El Cadillal, Escaba y Pueblo viejo (Tucumán, Argentina) destino incierto

ANTE LA CERCANA CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES SOBRE LAS OBRAS HIDROELÉCTRICAS EN EL PAÍS ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DE LA PROVINCIA?

Las concesiones hidroeléctricas por treinta años, originadas por las privatizaciones durante la presidencia Menem en los años 90, comienzan a caducar este año por las más importantes: las del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro. En la provincia de Tucumán ocurrirá con sus tres obras hídricas más importantes: El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en el año 2026.

El embalse El Cadillal ha estado instalado en la discusión pública en este año 2023 a raíz de los problemas suscitados en uno de sus componentes, la presa lateral 3, que plantearon el riesgo de un eventual colapso con consecuencias catastróficas y la inhibición precautoria de acumular agua para la producción agroindustrial en el área servida. Por otra parte, ya se ha analizado en este blog la expectativa hacia el futuro en cuanto a su menguante rol de abastecedor de agua potable para el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, para la industria azucarera y el regadío agrícola (ver “La lenta y triste agonía del embalse El Cadillal”), debido a la pérdida de cerca de un 50% de su volumen útil para guardar agua, por la acumulación de sedimentos en su vaso.

En este artículo se analiza un aspecto que interpela a la provincia y se trata de la situación de esta obra, actualmente concesionada para generar hidroelectricidad (HE) a una empresa privada por un contrato que data del año 1996 y que vence en julio de 2026. ¿Qué se hará al vencimiento de la concesión?

La concesión, y el desafío, comprende también las obras del dique de embalse Escaba y la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, construidas ambas por la Nación, la que es propietaria de éstas. Se puede presumir que es altamente probable que la Provincia deberá hacerse cargo de todas ellas.

 

Siglas más relevantes que se emplean en este texto
CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, S.A., ente conformado por el Estado argentino (20%) y las asociaciones de generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios de electricidad el 80% restante. Opera el Despacho Nacional de Cargas que administra todo el SADI y el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista).
ENARSA (Ex IEASA): Energía Argentina, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Es una empresa pública del sector petrolero y energético. Creada en 2004. 
ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación.
ORSEP: Organismo Regulador de la Seguridad de Presas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Su rol es velar por la seguridad de la mayoría de las presas concesionadas.
AyEE SE: (Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado). Empresa del Estado Nacional. Liquidada luego de las privatizaciones de los 90.
HIDRONOR S.A. (Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.). Empresa del Estado Nacional. Liquidada luego de las privatizaciones de los 90.
SADI: Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica. Red de líneas de transmisión eléctrica desde 132 KV hasta 500 KV que abarca la mayor parte del país.
HT. (Hidroeléctrica Tucumán S.A.). Empresa privada concesionaria de los aprovechamientos hidroeléctricos de la provincia de Tucumán.

 

El complejo El Cadillal es la principal obra hídrica de Tucumán y a ella dedicaremos la mayor atención, aunque el tema que en este artículo se plantea abarca los tres aprovechamientos. Es un dique de embalse sobre el río Salí, ubicado a 22 km al norte de la ciudad capital de la provincia. Fue concebido como multipropósito: para proveer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, para regadío de 45.000 ha de cultivos, abastecer necesidades de industrias (mayormente ingenios azucareros), generar energía eléctrica y brindar protección contra inundaciones. Tiene una Central Hidroeléctrica operada actualmente por concesión por una empresa privada, Hidroeléctrica de Tucumán S.A.

 

BREVE HISTORIAL DE LA OBRA, SU EXPLOTACIÓN Y EL CONTEXTO NACIONAL

Construido este aprovechamiento en los 60 del siglo pasado por la Provincia (Gobernación Gelsi), entró en servicio en agosto 1966. Ésta entregó a AyEE SE la explotación de la energía eléctrica hasta el año 1996. La propiedad de las obras fue siempre de la provincia. AyEE SE sólo hacía el mantenimiento de los componentes hidro-electromecánicos de la Central Hidroeléctrica y el control del instrumental de auscultación de las obras. El mantenimiento de las obras civiles estuvo a cargo de la Provincia (DPA), lo que ocurrió esporádicamente durante esos 30 años (p.e. la reparación de blindaje del túnel del Descargador de Fondo). Por convenio entre la Provincia y AyEE SE ésta podía extraer agua del embalse y se estableció una servidumbre de acueducto para las obras del circuito que llevan el agua desde el embalse hacia la usina (torre de toma, compuertas, túnel de conducción, etc.).

En los años 90 (presidencia Menem) se produjo el proceso de transformación del Estado con las privatizaciones de empresas públicas, que incluyeron las obras de energía eléctrica (generación, transmisión y distribución) (Leyes 23696/1989 de Reforma del Estado) y 24.065/1991 de Régimen de la Energía Eléctrica). Se privatizaron las obras construidas y operadas por las dos más grandes empresas públicas del sector AyEE S.E. e Hidronor S.A. De AyEE SE se privatizó o se transfirió a las provincias también la distribución.

Se trata de 13 concesiones que aportan hoy aproximadamente el 20% de la generación total en el ámbito del MEM, con una potencia instalada superior a los 10,8 GW, que entregan su energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). A partir de ese entonces se inició un proceso de reducción de la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética nacional que había llegado casi al 50% gracias a la construcción de importantes obras a partir de los años 60.

El proceso de privatización consistió en la creación previa de sociedades anónimas cuyo paquete accionario era vendido en licitación pública internacional y a las cuales se les adjudicaba una concesión para uso de las obras para generar hidroelectricidad por un lapso de, por lo general, treinta años. En una gran mayoría, las obras de AyEE SE e Hidronor fueron construidas y solventadas por el Estado Nacional, el que retuvo la propiedad de ellas en titularidad de la Secretaría de Energía de la Nación. Los contratos de concesión establecieron que, a la finalización de los períodos de vigencia, las obras debían ser reintegradas al Concedente (el propietario, es decir a la Secretaría
de Energía).

Las obras concesionadas a privados que totalizan 22 represas en 8 provincias del país, fueron las siguientes (agrupadas por contrato de concesión):

OBRAS DE AGUA Y ENERGÍA S.E

Nihuil I, II y III (Mendoza), río Atuel.
Agua del Toro – Los Reyunos – El Tigre (Mendoza), río Diamante.
Futaleufú (Chubut), río Futaleufú.
Florentino Ameghino (Chubut), río Chubut.
Cabra Corral – El Tunal (Salta), río Juramento.
Ullum (San Juan), río San Juan.
Río Hondo – Los Quiroga (Santiago del Estero), río Salí/Dulce.
El Cadillal – Escaba – Pueblo Viejo (Tucumán), ríos Salí, Marapa y Pueblo Viejo respectivamente.

OBRAS DE HIDRONOR S.A (Región Comahue, provincias de Neuquén y Río Negro). 

El Chocón-Arroyito, río Limay.
Planicie Banderita, río Neuquén.
Alicurá, río Limay.
Piedra del Águila, río Limay.
Pichi Picún Leufú, río Limay.

 

Algunas empresas concesionarias incluyen en su paquete accionario a gobiernos provinciales. Por ejemplo: Los Nihuiles (Mendoza 47%), Diamante (Mendoza 39%), Chocón (Neuquén 29,9%), Piedra del Águila (Neuquén 13%, Estado Nacional 26%), Futaleufú (Chubut 33,51%). En varios casos un 2% para la Propiedad Participada (trabajadores) establecidas en los contratos de concesión.

 

 

 

LA PARTICULAR SITUACIÓN DE LAS OBRAS EN TUCUMÁN

Las obras hidroeléctricas concesionadas en Tucumán son:

• Presa de Escaba, con su Central Hidroeléctrica y su dique compensador Batiruana. Sobre el río Marapa. Terminada en 1948. Construida por la Nación (AyEE SE).
• Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, con sus diques derivadores sobre los ríos afluentes Los Reales y La Horqueta. Aprovechamiento denominado “de pasada” (sin embalse de acumulación). Construida por la Nación (AyEE SE). Habilitada en 1968.
• Central Hidroeléctrica El Cadillal, sobre el río Salí. Construida por la Provincia pero operada por AyEE SE desde el año 1966 de su puesta en servicio hasta el 1996 de inicio de la concesión. El hecho de haber sido construida por la provincia configura una situación particular, como veremos más adelante.

La concesión otorgada por la Nación en el año 1995 para las obras de AyEE SE en la provincia de Tucumán abarcó las tres mencionadas. Como acto previo se firmó un acta-acuerdo entre la Provincia y la Nación para conformar la Sociedad Anónima Hidroeléctrica de Tucumán con el fin de su privatización posterior, operación por la cual en licitación pública se adjudicó a un consorcio privado la concesión de explotación por treinta años que caduca el 26 de julio de 2026.

 

EL CONTEXTO NACIONAL – CADUCIDAD DE LAS CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS

A fin de entender la situación, conviene analizar previamente el contexto nacional actual de las concesiones a priva-dos realizadas en los años 90.

En el corriente año 2023 se producen las primeras caducidades de contratos de concesión, que incluyen varias del Comahue (ex Hidronor SA). Ese primer conjunto representa el 67 % de la energía eléctrica producida por todas las centrales hidroeléctricas del país bajo concesión, a excepción de las binacionales Yaciretá (con Paraguay) y Salto Grande (con Uruguay). Obviamente es el conjunto más importante de centrales de generación hidroeléctrica concesionadas, lo que determinará probablemente los caminos que se terminen adoptando. Ello ha generado la necesidad de que el Estado Nacional defina el destino de esas obras. En principio, al haber sido inversiones realizadas por la Nación, son obras de su patrimonio y todo el país contribuyó a su realización. Las provincias en las que se radican recibieron regalías por el uso de sus aguas, recurso natural declarado de propiedad provincial desde la Reforma Constitucional de 1994, posterior a las Leyes 23696/1989 y 24.065/1991 ya mencionadas, que fueron el sustento jurídico de las privatizaciones, con varias modificaciones y derogaciones posteriores.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, conformó en marzo de 2022 el ETAHC (“Equipo de trabajo de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados”) que tiene como objetivo primario el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional (Resolución 130/2022 del 08/03/2022). El ETAHC se constituyó en mayo de 2022 conformando para ello un importante equipo de trabajo de profesionales de CAMMESA, ENARSA, el ENRE y el ORSEP y encargando específicamente una auditoría de las condiciones técnicas de los equipos de generación a ENARSA. Contaba con un plazo de un año para expedirse sobre las concesiones que vencen en 2023 y de dos años para las restantes (excepto las que vencen en 2029 y 2044). Para las que vencen este año 2023 (Chocón-Arroyito, Planicie Banderita y Alicura caducan el 11/08/2023 y Piedra del Águila el 29/12/2023), a la fecha de elaboración de esta nota (mayo/2023) se estaba casi al vencimiento y urgía la toma de decisiones. La tarea toma bastante tiempo ya que cada caso debe ser estudiado exhaustivamente mediante las auditorías referidas.

Además de la evaluación del ETAHC, es altamente conveniente hacer el balance global y particular de la experiencia que finaliza, evaluar los beneficios logrados y los aspectos fallidos o que no resultaron en un beneficio para el país. Ello es vital para evitar la reiteración de errores y tomar decisiones beneficiosas en materia de hidroenergía. El panorama del pasado es controversial. La inestabilidad del país a corto andar de las privatizaciones, llevó a distorsiones en la marcha de los contratos. Inestabilidad monetaria, caída de la convertibilidad, congelamiento de tarifas, sostenimiento en base a subsidios, etc. marcaron parte importante de los períodos de las concesiones. Tanto concesionarios como provincias reclaman por modificaciones sustanciales en los marcos regulatorios, deudas acumuladas, pérdidas de rentabilidad y de previsibilidad a causa de las políticas macroeconómicas del gobierno Nacional y de la inestabilidad institucional.

¿Cuáles son, en principio, las opciones posibles en juego al finalizar las concesiones? Los caminos a seguir pueden variar según la provincia donde se ubiquen los aprovechamientos concesionados. 

A.- Prórroga de contratos por 1 año. Para dar tiempo a que un nuevo gobierno y bajo mejores escenarios económicos e institucionales éste pueda tomar decisiones más adecuadas y convenientes para el país. Es la más lógica en virtud de la grave situación económica e institucional en que se encuentra la Argentina. La que se esperaba en virtud de la complicada situación del gobierno actual y el altamente probable cambio producto de las elecciones de octubre.

B.- Reversión total al Estado Nacional o a entes estatales mixtos Nación-Provincia. Explotación a cargo del Estado ya sea recreando empresas públicas según los modelos históricos anteriores a los 90 o contratando la operación y mantenimiento con empresas privadas.

Esta opción plantea la dificultad de tener que afrontar las inversiones iniciales necesarias en cada aprovechamiento para prolongar su vida útil, las que pueden ascender a montos muy elevados por renovación de equipos de generación y operación. El Estado está en situación muy desfavorable ante el escaso acceso al crédito internacional.

C.- Prórrogas de las concesiones actuales por períodos largos, bajo los contratos actuales o renegociados.

Es una opción a la que aspiran algunas concesionarias que obtuvieron buena rentabilidad a pesar de los vaivenes, modificaciones e incumplimientos del contrato por parte del Estado concedente. Algunas la consideran como resarcimiento ante las pérdidas producidas por esas contingencias perturbadoras de los contratos.

D.- Convocatorias para nuevas concesiones a empresas privadas bajo un nuevo régimen contractual de concesiones y exigencia de inversiones importantes para prolongar la vida útil de las obras.

 

OPINIONES DIVERSAS SOBRE EL CAMINO A SEGUIR

Ante la cercanía de las caducidades, las que llevan a la necesidad de definiciones importantes sobre política energética, se han suscitado diversas opiniones y posiciones sobre el tema. La polarización política existente en el país (la denominada “grieta”) también ya se manifiesta en el problema. Veamos algunos enfoques y aspectos que entran en juego y que son esgrimidos desde diversos ángulos, según los intereses en juego y las doctrinas ideológicas:

• Las provincias de Neuquén y Río Negro pretenden, al amparo de la reforma constitucional de 1994 que dio a las provincias la propiedad sobre sus recursos naturales, que al final de las concesiones en sus territorios las obras sean transferidas a sus jurisdicciones, para lo cual conformarían un ente interprovincial para continuar con la explotación de las obras. Obviamente, esa pretensión sólo puede ser avalada por ley del Congreso Nacional en la cual las restantes provincias acepten la transferencia en donación o con algún cargo y establezcan los condicionantes. Como mínimo, pretenden tener participación activa en el negocio y en las facultades de manejo de las aguas de los ríos Neuquén y Limay.

Transcribimos algunas opiniones relevantes divulgadas en medios de comunicación:

Según el portal +Energía
“El gobierno de la provincia de Neuquén elaboró un informe que contiene un análisis político y jurídico de las concesiones de las represas, cuyos contratos vencen. El informe indica que es necesario discutir el esquema normativo de generación de energía eléctrica, así como su interpretación, que genera controversias sobre el alcance de las atribuciones federales y provinciales. Así es que se propone repensar un marco regulatorio superador que contemple un mayor protagonismo a los estados provinciales en la gestión, administración y explotación de sus recursos naturales”.

Además, “Otro punto el conflicto con Nación es el cobro de las regalías, un impuesto equivalente al 12% del valor de la energía producida las concesionarias de las centrales hidroeléctricas en el mercado spot, que perciben las provincias a modo de compensación por los perjuicios que produce la utilización del agua. En los últimos años, con el precio de la energía eléctrica congelado por el Estado nacional, las condiciones del efectivo cobro de las regalías hidroeléctricas cambiaron, lo cual originó reclamos por parte de las provincias”.

Por otra parte, diversos medios de comunicación informaron que el senador neuquino Oscar Parrilli, del partido oficialista del gobierno nacional, presentó un proyecto que implica dar la operación y el mantenimiento de las centrales a ENARSA en forma directa, otorgándole el 51% del dominio de cada central. En su articulado señala que «ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través de acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan», aunque en otro apartado se señala la posibilidad de «incorporar la participación del capital privado».

• Una propuesta fundamentada la formuló el Ing. Jorge Lapeña, exSecretario de Energía (1986-1988), del gobierno de Raúl Alfonsín y presidente del Instituto Argentino de la Energía «General Mosconi» (IAE). Sugirió en su trabajo de enero de 2021 “Propuesta de una Política Pública – Finalización de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas nacionales” los siguientes pasos, de los cuales sólo transcribimos los más significativos para nuestro análisis:

PASO 1: DIVIDIR EL CONJUNTO DE CENTRALES EN GRUPOS HOMOGÉNEOS
GRUPO 1: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL COMAHUE (aprox.4300 MW) integrado por las Centrales Hidroeléctricas: Chocón; Arroyito; Planicie Banderita; Alicurá y Piedra del Águila. 
GRUPO 2: CENTRAL HIDROELECTRICA FUTALEUFU 
GRUPO 3: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CUYO PODER CONCEDENTE ES PROVINCIAL.
GRUPO 4: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DADAS EN CONCESIÓN POR EL ESTADO NACIONAL en las
provincias argentinas que no pertenezcan a los Grupos 1 y 2.

PASO 3: REVERTIR AL CONCEDENTE LA CONCESIÓN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO RESPECTIVO DE  CADA CONTRATO.

PASO 5: DISEÑAR UN CONTRATO TIPO DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LAS CENTRALES CON DURACIÓN DE 10 AÑOS. Los contratos serán remunerados con precios que surgirán de procesos licitatorios públicos y quienes sean elegidos deberán acreditar experiencia en la operación y mantenimiento de instalaciones similares a las del contrato respectivo.

PASO 6: CREACIÓN DE UNA AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLOS HIDROELÉCTRICOS. Su función será:
a) Administrar los Contratos de Servicios de cada central; b) Determinar el Costo total de Generación de cada central hidroeléctricas por períodos quinquenales; c) determinar las inversiones para cada central hidroeléctrica incluyendo las correspondiente a reemplazos de equipos para extensión de vida útil; d) gestionar créditos internacionales para financiar las obras del inciso c); e) realizar procesos licitatorios y adjudicación de dichas obras; f) Realizar estudios y proyectos de nuevas centrales hidroeléctricas. g) estar a cargo de la creación y administración del fondo fiduciario de desarrollo hidroeléctrico, integrado por las rentas provenientes de las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional y cuyo destino es la financiación de nuevas centrales hidroeléctricas.

Complementa su propuesta con el siguiente criterio:

“Si bien el universo de centrales hidroeléctricas a revertir puede ser numeroso, se sugiere concentrarse en realizar una “reversión inteligente” de solo aquellos casos de interés. Los casos de interés se concentran en solo una decena como máximo de las centrales existentes: esto es un conjunto de no más de 10 grandes centrales con una potencia total de unos 6500 MW correspondientes a las centrales pertenecientes a la Ex Empresa nacional Hidronor ubicados en la Región del Comahue y un conjunto de centrales de la ex empresa nacional Agua y Energía Eléctrica”. (Este criterio es de suponer que dejaría de lado las obras hidroeléctricas de AyEE SE en Tucumán, como veremos más adelante).

Por otra parte, en una entrevista concedida a el portal Energiaonline.com.ar el 29/07/21, manifestó que “Las represas tienen que volver al Estado Nacional, no a las provincias. Las provincias pueden tener participación, pero el dueño es el Estado Nacional como dice el contrato vigente. Es el Estado Nacional el único comitente que puede acometer las importantes obras que puedan ser necesarias para ampliar capacidad. Ninguna provincia ni ninguna empresa privada están en condiciones de acometer esa tarea”.

“Lapeña también distingue el ejemplo de Hidronor como faro a seguir y agrega el modelo de la central binacional de Salto Grande ubicada sobre el río Uruguay a la altura de la ciudad de Concordia. “Estamos en contra de la burocratización de las empresas del Estado, pero la experiencia nos muestra que la central de Salto Grande es sumamente eficiente y no tiene ningún vicio. Hay que repetir esas experiencias exitosas”.

“Para Lapeña, el principal beneficio de una gestión pública sería reducir los costos del sistema y conocer con mayor precisión cuánta energía hidroeléctrica se podría agregar en el país para revertir el sendero decreciente de las últimas tres décadas donde la participación hidráulica sobre la generación eléctrica bajo del 50% al 22%”.

Una posición en línea con lo anterior fue expuesta recientemente por el IAE en un documento aportado a la coalición “Juntos por el Cambio” con propuestas para el sector energético para el período 2023-2027 en caso de acceder al gobierno nacional (“IAE: Programa de Política Energética para el período 2023-2027”), del cual extraemos párrafos específicos que acometen el tema que tratamos.

4.5. Vencimiento de las concesiones de explotación de centrales hidroeléctricas otorgadas en 1993. A tal efecto se propone:
§ Prorrogar por un año la vigencia de los contratos de acuerdo a lo previsto en los contratos de concesión.
§ A partir de 2024 al término del plazo contractual prorrogado las centrales pertenecientes a la ex empresa Hidronor SA revertirán al estado nacional tal lo previsto en los contratos firmados en 1993.
§ Se fijarán con criterios técnicos un nuevo sistema de tarifario para la retribución de la energía generada por las centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional, el nuevo sistema tarifario retribuirá la totalidad de los costos operativos y los costos de operación y mantenimiento de las centrales. Asimismo, deberá proveer los fondos para financiar la extensión de la vida útil de las instalaciones.
§ Luego el Estado Nacional podrá firmar contratos del tipo COM (operación y mantenimiento) con el sector
privado para cada una de las centrales.

 

• Según el portal Energiaonline.com.ar del 29/07/21, en el mismo sentido que Lapeña se expresó un grupo de profesionales de la ex Hidronor, quienes redactaron un documento con un análisis técnico con las mejores soluciones posibles para el futuro de la administración hidroeléctrica.

“No hay un sesgo político ni ideológico si es mejor la concesión privada o la concesión pública. Lo importante es el rol del Estado regulando las mismas adecuadamente y asegurando su correcta operación y recuperar la capacidad de volver a hacer aprovechamientos hidroeléctricos multipropósito, que se ha perdido desde los años noventa”.

Respecto al rol de las provincias, los ex Hidronor sostienen que “los activos se encuentran registrados bajo titularidad de la Nación y las obras fueron costeadas mediante recursos aportados por la totalidad de la Nación”. Por lo tanto, “que las provincias se hagan cargo significaría una verdadera donación que solo podría ser viable mediante la sanción de una ley nacional”.

“En lugar de ello, los expertos sugieren la creación de una empresa pública nacional que siga el ejemplo de lo que fue Hidronor -que siempre fue reconocida por su buena administración-, admitiéndose en calidad de socias a aquellas provincias que demostrasen interés y aportasen capital”.

“Debería ajustarse a determinadas premisas que garanticen su eficiente funcionamiento como un directorio calificado e independiente, una estructura empresarial inicialmente pequeña y que esté dotada de exenciones tributarias”, dicen.

“En tanto, los ex Hidronor son todavía más optimistas y consideran que el país podría construir nuevos embalses sin pedir fondos al Estado ni subsidios, sino usando adecuadamente la renta que producen las propias centrales actuales y, al mismo tiempo, comercializar la energía a precios asequibles para los sectores de menores ingresos cubriendo el porcentaje de consumo de la tarifa social”.

“El Estado Nacional podría obtener fondos propios genuinos, asignando con destino específico una porción porcentual de las ventas de energía de las centrales hidroeléctricas bajo una nueva concesión, a través de la creación de un nuevo canon. Los fondos deberían ser constituidos como un Patrimonio de Afectación y cuya correcta administración sería asegurada mediante un Fideicomiso”, proponen.

Para mejor información sobre esta propuesta se puede acceder al video de una exposición en panel realizada en el CAI (Centro Argentino de Ingenieros) el 08/09/2021 (ver enlace al final).

 

• Opinión de sector concesionario

(De artículo de Sofía Diamante, diario La Nación 15/03/22)
(En el sector concesionario)….. “indican que el Estado es el que no cumplió con el contrato de concesión, ya que en los últimos 30 años hubo momentos en los cuales se congelaron las tarifas que cobran estas empresas. Los privados hicieron una inversión importante para quedarse con la concesión, que se dio bajo un marco regulatorio que se modificó por completo y eso generó un pasivo regulatorio. Creemos que este pasivo regulatorio puede ser cancelado con una extensión de la concesión. Operar estas plantas requiere de capacitación técnica y de muchas inversiones para mantener las plantas disponibles, explicaron en una de las compañías”.
“Los contratos de concesión no tienen prórroga, pero tampoco está prohibido que con mutuo acuerdo se extienda la concesión”.

(Según el portal IProfesional de fecha 23/05/2022)
“…….. Las empresas hasta ahora no han dicho demasiado sobre la continuar con el negocio. La rentabilidad de los últimos años año ha sido prácticamente nula y con costos siempre en ascenso. Para continuar deberán ofrecerles algún incentivo muy atractivo, comentó a este medio un experto al tanto del proceso”.

 

• Opinión de sectores estatistas

Si bien hay matices entre diversas fuentes, son globalmente coincidentes con la idea de los sectores kirchneristas/La Cámpora del oficialismo, es decir en un retorno total al Estado y su posterior explotación a cargo de éste. Hay opiniones similares desde otros ángulos sectoriales (por ejemplo la del Ing. Lapeña del IAE, antes referida y la del grupo de profesionales ex Hidronor), pero la diferencia reside básicamente en que en estos últimos no se descarta la participación privada, aunque limitada a contratos de operación y mantenimiento, manteniendo la potestad de explotación y las inversiones en manos del Estado basadas en la creación de fideicomiso con la renta de la venta de energía.

Diversas fuentes consultadas por medios periodísticos indicaron que también se evalúa que el Estado quede con el control de las hidroeléctricas, pero la operación siga en manos de las compañías privadas.

Fuera de la predilección doctrinaria de preeminencia de lo estatal sobre la privado, se esgrimen algunos argumentos debatibles:

* En todos estos años, la renta hidroeléctrica no redundó en inversiones de peso en torno a fuentes energéticas que posibilitaran diversificar la matriz nacional, tampoco en el crecimiento de nuevas centrales hidroeléctricas. (En realidad esos objetivos no fueron planteados en las motivaciones ni los fundamentos de las concesiones noventistas y, además, las perturbaciones ocurridas en el devenir de ellas inhibieron toda posibilidad en esa dirección).
* El Estado invirtió importantes montos en la construcción de las centrales, cuya concesión los privados se hicieron por montos mucho menores, pagando parte del canon con bonos devaluados de la deuda argentina y explotaron apropiándose de la renta.
* Las infraestructuras hidráulicas se hallan en territorios provinciales, los recursos hídricos son interprovinciales y las obras fueron inversiones de la Nación. Ello implica que un eventual retorno al Estado impone una gestión que contemple las necesidades y derechos de cada nivel de gobierno.
* La estatización se presenta como un modo de retomar una necesidad estratégica de planificación energética abordada por el Estado y el sector público social, hecho que en la Argentina es de por sí débil.

 

En la resolución del destino de las concesiones hay diversos aspectos que determinan los caminos posibles. En primer lugar, la Reforma Constitucional de 1994 estableció en el Artículo 124 el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales situados en sus territorios. No obstante, la Ley 15.336/60 (de Energía eléctrica), en su artículo 5º establece que “La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes…….”. Ello habilitaría, a juicio de algunos juristas, la discusión sobre quien debe tomar las decisiones al caducar las concesiones de explotación de la energía”.

Desde fines del año 2022 y en el actual 2023, diversos sectores manifestaron ya sus propuestas, que van desde la reestatización total o la continuación de concesiones privadas hasta, como mínimo, una prórroga de un año para dar mayor tiempo para la resolución de las concesiones, dando tiempo suficiente para su evaluación. La probabilidad de cambio de rumbo a partir del nuevo gobierno para el período 2023-2027 llevará a debates fuertes hoy de hecho postergados en el ámbito político por las turbulencias del año electoral, teñido por los graves problemas económicos y sociales que sacuden al país.

A fines de mayo un grupo de exsecretarios de Energía, compuesto por los exfuncionarios Emilio Apud, Julio C. Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco, se manifestaron en el sentido de recomendar que se prorrogue la concesión por un año, para darle tiempo a la próxima administración para analizar la situación. Asimismo, cuestionaron la intención de incorporar las centrales del Comahue que vencen a los activos de Enarsa y con participación de los gobiernos provinciales, puesto que “…esta decisión es inconducente e inconsistente, ya que Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas. Tampoco reúne la experiencia para operar ni para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita” (diario La Nación del 23/05/2023).

La circunstancia en que se presenta esta necesaria toma de decisiones es particularmente desfavorable para optar por un camino que priorice el interés nacional. La debilidad del gobierno actual frente a la crisis económica a la que se llegó y del próximo que la heredará, establece fuertes condicionantes. 

La estructura del sector energético posterior al proceso de privatización concretado en la década de los 90, según algunos analistas en algunos casos ha conducido a ciertos oligopolios, con tolerancia del Estado, en determinadas etapas desde la privatización. Ello genera presiones importantes para la toma de decisiones direccionadas a la preservación de esas situaciones de privilegio e inequidades.

La continuidad de la explotación en la mayoría de los aprovechamientos concesionados plantea requerimientos de fuertes inversiones en la renovación de equipamientos e instalaciones, para asegurar la prolongación de la vida útil de las obras. Ellas deben ser informadas por el ETAHC a fin de contar con una base diagnóstica para las decisiones. Tanto el Estado Nacional como los provinciales están fuertemente limitados en su capacidad de gestionar financiamiento internacional a esos fines. La deuda externa argentina, su permanente renegociación, la falta de cumplimiento de los contratos, la inestabilidad monetaria, la escasez de divisas, etc. limitan fuertemente la capacidad del Estado Argentino para planificar la expansión del sistema energético con obras hidráulicas, que requieren altas inversiones y amortizaciones largas, lo contrario de las obras termoeléctricas a combustibles fósiles, de menores inversiones aunque de mayores costos operativos (por el costo de los combustibles).

En varios casos las provincias no cuentan con organismos técnicamente capaces de afrontar a corto plazo los desafíos de hacerse cargo de la operación y mantenimiento de las obras.

La expansión de la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética argentina, deseable desde el punto de vista del incremento de las energías renovables, se topa también con eventuales conflictos ambientales, los que en el país pueden llegar a inhibir o menoscabar nuevos aprovechamientos, judicializables por sectores ambientalistas. Sirva como caso ilustrativo el de las represas sobre el río Santa Cruz, actualmente en construcción (Néstor Kirchner-ex Condor Cliff y Jorge Cepernic-ex La Barrancosa). Estos emprendimientos sufrieron demoras y modificaciones por causa de fuertes presiones ambientalistas (aunque también por causas económicas).

En el conjunto de recursos hídricos de la Argentina, en todas las cuencas desde su extremo norte al sur, las cuencas patagónicas y del Comahue son las que tendrían un menor impacto ambiental, comparadas con las cuencas cuyanas, del Centro y del norte del país. Ello es debido al carácter árido o semiárido del territorio, con lo que el uso compartido del agua está limitado a zonas restringidas de regadío como el Alto Valle del Río Negro, el Valle del Río Chubut, etc. Los impactos más significativos pueden darse en las cuencas altas occidentales precordilleranas, con ambientes boscosos de gran valor paisajístico. En las provincias cuyanas, centrales y norte del país, los usos competitivos del agua, la alta densidad de áreas urbanas, la extensión de los suelos aptos para la agricultura y las potenciales radicaciones industriales imponen condicionantes de mayor significación. Los grandes ríos mesopotámicos (Paraná y Uruguay) son los de mayor riqueza hídrica, pero de mayor susceptibilidad ambiental.

 

El tema está abierto y la discusión alrededor de él se da un momento poco oportuno de la realidad nacional, en un año con muy fuertes condicionantes producto de la grave situación económica que introduce agudas incertidumbres sobre el futuro y la contienda por el poder en un año electoral. De allí qué, en los primeros meses del año 2023, se consideraba como muy probable que las decisiones se postergarían para una circunstancia con mayor claridad al menos en el plano político de gobierno, mediante prórrogas cortas de contratos.

No obstante, sorpresivamente, se produjo un hecho impactante informado por los medios nacionales y locales. Reproducimos la extraída del Diario Río Negro del 20/04/23.

“a menos de cuatro meses de que comiencen a vencer las concesiones de operación de las cinco represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, el gobierno nacional sorprendió casi como un baldazo de agua fría al no solo anunciar que no extenderá los contratos que están en manos privadas, sino que los dejará vencer y será el mismo Estado nacional el que se haga cargo de la operación de hidroeléctricas”. El anuncio fue dado a conocer el 19/04/23 por la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, quien detalló a la prensa que se creó “una mesa de negociación con las provincias principalmente para tratar el tema de las concesiones hidroeléctricas para que las concesiones vuelvan al Estado nacional pero trabajando con las provincias”.

“Pero además de esto, desde Nación revelaron que la decisión del gobierno es, en estos días, que sea el mismo Estado el que se encargue de la operación de las represas a medida que vayan venciendo”.

“”Consultados sobre a partir de qué empresa del Estado se realizaría la operación de las centrales hidroeléctricas …, las fuentes nacionales indicaron que ese es un tema que aún no está definido y reiteraron que “estamos trabajando muy intensamente para definirlo porque sabemos que vencen en agosto””.

A la sazón aún no había trascendido en los medios de comunicación algún informe del ETAHC expidiéndose al respecto.

Esa decisión fue sorpresiva para los gobiernos de Neuquén y Río Negro que pretenden que los aprovechamientos del Comahue sean transferidos a esas provincias o, cuanto menos, participar directamente en la explotación de ellos en conjunto con la Nación. En un marco de rispideces con la Nación hasta se ha planteado la posibilidad de judicializar el reclamo.

Prácticamente en forma simultánea, en los meses de abril y mayo, el país se vio envuelto en una crisis económica con una aceleración de la inflación, disparada de la cotización del dólar en el mercado cambiario, como producto de las fuertes tensiones inflacionarias y la escasez de divisas. Se plantean serios interrogantes sobre el final de la crisis y sobre la factibilidad de que en ese marco político tan complejo del país aquel objetivo pudiere llegar a concretarse, en particular ante un muy probable cambio de signo político del gobierno nacional y la complejidad de efectivización de una retoma gubernamental de la operación de las obras en cuestión.

El portal Econojournal (https://econojournal.com.ar/), especializado en información sobre minería, energía y economía  en su publicación del 08/05/2023 informó sobre cuál sería el principal punto de conflicto entre Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro. Al respecto, sintetiza que:

“Economía pretende que Enarsa cree una subsidiaria —cuyo capital accionario podría estar integrado también por provincias y empresas privadas— que tomará el control de las centrales hidroeléctricas a medida que empiecen a expirar las concesiones vigentes, a partir de agosto. La discusión entre Nación y las gobernaciones de Neuquén y Río Negro no pasa tanto por quien se quedará con la propiedad de los activos, sino por cuál será la renta futura del negocio hidroeléctrico. Las provincias quieren mejorar el precio de venta de la electricidad, algo inconveniente para el Estado nacional”.

“Las provincias están mucho más interesadas en discutir la distribución de la futura renta de las represas que la participación accionaria de las mismas. Ese el punto nodal de la discusión aún no articulada entre la Nación y las provincias. El punto de partida de esa agenda no es alentador para las provincias: desde la óptica del Estado nacional, la inversión que demandó la construcción de las centrales hidroeléctricas ya fue amortizada. De hecho, la energía que hoy genera el complejo del Comahue está pesificada y se remunera bajo un esquema de ‘costo plus’ que debería cubrir los costos de operación y mantenimiento (O&M) más una pequeña rentabilidad. ‘Debería’ porque, en rigor, lo que viene pasando desde hace tres años es que el monto en pesos que paga Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), queda desactualizado de manera permanente por la inflación y el gobierno se demora meses en aumentar ese valor”.

Hemos sintetizado hasta aquí las diversas opiniones que salen a la luz frente al destino de las concesiones. Quien esto escribe piensa que, a esta altura de un final de mandato de un gobierno en crisis, con alta probabilidad de ser sustituido por otra corriente política, aún con divergencias internas, es muy aventurado suponer que el camino que repentinamente se propuso pueda llegar a concretarse en su integridad y, en la eventualidad de ocurrir eso, no es seguro que tenga continuidad o no sea modificado por el nuevo gobierno.

El proceso que sobrevendrá a la caducidad de las concesiones se desarrollará en un contexto altamente problemático e inestable del país en crisis. Difícilmente se produzca una resolución definitiva en circunstancias de enfrentamientos políticos que vaticinan un probable cambio de gobierno que puede producir posteriores marchas en reversa. A esta altura de los acontecimientos, no amerita especular al respecto para sacar conclusiones aplicables al tema que nos ocupa, que se refiere solamente al destino de las obras concesionadas en la provincia de Tucumán. En la actualidad, las discusiones sólo tienen en cuenta los intereses de las provincias involucradas del Comahue, geografía donde se produce la mayor parte de la energía hidroeléctrica concesionada. Por ello, a tres meses de elecciones, con el país sumergido en incertidumbres sobre su futuro, a pesar de que se conocieron algunas decisiones del Gobierno Nacional, quedamos a la espera de los acontecimientos para evaluarlos.

 

Este articulista tiene frente al tema de las concesiones nacionales una opinión relativamente formada, no exenta de profundas incertidumbres emergentes de las experiencias de los treinta años transcurridos. Estima que la mejor opción para el país, cualquiera fuere la que se adopte, encontrará muy serias dificultades para lograr éxito en un plazo razonable, en virtud de que la inestabilidad económica e institucional y los niveles de corrupción explícitos o sospechados en la relación entre el Estado y los grupos lobbystas empresariales privados, y los políticos mismos, infestaron todo el sistema económico y social, estableciendo condicionantes atenazadores para cualquier política en la materia. Se suma también la falta de garantías que brinda la Justicia en la resolución equitativa de potenciales disputas que contaminan todas las opciones. Aún en el caso de estatización total, los vicios que se han instaurado en las estructuras estatales desde la restauración de la democracia no aseguran una administración eficiente, luego de varias décadas en que fueron utilizadas como usinas de empleo público sin la menor pretensión de calidad ni eficiencia. En la medida de que no haya a nivel de gobierno nacional una fuerte convicción política con objetivos
claros favorables a un genuino interés nacional, la opción elegida adolecerá de debilidades e inestabilidades que menoscabarán sus probabilidades de éxito.

De todos modos, carece de interés que quien escribe emita acá opinión sobre el destino recomendable para las concesiones. Considera que para el caso de la provincia de Tucumán los caminos serán propios por las singularidades que en ella se dan. Sólo pretende exponer algunos aspectos que, a su juicio, deberían ser tenidos en consideración en lo que respecta a los intereses de la provincia y que se desarrollan a continuación.

 

LA SITUACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS EN TUCUMÁN DENTRO DE LA CONCESIÓN HIDROELÉCTRICA ACTUAL Y EN PARTICULAR EL CADILLAL

La concesión de Hidroeléctrica de Tucumán SA vence el 30/07/2026. Como ya se dijo, comprende las centrales hidroeléctricas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. La Provincia tiene tres años para evaluar el camino a seguir. La decisión quedará en responsabilidad del próximo gobierno que surgirá de las elecciones de mayo de 2023. Si bien el país se encuentra sumergido en una profunda crisis económica y política, nada hace suponer que en Tucumán pueda darse algún cambio en la estructura del poder político, previéndose la continuidad del peronismo en el Gobierno y dada la falta de estrategias de futuro tanto en el oficialismo como en la oposición. No obstante, hay elementos de juicio que hacen presumir la fuerte influencia que tendrán las decisiones a nivel nacional, las que se seguramente se tomarán determinadas por los contratos de concesión de explotación de obras de gran envergadura y de mucha mayor incidencia en el sistema energético del país que las concesionadas en Tucumán.

Conviene, a fin de contar con una idea de las magnitudes en juego, tener en cuenta la significación de cada uno de los aprovechamientos mencionados de la provincia de Tucumán.

Se aprecia que todas las obras han superado lo que normalmente se considera un período de amortización económica (50 años).

Una cuestión es determinante: la envergadura que tienen los aprovechamientos hidroeléctricos de Tucumán en relación con el mercado que abastecen. Si se tiene en consideración que el total de energía consumida en la provincia de Tucumán es actualmente de alrededor de 3100 Gwh-año y en la región NOA 10.700 Gwh-año, siempre crecientes, resulta que todo el aporte que aquellos efectúan actualmente es el 5% del consumo de la provincia y el 1,5% de la región. Referido al total del consumo del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) es apenas un 0,1%, y el 0,9% del total de energía hidroeléctrica del país (sin Yaciretá ni Salto Grande). Es decir, una participación muy reducida, prácticamente insignificante.

En síntesis, estamos en una situación en la cual el aporte total de las obras hidroeléctricas de Tucumán es muy bajo frente al consumo de energía eléctrica del país, de la región NOA y de la provincia misma. En esa situación es de suponer que a nivel nacional poco será tenida en cuenta esta provincia para incidir en los rumbos de las concesiones y en la estrategia de política energética nacional. Al respecto, recordar la opinión autorizada del Ing Lapeña al sugerir, razonablemente, “concentrarse en realizar una ‘reversión inteligente’ de solo aquellos casos de interés, los que se concentran en solo una decena como máximo de las centrales existentes” (las mayores).

Por otra parte, dada la antigüedad de todas las obras, para prolongar su vida útil, si se justificare, requerirán inversiones significativas para la renovación de equipamientos hidro-electro-mecánicos (turbinas, alternadores, transformadores, sistemas de maniobras, etc.) las que pueden ser en ciertos casos de escasa rentabilidad. Ello implicaría qué, para amortizarlas, los períodos de extensión de nuevas concesiones no podrían ser muy cortos y probablemente sea escaso el interés del sector privado.

La Provincia deberá tener participación en el ETAHC como autoridad local para el contrato de HT en virtud del artículo 8 de la Resol. 130/2022 ya mencionada (“….. Invítese al ORSEP y a las autoridades de aplicación de cada aprovechamiento hidroeléctrico en materia de Manejo a Aguas y Protección del Ambiente a designar UN (1) representante a los efectos de formar parte del ETAHC”). Hasta fines de mayo tal invitación aún no se había concretado, quizás por contar con amplio margen de tiempo y no ser prioritaria frente a los vencimientos del Comahue.

El tema de generación de energía pasó a ser, en el caso de Tucumán, un tema secundario frente a las necesidades de agua para población, industrias y regadío. Por otra parte, dado que la incidencia de esas tres centrales hidroeléctricas es ínfima, tanto a nivel provincial como regional y nacional (SADI), no sería de extrañar que la Nación esté dispuesta a donar a la provincia las obras de Escaba y Pueblo Viejo, ya amortizadas. Ello pone al Gobierno de Tucumán ante la obligación de afrontar la operación total de las obras cuya concesión caducará.

El eventual interés del capital privado es dudoso ante el panorama descrito. En particular, en el caso de El Cadillal, el decaimiento de la capacidad de regulación del embalse por la acumulación de sedimentos en su vaso, reduce la garantía de generación de energía (así como de los abastecimientos a industrias y regadío).

 

¿Cuál es entonces el interés genuino de Tucumán en las obras cuya concesión caduca?

Un aspecto determinante a tener en cuenta es que, del conjunto de aprovechamientos hidroeléctricos concesionados a HT, el Cadillal muestra una situación diferenciada, como ya se dijo, porque fue ejecutada por la provincia. Escaba y Pueblo Viejo, en cambio fueron inversiones del Estado Nacional.

El complejo El Cadillal fue concebido para abastecer de agua potable al Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán, abastecer de agua a industrias azucareras y al área de regadío bajo su influencia. La energía eléctrica siempre fue un subproducto: el agua descargada para esos usos pasa previamente por las turbinas de la Central Hidroeléctrica. Sólo se turbina en exceso de las necesidades de los usuarios agua abajo cuando hay excedentes de agua en el embalse. En síntesis, el rol principal de esta obra es para satisfacer los usos consuntivos mencionados.

En cuanto al embalse de Escaba, el interés de Tucumán reside en su utilidad para abastecer agua para regadío e industrias y para protección contra inundaciones. El aprovechamiento Pueblo Viejo sólo brinda energía eléctrica y, como vimos, en una cuantía muy pequeña para el mercado eléctrico, por lo que su continuidad merecerá un análisis sobre su conveniencia.

Otros potenciales aprovechamientos hidroeléctricos en la provincia, como el conocido proyecto Potrero del Clavillo, aun siendo de mucho mayor envergadura que los ya existentes, es de discutible conveniencia, y este articulista ya expuso su opinión en este blog (ver “Potrero del Clavillo: Una decisión improvisada-Consideraciones sobre su adopción en el Plan Belgrano”, 16/09/2016).

Como estrategia de políticas futuras, es opinión de quien escribe que los recursos hídricos de la provincia deben ser aplicados a las necesidades de su desarrollo económico y social (población, agricultura e industrias), más importantes que para desarrollar su potencial energético, que antaño se consideró significativo pero que el crecimiento socioeconómico desde mitad del siglo pasado lo dejó atrás.

Cabe el siguiente interrogante:

¿Es posible y conveniente prorrogar el contrato de concesión actual a su vencimiento o generar
una nueva concesión?

En primer lugar, deberá seguramente resolverse el incumplimiento de HT en reparar la PL-3 a su costo. El Gobierno Provincial está afrontando esa tarea por razones de urgencia y ya expuso su intención de exigir a la Concesionaria el reintegro de los montos erogados en la reparación.

En segundo lugar, de la evaluación técnica que realice el ETAHC surgirán las necesarias inversiones y su cuantía para dar continuidad operativa a la Central Hidroeléctrica por un mediano o largo plazo. Ello será determinante para definir la ecuación económica de una nueva concesión. Tales inversiones y los costos operativos y de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo deberían resultar debidamente justificables.

En tercer lugar, importa el eventual interés de la Concesionaria actual en una prórroga de corto, mediano o largo plazo. El rol asignado por CAMMESA a Escaba y El Cadillal ya es meramente de reserva. Luego de la experiencia de la presa PL-3 en El Cadillal, no cabe dudas que el riesgo de que aparezcan futuros fenómenos que obliguen a reparaciones costosas, a cargo de la Concesionaria según el contrato vigente, desalentaría a ésta de afrontar el riesgo en un nuevo período de operación, salvo que el Concedente estableciere un nuevo criterio contractual para encarar equitativamente esas eventuales situaciones.

Es poco probable, por lo hasta aquí dicho, que la Secretaría de Energía tenga interés en continuar la explotación de los aprovechamientos en Tucumán. Ello también dependerá de la estrategia que el gobierno Nacional adopte a partir del año 2023, seguramente determinada más por las grandes concesiones del Comahue y Cuyo que por las restantes pequeñas. Para el caso de una estatización por retorno al Concedente, la S.A. Hidroeléctrica de Tucumán integrada por Secretaría de Energía y la Provincia, que tiene una duración de 99 años (hasta el 2094), debería hacerse cargo de la explotación de las obras, pero no tiene una estructura para ese fin y tendría que adecuarse previamente a ese fin, además de afrontar las inversiones que surjan como necesarias.

En caso de no concretarse las intenciones de prorrogar la concesión o de generar una nueva, la Provincia deberá hacerse cargo de la operación de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo en su integralidad. La Nación reconoció la propiedad de El Cadillal al constituirse la S. A. Hidroeléctrica de Tucumán, con la firma de un Acta-acuerdo el 28/03/1995 entre la Nación y la Provincia (Gobernación Ortega) ratificada por la Ley provincial 6741 del 07/03/96 (gobernación Bussi) y el Decreto Nacional 463/95 (presidencia Menem).

Cabe entonces preguntarse si la Provincia está en condiciones para afrontar ese objetivo con los organismos del agua actuales. Quién esto escribe evalúa que no lo está, pero podría estarlo. Hay tres años para que se encare un necesario proceso de reorganización de esas herramientas del Estado provincial para la gestión de los recursos hídricos que involucren su fortalecimiento y unidad de planificación. Si bien la Dirección Provincial del Agua afrontó en la década de los 80 (antes de la concesión) algunas reparaciones importantes por contrato en El Cadillal, hoy no cuenta con un departamento de presas con capacidades actualizadas para afrontar todos los aspectos inherentes a la operación y mantenimiento de ese tipo de obra. El tema adquiere mayor envergadura si a El Cadillal se le agregan la presa de Escaba y la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo.

En efecto, la presa de Escaba fue construida hace más de 70 años para generar energía, brindar agua para riego y para proteger contra las inundaciones agua abajo de ella, en la llanura tucumana. Actualmente su rol de generadora de energía se ha empequeñecido en grado sumo, no sólo porque su aporte al SADI se ha tornado insignificante sino porque ni siquiera funciona a su plena potencia, ya que un equipo turbo-alternador de los tres originales no opera desde el año 1994 por una falla grave (hoy cumple una función complementaria en el sistema eléctrico). Finalmente, Pueblo Viejo sólo genera energía, no acumula agua y no presta otro servicio. El costo de su mantenimiento es elevado por la permanente destrucción que las crecidas de los ríos de montaña captados (Los Reales y La Horquetas) ocasionan a los azudes derivadores. Es altamente probable que, al final de la concesión el Estado nacional (Secretaría de Energía) no esté interesado en ambos aprovechamientos y se los ceda a la Provincia en donación.

Entonces, a partir del 27/julio/2026 la Provincia deberá hacerse cargo de estos tres aprovechamientos y definir qué hacer con sus componentes hidroeléctricos.

Es importante que, además de las evaluaciones técnicas que realice el ETAHC, dentro del cual la Provincia debe involucrarse y participar, se encare a corto plazo la evaluación de los caminos a seguir, con todas sus implicancias.

El tema está planteado. No sólo para el próximo Gobierno provincial sino también para todos los sectores que deben involucrarse en una política pública clave para el futuro de la provincia: el uso de sus recursos hídricos. A juicio de quien escribe es tiempo ya de debatir una visión estratégica sobre el aprovechamiento de ese capital clave de su naturaleza para el crecimiento y desarrollo.

 

ES IMPORTANTE ADOPTAR UNA NUEVA VISIÓN ESTRATÉGICA

La Provincia de Tucumán debería dejar de interesarse en proyectos hidro-energéticos concebidos en el siglo pasado, como, por ejemplo, Potrero del Clavillo, el mayor de todos, que fueron promovidos ilusoriamente hasta el año 2017. Estos ya perdieron su oportunidad histórica y quedaron fuera de escala para la demanda del mercado eléctrico tanto provincial como regional y el SADI (hoy Potrero del Clavillo aportaría menos de un 10% del consumo actual de la provincia).

El crecimiento eléctrico futuro de Tucumán se sustentará en los aportes del Sistema Nacional y no en su propio potencial hidroeléctrico, que ya quedó rezagado totalmente por el crecimiento histórico de la población y el sistema productivo. Las obras hidráulicas para aprovechamiento de los ríos de la provincia deben ser destinadas al crecimiento y desarrollo basado en la industria, el regadío agrícola y el abastecimiento a la población. Toda obra nueva debería apuntar en esa dirección. La Nación no priorizará en su planificación (de haberla) obras hidroenergéticas en Tucumán, por su irrelevancia en magnitud y por lo poco competitivas en relación a las de otras regiones del país.

El hecho de que las obras hidráulicas más importantes de Tucumán, como Escaba y Pueblo Viejo, las ejecutara, operara y mantuviera la Nación (por medio de AyE SE y luego por HT), le permitió a la Provincia la cómoda situación de solamente administrar la distribución del agua para los usuarios sin hacerse cargo de los costos de operación y mantenimiento, solventados por la energía generada y a cargo de la Nación o el Concesionario. Esa administración se hace a través de la “Comisión de Embalse y Desembalse de los diques Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo” (CED). Si la Nación cede a Tucumán las obras de su propiedad, la Provincia deberá hacerse cargo de las inversiones necesarias y del costo total de operación y mantenimiento de ellas.

De la evaluación técnica y económica que realice el ETAHC surgirá el estado de las instalaciones y las obras y las necesidades de inversiones para prolongar su vida útil. Si de la evaluación económica de la explotación de la energía hidroeléctrica surgiere una rentabilidad razonable, a la provincia se le presentaría una oportunidad para afrontar una política de crecimiento productivo y social a partir de la explotación de sus recursos hídricos. Obviamente ello estaría ligado a la política energética del Estado Nacional por el régimen tarifario del SADI, tan distorsionado durante el régimen de las privatizaciones y a la espera de correcciones inevitables para la economía del país.

La posibilidad de que la provincia pudiere aprovechar la renta hidroeléctrica requiere una decisión política firme y la creación de instrumentos institucionales acordes, para evitar desvíos y vicios frecuentes en la administración del Estado. Debería pensarse en la creación de una empresa provincial con el fin específico de explotación de esas obras y la constitución de un fideicomiso que asegure el destino de los ingresos generados por la hidroenergía. La empresa debería tener un régimen laboral y administrativo específico por ley. Sus ingresos, además de aplicarse a los costos de operación y mantenimiento y las inversiones necesarias, deberían ser destinados a afrontar inversiones en diversas obras de mejoramiento de las redes públicas de distribución de agua para riego e industrias y, eventualmente, a nuevos aprovechamientos hídricos.

La rentabilidad de la explotación de las obras, además de lo dependiente de la comercialización de la energía en el SADI, debe asegurarse con una eficiente gestión empresarial y organizativa, evitando que la empresa provincial sea utilizada como mera fuente de empleo público y con fines político-clientelares, como los que caracterizan hoy al Estado provincial.

De no resultar rentable o autosustentable la explotación de la hidroelectricidad de las obras, debe tenerse en cuanta que solamente Pueblo Viejo es un aprovechamiento que puede clausurarse, ya que su único fin es la generación de energía. Tanto Escaba como El Cadillal, con sus embalses, deberán seguir prestando servicio como reguladores de los ríos, protectores contra inundaciones y abastecedores de agua para población, riego e industrias. Por lo tanto, la Provincia deberá asumir el costo total de su operación y mantenimiento.

Tucumán, mayo de 2023

ENLACES SUGERIDOS

Tema: “Concesiones Hidroeléctricas- Desafíos, oportunidades y propuestas ante su finalización”
Video de conferencia por Zoom de Panel de Grupo de profesionales Ex Hidronor SA. CAI (CentroArgentino de Ingenieros). Especial interés desde tiempo 1:05.
https://econojournal.com.ar/2023/05/crearan-una-nueva-empresa-para-gestionar-las-represas-del-comahue-cual-es-el-principal-punto-de-conflicto-entre-nacion-y-las-provincias/?noamp=available

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Lapeña, Jorge (2021). Publicación IAE Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi.“Finalización de los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas nacionales – Propuesta de una Política Pública”. Instituto Argentino de la Energía Gral. Mosconi (21/03/2023): “Programa de Política Energética para el período 2023-2027”
https://www.iae.org.ar/2023/03/21/un-programa-de-politica-energetica-para-el-periodo-2023-2027/

Para descargar una versión en pdf ingrear a esta url: https://problemasdelagua.com.ar/wp-content/uploads/2023/05/EL-CADILLAL-ESCABA-Y-PUEBLO-VIEJO-DESTINO-INCIERTO.pdf

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