia de shock sobre la población, ya fueren graves sequías o inundaciones, que exacerbare los aspectos críticos a un punto de conmoción social, no será posible brindar soluciones rápidas y eficaces puesto que no existen. Ellas surgen sólo de procesos largos y sostenidos de planificación de acciones y obras que toman muchos años y requieren continuidad entre varias administraciones de gobierno.

¿Estamos entonces atrapados en el laberinto de nuestras propias limitaciones? ¿Cuál es la salida?

Este autor ya ha sostenido en diversas expresiones su visión sobre la necesidad de afrontar el futuro del agua en Tucumán partiendo de la creación de una herramienta esencial para ese objetivo cual es la conformación de la Autoridad Única del Agua (AUA), reestructurando los organismos actuales para supeditarlos a ella, terminando con los actuales nichos aislados, desconectados y descoordinados, evitando las actuales confrontaciones que expresan meros intereses corporativos intraestatales. Tal órgano superior y los brazos ejecutores deben estructurarse sobre principios de alta jerarquía técnica, con funcionarios y técnicos responsables seleccionados por concurso. A partir de la conformación de la AUA se podrá encarar un proceso global de planificación hídrica traducible en un Plan Hídrico Provincial que será la política a desarrollar por sucesivos gobiernos.

Lamentablemente, no hay soluciones rápidas ni fáciles a tantos problemas acumulados. Todas requieren, en primer lugar, poner en juego inteligencia, planificación, organización, y luego, abultados recursos económicos. Todo eso implica tiempo, un par de décadas quizás. No se deben sembrar falsas expectativas en la población. Se debe tener el coraje político de prometer sólo esfuerzos, inteligencia, organización y sudor, pidiendo a la población paciencia y tolerancia. Algo así como en aquella famosa expresión de Winston Churchill, primer ministro británico: «No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor» utilizada en un histórico discurso ante la Cámara de los Comunes, el 13 de mayo de 1940, a ocho meses de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas estaban experimentando continuas derrotas frente a la Alemania nazi. El sudor y el esfuerzo, más la inteligencia y la organización, deberán estar a cargo de la clase política, los funcionarios de gobierno y los planteles técnicos del Estado.

Como en la sicología, la base de una terapia está en que el paciente tome conciencia de la naturaleza
de su crisis. A partir de allí es posible esbozar caminos de salida. Mientras tanto, «está solo, espera y se angustia».
Estamos atrapados en nuestra propia telaraña, pero obligados a buscar salida.

Ing. Franklin Adler
Tucumán, marzo de 2018

DESCARGAR EL PRESENTE TRABAJO PULSANDO EL SIGUIENTE ENLACE : https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/PROBLEMAS-DEL-AGUA-EN-TUCUMÁN-Atrapados-sin-salida.pdf

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(Provincias Tucumán y Catamarca/ARGENTINA-Región Noroeste)

UN NECESARIO REPLANTEO

Un archivo pdf del presente texto puede descargarse a través del enlace al pie de éste.

Foto de portada: Vista del río Cochuna desde el límite interprovincial sobre la Ruta Nacional 65 (Fuente Diario La Gaceta de Tucumán)

El proyecto de aprovechamiento hídrico, previsto para iniciar su ejecución en el corriente año 2017, es puesto en objeción puesto que se estima que no brindará cabalmente los beneficios pregonados. Más aún, la provincia de Catamarca, entusiasta propulsora, es la menos beneficiada, por inexorables razones naturales.

El proyecto incluye la ejecución de dos diques de embalse, Potrero del Clavillo y El Naranjal, a construir sucesivamente en ese orden.

Si se aspira a beneficiar a la provincia de Tucumán, lo interesante es el embalse El Naranjal, no Potrero del Clavillo. En tal caso, hay que reconsiderar el aprovechamiento y las obras a ejecutar. Aun así, las enormes inversiones previstas pueden redireccionarse hacia otros tipos de obras hídricas, más simples pero más eficaces. Beneficios hídricos para Catamarca son imposibles y, por lo tanto, se debería apuntar a otros, como las comunicaciones viales (con Tucumán y hacia el Paso de San Francisco). La energía hidroeléctrica obtenible es irrelevante frente al consumo actual de esa provincia.

Tucumán, que recibiría los mayores beneficios al permitir expandir su área de regadío, debería afrontar un desafío de planificación e instrumentación del desarrollo de su zona sur, mediante la creación de un organismo ad-hoc, de participación público-privada, similar a la histórica Corporación del Río Dulce, con lógicas actualizaciones y adaptaciones.

Resulta entonces incomprensible que los gobiernos de ambas provincias se hayan embarcado en el apoyo irrestricto a una iniciativa que no les aportará sustancialmente a sus desarrollos. La megalomanía sin sentido parece presidir los sueños de los políticos y la racionalidad termina siendo ajena a sus actos.

1.- PROPÓSITOS

El Gobierno Nacional ha tomado la determinación de construir la obra Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas-Gastona-Medina , llamada sintéticamente Potrero del Clavillo por el nombre de su obra de cabecera (la represa), en el límite de las provincias de Tucumán y Catamarca. Tal decisión se toma como integrando el Plan Belgrano para esas provincias.

El presente trabajo pretende exponer argumentos y elementos de juicio para exhortar a la reconsideración de la decisión de construir esa obra, mostrando que no se trata de una determinación oportuna ni eficaz si se pretende contribuir al desarrollo socioeconómico de la región NOA en general y de las provincias de Tucumán y Catamarca en particular, objetivo liminar del Plan Belgrano. Se trata, a juicio de quien escribe, de una asignación inapropiada de recursos económicos, que no redundará en los resultados de crecimiento económico deseables para ninguna de las provincias que hoy promueven, inexplicablemente esperanzadas, su ejecución.

La provincia de Tucumán, lamentablemente, al igual que las restantes provincias del NOA, no cuenta con una planificación para la utilización de sus recursos hídricos, ni lineamientos estratégicos básicos para ello. No obstante, las ideas que aquí se esbozan parten de una concepción sobre bases de racionalidad que, al menos, deberían ser debatidas antes de afrontar grandes emprendimientos hídricos que implican enormes esfuerzos económicos con magros efectos sobre el desarrollo económico de la provincia y la región. Ellas ya han sido volcadas en el libro del autor «El futuro del agua en Tucumán».

Se plantea la necesidad de revisión de la concepción general del aprovechamiento, que propone la construcción de dos presas de embalse (Potrero del Clavillo y El Naranjal, ver figura) sugiriendo el abandono o supeditación de la primera a favor de la segunda. El Naranjal fue un hallazgo muy interesante de un estudio de principios de este siglo que pasó ignorado por estudios anteriores desde los años 50. Un vaso para acumular agua, tesoro escondido en la selva basal tucumana.

También se propone el sinceramiento de la participación de la provincia de Catamarca en la definición del proyecto. En ella se origina sólo el 15% del agua en juego y en su parte de la cuenca no hay posibilidades de embalses de retención de agua a excepción de Potrero del Clavillo en el límite de ingreso a Tucumán, cuyas descargas no pueden ir en otra dirección que a Tucumán, donde se encuentran las áreas de posible aprovechamiento para riego, industrias y agua potable. Catamarca no tiene posibilidad física de aprovechar los caudales que salen de ella, ni de evitar que Tucumán lo haga. Su única posibilidad de aprovecharlos sería con derivaciones sin regulación en su territorio, obras ajenas al complejo Potrero del Clavillo, de alto costo y dudosa factibilidad económica. O bombeando desde el embalse «hacia atrás», hacia el valle de Las Estancias, a costos exorbitantes, lo que configura un absurdo. La mayor parte del agua aprovechable se origina en la provincia de Tucumán (85%) y en ésta se desarrollan las obras del aprovechamiento del salto para generación de hidroelectricidad(quebrada del río Las Cañas).

Las ideas que aquí se plantean buscan poner principios de racionalidad que sustentan una adecuada y razonable planificación hídrica. La particular situación de la provincia de Catamarca en el área del proyecto plantea una realidad insoslayable: los beneficios permanentes que percibirá de la obra (no los transitorios de la etapa de construcción) son muy exiguos y forzados a un costo insoportable, por lo que no deberían influir en modo determinante en la concepción del aprovechamiento. Más aún, se puede concluir, al argumentar sobre el interés prioritario de Tucumán en El Naranjal, dentro de su territorio, que no es de interés genuino de esta provincia la construcción de un Potrero del Clavillo hidroeléctrico, y Catamarca no puede ni ejecutarlo ni aprovecharlo.

2.- EL PROYECTO

El proyecto es presentado como «aprovechamiento de los ríos Gastona y Medina». En realidad, la cuenca alta del Gastona no puede ser aprovechada con el dique superior, Potrero del Clavillo, porque desde 1995, en que se creó el Parque Nacional Campo de los Alisos (en la cuenca superior del Gastona), está inhibida la ejecución de obras hidráulicas en su ámbito para captar aguas y conducirlas por una red de túneles a ese embalse para su regulación (como lo planteaban los proyectos anteriores).
Por lo tanto, el aprovechamiento que se licitará se limita a menos de la mitad del recurso hídrico del conjunto de estos dos ríos (sólo el río Medina). El río Gastona se aprovecharía sólo con El Naranjal.

Plano general del aprovechamiento de los ríos Medina y Gastona, con las red hidrográfica y obras propuestas en las Fases 1 y 2

3- FASES DEL PROYECTO (ver figura)

Fase 1: Dique Potrero del Clavillo y desarrollo hidroeléctrico del río Medina. Aprovecha los ríos Las Cañas y Cochuna. Es lo proyectado y lo que se licitará. (monto presupuestado u$s 617 millones).
Potencia 125000 kw, energía media anual 310 Gw-h. Es lo previsto licitar en 2017.

Fase 2: Presa de embalse El Naranjal, destinada a riego, industrias y agua potable en Tucumán. Está en vías de elaboración el proyecto de ingeniería. Según la información disponible, captará parte de la cuenca del río Gastona (el río Conventillo), por limitaciones en su capacidad de embalse, como se expone más adelante (ver 5.- Contraposición entre Potrero del Clavillo y El Naranjal).

Si bien en junio de 2016 se anunció la firma de una ampliación del contrato entre la Secretaría de Energía y el consorcio UNT-Jaime Lande y Asoc. SA para la elaboración del proyecto de El Naranjal, hasta marzo de 2017 no se había firmado tal contrato.

4.- BENEFICIOS Y CONSIDERACIONES SOBRE LA FASE 1

Energía eléctrica y potencia: Los 310 Gw-h anuales ascienden a apenas el 10% del consumo actual de la provincia de Tucumán, el 15% del de Catamarca y 6,5% del conjunto de ambas. Cuando entre en servicio dentro de 5 años su incidencia será decididamente menor, dado el crecimiento permanente del consumo eléctrico. Los requerimientos de Tucumán y el NOA frente al sistema eléctrico nacional son ínfimos y pueden ser fácilmente abastecidos desde el SADI (Sistema Argentino de Interconexión) ya que son, en conjunto, menos del 4% del mercado eléctrico nacional.

El costo de la energía generada es muy alto comparativamente a otros proyectos hidroeléctricos en consideración en el país (Mendoza, Comahue, Patagonia). La inversión en potencia en Potrero del Clavillo es superior a los 5000 USD/Kw, mientras en aquellas es del orden del 50% de ese valor. La inversión en energía (USD/Gwh año) es más desfavorable aún. Es decir que, para abastecer de energía eléctrica a ambas provincias, en las cantidades iguales a la que haría Potrero del Clavillo, el SADI puede hacerlo a costos mucho menores que el resultante de esa obra.

En síntesis: No puede esgrimirse que la obra resuelve problemas energéticos de las provincias y menos de la región; ni en cuantía ni abaratando costos.

Agua para riego e industrias: En lo que se refiere al beneficio del regadío, se agregarían, con El Naranjal (no con las obras que se licitarían), 6000 hectáreas a la extensión actual regada (aproximadamente 5000 ha). La red actual de riego y abastecimiento a industrias (ingenios) es rudimentaria, con muy escasos tramos de canales públicos con revestimiento, por lo que las pérdidas por infiltración son enormes. Si se suman las muy bajas eficiencias en la aplicación del riego (la mayor parte por el tradicional método de inundación) y en el uso de las industrias, se infiere que carece de sentido aumentar la oferta de agua mediante embalses para luego perder la mitad por filtraciones en los canales de conducción y que el agua sea mal empleada por los agricultores y desperdiciada por la industria. Efectuando inversiones públicas en revestimientos de los canales y exigiendo reutilización a las industrias se contaría con excedentes de agua que quedarían disponibles para aumentar el área regable y/o para nuevas industrias.

En cuanto a la utilización de agua del embalse Potrero del Clavillo en áreas agrícolas de Catamarca, ello es imposible, como ya se dijo, por estar todas las tierras decididamente más altas que el nivel máximo del embalse, con lo que sólo sería factible elevándola mediante bombeo, a costo desmesurado, por estar esas zonas a gran distancia y a más de 300 m más altas (Campo del Pucará).

En síntesis: Los beneficios para la producción agrícola e industrial sobrevendrán para Tucumán recién con la obra de El Naranjal y no con Potrero del Clavillo. Siempre y cuando esta última no condicione el volumen acumulable con El Naranjal, de modo de permitir guardar en éste las aguas del río Gastona no aprovechadas con Potrero del Clavillo. Para Catamarca, el uso del agua del embalse es inviable y existen alternativas de mucho menor costo.

Agua potable para la población: Las demandas son muy reducidas en comparación con los restantes usos y son fáciles de abastecer con otras fuentes de agua, sin requerirse un embalse como el propuesto, al menos para la población actual del área de influencia. Ello es válido para Tucumán y, para Catamarca, más aún, ya que se sumaría la necesidad de bombear desde el embalse hacia la zona a abastecer.

En síntesis: No se puede justificar la obra como abastecedora de agua potable a la población del sur tucumano (Concepción, Aguilares, Río Chico) ni del valle de Las Estancias (Catamarca).

Protección contra inundaciones: Será muy limitada, a pesar de que muchos funcionarios la publicitan como un beneficio sustancial del proyecto, dado que el embalse de Potrero del Clavillo sólo amortiguará las crecidas de los ríos que concurren a él. Las crecidas originadas en la cuenca baja del río de las Cañas, en todo el río Cochuna y todos los tributarios del Gastona, no serán retenidas ni amortiguadas, simplemente porque no se prevén obras para ello, ni es posible hacerlo, ya que no hay vasos donde guardar agua. En Catamarca, por estar aguas arriba del embalse, no hay zonas protegidas de las inundaciones por éste.

En síntesis: La protección contra inundaciones no es un beneficio significativo del proyecto.

5.- CONTRAPOSICIÓN ENTRE POTRERO DEL CLAVILLO Y EL NARANJAL

Una vez retornada el agua al cauce del río Las Cañas en la usina hidroeléctrica prevista, se plantea conducirla hasta el embalse El Naranjal para regular el recurso hídrico con fines de riego, industria y agua potable. Para ello, la conducción (parte en canal y parte en túnel) consume un desnivel topográfico llegando al embalse a un nivel determinado. Ese nivel determina cual es el volumen de agua que puede acumularse allí. De acuerdo a la información trascendida, tal nivel resulta en un volumen de embalse exiguo para regular las aguas del río Medina y del Gastona si se quiere sumarlo. En síntesis, la Fase 1 (hidroeléctrica) está restringiendo la posibilidad de un buen aprovechamiento para fines de producción agrícola e industrial en Tucumán(Fase 2).

6.- INTERÉS DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

A juicio de quien escribe, el interés de la provincia de Tucumán reside prioritariamente en asegurarse la disponibilidad futura del agua para fines de desarrollo agrícola, industrial y de agua potable. La provincia es propietaria del recurso hídrico. El interés hidroeléctrico es de la Nación para abastecer el mercado eléctrico nacional mediante el SADI y, como se vio, la incidencia de la obra es insignificante a pesar de su alta inversión.

Tucumán debería tener planes de inversión que permitan un mejor aprovechamiento de sus recursos hídricos en la dirección de la agroindustria (por ejemplo, el etanol de caña). Una forma de incrementar sustancialmente la oferta de agua para esos fines es encarar el revestimiento de canales de regadío (actualmente sólo está revestido un 10%) reduciendo las enormes pérdidas de agua por filtraciones, que se sustraen de un uso productivo. Ello daría trabajo a PYMES locales y ocuparía abundante mano de obra.

7.- BENEFICIOS PARA LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Objetivamente, la provincia de Catamarca, por su posición en la cuenca y su relación con las obras del aprovechamiento, no puede obtener beneficios directos del agua embalsada ya que está en territorio más alto que el embalse. Su única posibilidad de aprovechar los aportes de agua de sus ríos afluentes (Chacras, Potrero y del Campo) es mediante obras directas en ellos y eso puede estudiarse por separado del Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas-Gastona-Medina. Esto constituye un determinismo físico y no una negación o discriminación de derechos.

El beneficio de recibir su cuota parte de la energía hidroeléctrica generada en territorio de Tucumán (quebrada del río Las Cañas) tiene un costo demasiado elevado y además no resuelve problemas energéticos de la provincia, por su insignificancia, tal como se expuso en párrafos anteriores.

Ruta Nacional 65 – Cuesta del Clavillo. Uno de los cuellos de botella en la conexión vial hacia el Paso de San Francisco a Chile – (Foto diario La Gaceta de Tucumán)

8.- CONCEPTOS QUE DEBEN SER DISCUTIDOS

Este autor considera de importancia relevante debatir los tópicos expuestos a fin de concluir sobre la real conveniencia de construir Potrero del Clavillo en lugar de El Naranjal, obra esta última decididamente prioritaria a juicio de este analista. Sobre la base de información disponible, la concepción de la Fase 1 (Potrero del Clavillo) se contrapone a El Naranjal ya que lo limita o coarta en su capacidad de embalse necesaria para un pleno aprovechamiento de las aguas de las cuencas dentro de la provincia de Tucumán para fines productivos.

Aún destinando El Naranjal para regular los caudales del río Conventillo y destinando Potrero del Clavillo al río Medina, esta última obra no amerita incluir la generación de energía (túnel y central hidroeléctrica), por su insignificancia y muy alto costo. Asimismo, su aporte de volumen de acumulación para incrementar la disponibilidad de agua para riego e industrias sería diferible puesto que ello es lograble, en una etapa previa, con mejoras en las redes actuales (revistiendo canales y reduciendo pérdidas.

Debe analizarse otra vía de compensar a Catamarca por su aporte de agua al aprovechamiento y con ánimo de incorporarla al desarrollo regional. Siendo que la energía hidroeléctrica es de un costo demasiado elevado y de escasa significación para la provincia, sería de interés plantear una compensación indirecta; por ejemplo, con obras de infraestructura vial que aporten conectividad de esa provincia con puertos del Pacífico. Convendría plantear las rutas Aconquija-Andalgalá-Fiambalá y la nueva Ruta Nacional 65 entre Alpachiri (Tucumán)y Aconquija (Catamarca). La incorrecta difusión realizada sobre las características de la obra a licitar, más la antigua y acendrada expectativa en su población por contar con una conexión vial hacia el Paso de San Francisco a Chile, hicieron que exista en esa provincia una falsa convicción de que Potrero del Clavillo incluye la nueva traza de la Ruta Nacional 65.

9.- CREACIÓN DE UNA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DEL SUR DE TUCUMÁN

En síntesis y en rigor, para aprovechar al máximo las aguas del Medina y el Gastona con Potrero del Clavillo y El Naranjal , del proyecto que se quiere licitar sólo puede ser útil el embalse Potrero del Clavillo, no su salto hidroeléctrico, que plantea una contraposición con el embalse El Naranjal, como se sintetizó en el párrafo anterior. Si El Naranjal se terminare destinando al Gastona, tal contraposición se cancelaría, pero subsistiría el hecho de que el salto hidroeléctrico es muy caro e implica una inversión excesiva con mejores alternativas. La presa sola debería ejecutarse para regulación de las aguas del Medina, pero no corre urgencia.

A la provincia de Tucumán, este autor lo viene sosteniendo desde su libro, le interesa El Naranjal y debe bregar por hacerlo prioritariamente a Potrero del Clavillo. Aunque también sin urgencias.

Para sacar provecho a obras de aprovechamiento hídrico de gran magnitud, como lo es El Naranjal, debe también pasarse por las etapas previas de mejora y racionalización de los sistemas de riego e industrias existentes, con acciones e inversiones bien planificadas. Para ello, debería crearse un organismo de «Desarrollo agroindustrial del sur», con jurisdicción y cabecera en el área Concepción-Aguilares-Río Chico, sobre cuya naturaleza debería debatirse desde ya. La instalación de nuevas áreas de regadío suele ser un proceso de lento desarrollo ya que requiere complementar la inversión del Estado con las inversiones privadas para aprovechar el agua disponible. Esa respuesta no es ni fácil ni inmediata. Asimismo, implica transformaciones sociales y económicas significativas que requieren una fuerte acción promotora del Estado. Una idea de partida podría ser la histórica Corporación del Río Dulce en la provincia de Santiago del Estero de los años sesenta, con lógicas actualizaciones.

Ing. Franklin J. Adler
Tucumán, marzo de 2017
Si desea descargar el archivo pdf, haga clic en este enlace POTRERO DEL CLAVILLO-Un necesario replanteo

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En el artículo, el autor intenta enunciar las políticas de Estado en materia hídrica aplicables y
necesarias para el caso específico de Tucumán, cuya situación actual, producto del devenir de las
últimas décadas, llevó a una situación crítica que se describe sintéticamente.

Se pretende realizar un aporte básico para la discusión de las necesarias reformas institucionales
que apunten a establecer una verdadera “política hídrica de Estado” para la provincia de
Tucumán.

Puede descargar el archivo aquí: POLÍTICAS DE ESTADO EN MATERIA DE AGUA

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La ocasión del Bicentenario de la Independencia Argentina, debería ser una oportunidad para la sociedad tucumana de rehilar su organización institucional, recuperando atributos perdidos, mejorando sus cualidades y saneando las falencias e imperfecciones que la llevaron a la actual degradación, pobreza y decadencia. Sin una profunda transformación de sus instituciones de Estado, es muy improbable que la provincia pueda superar sus graves problemas y alcance en plazos razonables niveles deseados de desarrollo social.

Es un documento para debate y discusión emitido en julio de 2016 pero sobre la base de conceptos sentados en el libro «El futuro del agua en Tucumán».

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