Las inundaciones son un problema cultural – El caso Yerba Buena, Tucumán. Argentina

LAS INUNDACIONES SON UN PROBLEMA CULTURAL
El caso de Yerba Buena, provincia de Tucumán, Argentina

Cuando se habla de los problemas de inundaciones que ocurren en gran parte de la provincia de Tucumán (en realidad también de muchas otras regiones de la Argentina), tanto en áreas urbanas como rurales, muchos las imputan al controvertido tema del cambio climático. A ese enfoque adhieren fervientemente organizaciones ambientalistas en búsqueda de “nobles causas” por las cuales luchar, diversos científicos interesados en obtener fondos disponibles para sus programas de investigación, algunos medios de comunicación ansiosos de “estar en la onda” y, en general, gente ansiosa por recitar libretos de moda.

No es propósito de este trabajo discutir la incidencia de un cambio climático en las inundaciones que se registran en la provincia, en la región o en el país. Este autor ya manifestó en otros trabajos que hasta el momento no existe información fehaciente que el clima (al menos las lluvias) muestre alguna tendencia sostenida que explique los problemas de inundaciones ocurridos en las últimas décadas. Más aún, recientemente hemos soportado alternancias de sequías importantes con importantes episodios de inundaciones que hicieron temblar (no mucho) a gobernantes y enfurecer a la población afectada.

Es bastante sabido que cuando cae la lluvia sobre un territorio en estado natural, la cantidad de agua que se absorbe en el suelo, se evapora hacia el aire o escurre sobre la superficie depende de la cantidad de vegetación, del tipo de suelo (más o menos permeable) y de la pendiente o inclinación del terreno. Cuando la actividad humana altera lo natural, deforestando, cultivando o edificando, se produce incremento de la parte que escurre y se va acumulando en su camino hacia zonas más bajas. Cuando ello adquiere suficiente envergadura se producen las inundaciones, las que pueden ser en campos cultivados o en zonas urbanizadas. Cuando las aguas acumuladas llegan a los arroyos y luego a los ríos se generan las crecidas que elevan los niveles del agua y pueden provocar desbordes y erosión de márgenes y fondo, afectando a poblaciones e instalaciones ribereñas y obras de infraestructura como puentes, ductos diversos, etc.

El crecimiento demográfico producido en los territorios donde hay población desde la época de la colonización de la Argentina, se vio fuertemente incrementado en el siglo XX, por el desarrollo agrícola y ganadero que significó la inserción de la Argentina en la economía mundial y por los procesos de migración campo-ciudad que provocaron enormes expansiones urbanas. Hoy, la población urbana es alrededor del 90% de la población total del país.

Como es ya conocido, en la gran mayoría de las ciudades argentinas su crecimiento ha sido caótico, sin planificación ni respeto a reglas básicas de urbanización, aun cuando existieran. Según los niveles socioeconómicos, diversos fueron los aportes a ese desorden. Los niveles más bajos produjeron urbanizaciones espontáneas, usualmente basadas en la usurpación de tierras de bajo valor por su situación de vulnerabilidad, como riberas de ríos, zonas de vías férreas y caminos, terrenos deprimidos, tierras fiscales, etc. En los más altos, la agresividad de los negocios inmobiliarios creó formas nuevas de irracionalidad urbana, como los countries y barrios cerrados, ajenos a todo interés por un desarrollo racional, al amparo de lábiles legislaciones y venalidad o desinterés de políticos y gobernantes. En zonas con bellezas naturales o de valor turístico, se ocuparon espacios fluviales irresponsablemente. En el medio, la política de viviendas del Estado, motorizada por los “institutos provinciales de la vivienda” contribuyó con la falta total de planificación del crecimiento, la elección de espacios de bajo costo y situación desfavorable y la omisión total de infraestructura troncal de drenaje pluvial. Los municipios y estados provinciales tampoco se ocuparon en crear infraestructura de evacuación pluvial que facilitara el manejo de los crecientes caudales que la urbanización generaba. Apenas si impusieron el trazado de las expansiones. En particular durante este siglo, la preocupación del Estado fue “dar vivienda”, sin importar la calidad del hábitat ni las condiciones ambientales.

Así, el acompañamiento del crecimiento urbano con obras de infraestructura de evacuación pluvial en la Argentina fue escaso a nulo. Contribuyeron a ello las altas inversiones necesarias y la baja “rentabilidad política” de obras que “no se ven”. El crecimiento de los problemas de inundaciones es, en general, progresivo, y la población misma no suele tomar conciencia de ello hasta no sufrirlos de modo impactante. En La Plata, en ocasión de la elaboración de un presupuesto participativo con la opinión de la población (se encuestó nada menos que a 51000 vecinos) antes de las trágicas inundaciones de abril de 2013, nadie propuso asignar partidas a obras hidráulicas (Diario Perfil, 7 de abril de 2013). El costo fue luego más de cincuenta muertos, 58.582 propiedades afectadas (el 25 por ciento del acervo inmobiliario del partido), 135.037 habitantes en situación crítica y otros 210.463 afectados indirectamente por pérdida de bienes como rodados, inmuebles, afectación de su lugar de trabajo y comercio.

Es así entonces que, como dijo Antonio E. Brailovsky (diario La Nación 03-04-2013), se trata de una “lenta construcción social de un desastre”. Las inundaciones son mayormente el resultado de esa construcción cultural de una sociedad carente de sentido de la previsión, caracterizada por la desorganización y la anomia. Los extremos climáticos más allá de los registros históricos rara vez son los responsables. Simplemente, la sociedad se vuelve inexorablemente vulnerable y en algún momento llega la eclosión de los problemas acumulados lentamente.

El caso Yerba Buena, Tucumán

La provincia de Tucumán no escapa a la caracterización realizada en lo hasta aquí expuesto. Más bien es un ejemplo elocuente de todo ello.

En su columna “Esperando la tormenta” del diario La Gaceta (Tucumán) del 17/10/2015, el periodista Roberto Delgado expone sobre el desordenado crecimiento de las urbanizaciones en Yerba Buena, en el piedemonte de la Sierra de San Javier y su grave impacto sobre las inundaciones en ese municipio, que se trasladan también hacia el ámbito capitalino al colapsar el Canal Sur, obra destinada originalmente a crear un cinturón protector de la gran ciudad. Señala el trabajo sobre la gran cantidad de emprendimientos privados bajo los formatos de barrios cerrados y countries, productos de una imparable carrera lanzada por inversores inmobiliarios. El área más buscada para las urbanizaciones es el piedemonte, desde Tafí Viejo al norte hasta San Pablo al sur.

Sin tomar en cuenta las razones que sustentan la fiebre de los barrios cerrados (nada que ver con la hidráulica, como es de imaginar), es fácil avizorar progresivas complicaciones en materia de evacuación de las aguas pluviales de las zonas urbanas, las que aumentan drásticamente por impermeabilización de los suelos y por aumento de la velocidad de concentración y circulación por las calles que se abren y pavimentan. Los cuerpos receptores finales: Canales Cainzo-Las Piedras, Yerba Buena y Sur han sido desbordados en forma repetida en este siglo y resultaron destruidos por las correntadas y por errores de concepción, construcción y falta de mantenimiento.

Existe en Yerba Buena un Código de Ordenamiento Urbano desde 1994 (Ordenanza 613/94). En él se establecieron tres zonas: roja, amarilla y verde (teoría del semáforo), en las cuales se regulan construcciones que implican una carga ambiental según la peligrosidad. En la zona roja, el piedemonte, por su fuerte pendiente, susceptibilidad a la erosión de los suelos y la existencia de mayor cobertura vegetal, se restringe fuertemente la construcción y el uso del suelo. En el otro extremo, la zona verde, hay mayor libertad para las construcciones.

Si bien el código mencionado es oscuro y ambiguo en ciertas definiciones (además de su pésimo tipografiado y pobre redacción, lo menos grave), establece algunos principios básicos a respetar en materia de urbanización. Muy poco de ello se cumplió. Mediante diversas ordenanzas, fue objeto de ampliaciones, modificaciones y de distintos actos de excepción.

Ante diversas falencias y críticas que se realizaron al Código de Ordenamiento de 1994 (se adujo que “carecía de la unidad y coherencia necesaria”), en el año 2005 (gestión Martinez Zavalía) se planteó la elaboración de un Plan Regulador con una visión general en cuanto a la planificación. El propósito no llegó a concretarse.

En el año 2007 el intendente municipal Daniel Toledo hizo aprobar por un Concejo Deliberante, totalmente afín y obediente, la ordenanza 1600 por la que se derogó la 1374 que establecía que las urbanizaciones especiales debían ser aprobadas por el HCD. Con ello la facultad de aprobación quedó en manos exclusivas del intendente. Esto se revirtió recién en 2016, con el cambio de gobierno municipal.

La presión inmobiliaria, en búsqueda de crecimiento con la modalidad de countries y barrios cerrados para sectores sociales con niveles económicos medios a altos, sensibilizados por la creciente e imparable inseguridad, buscó urbanizar zonas agrícolas de atractiva ubicación, sin importar los riesgos para el conjunto urbano. Así se produjo la expansión hacia el piedemonte, a pesar de que el Código de 1994 lo restringía o prohibía. El auge sojero de la primera década del siglo favoreció las inversiones inmobiliarias en esas tierras con la mejor ubicación dentro del conglomerado del Gran San Miguel de Tucumán, además de los nuevos ricos que surgieron de la abundancia económica y la corrupción política de la época.

Yerba Buena es un caso singular también porque no puede afirmarse taxativamente que no hubo intento de planificación en materia de infraestructura pluvial urbana. En el año 2002, un grupo profesional externo a la Universidad Nacional de Tucumán, pero arropado por ésta, fue contratado por la Secretaría de Obras Públicas de la provincia y financiado por el Consejo Federal de Inversiones para elaborar el “Plan director para la sistematización de las quebradas del flanco oriental de la Sierra de San Javier y actualización del sistema de desagües”. En este trabajo se efectuaron estudios sobre las cuencas que descargan hacia el Este de la Sierra, en el área de Tafí Viejo, Yerba Buena y S.M. de Tucumán. Su informe final se entregó en el año 2006 y sirvió para dar pautas para el diseño de algunas obras que se proyectaron a posteriori, como el Canal La Rinconada y el Canal Tafí. En realidad, el Plan Director mencionado configuró un balance de situación después de la planificación de la consultora Decio Costanzi en la década de los 60, luego de cuarenta años transcurridos, con las obras realizadas, la nueva realidad urbana y periurbana y los serios problemas de funcionamiento ocurridos en los sistemas de desagüe pluvial, de los cuales se derivaron líneas directrices para el futuro. No trató específicamente la situación interna de Yerba Buena sino las obras protectoras y colectoras pluviales, como los canales Yerba Buena, Cainzo-Las Piedras, San José y Canal Sur.

Luego, en 2006, se llevó a cabo un Plan Director de Desagües Pluviales específico para Yerba Buena, financiado por el Ministerio de Economía de la Nación. En este plan, que decía apoyarse en las recomendaciones del elaborado por la Universidad, se plantearon diversos colectores pluviales, pero no respetó una recomendación importante cual era de no enviar más caudales pluviales al Canal Sur, ya superado reiteradamente en su capacidad de conducirlos, en diversos episodios que lo transformaron en un grave peligro urbano en ocasión de tormentas intensas. De ese plan surgieron las obras del “Colector del Bulevar 9 de Julio”, actualmente en construcción, y del colector “Solano Vera-San Luis”, recientemente licitado y en proceso de adjudicación.

Este autor formuló diversas objeciones al mencionado plan director de Yerba Buena, tanto en lo que se refería a la concepción estratégica de conjunto como al diseño ingenieril de las obras. Tales objeciones fueron elevadas a la Intendencia como al HCD pero no recibieron consideración. Sobre la base de esas objeciones se planteó que las mencionadas obras no producirían el resultado esperado, corriéndose el riesgo de ser muy elevadas inversiones con muy pobres beneficios.

El plan fue producto de la elaboración de unos pocos profesionales. Tratándose de obras estratégicas, cuyos efectos se prevén para muchas décadas y determinan el futuro urbano, debió ser de sana visión política del gobernante someter el plan y los proyectos a la opinión de otros expertos e instituciones, que podrían haber enriquecido el plan y haber detectado omisiones, debilidades o falencias, corregibles desde temprano. Nada de ello se hizo y, con gran soberbia, el intendente Toledo se embarcó en implementar las obras que le parecieron de mayor rédito político (el Colector del Bulevar 9 de Julio). El mal asesoramiento del plan, omitió indicar que era fundamental respetar un orden de ejecución para lograr los resultados perseguidos. Tal colector es uno de los últimos que se deben ejecutar, no el primero.

En conclusión

El caso de Yerba Buena, desarrollado como ejemplo, pone en evidencia la aseveración de que “las  inundaciones son una consecuencia cultural” de la incapacidad de previsión del conjunto social para afrontar el desarrollo hacia el futuro. Esta ciudad, habitada por sectores sociales sumamente diferenciados en lo económico, muestra, a pesar de contar con una parte importante de población con alto nivel de ingreso y educativo, una histórica indiferencia hacia el espacio común y hacia la conformación de una ciudad basada en principios originales de cercanía a la vida integrada a la naturaleza. Su crecimiento caótico y anómico, sustentado en el principio de la voracidad inmobiliaria, fue el resultado lógico de tal indiferencia, sumada a los intereses políticos totalmente miopes y mezquinos. El espacio urbano ya fue casi totalmente copado y cualquier introducción de pautas de racionalidad en el uso de ese espacio choca ya con inamovibles derechos adquiridos, muchos de ellos fruto de violaciones toleradas de las reglamentaciones urbanas. La mediocridad de la clase política local, más ocupada en manejos de muy bajo vuelo y con fines electoralistas, nunca tuvo, entendió ni se interesó en una visión estratégica de la ciudad futura.

Es posible aseverar así que Yerba Buena es una hermosa oportunidad perdida por las propias falencias de sus habitantes y sus representantes.

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Author Franklin Adler

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